Sus dirigentes locales creen que Tony Gali los desdibujaría

Trozmer, escuela patito con nuevos RVOES y jugosos contratos

Aunque muchos dan por sentado que en los comicios locales de 2016, el PAN y el PRD irán en coalición con un candidato a la minigubernatura de Puebla, la historia podría ser diferente.

Dicha alianza podría fracasar por los pocos incentivos que para una de las partes tendría una coalición en la persona del hoy alcalde de la capital del estado José Antonio Gali Fayad.

¿Qué puede negociar el PRD en un proceso donde sólo se elige gobernador y no presidentes municipales ni diputados al Congreso local? ¿Carteras en el futuro gabinete: una o dos secretarías? ¿Algunas subsecretarias, direcciones generales o coordinaciones? ¿Por escasos 20 meses?

El primer obstáculo para una alianza por Casa Puebla proviene, como ha quedado registrado, de la propia dirigencia estatal que cree -y no sin razón- que si el PRD se coaliga con el PAN, simplemente se desdibujaría y sería ampliamente rebasado por la izquierda por Morena.

Las corrientes del sol azteca son otra barrera. Quienes localmente las encabezan están convencidos que el PRD ganaría más yendo solo, aunque no gane, que aliado con un PAN dividido y enfrentado entre sí, y con gobernador a la baja en sus niveles de popularidad, confianza y desempeño.

Dirigentes y militantes perredistas saben que la única manera de recuperar el terreno perdido con Morena en las elecciones del 7 de junio es postulando un candidato propio emanado de sus filas como el senador Luis Miguel Barbosa Huerta o la diputada federal saliente Roxana Luna Porquillo o un candidato externo plenamente identificado con las causas de la izquierda.

Y esta parece ser la principal preocupación de quienes integran el Comité Ejecutivo Estatal del PRD: encontrar y convencer a un poblano o poblana distinguida de abrazar la causa del sol azteca a sabiendas que sus posibilidades de triunfo son reducidas, por no decir nulas.

¡Vaya complejidad!

EN CORTO

Un claro ejemplo de cómo en Puebla la entrega de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios de Tipo Superior (RVOES) sigue siendo discrecional es Trozmer Escuela de Diseño, a la que recientemente le acaban de otorgar permisos para abrir dos nuevas licenciaturas en Administración y producción de eventos y Estilismo, maquillaje e imagen personal; una especialidad en Administración de empresas de diseño; y una maestría en Moda e imagen.

Esta academia, que no hace mucho tenía serios problemas con la Secretaría de Educación Pública por la apertura de programas de licenciatura no reconocidos y porque buena parte de su plantilla docente carecía de cédula y título profesional, hoy es una de las consentidas en esa dependencia y el Sistema Estatal DIF.

Para comprobarlo no hay que ir muy lejos. Bastaría con asistir este lunes a la ceremonia y desfile de modas que a partir de las 10 de la mañana se efectuará en el Centro de Convenciones de Puebla y preguntar qué rol juega la “Universidad” Trozmer en esa pasarela, qué influyente personaje la recomendó y contrató, qué relación existe entre la presidenta estatal del DIF y las hermanas María Teresa y Cecilia Guzmán Carvajal, y cómo estas lograron que les fueron adjudicados —sin licitación de por medio— todos los cursos de corte y confección de los Cecades (Centros de Capacitación para el Desarrollo) del DIF.

***

El escándalo que involucra a los ex directivos de Actinver en Puebla, Luis Sigfredo Ortega Trelles y Raúl Sánchez Zepeda, por un presunto fraude superior a los 200 millones de pesos, podría escalar y llegar al Tribunal Superior de Justicia y a la Procuraduría General de Justicia en el estado, por el manejo discrecional y opaco de un juicio ejecutivo mercantil promovido en el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula.

La intención de la juez Sandra Lucía Perea Iturriaga, y de algunos funcionarios de la PGJ involucrados en el caso —como el encargado de despacho de la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Sur, Jaime Huerta Ramos— sería favorecer al actor José Ricardo Senderos Valdés, quien demanda a uno de los socios de Actinver Puebla el pago de 12 millones 800 mil pesos.

Por ese supuesto favoritismo el martes pasado tuvieron un encontronazo verbal el abogado Antonio Fernández Soto y la juez Sandra Lucía Perea, después de que el primero la acusó de corrupta por no admitirle pruebas en defensa de su cliente, Raúl Sánchez Zepeda, y negarse a llevar a cabo una diligencia en el domicilio de José Ricardo Senderos, y ésta lo expulsó del Juzgado con el apoyo de la fuerza pública.

El abogado de los socios de Actinver sostiene que en el Juzgado Primero de lo Civil están haciendo inscripciones a bienes inmuebles que no solo dejaron de ser parte del patrimonio de aquellos, sino que en los que ya existían inscripciones previas.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

Para dejar en claro quién manda en Puebla y que la división de poderes en la entidad es un mito genial, la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo asumió desde el comienzo de julio la administración de los recursos del Poder Judicial del estado.

La decisión ni siquiera fue consultada al pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sino tomada por su magistrado presidente, Roberto Flores Toledano, en una clara y abierta violación al artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, que textualmente dice: “El Poder Judicial del Estado tendrá y administrará su patrimonio para el desempeño de sus funciones”.

La mayoría de los jueces y magistrados se enteraron de la decisión en la última quincena cuando su cheque ya no lo recibieron de la Tesorería del TSJ, sino de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobernador Rafael Moreno Valle.

Y cuándo preguntaron a qué obedecía el cambio supieron entonces lo peor: que el Poder Judicial no sólo había perdido el control y administración de su nómina, sino dos de sus principales fondos: el de recursos económicos propios, y el destinado al mejoramiento de la administración de justicia.

Pero además que las funciones y atribuciones de la Comisión de Administración, que es la encargada —según el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial— de planear, presupuestar, organizar, asignar, aprovechar y vigilar los recursos humanos, materiales y financieros del Tribunal y la beneficiaria de todas las fianzas que se otorguen a favor al Poder Judicial del estado, ahora las asumiría la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal.

Rebelión silenciosa

Paradójicamente los más inconformes con este acuerdo administrativo del sumiso magistrado presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, no son los magistrados en funciones del Poder Judicial del estado, que prácticamente se asumen como empleados del gobernador Moreno Valle, pasándose por el arco del triunfo la Constitución que juraron respetar y cumplir, sino los magistrados jubilados.

Y la razón principal es de orden económico, pues desde que la Secretaría de Finanzas y Administración tomó la administración del Poder Judicial sus pensiones y pagos por concepto de retiro no sólo han sufrido mermas o atrasos, sino que algunas podrían perderse.

El malestar de los magistrados retirados es tal que estos incluso están valorando ampararse y echar abajo este acuerdo administrativo de Flores Toledano, que vulnera el principio de división de poderes  sino demandar a éste por violar la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, al permitir que los recursos de éste sean administrados y controlados por una dependencia de otro poder.

***

Encerrona ministerial

Los días jueves y viernes de la semana pasada, todos los agentes del Ministerio Público adscritos a la Dirección Metropolitana Sur, cargo de Jaime Huerta Ramos, tuvieron que hacer guardia permanente y dejar todas las averiguaciones previas que ese momento tenían pendientes para concentrarse en una sola: la del menor de Chalchihuapan, gravemente herido en la cabeza.

La razón: la inminente intervención de la PGR y la CNDH en el caso.

Así, la averiguación previa referente al desalojo y enfrentamiento en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco se transformó de unas cuantas hojas a voluminosos volúmenes de “investigación”, en los que los ministerios públicos fueron instruidos sobre lo que tenían que describir en los videos tomados del enfrentamiento.

Quizás por esas sesudas investigaciones, el procurador Víctor Antonio Carrancá salió a decir esta semana que los pobladores pudieron planear la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie o que la herida mortal que recibió en la cabeza sino fue producto de un cohetón, lo fue de la ola expansiva que éste produjo.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz  http://on.fb.me/1qovStQ