De cárceles, fundaciones y partidos metidos en el escándalo
Una denuncia delicada, por no decir gravísima, fue la que se recibió en la Fiscalía General del estado de Puebla el pasado 9 de enero en contra del secretario de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida; del director general de los Centros de Reinserción Social, Alejandro Cruz Maya, y el director del penal de San Miguel de la capital, Rafael Carvajal Paz.
Lo delicado de la querella se deriva de los hechos que denuncia, el cobro de ilegales cuotas por la asignación de dormitorios a los internos, la autorización de visitas, la introducción y uso de celulares, la venta de alimentos, medicamentos, materiales de tlapalería y ferretería, bebidas alcohólicas y hasta drogas.
Lo grave radica en que tales actividades son toleradas o auspiciadas por las autoridades arriba señaladas con la participación del subdirector de Seguridad y Custodia del Cereso de Puebla, Orlando Velázquez Rojas, y del jefe general de custodios del mismo penal, Fausto González Méndez.
Y lo gravísimo es que la denuncia no proviene de los reos sentenciados o procesados del Cereso de San Miguel, sino de un funcionario del mismo penal: de Alejo Coatl Carmen, quien se desempeña como policía estatal custodio habilitado como supervisor en ese centro penitenciario.
¿Qué le parece?
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Este sábado habrá de realizarse la primera sesión ordinaria del año del Consejo Estatal del PAN, ya bajo el control absoluto del morenovallismo.
La sesión se citó a las 11 horas en el Salón Estrellas del hotel NH del Centro Histórico de Puebla y entre los puntos a desahogar destacan la presentación y aprobación de la plataforma electoral del PAN para los comicios de gobernador del primer domingo de junio de este año y la aprobación de estrategias electorales internas y externas de cara a esos comicios.
Los enterados aseguran que el Consejo Estatal panista podría hacer un pronunciamiento a favor de las alianzas amplias con el PRD y otros partidos políticos, y en contra de algunos panistas que hoy impulsan proyectos o candidaturas independientes.
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Un escándalo mayúsculo está por sacudir en Puebla a las fundaciones e instituciones de beneficencia privada y a la Junta para el cuidado de las mismas que preside José Gustavo Garmendia Domínguez, a tal grado que éste pronto entenderá por qué le dijeron que se sacó la rifa del tigre cuando el ex gobernador Guillermo Jiménez Morales renunció a la presidencia y él ocupó su lugar.
Por lo pronto le recomiendo que no deje de leer la columna Capitanes de este miércoles de la sección de Negocios del periódico Reforma, en la que se adelanta parte del escándalo en puerta.
Aquí lo dice:
«Secreto Poblano. Todo indica que en Puebla el escándalo de la Fundación Mary Street Jenkins se esconderá debajo del tapete. Nadie puede, ni quiere aclarar la situación.
«El año pasado Guillermo Jenkins de Landa, el primogénito de la familia y expulsado del patronato en 2012, demandó a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, que dirige Gustavo Garmendia, que investigara las irregularidades de la Fundación. Decimos irregularidades, pero se presumen delitos.
«Entre ellos, que en 2010 se usaron 14.2 millones de dólares de la Fundación para comprar el inmueble de Reforma e Insurgentes, en la Ciudad de México, a través de una empresa que trianguló los recursos.
«Y luego, el año pasado la Fundación realizó una inusual donación de 228 millones 834 mil dólares, la cual prácticamente desapareció su patrimonio, según el Servicio de Recaudación Interna de Estados Unidos (IRS).
«La demanda pedía que se realizara un procedimiento para la remoción de los patronos, la restitución del patrimonio e incluso el inicio de acciones penales.
Pese a toda la documentación presentada, el 13 de enero de 2016 la Junta respondió que no estaba facultada para ninguna de esas acciones y que todo corresponde al orden judicial.
«Estamos hablando de una Fundación cuyo patrimonio fue heredado para realizar acciones de asistencia privada y no para formar una herencia familiar. Su futuro impacta a Puebla y seguramente el Gobernador Rafael Moreno Valle lo sabe».
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