Rodolfo Ruiz R.

¿Qué tan seria cree que pueda resultar una compañía de seguros y fianzas o un corredor de seguros con apenas 3 empleados? ¿Le contrataría usted por cinco o seis años consecutivos un seguro de 18 o 20 millones de dólares anuales?

No sé usted pero yo —sin ser un especialista financiero egresado del ITAM o con estudios de maestría o doctorado en alguna prestigiada universidad de los Estados Unidos— tendría mis dudas o lo pensaría dos veces antes de cerrar una operación de ese tipo.

Pero más si al entrar al portal de la empresa, Alige Seguros y Fianzas, me entero que su presidente y director general es un señor de nombre Gerardo Millán Callado, cuya misión, visión y filosofía es un recetario de lugares comunes y frases sobadas y cursis como:

«Nuestra pasión se define por la constante búsqueda del bienestar y protección de nuestros clientes y asociados, sus vidas nos inspiran» o «Nuestra visión es lograr ser la empresa de seguros y fianzas que proporcione las mejores opciones y beneficios brindando a nuestros asesores y clientes, la oportunidad de construir un presente y planear un gran futuro«.

Sin embargo en el gobierno del estado piensan diferente. El ex secretario de Finanzas y hoy jefe de la oficina del gobernador, Roberto Moya Clemente, no ha reparado en esos pequeños detalles.

Pues de lo contrario no se entiende cómo de 2011 a 2015 —por recomendación suya—, la administración morenovallista le ha contratado 91.4 millones de dólares —equivalentes a 1 mil 205 millones de pesos al tipo de cambio actual— por concepto de un seguro contra desastres naturales que cuando se requiere no se hace efectivo.

Debo aclarar que la información del corredor y la empresa aseguradora no me fue proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), que inexplicablemente sigue manteniendo en la opacidad estos y otros datos sobre el seguro de desastres naturales, el monto que éste cubre y el deducible que habría que pagar en caso de que fuera necesario hacerlo efectivo, sino por una fuente altamente confiable.

¿Por qué esta información que debería ser pública se oculta con tanto celo? ¿Qué riesgo para la estabilidad política o la seguridad nacional tendría que la SFA diera a conocer el nombre de la compañía aseguradora, el monto de la póliza y el alcance de la cobertura?

¿O es que de veras es cierto que la cobertura de este mecanismo de protección del estado contra desastres naturales sólo es de 30 millones de dólares?

Son preguntas, que conste.

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Si le dijera que la consultora electoral Gisela Rubach Lueters, coordinadora desde hace once años del diplomado en mercadotecnia política del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), es una férrea crítica de la alianza que el PAN y el PRD han decidido realizar en algunas entidades del país, Puebla incluida, para detener el avance del PRI de cara a los comicios presidenciales del 2012, quizás no le diga mucho.

Si le dijera además que la directora de la firma Consultores y Marketing Político SC ha escrito en su facebook que el matrimonio PAN-PRD ya jodió la reforma política enviada por el presidente Felipe Calderón a la Cámara de Diputados, al grado que a partir de febrero no habrá acuerdos en el Congreso, ni reformas trascendentes, salvo aquellas que el PRI imponga con su mayoría, quizás siga sin decirle mucho.

Y si también le dijera que Gisela Rubach está convencida que la boda PAN-PRD sólo provocará que el PRI se despache con la cuchara grande en el Congreso de la Unión y en las elecciones federales de este año, seguramente tampoco le diré mucho.

Pero de lo que sí estoy seguro que será de su interés, y que mucho le dirá sobre el futuro de la coalición PAN-PRD en Puebla, es que la licenciada y maestra en Administración por el ITAM Gisela Rubach Lueters, es una de las consultoras de cabecera del precandidato del PAN a la gubernatura de la entidad, Rafael Moreno Valle Rosas.

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Este martes, el maestro Miguel Ángel Rodríguez participará, con la representación del Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE), en un importante foro educativo, que congrega a especialistas en educación indígena de distintas universidades y organizaciones no gubernamentales del país, en torno al relator del derecho a la educación de la Organización de las Naciones Unidas. 

Durante el foro, que se efectuará los días 9, 10 y 17 de febrero en el Auditorio «Ricardo Pozas Horcasitas» de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Miguel Ángel Rodríguez y Sandra Aguilera Arriaga serán los encargados de analizar, ante el relator de la ONU, la calidad y vigencia del derecho a la educación básica en México para estudiantes indígenas y migrantes.

Lo paradójico de la situación es que el elegido para hablar ante la comitiva de la ONU de la situación de los niños y jóvenes indígenas de nuestro país, fue cesado hace ocho meses de la Universidad Pedagógica Nacional plantel Puebla (UPN) por el secretario de Educación Pública del estado, Darío Carmona García.

Darío Carmona comparece este martes —por cierto— ante los diputados de la LVII Legislatura del Congreso del estado, para hacer la glosa del 5º año de gobierno de la administración marinista en cuestiones de educativas.

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A continuación le presento un extracto de lo que serán los argumentos jurídicos de Javier López Zavala y los diputados locales priístas, para posponer hasta el año entrante la cancelación del impuesto sobre tenencia vehicular, tema que desde hace una semana mantiene en debate a los precandidatos del PRI y el PAN a la gubernatura de Puebla.

El texto fue elaborado por director del despacho Ibarra, Castillo y Santander Abogados S.C., Fernando Urbano Castillo Pacheco, a solicitud de Miguel Quiroz Corte, operador del coordinador general de la campaña zavalista, Jesús Morales Flores.

Aquí el extracto:

«Debemos de establecer en un primer término que el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos es un impuesto FEDERAL, creado por una ley surgida del Congreso de la Unión, que en 2007 fue abrogada pero surtiendo efectos hasta el día uno de enero del año dos mil doce, concediéndosele a las legislaturas de los estados la facultad de legislar en lo relativo a este impuesto.

«Es increíble que el actual precandidato de Acción Nacional cuando aún era senador de la república y le correspondió votar respecto al dictamen, aprobara que dicha derogación fuera a partir del último año de la gestión calderonista y no en el 2010 como ahora lo propone. Es decir, como legislador no dio muestras de apoyo, ni hizo manifestación alguna que impulsara que el impuesto federal fuera eliminado a partir de este 2010, con lo que su manifestación es únicamente con la intención de posicionarse electoralmente con lo que como legislador y cuando tuvo la oportunidad no se manifestó como lo hace ahora.

«Las leyes fiscales, se rigen por el principio de anualidad, esto es así, porque nuestros ordenamientos legales y constitucionales, establecen la obligación de que en determinadas fechas de noviembre o diciembre, según sea el caso, los órganos legislativos deberán de aprobar las leyes de ingresos de los estados o de la federación, en las que se deberán de establecer las contribuciones que se cobraran en el año siguiente.

«Estas leyes son anuales y si bien es posible el realizar modificaciones en el transcurso del año, no debemos olvidar que de los ingresos percibidos es como se elaboran las leyes de egresos y de ahí que se determinen los mecanismos de aplicación de los recursos captados.

«El señor Senador con licencia en su afán de alcanzar un posicionamiento electoral, pretende legislar en los medios y publicita una propuesta incompleta ya que no ha dicho que los ingresos que se espera captar por esta contribución se encuentran ya programados para su gasto, lo que implica necesariamente que dejar de percibir estos ingresos obligaría a recortar los recursos de algún programa social. Existe un principio en materia de leyes tributarias que es el principio de unidad, puesto la Ley de egresos del Estado contempla el gasto a realizarse de acuerdo a los ingresos que se perciben por diversos conceptos, entre ellos el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

«El señor senador con licencia se confunde y trata de confundir a los poblanos, el impuesto es federal y desde el día uno de enero de dos mil doce dejará de existir, lo que se hizo en Querétaro es legislar el impuesto a nivel estatal y con eso dejar de aplicarse la norma federal. Hasta el momento en que entre en vigor la legislación local que se pudiera realizar, en ese momento se suspendería la aplicación de la ley federal, por lo que en términos muy sencillos podemos decir que la devolución del impuesto pagado que propone el senador con licencia la tendría que hacer la federación, porque se reitera que es un impuesto federal. Moreno Valle Rosas o bien desconoce de leyes que el mismo votó, lo que representaría la poca dedicación a su trabajo legislativo o tal vez solo quiere ocultar la verdad a la sociedad. Las verdades a medias, son mentiras completas.

«El senador con licencia dio a entender que la mayoría de los legisladores del PRI deben sumarse a su propuesta de eliminar la tenencia vehicular como una muestra de voluntad política. En el fondo, el senador con licencia pretende delegar la responsabilidad a un partido opositor al suyo no solo forzando la aprobación de una ley al vapor sino que pretende que la legislatura local viole la constitución, invada atribuciones del congreso federal, porque solo de violando la ley se podría reintegrar el importe de las tenencias ya pagadas. Esto evidencia el total desconocimiento de Rafael Moreno Valle Rosas de las leyes de coordinación fiscal, de las leyes de ingresos y egresos y sobre todo del sistema federalista, lo cual es grave si consideramos que como secretario de finanzas del Estado y como legislador local y federal era el eje central de su trabajo».

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Simón dice:

«Tres clases hay de ignorancia: no saber lo que debiera saberse, saber mal lo que se sabe, y saber lo que no debiera saberse.

François de la Rochefoucauld (1613-1680). Escritor francés.

Que tal como se había aquí adelantado, el discurso y la conferencia del presidente del Centro Empresarial de Puebla, Luis Mora Velasco, y la investigadora del ITAM, Denise Dresser, en contra del gobierno del estado y el gobernador Mario Marín Torres, estuvieron duros, durísimos.

El dirigente patronal aprovechó su intervención en la Asamblea Semestral Ordinaria de Coparmex Puebla para censurar la falta de transparencia que priva en el gobierno marinista; la sumisión del Legislativo al Ejecutivo estatal; el atraso y el alto costo de las obras públicas que aquí se construyen; la desaparición del Comité de Adquisiciones y del Comité de la Feria sin que se haya informado qué paso con los activos de este último organismo; la corrupción en la Secretaría de Salud en la compra de medicamentos y en la construcción de hospitales, y que Puebla se ubique en los últimos lugares en aprovechamiento escolar pese a que el gobierno destina el 45% de su presupuesto al sector educativo.

La periodista e investigadora Denise Dresser no se quedó atrás. Y en su conferencia ¿Por qué es tan difícil modernizar a México?, caracterizó a Mario Marín como el ejemplo vivo de la impunidad de que gozan ciertos políticos mexicanos que pueden violentar el Estado de Derecho sin que nada les pase y nadie los sancione.

La reacción del secretario de Desarrollo Económico del estado, José Antonio López Malo Capellini, ante las denuncias del presidente de Coparmex Puebla, fue de enfado, y lo manifestó retirándose del evento tan pronto Luis Mora concluyó su discurso, instando a los presentes a dar la espalda a los políticos que sólo buscan el poder por el poder mismo o que llevan sus complejos al gobierno.

Quienes también pasaron un mal rato, por las agudas y puntuales críticas de Denise Dresser al PRI y a sus principales dirigentes, fueron el secretario del Trabajo y Competitividad, Pericles Olivares Flores, y la alcaldesa Blanca Alcalá Ruiz, quien clausuró la asamblea del sindicato patronal poblano.

Un aspecto cuestionable en el mensaje de Luis Mora fue la ausencia de autocrítica hacia las cámaras y organismos empresariales, que no sólo han perdido representatividad y autoridad moral entre la Iniciativa Privada, sino que se han convertido en grupos de presión por los cuales sus dirigentes se hacen de obras y contratos de servicio, puestos en la administración pública, cargos de elección popular y otras prebendas.

¿O no?

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Que a Josefina Buxadé Castelán trataron de persuadirla para que no buscara su permanencia en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), a cambio de ofrecerle una asesoría o puesto dentro del organismo con una encomienda muy específica: instrumentar dentro del gobierno del estado el sistema Infomex.

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Que la periodista Blanca Lilia Ibarra Cadena es la aspirante con más posibilidades para quedarse con el lugar que dejará vacante Josefina Buxadé en la CAIP, ahora que los priístas voten en contra de su continuidad como comisionado del organismo dizque garante de la transparencia y la rendición de cuentas en Puebla.

Tiene a su favor varios factores: su experiencia y conocimiento en la materia; su condición de mujer (que mucho influirá ahora que otra mujer saldrá de la Comisión); su desempeño como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla; su oficio como comunicadora y publirelacionista, y sus buenas relaciones con la clase política gobernante.

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Trivia:

¿Qué secretario del gabinete marinista se puso el miércoles hasta las chanclas, aprovechando la ausencia de su jefe, el gobernador Mario Marín Torres, quien después de comer en Izúcar de Matamoros voló a la ciudad de México para participar en la sesión de Consejo Político Nacional del PRI?

Un tip: el susodicho es miembro del Consejo Político Nacional del PRI, a cuya sesión evidentemente no asistió, pese que ahí se aprobó utilizar la convención de delegados como método de selección de los futuros candidatos del tricolor a diputados federales por el principio de mayoría relativa.

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Que en los próximos días saldrán a la luz nuevas encuestas electorales, entre ellas las de Consulta Mitofsky, de Roy Campos, que ubican a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, como la aspirante mejor posicionada para contender por la gubernatura del estado como candidata del PRI en los comicios locales de 2010.

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