* Los Méndez López, intermediarios de esas operaciones

* Involucran a Estefan y Julio Franco en fuga de información

Algo raro ocurre con los bienes asegurados a los hermanos Tiro Moranchel de Sitma e Invergroup, con los que supuestamente se resarcirá parte del daño a los cientos de defraudados de estas empresas inmobiliarias, que de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia ascienden a 6 mil 600 personas.

En lugar de que las propiedades y terrenos de los hermanos Tiro Moranchel se subasten públicamente al mejor postor, resulta que se están vendiendo tras bambalinas a precios por debajo de su valor comercial.

Pero si lo anterior es delicado, más grave es el hecho de que las autoridades estatales que intervienen en el asunto, como el secretario de Gobernación Valentín Meneses Rojas, hayan aceptado que los hermanos Méndez López, cuya fama pública en el mercado inmobiliario de Puebla deja mucho que desear, actúen como representantes de los dueños de Sitma e Invergroup.

Cualquier corredor de bienes raíces sabe que ni Pilar, ni Mario Francisco, ni Abraham Moisés Méndez López pueden ser personas confiables o de fiar, tanto por sus referencias en varias transacciones de tierras ejidales, como por sus antecedentes penales.

Mario Francisco Méndez fue detenido el 9 de septiembre de 2009 por los delitos de daño en propiedad ajena y homicidio culposo agravado por la muerte de un joven de Cholula , mientras que su hermana Pilar estuvo recluida en el Cereso de Puebla por un año y tres meses, acusada de tráfico de personas.

A manera de ejemplo de lo que sucede con algunos de los bienes de los Tiro Moranchel, me citan un predio ubicado en el libramiento a Atlixco, entre la antigua vía del ferrocarril y el negocio de carnitas El Mexicano.

Dicho terreno de 28 mil metros cuadrados, podría negociarse hasta en más de 20 millones de pesos, considerando un precio de mil pesos el metro cuadrado, sin embargo hace unos días se vendió a un prestanombres de Salvador Echeguren Barroeta, Ernesto Garnica, en 11 millones de pesos. Lo paradójico de la transacción es que otro interesado había ofrecido por ese mismo inmueble 13.5 millones de pesos y no se lo vendieron.

¿No que el gobierno iba a velar por los intereses de los defraudados de Sitma e Invergroup?

¿Acaso las autoridades están coludidas en que los terrenos asegurados a los hermanos Tiro Moranchel se malbaraten?

¿Y si no, por qué entonces permiten que en las mesas de negociación, que tienen lugar en la Secretaría de Gobernación, participen los hermanos Méndez López como mediadores de la venta de los bienes de los dueños de Sitma e Invergroup?

¿O acaso la autoridad ya pactó con los Tiro Moranchel con perdón y liberación, a cambio de que los terrenos que tienen en Calpan, en la zona de Angelópolis, en Las Ánimas, en Atlixco, en Loma Verde, y en La Calera y el Batán se vendan a empresarios e inversionistas consentidos?

Son preguntas, que conste.

El tema incluso es motivo de preocupación en algunas oficinas gubernamentales, encargadas de la inteligencia política del Ejecutivo estatal.

Una de las posibles áreas de fuga información es la que tiene a su cargo el exdiputado federal Jorge Estefan Chidiac, coordinador de políticas públicas del candidato Javier López Zavala, en la cual labora Julio Franco Corzo a través de su empresa consultora IEXE.

Julio Franco fue secretario particular de Moreno Valle cuando éste se desempeñó como secretario de Finanzas y Desarrollo Social en el sexenio melquiadista.

El consultor de la firma IEXE, según una ficha de inteligencia, ha enviado a cinco de sus colaboradores al War Room del candidato a la gubernatura de la coalición opositora Compromiso por Puebla: Maribel Rodríguez Chacón, Juan Román Espinosa Moyado, Marco Silva Barradas, Rodolfo Jarquín Nava y José Guadalupe Rendón Castillo.

***

Aunque el nuevo director administrativo del Instituto Electoral del Estado, Francisco Rivera Morán, ha logrado reducir en forma significativa algunos gastos operativos y de insumos en el organismo, la verdad es que el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal aún deja mucho que desear. en claro incumplimiento a lo que establece el artículo 21 de la ley en la materia, y el artículo 40 fracción II de la Normatividad para la Adquisición de Bienes y Arrendamientos del IEE: «Las adjudicaciones deberán considerarse en forma global, con el objeto de determinar si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que se establezcan, en la inteligencia de que, en ningún caso, el importe total de la misma podrá ser fraccionado para quedar comprendido en algún supuesto distinto al que le corresponda originalmente».

Para botón de muestra lo que sucede con las compras de papelería y equipo de cómputo, que se están fraccionando

En el caso de la papelería, la anomalía radica en que esta compra, en lugar de concursarse de manera consolidada, se dividió por trimestre, lo que el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local, Víctor Manuel Hernández Quintana, ya dijo que es irregular, observación que por lo visto poco le interesó a la directora general y al director administrativo del Instituto, ya que al día siguiente el Comité de Adquisiciones del que forman parte volvió a realizar una compra fraccionada.

Por lo que hace al equipo de cómputo, las evidencias de las compras fraccionadas constan en los acuerdos CA-AC-13/2009, para adquirir once laptops para los directores del Instituto, y CA-AC-07/2009, de la misma fecha 26 de noviembre de 2009, aunque esta última licitación fue declarada desierta por el Comité de Adquisiciones.

***

Simón dice:

«Más traiciones se cometen por debilidad que por un propósito firme de hacer traición.»

François de la Rochefoucauld (1613-1680) Escritor francés.

Uno de los grandes hoyos negros de las finanzas públicas del estado son los rendimientos financieros.

Para tener acceso a esta información pública, no hay Ley de Transparencia que funcione.

La respuesta que invariablemente da la Secretaría de Finanzas —cuando se le requieren datos sobre la compra de Cetes y otros instrumentos de renta fija, así como sobre los intereses y ganancias que obtiene por sus cuentas bancarias e inversiones bursátiles—, es que esa información es reservada, confidencial.

Lo grave del caso es que esta confidencialidad se presta a toda clase de abusos y triquiñuelas.

A manera de ejemplo, citaré dos casos.

Uno ya conocido y protagonizado por el mismo secretario de Finanzas del estado, Gerardo María Pérez Salazar, quien invierte el dinero del gobierno en Casa de Bolsa Vector, empresa de la fue director general y en la cual labora su señora esposa, Margarita Rojas Palacios.

En febrero pasado, en el marco de su comparecencia ante la LVII Legislatura del Congreso del estado, Pérez Salazar dijo a los diputados que Vector ofrecía al gobierno una tasa de rendimiento del 9%, según él, la más alta del mercado.

Para comprobarlo se le formuló una solicitud de información, donde se le pedía detallar los rendimientos otorgados por Vector y otras casas de bolsa e instituciones bancarias contratadas por el gobierno del estado. Fue entonces cuando el funcionario decidió clasificar esa información como reservada para los próximos doce años.

¿Y la transparencia? ¿Y la rendición de cuentas?

¡Bien, gracias!

Un segundo caso está relacionado con el reintegro de 47 millones de pesos, solicitado por la Secretaría de la Función Pública al gobierno del estado después que esos recursos, provenientes del programa Procedes, no fueron aplicados en la construcción de un hospital integral en Cuetzalan, asunto que ayer le comenté.

En el reporte elaborado por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social se menciona que, el 14 de diciembre de 2007, la coordinación del programa Procedes depositó a una cuenta de los Servicios de Salud del estado 47 millones de pesos, recursos que dos meses después fueron transferidos a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, pero no así los intereses generados en ese lapso.

¿Qué pasó con el rendimiento financiero de esos 47 millones de pesos? Es algo que ni la propia Secretaría de la Función Pública sabe.

Lo único cierto, y que puede leerse en el reporte de auditoría, es que los 47 millones de pesos depositados en la cuenta número 4041779273 de HSBC, a nombre de los Servicios de Salud, generaron intereses por 61 mil 712 pesos, y que éstos no fueron transferidos a la cuenta 65-50215633-5 de Banco Santander cuando, el 15 de febrero de 2005, se hizo el traspaso de esa partida a la Secretaría de Finanzas.

¿Dónde quedaron esos 61 mil pesos por concepto de intereses?

No lo sé. Y la verdad es que, para saberlo, tengo que esperar doce largos años a que esa información, hoy reservada, sea desclasificada.

¡Vivan la transparencia y la rendición de cuentas!

***
Este día no se olvide de felicitar a Enrique Doger Guerrero por su cumpleaños número 51. Debo decirle que, a diferencia de otros aspirantes a la gubernatura, el ex presidente municipal de Puebla no hará una gran comilona o festejo.

Doger celebrará su cumpleaños en corto, con el personal Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema), y más tarde con su familia.

***
Este martes estarán de visita en Puebla funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, para iniciar una investigación en materia de transparencia en cada uno de los municipios de más de 70 mil habitantes.

El primer municipio donde los auditores federales harán acto de presencia es Tehuacán.

Sobre este tema, hoy martes el subsecretario de Control y Supervisión de la Sedecap, Alberto Jiménez Arroyo, ofrecerá una conferencia de prensa.

***
Seis son los poblanos que forman parte de la Comisión Deliberativa que cocina las reformas que serán aprobadas por la XX Asamblea Nacional del PRI, a celebrarse este fin de semana en Aguascalientes.

Ellos son: Antonio Hernández y Genis, Alejandro Gallardo Arroyo, Alejandro Armenta Mier, Pablo Fernández del Campo Espinosa, Alberto Amador Leal y Luis Ángel Carrasco Gasca.

Todos ellos se trasladarán este martes al Centro Mexicano Libanés de la ciudad de México, donde serán sometidos a su consideración los predictámenes que serán votados en las mesas de estatutos, declaración de principios y programa de acción que se instalarán en la asamblea nacional priísta.

***
Si desea hacerme algún comentario o crítica y que éstos se publiquen, haga clic aquí. De lo contrario, recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

La gestión de Blanca Alcalá Ruiz podría verse envuelta en su primer escándalo de corrupción como resultado de un amañado concurso de software y equipo de cómputo, convocado por la Secretaría de Administración y Tecnología de la Información.

Las bases de la licitación CMA-LP-017/2008, para la contratación de un sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP) e infraestructura tecnológica para su funcionamiento (por un costo aproximado de 2.5 millones de dólares), se pusieron a la venta del martes 29 al jueves 31 de julio.

Aunque el fallo del concurso está previsto para el miércoles 13 de agosto, desde ahora le puedo anticipar que éste será ganado por el empresario Julián Abed, en alianza con Hewlett-Packard México (HP) y SAP.

Y eso lo saben también las otras dos empresas que se inscribieron —USNet y Arquitectos del Software—, mismas que ayer, con sorpresa, pudieron comprobar en la junta de aclaraciones que las bases de la licitación pública nacional fueron diseñadas para beneficiar al tercer proveedor.

Uno de los representantes de las firmas inconformes confió a este columnista: “se trata de un concurso a modo. Tal parece que Julián Abed y HP armaron su propia licitación, sin el menor cuidado de ajustar las bases a los requerimientos del ayuntamiento e incorporando una serie de conceptos fuera de las leyes que regulan la actividad gubernamental, y que aplican para una empresa pero no para un gobierno municipal”.

A manera de ejemplo, comentó que “en las bases de la licitación encontramos absurdos como que nuestros impuestos empezarán a generar intereses con tasas de referencias como la TIIE, y no multas y recargos como se establece en el código fiscal”; o que “los cobros de los contribuyentes morosos serán efectuados por ‘agencias especializadas de recuperación de cartera’, algo similar a lo que usan los bancos para cobrar a sus clientes a través de despachos jurídicos especializados en la compra de cartera”.

“Es una pena ver el poco profesionalismo que mostró el ayuntamiento para favorecer a un proveedor en las bases de la licitación, que son un mero listado de las funcionalidades del módulo Financiero de SAP, tal cual las presenta en sus documentos comerciales y que en la práctica han resultado un pésimo producto para gobiernos e instituciones como PEMEX, SAT e ISSSTE”.

***
No lo cuente en voz alta, pero todo parece indicar que la Comisión de Gobernación del Congreso del estado que investiga el caso del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, ya sabe desde mediados de julio lo que todo mundo sospecha.

Sí, que Juárez Acevedo era secretario general de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP en diciembre de 2004.

Es más, se sabe que desde el 10 de julio Fernando Agís Bitar, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, emitió un oficio dirigido al Poder Legislativo local, confirmando que Antonio Juárez sí fue directivo de Plataforma Cuatro y que después de éste, el hoy presidente de la CAIP recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para desmentir ese comunicado.

***
Cuatro serán los poblanos que formarán parte del equipo de Alfredo Figueroa Fernández en el Consejo General del Instituto Federal Electoral a partir del 15 de agosto, cuando rinda protesta del cargo. Ellos son el comunicólogo Alfonso Gama Izar, los antropólogos Marcela Rosas Méndez y Rafael Larios Santoyo, así como un abogado experto en cuestiones electorales.

Alfonso Gama será su asesor en materia de comunicación. Estudió en la Ibero Puebla, trabajó en TV Azteca, y cuenta con una maestría en comunicación pública y política que cursó en Madrid, España.

Los antropólogos también han trabajado desde años con el consejero electoral tanto en el Consejo Local del IFE como en su empresa consultora Figueroa Fernández y Asociados.

Y el abogado, del que aún no puedo revelar su nombre, pues todavía está en el trámite de dejar su actual trabajo, es egresado de la Escuela Libre de Derecho y ha sido funcionario del Tribunal Electoral del Estado.

***
Si desea hacerme algún comentario o crítica y que éste o ésta se publiquen, haga clic aquí. De lo contrario, recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com  y rruiz@e-consulta.com.mx