Un problema que persiste en la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Puebla a pesar del cambio de titular, son las transas que vienen cometiéndose en el Departamento Laboral a costa de las personas que tramitan su pensión después de ganar un laudo.

Resulta que por alguna extraña coincidencia siempre que está por salir un laudo favorable en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los trabajadores que lo tramitan son visitados en sus domicilios por un par abogados que les ofrecen agilizar el proceso y el pago de su pensión en el IMSS, pero a cambio del 30 o 40 por ciento de su cheque.

Los que aceptan tienen que revocar el poder de los abogados que les llevaban el juicio y extender uno nuevo a favor de los hermanos Juan Carlos y Marlene Águila Flores o el despacho Blanco y Asociados.

Pero los que se rehúsan sufren las consecuencias: sus expedientes se atoran, sus gestiones entran en un largo e inexplicable tortuguismo y, lo peor, dejan de recibir atención médica y de laboratorio, lo que merma su ya deteriorada salud pues los afectados son generalmente personas enfermas y de la tercera edad.

La situación llega al límite hasta que varios de ellos ceden y terminan cambiando de abogado y otorgando el 40% de sus pensiones a los abusivos buitres del IMSS.

Ojalá el nuevo delegado del Instituto, Enrique Doger Guerrero, tome cartas en el asunto y corrija la situación.

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Este jueves estará en Puebla, dando una conferencia en la Universidad Iberoamericana, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) que sin ser presidente tiene el control del organismo: Marco Antonio Baños Martínez.

El consejero del INE hablará sobre Importancia de la formación ciudadana en el contexto de la renovación de los integrantes de los Consejos Estudiantiles de Representación de cada licenciatura de la Ibero Puebla.

Su conferencia será a las 11 horas en el Instituto de Innovación Tecnología de la Ibero.

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Hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha llegado una queja colectiva por despidos masivos, acoso y discriminación por edad y género (mobbing laboral) en contra del delegado y el jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Rodolfo Reyes Coria y Alejandro Minor Castillo, respectivamente.

La queja fechada el 10 de octubre del año en curso quedó radicada con el número de folio 107653 y entre quienes la interpusieron figuran Claudia Francisco Morales Juárez, Gabriela Huerta Carrasco, Anabel Michinami Espíndola, María Lourdes Barba Ruiz, Norma Hernández Hernández, Silvia Emilia Marrufo Carrasco, Yolanda Alvarado Camacho, Diana Lizbeth Macías Hernández, María de las Nieves Vázquez Hernández y Alicia Jiménez Torres.

Como puede observarse, la queja la presentan sólo damas, pues a decir de las firmantes al delegado del IMSS no le gusta trabajar con mujeres, por lo que se vale de cualquier argucia para despedirlas u hostigarlas laboralmente, hasta conseguir su renuncia o cese, en complicidad con el jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación.

En la queja presentada contra Reyes Coria y Minor Castillo —y que este lunes la senadora panista del estado de Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández ventiló en la Cámara Alta en el marco de las entrevistas y negociaciones sobre el futuro presidente de la CNDH—se dice que ambos funcionarios han seguido despidiendo y acosando a mujeres, entre ellas ocho que laboraban en la Coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente y el Departamento de Relaciones Contractuales, y a la jefa de Prestaciones Médicas, Martha Leticia Valdés Martínez.

Esta última, según se asienta en el escrito dirigido a la senadora Adriana Dávila, también ha interpuesto una queja ante el Órgano de Control Interno del IMSS por las trabas que se le ponen para el cumplimiento de sus funciones, no obstante haber conseguido para la delegación Puebla algunos reconocimientos nacionales.

Sobre estas quejas, la Delegación del IMSS rechazó que Reyes Coria hubiese pedido a la jefa de Prestaciones Médicas su renuncia, y aclaró que si hubo liquidaciones en la Coordinación de Atención al Derechohabiente es porque tres de las personas que estaban contratadas —Marisol Magaly Garrido Benítez, Gabriela Martínez Sánchez y Pamela Berenice Segura Vázquez— no obtuvieron los resultados esperados.

Finalmente precisó que la queja promovida por Yolanda Alvarado Camacho en contra del delegado y el jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación obedece a las investigaciones que se le siguen a nivel central desde enero de 2013, tras la auditoría que se le practicó y por la que fue encontrada responsable de ejercicio indebido de servicio público, y por operar una red de complicidades en las Subdelegaciones del IMSS de Puebla, a partir del Departamento de Auditoría a Patrones en la Jefatura de Afiliación y Cobranza, de la cual fue titular.

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Aunque la causa principal por la que no fueron reconocidos ni acreditados los representantes de los tres nuevos partidos políticos nacionales ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) es económica o presupuestal, lo más probable es que a pesar de eso tendrán que romper el cochinito y entregarles el equivalente a tres meses de financiamiento público estatal.

Y es que en esta materia hay tesis y jurisprudencias que indican todos los partidos políticos con registro nacional tienen que recibir financiamiento para el desarrollo de sus actividades, aun cuando en las elecciones locales no hubiesen obtenido al menos el dos por ciento de la votación.

En ese tenor, lo más probable es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla terminen fallando a favor de los tres nuevos partidos nacionales que buscaron acreditarse en el IEE, pero que les mandaron a decir que mejor se esperen hasta enero del próximo año.

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Tómelo con un trascendido que puede confirmarse o caerse, pero que tiene cierto nivel de verosimilitud:

Enrique Agüera Ibáñez, el derrotado candidato de la alianza 5 de Mayo a la presidencia municipal de Puebla, podría reaparecer en los próximos días en una nueva posición administrativa o política.

Una fuente confiable me asegura que existe la posibilidad de que sea nombrado delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en sustitución de Francisco Fraile García, en un puesto de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal o en alguna cartera del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

La misma fuente me indica que la primera posición (para la que existen otros tiradores, como el empresario José Chedraui Budib y el diputado federal Enrique Doger Guerrero, en ese orden) es la más factible.

Habrá que esperar.

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Juan Molina Arévalo —quien asumió la delegación federal de la Secretaría de Gobernación de manera interina tras la repentina renuncia de Juan Manuel Castañeda Rodríguez— será quien se quede en el cargo y haga las veces de enlace entre el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Molina Arévalo es una persona cercana al poderoso subsecretario de Gobernación federal, Luis Enrique Miranda Nava, desde que ambos laboraban para Enrique Peña Nieto en el Estado de México. Miranda fue secretario General de Gobierno de aquél, y Molina, director de Gobierno en la región de Texcoco.

En el Estado de México también se desempeñó como coordinador de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Social.

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Por cierto, me platican que el anterior delegado de Gobernación federal, Manuel Castañeda, jamás fue nombrado coordinador de delegados, o que al menos este supuesto nombramiento nunca fue comunicado a sus homólogos de la entidad.

Y también que su relevo obedeció a una serie de quejas, tanto de sus compañeros delegados como del enviado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI a Puebla, Fernando Moreno Peña, quien en más de una ocasión se quejó con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, de la supuesta sumisión de Manuel Castañeda ante el gobernador Rafael Moreno Valle en reuniones en Casa Puebla o en el Centro Expositor, en el marco de la Comisión Plural Estatal de Preservación del Entorno Político de la Equidad de la Competencia, encargada de dar seguimiento al adéndum del Pacto por México en la entidad.

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José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como Chelís, anda en problemas con el fisco.

Incluso este martes auditores de la Secretaría de Hacienda se presentaron al estadio Cuauhtémoc de futbol, para aclarar con él algunas dudas sobre su situación fiscal.

El director técnico de la Franja ni siquiera quiso hablar con ellos, arguyó —y con justa razón— que ese no era el domicilio fiscal de su empresa, por lo que si querían tratar un asunto con él, tendrían que hacerlo allá y no el estadio Cuauhtémoc.

Hasta donde se sabe el problema del Chelís con el fisco podría estar relacionado con algunas facturas que éste expidió al expresidente y exsocio mayoritario del equipo Puebla de la Franja, Francisco Bernat Cid, y que éste utilizaba para burlar el pago del Impuesto al Valor Agregado.

Los enterados de tales enredos fiscales, aseguran que las facturas que por concepto de publicidad Sánchez Solá le vendía a Paco Bernat entre un 3 y 4% sobre el monto de cada una, son parte de las dudas que los auditores de Hacienda quieren aclarar con el hoy celebérrimo director técnico de los camoteros del Puebla.

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Los diputados federales salientes del Partido Acción Nacional han comenzado a buscar empleo o al menos alguna plataforma que en el corto o mediano plazo les permita prolongar su carrera dentro del servicio público.

Por lo pronto se sabe que los legisladores Alfonso Bello Pérez, José Luis Contreras Coeto y Francisco Fraile García andan tras una delegación federal. Los dos primeros con la bendición o el padrinazgo político del senador Rafael Moreno Valle.

A Fraile le interesa la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero ante la incertidumbre de conseguirla ya se prepara para regresar a su empresa comercializadora.

Otro grupo de legisladores que también ya abona el terreno, pero no en la administración federal sino en los municipios de donde son originarios o residentes lo componen Dolores Parra Jiménez, Guillermo Velázquez Gutiérrez y José Antonio Díaz García.

Los dos primeros quieren ser alcaldes, una de San Pedro Cholula, y el otro de Atlixco, cargo que ya ocupó su hermano Felipe Velázquez Gutiérrez hace un par de gestiones municipales.

Díaz García no quiere ser presidente municipal, sino diputado por uno de los seis distritos de Puebla en la próxima en la próxima Legislatura local.

Los que de plano regresarán a sus negocios o la actividad que antes desempeñaban son María Esther Jiménez Ramos, quien se hará cargo de las empresas que le heredó su marido en Zacatlán, y Guillermo Fuentes Ortiz, quien es propietario de una fábrica de quesos en Guadalupe Victoria, municipio del cual fue presidente municipal.

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Simón dice:

“La inactividad sólo apetece cuando tenemos demasiado que hacer”.
Noel Pierce Coward (1899-1973). Dramaturgo, actor, director teatral y compositor inglés.

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Este martes la periodista y ex diputada Nancy de la Sierra Arámburo regresará a la pantalla chica, a través de un programa semanal de análisis y entrevistas bajo el título Mirada Pública.

La revista, dedicada a las políticas públicas, se transmitirá a las 22 horas por el canal 26 del Sistema de Información y Comunicación del gobierno del estado (Sicom).

Los primeros invitados de Nancy de la Sierra en su nuevo programa —que por cierto será producido en vivo por El Chacal, Raúl Velázquez—  serán Lauro Sánchez López, coordinador de asesores del gobernador Marín, y el maestro Lino Meza León, de la Universidad Autónoma de Puebla.

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El ex dirigente estatal panista Juan Carlos Espina von Roehrich, quien actualmente se desempeña como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, regresará a Puebla, al frente de una de las delegaciones más disputadas por distintos grupos del PAN y del PRI pintado de azul.

Me refiero a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de la que fue removida el pasado 31 de mayo Anahí Romero Alonso, quien de inmediato fue rescatada y reubicada en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, bajo el cobijo de su director Luis H. Álvarez.

Juan Carlos Espina, quien ya también fue diputado federal en la LVII Legislatura, llegará a la Sedesol en los primeros días de agosto.

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La poca sensibilidad que priva en los operadores políticos de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del estado, para flexibilizar su posición en torno a las reformas a la Ley de Transparencia, podría tensar las cosas más de lo necesario y meter al gobernador Mario Marín Torres en un nuevo escándalo, ahora que las televisoras, en especial TV Azteca, andan buscándole los pies.

Con su negativa a impulsar una Ley de Transparencia de avanzada, los priístas no sólo darán pretexto a los panistas para cuestionar a fondo la cuenta pública del gobernador Mario Marín, que en este periodo ordinario de sesiones debe aprobarse, sino también las cuentas públicas de otros sujetos de fiscalización como el Soapap y el Instituto Electoral del Estado.

La falta de oficio del presidente de la Gran Comisión, Othón Bailleres Carriles, puede ser capitalizada por los críticos y opositores del marinismo, para evidenciar la cerrazón de la actual administración estatal en el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos.

Y en que lo que falta del segundo periodo ordinario de sesiones, los diputados priístas tendrán que aprobar las reformas a la Ley de Transparencia, decidir la remoción de Antonio Juárez Acevedo al frente de la CAIP, designar a un nuevo comisionado, elegir a un nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos y  aprobar la cuenta pública del gobernador.

Y todo eso, en el contexto de una guerra entre el gobernador y TV Azteca México, por la negativa de los directivos de la franja, estrechamente vinculados al Ejecutivo estatal, de renovar a la televisora del Ajusco los derechos de transmisión del equipo de futbol de Primera División.

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Dos poblanos figuran en la lista de 75 aspirantes a ocupar una de las tres plazas de consejeros generales del Instituto Federal Electoral (IFE), que quedarán vacantes el próximo 15 de agosto: Alfredo Figueroa Fernández y Maurcio García León.

Ambos, por cierto, serán entrevistados por los diputados que integran la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados el mismo día, jueves 28 de mayo, aunque en distintas horas.

Figueroa funge actualmente como consejero local del IFE y en la anterior convocatoria emitida por el Congreso de la Unión, de la que salieron como nuevos consejeros Leonardo Valdés, Benito Nacif y Marco Baños, fue uno de los finalistas con la segunda mejor calificación de los 35 que se colaron a la última ronda.

Maurcio García León, el segundo de los poblanos, fue secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Estado, en la gestión de León Dumit Espinal, director Jurídico del Instituto Electoral del Estado, y secretario general del ayuntamiento de San Pedro Cholula en la pasada administración municipal. Es hijo del ex procurador y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando García Rosas.

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Trivia facilona.

¿Quien es el diputado federal poblano que ya incursionó en el vecino estado de Tlaxcala como concesionario de un expendio de Pemex, dedicado a la venta de gasolina y diesel?

Tres tips.

Es priísta y uno de los más influyentes por la Comisión que preside en San Lázaro.

Su inversión se ubica en el municipio de Apizaco.

Tuvo que desembolsar 200 mil pesos en mordidas para la apertura de su establecimiento.

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Ayer rindió protesta como nuevo director de Finanzas y Administración de la Secretaría de Salud Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes, en sustitución de José Luis Palafox Krayevsky, quien desde hace meses había perdido la confianza del gobernador Mario Marín Torres, que lo puso ahí.

Al darle posesión de su cargo, el secretario de Salud Roberto Morales Flores exhortó a los funcionarios de la dependencia a trabajar con unidad y armonía, haciendo de lado los chismes e intrigas que afectan la imagen del gobierno y la institución.

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Desde el miércoles 7 de mayo, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) es objeto de una auditoría que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El motivo, según trascendió, son diversas omisiones en el pago de seguridad social a los trabajadores que prestan sus servicios en la institución universitaria por un monto de 14 millones de pesos.

Como responsables de esta irregularidad aparecen Alejandro Fernández, Urbano Ponce, Clara Elena Torres, María de los Ángeles Sánchez, Gonzalo Gómez, Alfredo Miranda y Javier Cabanas.

Se sabe que como parte de la auditoría el IMSS también investiga la existencia de algunas empresas “fantasma” utilizadas para evadir o eludir impuestos y el pago de seguridad social.

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