Aunque el gobierno del estado ya me envió una carta aclaratoria, en la que sostiene que en mi columna de antier confundo a los lectores con afirmaciones sin fundamento, pues ya solventó en tiempo y forma las observaciones que le hizo la Auditoría Superior de la Federación sobre la adquisición de 1,690 motocultores a precios muy por encima de su costo real, lo cierto lo cierto es que las irregularidades persisten.

Y tan persisten que hace apenas unos días la Auditoría Superior de la Federación solicitó al Órgano Interno de Control de la Sagarpa y a la Secretaría de la Contraloría del estado de Puebla inicie procedimientos como presuntos responsables de un daño patrimonial por un monto de 107 millones de pesos a 18 funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de la administración estatal.

La relación de estos presuntos responsables por “no administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” los recursos del Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, Componente Agrícola la encabeza el que fuera titular de la Secretaría de Desarrollo Rural en la gestión morenovallista: Pedro Adalberto González Hernández y quien actualmente se desempeña como secretario ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia Económica.

En la lista de presuntos responsables también hay funcionarios que todavía laboran en el gobierno de Rafael Moreno Valle como el subsecretario de Desarrollo Rural, Rodrigo Riestra Piña, y el coordinador general de Desarrollo Rural, Álvaro Gonzalo Lobato Escamilla; otros que ya fallecieron como Antonio Espejel Claudio, y otros que ya salieron del gobierno o dejaron de laborar en la Secretaría.

A Rodrigo Riestra se le acusa de “no administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los recursos destinados al programa” de adquisición de motocultores, de tramitar “el pago a proveedores… sin realizar ningún señalamiento en cuanto a que todos los productores incidían con un solo proveedor o que los precios de los motocultores resultaron elevados” y de no observar ni cuestionar en su calidad de encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Rural cómo los productores cumplirían con su aportaciones para obtener un motocultor.

Hay que destacar que este nuevo pliego de observaciones, formulado por el auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedra, se firmó el 15 de octubre de 2014 y se entregó a la Secretaría de la Contraloría del estado hace un par de semanas.

¿A poco las observaciones hechas al gobierno del estado y que no se aclararon entre el 15 de febrero y el 15 de octubre de año, se pudieron solventar en tiempo y forma en los últimos 30 días?

Si así fuera por qué el auditor especial no lo mencionó en su reciente pliego de observaciones y, en cambio, sí asentó —con toda claridad— que en la adquisición de los 1,690 motocultores a dos proveedores del mismo grupo empresarial, Comercom SA de CV, se pagaron sobreprecios de hasta el 400%.

Si las irregularidades que detectó la Auditoría Superior de la Federación ya se resolvieron, entonces ¿por qué el auditor Juan Javier Pérez insiste en la existencia de un daño patrimonial a la hacienda pública federal por 107 millones y por qué emplaza a la Contraloría del estado a iniciar procedimientos administrativos disciplinarios a los presuntos responsables de este fraude a la nación?

Conste que son preguntas.

El día de mañana ofrezco darle detalles de este nuevo pliego que echa por tierra los seis puntos de la carta aclaratoria enviada por el Enlace de Comunicación Social de la SDRSOT.

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Los restantes 14 ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural que también son señalados como presuntos responsables de daño patrimonial son Epitacio Robledo Robledo, quien fungía como subsecretario de Agricultura; José Mauro Vázquez Flores; María Luisa Said Elías y Susana Gómez Vinales, quienes tenían cargo de coordinador general y de comisarias del Comité Técnico del Fideicomiso Revocable de Inversión y Administración “Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Puebla (FOFAEP).

La lista la completan Felipe Domínguez Rangel, Hugo Barragán Salín, Araceli Lastra Guarneros, Gustavo Aceves Zepeda, Jorge Manuel Coeto Galaz, Ana Lía Ramos Gómez, Rubén Cortés Salvador, Héctor Severo de la Cruz Ledezma, Fernando Hernández Pérez y Gustavo Aceves Zepeda.

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Un foro de dos días para analizar y discutir la modernización de las relaciones laborales en la nueva legislación del trabajo con la participación de dirigentes empresariales, líderes sindicales, autoridades laborales y académicos se llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre en el Centro Mexicano Libanés de esta ciudad, organizado por el abogado Matías Rivero Aguilar.

Entre los ponentes que han confirmado su participación destacan Javier Solana Rivero, ex presidente de la Confederación USEM y presidente de la fundación Pro empleo; René Sánchez Juárez, secretario general de la FROC; Luis Díaz Mirón, reconocido abogado en materia laboral; Armando Peralta Martínez, asesor sindical de la Federación Nacional de Sindicatos Prosolidaridad; y Antonio Sánchez Díaz de Rivera, ex presidente de Coparmex y director de Vinculación de la UPAEP.

Durante el foro se abordarán temas como la nueva Ley laboral, productividad y competitividad, la vinculación empresa-universidad y los nuevos retos en la administración de personal.

El evento –será abierto al público aunque los asistentes tendrán que registrarse— comenzará el jueves 27 a las 8:15 horas con un desayuno y concluirá el viernes 28 a las 14 horas.

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