Mario Marín Torres no suma, pero sí veta en el PRI
Jorge Morgado triangula acercamiento Doger-Marín
Definen fecha para la renovación del CEE del PRD
Presenta PRI 32 JDC por renovación de Juntas Auxiliares
El ex gobernador Mario Marín Torres es una figura paradójica en el PRI.
De los aspirantes a la dirigencia estatal del PRI o la gubernatura de Puebla para los comicios de 2016 o 2018 nadie quisiera aparecer junto a él o ser percibido como un cuadro cercano o vinculado con su grupo político, sin embargo nadie tampoco quisiera tenerlo como enemigo o ser víctima de su veto.
Esta contradictoria — y hasta patológica— conducta de los priístas poblanos puede tener varias interpretaciones, pero un común denominador: el reconocimiento de que el marinismo, aun con todo su desgaste y desprestigio, se mantiene como uno de los grupos políticos con más fuerza y presencia en algunas regiones de la entidad.
Mario Marín no ha dejado de hacer política. Con un bajísimo perfil y alejado de los reflectores de los medios, el exgobernador sigue recorriendo en el estado, en compañía de algunos de los que fueron sus colaboradores en el gobierno, a veces con el pretexto de una reunión familiar y otras para acudir a un festejo de un exdiputado o expresidente municipal.
El exmandatario sigue recibiendo información política valiosa, como encuestas estatales sobre el posicionamiento de los diferentes aspirantes a la gubernatura; en una de estas últimas, la senadora Blanca Alcalá Ruiz apareció como la figura mejor posicionada, seguida del diputado federal Enrique Doger Guerrero.
De los aspirantes del PRI a Casa Puebla, el que mejores relaciones mantiene con Mario Marín es el subsecretario federal de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós. Enrique Doger, en cambio, es el que peores tiene, lo que explica, quizás, el acercamiento que éste ha buscado con el exgobernador a través de quien fuera director de la Policía Auxiliar en el sexenio marinista, Jorge Antonio Morgado Nava.
Mario Marín puede no ser un personaje que le sume votos o simpatías a un aspirante a la dirigencia estatal del PRI o la gubernatura de Puebla, pero lo que sí es indudable que dentro del priísmo puede convertirse en un factor de desequilibrio o de veto, al momento de las definiciones políticas electorales de cara al 2016 o 2018.
EN CORTO
Este sábado se llevó a cabo el Consejo Nacional del PRD en la Ciudad de México y entre los acuerdos que ahí se tomaron hay algunos que impactarán la política poblana, entre ellos el calendario para la renovación del Comité Ejecutivo Estatal.
Los perredistas acordaron que el domingo 24 de agosto se realicen las elecciones en las cuales sus militantes deberán seleccionar a sus consejeros nacionales y estatales, quienes a su vez deberán elegir a sus respectivos dirigentes.
Los consejeros nacionales nombrarán al presidente, secretario general y demás miembros del secretariado nacional el domingo 21 de septiembre, y los consejeros estatales a su presidente, secretario general y demás integrantes del Comité Ejecutivo Estatal el domingo 12 de octubre.
Por Puebla se están perfilando como candidatos a la dirigencia estatal la diputada Socorro Quezada Tiempo, por la corriente de Luis Miguel Barbosa y Nueva Izquierda; el exregidor David Méndez Márquez, por Izquierda Democrática Nacional; y la diputada federal Roxana Luna Porquillo, por Alternativa Democrática Nacional.
De estas tres expresiones las que más trabajo de afiliación están realizando entre sus seguidores y simpatizantes son la primera y la tercera.
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Más de 30 juicios para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos ha promovido el PRI ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para echar abajo las convocatorias emitidas por los municipios de Puebla, Cuautlancingo, San Andrés y San Pedro Cholula, que permiten la participación de partidos políticos en los plebiscitos para renovar las autoridades de las juntas auxiliares.
En el caso del municipio de Puebla, que cuenta con 17 juntas auxiliares, se presentaron 16 juicios.
El PRI considera que las convocatorias emitidas por los Cabildos de Puebla, Cuautlancingo y las dos Cholulas son violatorias de la Constitución federal y la Constitución del estado, ya que se fundamentan en reformas electorales aprobadas hace unos días; así como del Código Electoral del estado, que especifica que los partidos políticos sólo pueden participar en las elecciones para gobernador, diputados y ayuntamientos.
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