En 2007, los diputados aprobaron un gasto de 35 mil 266 millones de pesos, y el gobierno finalmente ejerció 44 mil 686 millones de pesos, es decir, 27% más de lo autorizado.

Lo mismo ocurrió en 2008: La LVII Legislatura autorizó para ese año un gasto de 39 mil 446 millones de pesos, pero el gobierno ejerció 47 mil millones 484 millones pesos, es decir, 21% más de lo aprobado.

Sin embargo, eso no es lo peor.

Lo grave es que el gobierno gasta mal los recursos adicionales, pues en lugar de invertir las ampliaciones presupuestales en obra pública e infraestructura, y en programas y acciones de desarrollo regional sustentable, destina ese dinero a gasto corriente, lo que se traduce en una nómina más abultada de la burocracia estatal; a la adquisición de materiales y suministros, a la contratación de asesores, y a la compra de vehículos y camionetas nuevas.

Sus propios números así lo evidencian. Aquí algunos ejemplos.

En 2008, el Congreso le autorizó a la Secretaría de Educación Pública 16 mil 547 millones de pesos, sin embargó se gastó 19 mil 245 millones, de los cuales 910 millones de pesos fueron a parar a nómina, y 1 mil 293 millones a subsidios, transferencias y ayudas poco claras.

Para ese mismo ejercicio fiscal, a la Secretaría de Finanzas y Administración se le aprobaron 5 mil 159 millones, pero se gastó 25% más, es decir 6 mil 474 millones de pesos.

De la diferencia de 1 mil 314 millones, más de 200 millones fueron a servicios personales (nómina), más de 85 millones a la compra de materiales y suministros, más de 69 millones a la contratación de asesorías, viáticos, gastos de representación y de difusión e imagen, y más de 40 millones a la adquisición de vehículos y otros bienes muebles.

Lo paradójico, en el caso de la Secretaría de Finanzas, es que esta dependencia tenía un presupuesto autorizado en servicios personales de 251 millones, y ejerció 452.5 millones; un autorizado de 10.17 millones de pesos en materiales y suministros y se gastó 96.04 millones; un autorizado de 31 millones en bienes muebles e inmuebles y se gastó 71.2 millones de pesos.

De ahí la interrogante inicial: ¿de qué sirve que el Poder Legislativo apruebe un presupuesto, si al final las dependencias del Ejecutivo se gastan lo quieren, sin pedir permiso al Congreso para ejercer recursos adicionales?

De qué sirve que en la Ley de Egresos vigente y en la que este jueves seguramente se aprobará se diga que las dependencias y entidades públicas deben reducir al mínimo indispensable sus erogaciones por concepto de asesorías, servicios de telefonía, compra y arrendamiento de vehículos, y por gastos de representación, promoción, difusión e imagen institucional, si finalmente éstas se gastan lo que quieren y como quieren.

Para muestra un par de botones: la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Gobernación, de las que —por cierto— saldrán los candidatos del PRI a la gubernatura y presidencia municipal de Puebla.

A la primera dependencia encabezada por Javier López Zavala se le autorizó en 2008, una nómina de 69.7 millones, pero la abultó hasta 86.8 millones de pesos; compras para materiales y suministros por 7.6 millones y se gastó 14.4 millones; una partida de 35.7 millones para viáticos, asesorías, celulares e imagen, y ejerció 57.4 millones; y una partida de 982 millones de pesos para inversión pública, pero de cual sólo ejerció 794 millones de pesos.

Con la Secretaría de Gobernación, a cargo de Mario Montero, ocurrió algo similar. En 2008 se le autorizaron 154 millones en servicios personales, y ejerció 157 millones; 9.3 millones en materiales y suministros, y ejerció 12.6 millones; 77 millones en servicios generales, y ejerció 313 millones; 5.2 millones en subsidios, transferencias y ayudas, y ejerció 54.1 millones.

¿Tiene, pues, sentido aprobar una ley de egresos para 2010, a sabiendas que nadie la va a respetar y que nadie será sancionado por los excesos y abusos en que incurran las dependencias en su ejercicio presupuestal?

A mi parece que no, que es inútil.

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Simón dice:

«En lo concerniente a las grandes sumas, lo más recomendable es no confiar en nadie».

Agatha Christie (1891-1976) Novelista inglesa.

* Creció más la nómina que la inversión pública

* Se atoran los trabajos del Centro Expositor

¿Cómo se han comportado las finanzas públicas en los primeros cuatro años de la administración marinista?

¿A qué áreas estratégicas se han canalizado los recursos de la Federación por concepto de ingresos extraordinarios?

¿Son las obras, los servicios básicos y la infraestructura, cuestiones prioritarias en la política de gasto?

¿Cuáles son los capítulos, en materia de egresos, que más han crecido de 2005 —año en que arrancó la gestión de Mario Marín Torres— a diciembre de 2008?

Para responder estas y otras interrogantes echemos un ojo a las cifras estatales.

Los ingresos de la hacienda pública estatal han registrado un notable crecimiento en los últimos cuatro años, al pasar de 28 mil 919 millones de pesos en 2005, a 47 mil 485 millones en 2008. En términos nominales, dicho crecimiento es del 64.2 %.

Un rubro importante en materia de ingresos, son los recursos extraordinarios que el gobierno del estado ha recibido por parte de la federación, y que de 2005 a 2008 también se incrementaron como consecuencia del alza en los precios internacionales del petróleo.

Estos ingresos extraordinarios fueron en 2005 de 17 mil 782 millones de pesos, y en 2008 de 26 mil 917 millones de pesos, lo que en términos nominales representa un aumento del 28.2 %.

Lamentablemente para los poblanos, este crecimiento en los ingresos totales y extraordinarios del gobierno del estado no se ha reflejado en obra pública.

La inversión pública ciertamente ha crecido, al pasar de 2 mil 313 millones de pesos a 7 mil 244 millones de pesos, en el periodo comprendido de 2005 a 2008, pero no en la proporción de los ingresos y gastos de la administración estatal.

Me explico:

Mientras la inversión en obra pública sólo creció 4 mil 931 millones de pesos en estos cuatro años, los ingresos extraordinarios del gobierno del estado crecieron en 9 mil 135 millones de pesos, y los ingresos totales en 18 mil 566 millones de pesos.

Dicho lo anterior, la duda mata: ¿Si la inversión pública no aumentó de manera sustancial, entonces a qué rubros o capítulos de gastos se canalizaron los ingresos obtenidos por la hacienda pública estatal en lo que va de la gestión marinista?

Una parte importante de estos ingresos se fue a gasto corriente, es decir al capítulo 1000, también denominado Servicios Personales.

El monto de los sueldos, salarios, prestaciones y compensaciones de la burocracia pasó de 10 mil 591 millones a 16 mil 802 millones de pesos, lo que representa un aumento de 6 mil 211 millones de pesos.

En otras palabras, mientras la inversión en obra pública creció de 2005 a 2008 en 4 mil 931 millones de pesos, el gasto corriente se incrementó en 6 mil 211 millones de pesos.

Otro capítulo de gasto que también creció es el llamado Servicios Generales, que cubre las erogaciones por concepto de viáticos, transportación y gastos de representación; asesorías, estudios e investigaciones; difusión, imagen, propaganda e impresiones; luz, teléfono, celulares, y renta de equipo y maquinaria, entre otros. Este gasto pasó de 1 mil 541 millones a 2 mil 77 millones de pesos.

El capítulo Materiales y Suministros, que comprende las partidas destinadas a la compra de combustible, refacciones y servicios de mantenimiento; materiales, útiles y equipos de cómputo, oficina, hospitales, penitenciarias e instalaciones deportivas; uniformes, materias primas, medicinas y artículos de limpieza y construcción. En éste el gasto subió de 286 millones a 475 millones.

En los subsidios y transferencias también se reporta un incremento significativo de 7 mil 898 millones de pesos; lo mismo que en la compra de bienes muebles e inmuebles, de 213 millones de pesos.

Tales cifras explican, en mi opinión, el rezago o la pérdida de competitividad que registra Puebla frente a otras entidades federativas, en cuales no sólo se percibe un mayor dinamismo de su economía, sino también un acelerado desarrollo en materia de obras e infraestructura.

¿O no?

EN CORTO

Las obras del Centro Expositor, que se realizan en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, en lo que antes era el recinto ferial, podrían sufrir un nuevo y vergonzoso atraso.

El gobernador Mario Marín Torres tenía previsto efectuar ahí su quinto informe de gobierno, pero podría quedarse con las ganas, pues a la empresa a la cual se le asignaron las obras —Grupo Ticonsa, antes Unión Presforzadora— ya no tiene dinero para concluirlo en la fecha convenida.

Lo peor de todo es que el Centro Expositor tampoco terminará costando 1 mil 66 millones de pesos, como se prometió, sino 20% más, de acuerdo con estimaciones de los propios técnicos de la obra.

Los trabajos del Centro Expositor —que constará de una nave de exposición y un centro de convenciones sobre una superficie de 47 mil metros cuadrados— fueron adjudicados a una sociedad en participación que encabeza Grupo Ticonsa, representada por Álvaro Arce Flores y Jorge Toledo Mosqueira, pero en la que también son socios el Bufete de Construcciones Delta, la constructora Checa, la empresa Desarrollo Iberoamericano y la Supervisora Sahesa.

Un dato, por de más revelador, es que la supervisión de las obras fue asignada al presidente de la delegación Puebla de la Cámara de Empresas de Consultoría, José Mariano Romero Beristáin, a través de su despacho M Consultores y Constructores SA de CV, personaje que, dicho sea de paso, es un pelele del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno del estado, Javier García Ramírez.

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Será en la sesión de este miércoles 21 de octubre cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre a la revisión de los amparos promovidos por Germán Alejandro López Brun en contra del Congreso local que decidió no ratificarlo como magistrado del Tribunal Electoral del Estado.

Tras la discusión y votación de ambos proyectos, elaborados por Margarita Beatriz Luna Ramos en su calidad de ministro ponente, se sabrá si López Brun regresará al Tribunal Electoral como magistrado o si, por el contrario, Antonio Oropeza Barbosa debe continuar como tal en dicha instancia jurídica, como lo decidió el Congreso del estado en noviembre de 2006.

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Simón dice:

«Uno debe saber vivir con el dinero que tiene».

José de San Martín (1778-1850) Militar y político argentino.