Está muy bien que el PRI en el Senado demande una investigación sobre el destino de los recursos recaudados en Puebla por el llamado Impuesto Sobre Nómina (ISN) y su administración a cargo de un fideicomiso privado, y que en el Congreso local se busque convertir en causal de juicio político para un gobernador el manejo indebido de fondos o deuda pública.

Ambas iniciativas me parecen excelentes, pero que tendrían que completarse con una investigación hacia sus diputados locales de la LVIII Legislatura que en 2012 aprobaron, sin chistar, reformas a la Ley de Proyectos para la de Prestación de Servicios por las cuales el gobernador Moreno Valle fue autorizado a transferir a un fideicomiso privado los recursos del ISN.

En otras palabras: tan culpable es el que mata la vaca como el que le agarra la pata, y de esas reformas que hoy son fuente de opacidad –y quizás hasta de corrupción– del destino que tienen los recursos del ISN, son tan responsables el gobernador actual y sus diputados de la LVIII Legislatura local como los legisladores del PRI de entonces.

Aquí sus nombres: Edgar Salomón Escorza, Ramón Felipe López Campos, Felipe David Espinoza Rodríguez, Ernesto Leyva Córdova, Eleoformes Palacios Reyes, Jesús Vázquez Viveros, Elvia Suárez Ramírez, José Lauro Sánchez López, Jorge Luis Coriche Avilés, Ricardo Urzúa Rivera, Zenorina González Ortega, Iván Conrado Camacho Moreno, Juan Manuel Jiménez García y Gerardo Mejía Ramírez.

Pues fueron ellos los que avalaron que lo recaudado por el ISN pudiera ser operado durante 50 años por un fideicomiso, administrado por Evercore-Protego, de la que es socio el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe, sin rendir cuentas al Congreso del estado.

Como ya lo documentó la periodista Socorro López Espinosa, estos diputados aprobaron el 19 de marzo de 2012 reformas que permitieron al Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, constituir fideicomisos que administrarán los ingresos derivados de contribuciones, impuestos como el ISN, derechos, productos y aprovechamientos, pero además que éstos fueran desincorporados temporalmente del patrimonio del estado.

Es decir, el gobernador Moreno Valle pidió permiso al Congreso para llevarse a un fideicomiso privado los ingresos del ISN, y los diputados de la LVIII Legislatura, incluidos los priístas, se lo autorizaron aun a sabiendas que estos dejarían de formar parte del patrimonio del estado.

Por eso digo que está bien que el Senado pida al Congreso investigar el destino de lo recaudado por la Secretaría de Finanzas del Impuesto sobre Nómina entre 2012 y 2015 y mejor aún que Pepe Chedraui pida transparentar la aplicación de esos recursos e incluso la posibilidad de llevar a juicio político al gobernador Moreno Valle en caso de que estos se hubieran malversado, pero me parece que la investigación debe ir más a fondo.

No quedarse sólo en el plano mediático.

La investigación debe ampliarse a los diputados de esa Legislatura que de manera irresponsable aprobaron que esos recursos salieran del patrimonio del estado para ser administrados por un fideicomiso privado.

De lo contrario todo quedará en un escándalo, propio de la coyuntura electoral. Y ya basta de eso. El asunto es demasiado serio como para dejarlo ahí. Son 50 años de opacidad que no podemos, ni debemos permitir.

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Este lunes se informó que el gobierno del estado asignó a la empresa CEO Business Consulting S.C. un contrato por  1 millón 164 mil pesos para realizar estudios de factibilidad sobre la construcción de infraestructura ferroviaria, la instalación de una subestación de switcheo y líneas de alta tensión, así como la construcción de una subestación eléctrica para la planta industrial de Audi en el municipio de San José Chiapa.

Según la información disponible, CEO Business Consulting fue la única empresa que se inscribió al concurso y a la cual se le adjudicó  el contrato de este proyecto técnico, requerido por la Secretaría de Transportes, a cargo de Bernardo Huerta Couttolenc.

Este proceso, que podría parecer normal, tiene sin embargo un ingrediente que da mucho que pensar sobre la legalidad y certeza de esta licitación. Resulta que entre el equipo CEO de la firma consultora figura Mónica Osorio Alarcón, quien es presentada como consultora para el área de Evaluación Social y Económica de Proyectos, con licenciatura en economía de la UDLAP, maestría en Economía por London School of Economics and Political Science (LSE), y vasta experiencia en los ámbitos de finanzas públicas y fomento industrial.

 Pero un dato que se omite en su presentación —y da pie al sospechosismo— es que Mónica Osorio Alarcón funge también como funcionaria del gobierno del estado, pues es ni más ni menos que la directora de Planeación de la Secretaría de Transportes.

Sí, exacto, la misma dependencia que solicitó los referidos estudios de factibilidad para la planta de Audi en San José Chiapa.

Carta Aclaratoria:

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Si la intención de los cinco diputados separatistas del PRI —Elvia Suárez Ramírez, Zenorina González Ortega, Juan Manuel Jiménez García, Felipe Ramón López Campos e Iván Conrado Camacho Moreno— era lograr un asiento en la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la LVIII Legislatura del Congreso del estado, la jugada no les salió, y todo porque ni siquiera conocen la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Si por lo menos la hubieran revisado, sabrían que el artículo 85 señala de manera expresa que ningún diputado que se haya separado de un Grupo Legislativo (en este caso del PRI) podrá constituir otro nuevo.

Y que el artículo 86 de la misma Ley Orgánica establece que los diputados de la misma filiación partidista no podrán conformar más de un Grupo Legislativo.

Así es que por su ignorancia, soberbia y ambición, los cinco diputados locales del PRI, más Alejandro Oaxaca Carreón, podrán autodenominarse “Expresión Legislativa por el Pacto por México” y acordar lo que quieran entre ellos, pero no podrán conformar un Grupo Legislativo ni tener representación en la Junta de Gobierno, ni ser llamados “diputados independientes”, porque no lo son.

En todo caso, si renuncian al PRI podrán ser considerados diputados sin partido, pero no independientes, pues todos en el Congreso saben de qué pie cojean y con quién en realidad están sus lealtades, y más si hay bono de Casa Puebla.

¿O me equivoco?

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Este sábado comenzó la venta de espejitos a los funcionarios de primer nivel de la administración municipal de Eduardo Rivera Pérez, que fueron convocados a una junta de trabajo en el restaurante La Fundidora, en la colonia Huexotitla.

La reunión fue encabezada por Marco Antonio Ramírez Moreno, aspirante a la dirigencia municipal del PAN y asesor del alcalde Eduardo Rivera; el regidor iturbidista Pedro Alberto Gutiérrez Varela, y el diputado local Jesús Salvador Zaldívar Benavides.

A la cita acudieron alrededor de 30 funcionarios municipales entre secretarios, coordinadores y directores generales, a quienes se prometió que continuarán laborando en la gestión de José Antonio Gali Fayad, al igual que los 10 empleados de confianza que recomendaran en ese momento.

Entre los asistentes a la reunión figuran Cecilia Espino González, directora del Instituto Municipal de las Mujeres; Alejandro Landero León, director de Industrial de Abastos de Puebla; Luis Olmos Pineda, coordinador del Instituto Municipal de Planeación; y Emmanuel Torres Bautista, titular del Instituto de la Juventud del Municipio, entre otros.

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