Un buen caso para demostrar qué tan congruentes con sus principios serán los integrantes del naciente “Movimiento Laboral del 2008”, conformado por autoridades federales y estatales, dirigentes empresariales y líderes sindicales, en eso de fomentar la cultura laboral apegada a valores como la equidad, la justicia y la productividad, es el juicio ganado por seis ex empleadas de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Puebla.

El caso es emblemático, pues se trata de una demanda promovida por empleadas de un organismo empresarial que las despidió, juicio que se llevó a cabo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y cuyo fallo fue condenatorio para la Canirac, que no sólo se niega a pagar las indemnizaciones a que fue condenada, sino que amenaza a quienes osaron demandarla.

A principios de 2007, las seis empleadas fueron contratadas por la entonces presidenta de la Canirac, Guadalupe Lozano García, para hacerse cargo de la dirección, gerencia de afiliación, administración, cobranza y limpieza de las oficinas de la Cámara.

Como resultado de su trabajo, la Cámara pagó las deudas y pasivos laborales que por 150 mil pesos dejó el anterior Consejo Directivo, incrementó el padrón de socios de 69 a 179 afiliados y recuperó dinamismo con la organización de muestras y festivales gastronómicos en Puebla y otras ciudades del estado y el país.

Su esfuerzo no fue valorado por la nueva directiva de la Canirac, que el 15 de febrero tomó el control del organismo. Su presidente Fernando García Cernicchiaro no les pagó dos quincenas, y el 18 de marzo, con el apoyo del abogado Hugo Tabe, las amenazó y las despidió.

Las empleadas, como ya se lo comenté, presentaron una demanda ante la Junta Especial número 3, que se registró en el expediente 333/08, y que la autoridad laboral resolvió a favor de Norma Alicia Carballido Pesquera, Margarita Chávez Navarro, Elsa María Ramona Valle López, Martha Patricia Vega Bautista, Gabriela García Ponce y Alejandra Flores Arriaga, condenando a la Canirac al pago de indemnización constitucional, prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, comisiones, salarios retenidos, prima vacacional y horas extras.

El problema es que ahora no pueden ejecutar la sentencia a su favor ni embargar a la Canirac, pues ésta no tiene bienes que respalden el monto de la condena, y los directivos de la Cámara, lejos de acatar el fallo de la autoridad laboral, se burlan de sus ex empleadas con el ya sabido: “debo, no niego; pago, no tengo”.

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