La crisis de Chalchihuapan lo evidencia como un político solitario

Un excolaborador de Luis Maldonado llega a la dirigencia de MC

Es difícil atisbar en qué terminará la crisis política, de imagen y credibilidad en que se encuentra metido el gobierno del estado por el caso Chalchihuapan, sobre todo después de la trágica muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo ocurrida este sábado por la tarde.

Algunas consecuencias están a la vista, entre ellas el repudio que la opinión pública —alentada por los comentócratas— ha mostrado hacia el gobernador Rafael Moreno Valle en la aplicación de la llamada Ley Bala y en la versión que tanto él como sus funcionarios han salido a dar sobre el desalojo, el uso excesivo de violencia y la herida que finalmente ocasionó el fallecimiento del hijo de Elia Tamayo.

Pero otras consecuencias no. ¿Qué pasará cuando se confirme que la lesión cerebral a José Luis Tehuatlie no la causó un cohetón, como ha dicho el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas? ¿O cuando las investigaciones corroboren que los granaderos que desalojaron a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras juntas auxiliares iban con algo más que cascos, escudos, tonfas o toletes? ¿Renunciará Luis Maldonado?

¿Cómo reaccionará Moreno Valle cuando se acredite el uso de armas y balas de goma en el operativo de la autopista Puebla-Atlixco, situación que su secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, ha rechazado de manera reiterada? ¿O cuando se sepa que algunos jefes policiacos acudieron al desalojo con sus armas de cargo, como la mujer policía de apellido Sumiko que estuvo retenida por los pobladores en el centro de Chalchihuapan, y que perdió su pistola Pietro Beretta 9 milímetros? ¿Le pedirá su renuncia a Facundo Rosas?

¿Cómo parará el gobernador las voces críticas de las redes sociales que exigen su renuncia o juicio político, o de figuras nacionales que lo tachan de autoritario y represor? ¿Cederá a la presión política, social y mediática, sacrificando a uno o dos secretarios de su gabinete? ¿Tales remociones serán suficientes para contener la crisis? ¿Moreno Valle mantendrá su posición de culpar a los pobladores por llevar a niños como escudo? ¿O de responsabilizar a la diputada federal del PRD, Roxana Luna Porquillo, al presidente  auxiliar de Chalchihuapan Javier Montes Bautista, y a otros dirigentes de la comunidad, de ser los causantes de la violencia y de estar involucrados en actos delictivos graves como el tráfico de personas y el narcotráfico?

No es fácil hacer un pronóstico sobre el desenlace de esta crisis, la peor en lo que va de su gestión. De lo que sí estamos seguros es que el deterioro de su imagen y la credibilidad de su gobierno son muy altos, y que la ola creciente de inconformidad social, por la insensibilidad que ha mostrado frente a la muerte del menor José Luis Tehuatlie Tamayo y el dolor de su madre, podrían arruinarle su proyecto político transexenal.

Lo más sintomático hasta el momento es que nadie fuera de su compacto grupo político ha salido a defenderlo o a reivindicarlo, ni siquiera los dirigentes locales o nacionales de sus partidos aliados. Tampoco los representantes de la Iniciativa Privada que supuestamente deberían estar contentos con las obras y proyectos que realiza su gestión. Y ya no digamos la comunidad académica o los líderes religiosos.

La respuesta a esta falta de solidaridad es significativa, y reveladora de que algo no está funcionando en su gobierno, pero también de que algunos de sus secretarios y colaboradores más cercanos no están siendo un canal de comunicación efectiva con la sociedad, ya sea porque se han encerrado en su propia burbuja o porque tampoco le informan de todo por temor a represalias.

Con Fernando Manzanilla Prieto en la Secretaría General de Gobierno al menos había alguien que escuchaba y atendía a los inconformes, y hacía que estas quejas llegaran al gobernador, pero con su salida esta puerta se cerró y con ella la posibilidad de que los conflictos o desavenencias con la autoridad se resuelvan por la vía del diálogo y la negociación.

EN CORTO

A partir de este lunes Fernando Cortés Betanzos se integra a trabajar como coordinador de comunicación social de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) que preside el munícipe de Mérida, Yucatán, el panista Renán Alberto Barrera Concha.

Fernando Cortés se desempeñó como coordinador de Comunicación Social del ayuntamiento de Puebla, en el último tercio de la gestión de Eduardo Rivera Pérez, cuando éste también fue presidente nacional de esta organización de alcaldes panistas.

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José Manuel del Río Virgen fue electo este domingo presidente del Consejo Ciudadano Nacional del partido Movimiento Ciudadano.  Su nombramiento no deja de resultar interesante para Puebla, pues el político veracruzano se desempeñó al comienzo de la gestión morenovallista como director general del Colegio de Bachilleres, cargo al que renunció por diferencias con el entonces titular de la SEP en la entidad, Luis Maldonado Venegas.

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La versión de las autoridades acerca de cómo ocurrió el enfrentamiento entre policías y pobladores de Chalchihuapan y otras comunidades la tarde del miércoles 9 de julio, y sobre los responsables de la lesión del menor Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien se debate entre la vida y la muerte en el Hospital General del Sur, tiene varios asegunes.

De entrada, llama la atención que el gobierno del estado haya salido a explicar los hechos seis días después de ocurridos, y una vez que fracasó en su intentona de minimizarlos ante la opinión pública.

Las autoridades han dicho una y otra vez que los policías no iban armados y que estos jamás utilizaron balas de goma en contra de los inconformes, sin embargo las fotografías, videos e imágenes de los lesionados de Chalchihupan, entre ellas la de Martín Romero Montes con una bala de goma en la mandíbula izquierda, revelan lo contrario.

En el comunicado que este martes leyó el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, sin aceptar preguntas de los reporteros, afirmó textualmente:

“La Secretaría de Seguridad Pública reafirma que, en todo momento, el despliegue de la fuerza policial se produjo bajo un esquema de contención y disuasión, con el único objeto de lograr la apertura de la vía en cuestión.

“Desde el primer momento del cierre, y a lo largo del mismo, se les conminó al diálogo y a la negociación, con la concurrencia de las autoridades de la Secretaría General de Gobierno”.

El diálogo y la supuesta negociación no fueron tales. Lo cierto es que el comandante que iba al frente de los granaderos se dirigió al presidente auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, para pedirle que se retirara junto con los inconformes, pues tenía instrucciones de desalojarlos de la autopista.

Antes de que los policías avanzaran sobre el contingente que bloqueaba la autopista Puebla-Atlixco, a la altura del kilómetro 14, estos y los pobladores intercambiaron insultos durante casi media hora.

“¡Ya quítense indios pendejos que les vamos a partir su madre!, gritaban los granaderos. Los manifestantes devolvían la ofensa pero con la advertencia: “Mejor váyanse porque no saben dónde están parados”.

¿A pocos estas agresiones verbales pueden tomarse como negociación o diálogo?

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El parte oficial refiere que el enfrentamiento se produjo como resultado de la escalada de agresiones y violencia de los manifestantes en contra de los policías, por lo que estos tuvieron que contenerlos y dispersarlos, usando “exclusivamente” toletes, escudos y cascos, y más tarde gases lacrimógenos.

Las imágenes iniciales del enfrentamiento refutan, sin embargo, esta interpretación de Luis Maldonado, quien en la conferencia de prensa estuvo acompañado del procurador Víctor Carrancá y del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, quienes, por cierto, tampoco respondieron pregunta alguna de los reporteros.

Como se puede ver en este video los granaderos arrojaron bombas lacrimógenas desde el comienzo y sí iban armados con algo más que toletes, cascos y escudos.

El choque vino con las primeras detenciones de pobladores, y después de que el contingente fue gaseado. Los manifestantes se replegaron hacia el puente que comunica a Chalchihuapan con Chipilo, y desde allí respondieron con piedras.

En las tomas iniciales no se ven por ningún lado “las bombas molotov, palos, tubos y piedras de gran calibre” que supuestamente arrojaron los pobladores.

Ya en pleno enfrentamiento, que se prolongó por casi una hora, un grupo que bloqueaba la autopista sacó galones de gasolina para elaborar bombas molotov, que lanzaron a los granaderos.

El choque más violento se dio sobre el puente, del lado de Chachihuapan, donde los pobladores, ya armados con rocas, tubos, cohetones y bombas molotov golpearon a los policías, quedándose con los cascos, toletes y escudos que estos iban dejando en su huida o al caer heridos.

La golpiza que recibieron ahí los uniformados fue tan intensa, que algunos incluso se arrojaron desde el puente al arroyo de la autopista con dirección a Atlixco.

El resto de los granaderos se replegó, bajando del puente por las rampas, perseguidos y golpeados por los manifestantes.

Tras el enfrentamiento los vecinos de Chalchihuapan se mantuvieron en el puente, pero ya sin bloquear la autopista. Fue entonces que pudieron entrar las ambulancias para llevarse a los policías lesionados y también al menor de 13 años con una herida en la cabeza y a otro joven de 21 años,  Hugo Jiménez Valera, que resultó con una herida en el ojo izquierdo.

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La versión más polémica y menos verosímil de las autoridades dice que el menor Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue herido en la cabeza por los propios pobladores con un cohetón.

Para apuntalar esta teoría el gobierno emitió un comunicado, atribuyéndole declaraciones al neurocirujano Juan Carlos Benito Torres, en el sentido de que la lesión del menor no la provocó una bala de goma, sino una explosión similar a la de un cohetón.

La madre y los familiares del niño no sólo han desmentido esta especie, sino acusado a la Secretaría General de Gobierno de presionarlos para librar de responsabilidad a los policías y acusar a los pobladores.

El cirujano Juan Carlos Benito Torres se ha rehusado a dar entrevistas o a confirmar en conferencia de prensa la versión oficial difundida por el gobierno del estado al día siguiente del enfrentamiento.

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