Un tema al que las autoridades estatales están dando poca importancia pese a que podría complicarles el cierre de la administración en el último año del sexenio son los juicios y resoluciones que viene posponiendo.

Entre ellos el cumplimiento a cabalidad de las once recomendaciones que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Chalchihuapan, del que este jueves se cumple un año sin que a los afectados y víctimas de aquel violento desalojo les hayan aun reparado los daños u ofrecido una disculpa pública conforme a los estándares internacionales.

Las decenas de juicios penales abiertos en contra críticos y opositores al régimen que se litigan en juzgados estatales y federales, y por los cuales algunos de estos se encuentran recluidos en diferentes cárceles de la entidad (Rubén Sarabia Simitrio, Israel Pacheco, los Xicale, los ex alcaldes auxiliares de Canoa y Chalchihuapan) y otros en libertad bajo caución como Miguel Guerra Castillo, Juan Carlos Flores Solís, Enedina Rosas Vélez y Félix Montes Xelhua, entre otros.

Y las centenas de demandas laborales que siguen acumulándose en el Tribunal de Arbitraje del estado y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje promovidas por burócratas y empleados despedidos, algunos con 25 y 30 años de servicio en el servicio público, y por las cuales el gobierno estatal tarde o temprano tendrá que responder ya sea reinstalando a los trabajadores, liquidándolos o pagándoles salarios caídos.

Da la impresión que el gobierno no visualiza que se encuentra en la recta final del sexenio o que el año entrante será el más complicado y difícil de todos, no solo por el desgaste natural de cualquier administración sino porque habrá elecciones y poco dinero para hacer frente a las deudas y compromisos contraídos.

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A propósito de despedidos.

Cuentan que en el ayuntamiento de Puebla dos funcionarios de alto nivel han entrado en conflicto por control de la dirigencia sindical y el manejo de las cuotas sindicales, y que en el meollo del diferendo está un despacho de contadores que representa legalmente al Sindicato Benito Juárez.

Se trata del despacho Amaro Reyna y Herrero Consultores SC, cuyo titular, el contador Germán Reyna y Herrero, es un viejo conocido de Rafael Ruiz Cordero desde el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El conflicto está relacionado con el monto del contrato y los honorarios que el despacho cobra al Sindicato Benito Juárez por asesorarlo y representarlo jurídicamente ante el ayuntamiento de Puebla y otras instancias en las que sean requeridos sus servicios y acciones judiciales y extrajudiciales.

Según esta versión el contrato de prestación de servicios entre el recomendado del secretario de Administración del ayuntamiento y la dirigencia sindical asciende a unos 6.7 millones de pesos, es decir a unos 150 mil 800 pesos mensuales durante casi cuatro años.

Cuestión esta que no es del agrado del síndico municipal Héctor Sánchez Sánchez, que no entiende por qué si él puso a los dirigentes del Sindicato Benito Juárez ahora él no puede opinar sobre el despacho que los puede representar.

Los enterados aseguran que las últimas protestas de trabajadores sindicalizados exigiendo rendición de cuentas a la dirigencia del gremio encabezada por Daniel Ortiz Acevedo no son ajenas a este conflicto entre el secretario de Administración y el síndico municipal.

¿Será?

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En la última reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) celebrada en el vecino estado de Tlaxcala el mandatario poblano Rafael Moreno Valle fue relegado en la foto oficial del evento, ya que fue ubicado en la segunda fila y hasta el final.

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Que este jueves será un día clave en las relaciones entre el ayuntamiento de Puebla y su sindicato, pues si el secretario general de los trabajadores, Israel Pacheco Velázquez, decide suspender las labores de la administración municipal, como lo ha venido haciendo para impedir el cese de algunos de sus agremiados por la golpiza que le propinaron al director de Servicios Públicos, Arturo Muñoz Arellano, lo más seguro es que haya un despido masivo.

El costo que para el ayuntamiento de Puebla tiene un paro de labores es de casi 3 millones de pesos al día, considerando sólo el pago de salarios de los empleados y trabajadores, y lo que la comuna deja de recaudar en cajas.

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Que el notario público y ex presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Valentín Meneses Rojas, se comunicó a este espacio para aclarar que ya se recuperó de la enfermedad que padecía (piedras en un riñón) y que está en perfectas condiciones de salud para participar en las próximas elecciones federales, por lo que pidió no se le descarte como aspirante a diputado federal por el distrito 6 de Puebla.

Por esta misma demarcación, que comprende el sector nororiente de la capital del estado, también se anda promoviendo como aspirante a una curul el presidente de la Agrupación Política Nacional Factor Ciudadano, Julio Leopoldo de Lara Valera, y la ex secretaria general de la dirigencia estatal priísta, Claudia Hernández Medina.

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Que la presencia del rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, este miércoles por la tarde, en un acto de la Fundación Colosio, en el inicio de los foros de consulta para la elaboración de la plataforma política del PRI rumbo a las elecciones de 2012, no es casual.

Y es que el rector Agüera sí está siendo evaluado —y en serio— por el Comité Ejecutivo Nacional del PRI como un fuerte prospecto para el Senado de la República, pues en las encuestas de opinión que se han levantado en la entidad aparece con un buen nivel de conocimiento, confianza y potencial de voto.

De las combinaciones que hasta el momento se han hecho, la fórmula integrada por la ex alcaldesa de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y Enrique Agüera, es la más competitiva de todas las que se han ensayado y en las que han sido incluidos Javier López Zavala, Enrique Doger Guerrero, Alberto Jiménez Merino y Fernando Morales Martínez.

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Simón dice:

“Sólo triunfa en el mundo quien se levanta y busca a las circunstancias y las crea si no las encuentra.”

George Bernard Shaw (1856-1950) Escritor irlandés.

Una estrategia que al Partido Acción Nacional le funcionó durante muchos años, pero que hoy le resulta cada vez menos efectiva (si no es que hasta contraproducente), es el escándalo mediático.

El problema de los dirigentes, diputados y regidores del PAN es que no son consecuentes ––y a veces ni congruentes–– con lo que denuncian, pues sus críticas y señalamientos se agotan cuando un medio de comunicación les da cabida en sus espacios informativos o en sus notas de ocho columnas.

Lo anterior viene a colación por la tardía denuncia que el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Marcos Castro Martínez, presentó este miércoles en contra del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, por falsedad de declaraciones ante el Congreso del estado.

Por supuesto que no estoy en contra de que Juárez Acevedo haya sido acusado de mentiroso ante el Ministerio Público, al haber ocultado al Poder Legislativo su pertenencia como directivo de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

Pero en el fondo, lo que la dirigencia estatal del PAN quiere con el caso Juárez Acevedo es atraer reflectores, sacar raja política, y hacer show mediático a costa de un personaje desprestigiado.

Si deveras la dirigencia y los diputados panistas quisieran fincarle responsabilidades e iniciarle un proceso administrativo por el delito de falsedad de declaraciones, ya lo habrían hecho desde septiembre de 2007, cuando descubrieron y tenían documentado que Juárez Acevedo aún fungía como secretario general de Plataforma Cuatro.

¿Por qué dejaron pasar más de un año para acudir al Ministerio Público a denunciarlo?

¿Por qué lo hacen ahora que Juárez Acevedo está por ser removido como presidente y comisionado de la CAIP?

¿Por qué, si deveras están agraviados por el cinismo y mentiras de Juárez Acevedo, han aceptado, cual mansos (¿o mensos?) corderitos, el largo y engorroso procedimiento seguido por la Comisión de Gobernación del Congreso del estado para destituirlo de la CAIP?

¿No será que en el fondo sólo le apuestan al escándalo mediático, como el que ayer protagonizó Marcos Castro en los pasillos de la Procuraduría General de Justicia?

Ojalá esté equivocado.

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La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, está a un tris de convertirse en rehén del líder del sindicato de trabajadores del ayuntamiento, Israel Pacheco Velázquez, y no pocos de sus cómplices dentro y fuera de la administración municipal.

Blanca Alcalá ha mantenido una política errática en materia laboral y sindical, pues en su afán de echarse a la bolsa a Israel Pacheco, primero le abrió espacios en su planilla de regidores y luego le entregó la Dirección de Servicios Públicos.

Colmilludo, Israel Pacheco coló a Guillermina Hernández Castro como regidora, y luego a su hermano Conrado como subdirector de Servicios Públicos.

Hoy la alcaldesa paga caros sus desaciertos, tanto que ayer la regidora salió a criticar el supuesto terrorismo laboral de la presidenta municipal y Conrado encabezó una marcha de más de mil empleados del ayuntamiento, una buena parte de ellos adscritos a la Dirección de Servicios Públicos, para protestar por el despido de dos delegados sindicales.

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La conferencia del filósofo Fernando Savater en el San Pedro Museo de Arte, sobre la función de la ciudadanía en las democracias modernas, degeneró en un acto político de mal gusto.

De entrada metieron en el presidum a puros políticos, cuando la conferencia, se supone, habría sido organizada por la facultad de Filosofía y Letras de la BUAP y la Secretaría de Cultura, con carácter académico.

En los carteles donde se publicitó la charla de Savater, así como en los pases de acceso, se anunciaba que el filósofo español sería presentado por su coterráneo, Vicente Carrera Álvarez, docente de la facultad de Filosofía.

El académico llegó con suficiente antelación al acto. Sin embargo, cuando Savater y la comitiva oficial que lo acompañó llegaron al Museo, Carrera Álvarez fue excluido, pues la presentación corrió a cargo de Ricardo Velázquez, director del Centro Mundial de Estudios sobre la Legalidad (Cemle) y ex asesor jurídico de Mario Marín Torres durante el “Lydiagate”.

Eso sí, en el presidum metieron al secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, dizque con la representación del gobernador Mario Marín; al secretario de Cultura, Alejandro Montiel Bonilla; al secretario particular de Marín, Guillermo Deloya Cobián; y hasta al hijo de Raúl Salinas, Juan José Salinas Pasalagua, quien fue presentado como senador.

Al finalizar el acto, Víctor Baca, integrante del Cemle y del comité organizador, explicó al escaso público aún presente que la participación de Carrera Álvarez fue suspendida “porque el estrado es demasiado pequeño y frágil: corríamos el riesgo de que se viniera abajo si subía una persona más”. 

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