Para no dejar dudas sobre el regreso de Mario Marín Torres a la política poblana y su influencia en la conducción del PRI, anote el nombre de Joé Hernández Corona como futuro integrante del Comité Directivo Estatal.

El ex director General de Gobierno y ex subsecretario de Asuntos Políticos en el sexenio marinista se perfila para ocupar la Secretaría de Organización, nombramiento que en teoría fue impulsado por el grupo del subsecretario federal de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós.

Y digo que en teoría porque en realidad el promotor de Joé Hernández es el ex gobernador Mario Marín.

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Quien también se perfila para ser miembro de la dirigencia del PRI en la entidad, una vez que la fórmula compuesta por Isabel Allende Cano y Víctor Gabriel Chedraui asuma la presidencia y la secretaría general del Comité Directivo Estatal, es el ex regidor y ex diputado Gerardo Mejía Ramírez.

Gerardo Mejía podría convertirse, con el impulso de la senadora Blanca Alcalá Ruiz y el diputado federal Javier López Zavala, en secretario de Acción Electoral.

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La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Chalchihuapan no sólo traerá malas noticias al gobernador Rafael Moreno Valle, al procurador del estado Víctor Carrancá Bourget y al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

El resolutivo del ombudsman nacional también será adverso al presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, por haber mentido sobre su participación en el enfrentamiento que el 9 de julio se dio entre policías y pobladores en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

De acuerdo con las investigaciones y evidencias que posee la CNDH, algunas de las cuales fueron entregadas en propia mano a su presidente Raúl Plascencia Villanueva por el senador Javier Lozano Alarcón, el edil auxiliar de Chalchihuapan no sólo estuvo presente durante la reyerta, sino que agredió a policías junto con otros pobladores del lugar.

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No lo cuente en voz alta, pero el titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, ha sido visto y oído en algunos comederos políticos de la Ciudad de México tratando de salvar su prestigio y reputación antes de que le pidan su renuncia o lo obliguen a dejar la dependencia.

Los enterados aseguran que Maldonado ha recurrido a sus viejas amistades y contactos del Distrito Federal, así como las decenas de personalidades que han recibido alguna recomendación o condecoración de la Legión de Honor Nacional de México, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y la Academia Nacional de Historia para que lo rescaten y lo saquen de Puebla.

Por cierto. Quien podría reemplazarlo en la Secretaría General de Gobierno es un paisano suyo, que actualmente se desempeña como secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.

Sí, me refiero a Mario Rincón González, que en lo que va del sexenio morenovallista ha sido subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y secretario de Desarrollo Social, además de candidato y diputado local por el distrito de Amozoc.

Su avanzada en la Secretaría General de Gobierno es Omar Álvarez Arronte.

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Aunque en el CEN del PRI se levantaron algunas cejas por las críticas y reacciones de diferentes grupos priístas en torno al inminente nombramiento de la diputada federal Ana Isabel Allende Cano como presidenta del Comité Directivo Estatal, me aseguran que en esta fórmula hay que poner especial atención en la figura del secretario general.

Sí, en el que será el segundo de abordo y en quien recaerá una parte importante de la operación, reorganización y reestructuración del partido, de cara a las elecciones federales y locales en puerta.

De acuerdo con una fuente confiable, el elegido para llevar la secretaría general del CDE del PRI será el exdiputado local y extesorero municipal Jorge Alfonso Ruiz Romero, un personaje plenamente identificado con el diputado federal Enrique Doger Guerrero.

En la lista de prospectos estuvieron el yerno y secretario particular de la senadora Blanca Alcalá Ruiz, Edgar Chumacero Hernández; el coordinador de los diputados federales del PRI, Carlos Sánchez Romero, apoyado por el grupo de Jorge Estefan Chidiac, director nacional de Bansefi; el exdiputado federal José Alberto González Morales; y el actual delegado de la Sagarpa, Alberto Jiménez Merino, aunque éste último sin mucho empuje, al enterarse que lo querían para la secretaría general y no para la dirigencia estatal del tricolor.

El grupo menos conforme con el inminente nombramiento de Isabel Allende como presidenta del Comité Directivo Estatal y de Jorge Ruiz como secretario general es el encabezado por el subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, quien también aspira a la gubernatura de Puebla, al igual que Enrique Doger y Blanca Alcalá.

Su descontento, a decir de los que saben, lo hizo explícito con los ocho presidentes municipales priístas que ayer se pronunciaron en contra de las imposiciones en la dirigencia de su partido, entre ellos dos que no pueden negar su abierta simpatía por Lastiri Quirós: Carlos Alberto Morales Álvarez, de Huejotzingo, y David Huerta Ruiz, de Tepeaca.

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A unos días de que se inaugure el Centro de Entrenamiento de Audi, construido con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Eugenio Yarce Alfaro, quien fungía como su director general acaba de renunciar, a sabiendas del escándalo que se aproxima por el retraso del proyecto, las obas inconclusas y las deficiencias del Centro y de los equipos que fueron adquiridos para la capacitación de los técnicos de esta firma de autos de lujo.

Las instalaciones del Centro de Entrenamiento de Audi, que debieron terminarse en abril, serán inauguradas el 2 de septiembre.

Antes de ingresar a la Universidad Tecnológica de Puebla, que tiene a su cargo el proyecto del Centro de Entrenamiento de Audi, Eugenio Yarce laboró en la Upaep como vicerrector de Vinculación, institución en la que no dejó una muy buena impresión tras su salida.

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Aunque en el gobierno del estado se quiere generar la impresión de que nada pasará con la investigación que lleva a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tras el desalojo de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, lo cierto es que se preparan para remover a la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos, quien estuvo a cargo del operativo, e incluso al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

El resolutivo de la CNDH sobre el caso Chalchihuapan y la llamada Ley Bala se hará público por ahí del 8 de septiembre.

La visita que esta noche hicieron a la Comisión el senador Javier Lozano Alarcón y los diputados federales Néstor Gordillo Castillo y María Isabel Ortiz Mantilla tuvo el propósito de presionar al presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, para que también responsabilice de la violencia ocurrida el 9 de julio al presidente auxiliar de Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, considerando que éste tuvo una activa participación en la gresca, como lo muestran diversas fotografías y videos entregados al ombudsman nacional en propia mano.

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