El gran proyecto sexenal —la inauguración de la planta Audi en San José Chiapa— podría comenzar a complicarse por el poco tino que han mostrado las autoridades para dotar a los inversionistas de un parque industrial en el que puedan asentarse las empresas proveedoras de la firma alemana.

Los problemas comenzaron con la fallida expropiación de 747 hectáreas de la familia Maurer en la ex hacienda de San Antonio Tamariz, las cuales iban a ser destinadas para un parque industrial en el que tendrían cabida alrededor de 40 proveedoras de Audi.

Ante el fracaso de esa expropiación, y la urgencia de arrancar cuando antes este complejo industrial, el gobierno anunció con bombo y plantillo —el pasado 1 de diciembre— que el parque Finsa II se construirá a un costado de la carretera Nopalucan-Soltepec (kilómetro 3.5), en una superficie de 86 hectáreas en su primera etapa.

Con la presencia del secretario de Economía del gobierno federal, Ildefonso Guajardo Villareal, se colocó incluso la primera piedra de ese parque, en el que supuestamente se invertirían 330 millones de dólares mediante la instalación de más de 40 empresas de autopartes, que generarían 32 mil empleos, 8 mil directos y 24 mil indirectos.

Lo que no se dijo en esa ceremonia es que dichos terrenos tenían varios dueños y que la operación de compra-venta se pactó con uno que aún no tenía el consenso, ni la aprobación de sus demás parientes para vender.

Por esa razón es que después de la colocación de la primera piedra del parque Finsa II, las obras en el kilómetro 3.5 de la carretera Nopalucan-Soltepec están detenidas; los alemanes molestos y preocupados, ya que sin proveedores la planta Audi no podrá hacer pruebas ni arrancar operaciones en agosto como estaba previsto; y el gobierno pasmado, pues no sabe si expropiar estas tierras, ante el riesgo de que sus propietarios se amparen como lo hicieron los Maurer, o buscar de plano otros terrenos en el municipio de Nopalucan de la Granja.

Ahora que con suerte, como dice el dicho: la tercera (intentona) será la vencida.

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En su afán por ayudar al panista Mario Rincón González a ganar las elecciones en el distrito 7 con cabecera en Tepeaca algunos presidentes municipales de la región, como José Cruz Sánchez de Amozoc y Antonio Aguilar Reyes de Acajete, están dejando huellas de su trabajo sucio, acciones que pronto podrían documentarse.

Me refiero a las pintas que han aparecido en diferentes bardas rotuladas con el emblema del PRI y el nombre de Alejandro Armenta Mier sobre las cuales se asientan leyendas o consignas como las siguientes: “Mario Marín es mi padre me enseño a ROBAR! x eso kiero ser Diputado Para Robar =” o  “Rateros De Mierda”.

La campaña negra, de acuerdo con algunas pesquisas que el equipo del precandidato del PRI en Tepeaca ha realizado, está siendo financiada por ambos alcaldes y pagada con recursos del Programa de Empleo Temporal (PET).

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