En el Congreso del estado existen legisladores cínicos, como el priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa

A Verónica Mastretta Guzmán y a sus hermanos Sergio, Ángeles, Daniel y Carlos por el lamentable deceso de su señora madre. Desde aquí nuestro pésame.

¿Sabía usted que desde el jueves 10 de julio el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE giró un oficio al vocal ejecutivo del Instituto en Puebla, Luis Garibi Harper y Ocampo, solicitándole su apoyo para entregar al presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado, Pablo Fernández del Campo Espinosa, copias del expediente de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro?

¿Sabía usted que en dicho expediente —de 223 fojas útiles— existen pruebas documentales que corroboran hasta la saciedad que el actual presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, fue secretario general de Plataforma Cuatro?

¿Sabía usted que el propio presidente de la agrupación política, Tulio Zárate Luna, hizo saber a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, mediante escrito de fecha 22 de noviembre de 1999 que Juárez Acevedo se desempeñaba como secretario general de la misma?

¿Sabía usted que en el acta de certificación de las asambleas estatales de Plataforma Cuatro celebradas durante el 2001 en los estados de Tlaxcala y Michoacán, para constituirse en partido político nacional, se menciona que Juárez Acevedo participó en la lectura de los documentos básicos, y que además lo hizo en su calidad de secretario general?

¿Sabía usted que lo mismo dice el acta de certificación de las asambleas efectuadas en Veracruz y Querétaro?

¿Sabía usted que tres distintos oficios de fechas 11, 20 y 30 de enero de 2002 —mediante los cuales Plataforma Cuatro informa a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE el día, hora y lugar en que tendría lugar su asamblea nacional—, están suscritos por Antonio Juárez Acevedo como secretario general?

¿Sabía usted que en la mencionada asamblea nacional constitutiva Juárez Acevedo fue electo como secretario general del naciente partido político nacional?

¿Sabía usted que posteriores oficios, también dirigidos al IFE, fechados el 13 de mayo de 2002 y el 9 de julio de 2002, llevan la rubrica de Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro?

¿Sabía usted que todavía el 17 de octubre de 2002 el presidente de Plataforma Cuatro, Marco Tulio Zárate Luna, en respuesta al oficio DEPPP/DPPF/3059/2002, hizo saber al IFE que Juárez Acevedo formaba parte de su Comité Ejecutivo Nacional con el cargo de secretario general?

¿Y sabía usted que fue hasta el 3 de febrero de 2005, dos meses después del nombramiento de Juárez Acevedo como comisionado de la CAIP por parte del Congreso del estado, que Tania Susana Hernández Zafra pidió al IFE  corregir el directorio de Plataforma Cuatro, bajo el argumento de que ella era la nueva presidenta, y que su petición fue rechazada por no ir acompañada de la documentación que acreditara tanto las asambleas donde se efectuaron esos cambios como el acta de elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional, supuestamente encabezado por ella?

Si no lo sabía, ahora ya lo sabe; como también sabe que Juárez Acevedo es un mentiroso, por negar su pertenencia a Plataforma Cuatro; y que en el Congreso del estado existen también legisladores cínicos, como el priísta Pablo Fernández del Campo, quien el domingo declaró a la prensa que aún no tenía ninguna respuesta del IFE sobre el caso Juárez Acevedo.

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¿Pagan Play Boy del IEE?
Ayer recibí en mi buzón, un correo electrónico de una persona que dice ser empleado del Instituto Electoral del Estado y que se cuestiona por qué este organismo contrató a Megacable el canal de Playboy.

Aquí su mail, tal cual:

¿Alguien me puede decir por qué los consejeros electorales del IEE tienen servicio de Playboy?, contrato que por cierto firmó el dizque contador público Luis Javier Córdova Sánchez con la empresa Megacable con el numero de suscriptor 326071.
 
Se supone que en este año los recursos son limitados y que en el Instituto hay austeridad, pero hay una persona, Alberto Adrián Pérez Romero, que recibió una liquidación de  $150,000. ¿Quién es? ¿En qué área trabajó? ¿Alguien lo conoce? ¿Por qué se emitió el cheque de HSBC número 37976?

Les recuerdo que la ex contralora Dalhel Lara Gómez y la ex directora de Capacitación, Ana Silvia Santillana no recibieron liquidación (ojo). Ésa es una de tantas transas no conocidas del IEE, así como las que realizan día a día la directora administrativa y su sobrinito Luis Javier Córdova Sánchez, a espaldas del consejero presidente Jorge Sánchez Morales.

Estas personas obtienen dinero fácil de las arcas del Instituto en vales de gasolina y comprobando con facturas que no les corresponden. Claro, esto  habría que consultarlo con la tesorera del Instituto, Anabel Alvarado, quien fácilmente se presta a ello. Cuando se emite un cheque debe llevar 2 firmas: una es de la tesorera y otra de la directora Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, o de la coordinadora financiera, María Juana Huitzil Almonte.

Otra pregunta: ¿por qué a Noé Muñoz Alejandro le dieron un cheque de liquidación por $10,192.96 si era eventual? Por lo que tengo entendido él, al igual que muchas otras personas, había firmado un contrato comprometiéndose a no solicitar liquidación ni prima vacacional, ni aguinaldo. En pocas palabras, firmó para no tener derecho a ninguna prestación.

¿No sería justo que todas las personas que prestaron su servicio en año electoral contaran con el mismo beneficio?

Habrá que preguntarle a la directora administrativa en qué circunstancias aplica ciertos criterios. A final de  cuentas, ese dinero que fluye de aquí para allá es nuestro, de todas las personas que pagamos impuestos en el estado de Puebla.

Hay tantas cosas que aún no se saben del Instituto Electoral del Estado que es mejor que permanezcan ocultas.

Hasta aquí el correo.

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Es tan firme el compromiso de los diputados locales con la transparencia y la legitimidad del órgano encargado de hacerla efectiva en la entidad —la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP)— que su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo pudo irse de vacaciones sin ninguna preocupación y sin que nadie lo molestara.

El pasado 13 de julio, el diputado Pablo Fernández del Campo prometió agilizar la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, tendiente a corroborar si éste era miembro y directivo de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP, en diciembre de 2004.

Ese domingo, el legislador priísta ofreció no sólo incorporar a la investigación del Poder Legislativo los documentos difundidos por El Sol de Puebla y e-consulta, que involucran a Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro, sino mandar una comisión tanto a las oficinas centrales del IFE como a la notaría número 27 de Veracruz, para que comprobaran la autenticidad de los actas y directorios que se publicaron.

A tres semanas de distancia, no hay ningún avance. El personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos que acudió al IFE se encontró con que el personal estaba de vacaciones; y el titular de la dependencia, Edgar Sánchez Farfán, estimó que no tenía caso viajar a Veracruz cuando podría hacer llegar su petición a la Notaría de Veracruz por mensajería.

De más está decir que el Congreso y la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales —responsable de la investigación a Juárez Acevedo— no tienen ninguna prisa y menos después de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el voto en contra de todos los legisladores de oposición, las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.

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Las maniobras de María Luisa Huerta Rodríguez —viuda del extinto regidor de Gobernación de San Martín Texmelucan, Efrén Ronco Ceferino— para ocupar el lugar que dejó vacante su marido o por convertirse en la directora del Sistema DIF municipal, ya agotaron la paciencia del presidente municipal Noé Peñaloza Hernández.

Y no es para menos, pues, en aras de lograr su propósito, Huerta Rodríguez emprendió una campaña negra de correos y filtraciones en contra del director del DIF municipal, Gerardo Martínez, y la coordinadora de los Centros de Atención Infantil Comunitaria, Susana Vega López, involucrándolos en falsas denuncias de corrupción y acoso sexual.

Descubierta su maniobra, Noé Peñaloza ordenó su separación del DIF y de la coordinación de la Estancia de Día y el Programa de Despensas, por conflictiva y por inepta, ya que su negligencia en el envío al Sistema DIF estatal de los padrones de beneficiarios de las despensas Proaba y Proama, provocó que éstas estuvieron a punto de perderse.

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Cuatro funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado ya fueron sembrados en los distritos o regiones por los cuales quieren ser diputados al Congreso de la Unión, con la bendición del PRI estatal y de Javier López Zavala. Se trata de Fernando Morales Martínez, delegado en Tecamachalco; Alberto González Morales, delegado en Tepeaca; Sara Chilaca Marínez, delegada en San Pedro Cholula; e Isabel Merlo Talavera, delegada en Atlixco.

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Por si los documentos que en su edición de ayer publicó El Sol de Puebla no fuera suficientes para echar a Antonio Juárez Acevedo de la Comisión para el Acceso de la Información Pública (CAIP) este día e-consulta y este blog reproducen un directorio de agrupaciones políticas nacionales, de agosto de 2004, elaborado por la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral (IFE).

En dicho directorio, que e-consulta ya había publicado en julio de 2007, se puede apreciar cómo todavía en agosto de 2004, Antonio Juárez Acevedo aparecía como secretario general de Plataforma Cuatro, y Marco Tulio Zárate Luna como presidente de esta agrupación política nacional.

Marco Tulio Zárate, para más datos, se inscribió en enero de 2007 como compañero de fórmula de Aischa Vallejo Utrilla para dirigir el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Mantener al frente de la CAIP a Juárez Acevedo no sólo es un acto terquedad política por parte de los diputados priístas y el gobernador Mario Marín Torres, sino afrenta la legalidad y legitimidad del proceso donde aquel fue designado.

Y es que el presidente de la CAIP no sólo incumplía con uno de los requisitos de la convocatoria, no haber formado parte de un partido o agrupación política nacional, sino porque falseó su curriculum vitae al omitir ese importante dato a los diputados de la LV que revisaron y aprobaron su expendiente.

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De cómic las últimas declaraciones del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, en el sentido de que su homóloga Olga Lazcano Ponce podría ser relevada del máximo organismo electoral por andarlo acusando de corrupto, con sumas y restas que no cuadran, y por meterse a fiscalizar los recursos públicos asignados al IEE cuando, según él, esa no cuestión no forma parte de sus facultades y atribuciones.

Lo que a Jorge Sánchez se le olvida es que fue él mismo, quien después de presentar su polémico informe sobre el ejercicio presupuestal de 2007 y frente a las críticas y cuestionamientos que recibió de consejeros y representantes de partidos políticos, él mismo aceptó someterlo a glosa, cosa que a la fecha se ha negado a realizar.

El consejero presidente tampoco ha querido proporcionar a los consejeros, entre ellos a Olga Lazcano que forma parte de la Comisión Permante de Administración, los cinco informes de auditoría que dejó la anterior contralora interna, Dalhel Lara Gómez, y los resultados de la auditoría del despacho externo Freyssinier Morin, y tampoco a ofrecer una explicación del por qué no cuadran los informes financieros parciales que los consejeros han recibido con el que rindió en marzo del 2008.

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Ante la negativa del Instituto Federal Electoral de informar al Poder Legislativo de Puebla sobre la Agrupación Política Plataforma Cuatro, y el cargo o función que en ella tenía o desempeñaba Antonio Juárez Acevedo, el Congreso del estado aprobará este jueves, en sesión ordinaria, un exhorto conminando a la máxima autoridad electoral del país a que envíe copia del expediente que desde hace tres meses se le requirió por escrito.

El exhorto está más que justificado, no sólo porque a causa de esa demora la investigación que lleva a cabo la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales sobre el presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) se encuentra detenida, sino porque el IFE no tiene para cuándo enviar la documentación solicitada.

Cabe mencionar, además, que esta no es la primera vez que el IFE se hace pato para informar de las actividades de Plataforma Cuatro y del cargo que en esa agrupación política tenía Juárez Acevedo en 2004, cuando fue nombrado comisionado de la CAIP.

En octubre o noviembre del año pasado, la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) giró oficios al IFE solicitando informes sobre el Consejo Directivo de Plataforma Cuatro en 2004. La respuesta del Instituto Federal Electoral fue negativa. Su argumento fue que el expediente no estaba disponible, cuestión que no deja de resultar extraña tratándose de una agrupación política nacional que además ha recibido financiamiento público.

De ahí la importancia de que el pleno de la LVII Legislatura local apruebe girar un nuevo exhorto al presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, conminándolo a entregar copias del expediente de Plataforma Cuatro y la relación de sus directivos de 1999 a 2007.

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Trivia para iniciados:

¿Qué influyente personaje del Poder Legislativo se presentó el viernes de la semana pasada con aliento alcohólico a su oficina, de la que fue sacado por su asistente para que no se armara un escándalo mayor?

Algunos tips:

Es de los pocos funcionarios del Congreso que puede meter su coche al estacionamiento de los diputados, un Seat Ibiza de color negro.
 
Tras ingresar al inmueble, entre las 10 y las 11 horas, con lentes oscuros, el cabello desalineado y con aliento alcohólico, se dirigió a la Sala de Prensa.

En el estacionamiento sostuvo una discusión con uno de los policías que al ver su estado le impidió sacar su automóvil.

Quien finalmente sacó su vehículo fue su asistente Erika Esparragoza.

Ah. Ese viernes los diputados del PRI estaban de viaje, en Guaymas, Sonora.

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Para mayor información sobre el primer tema de este blog, consulte las siguientes notas:

– Juárez Acevedo, destitución en puerta

– Bajo sospecha el presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo

– Exige el PAN la renuncia de Antonio Juárez Acevedo de la CAIP

Finalmente no son dos, sino cuatro los poblanos que figuran en la lista de 75 aspirantes a ocupar una de las tres consejerías del Instituto Federal Electoral (IFE) que en agosto próximo quedarán vacantes con la salida de Andrés Albo Márquez, Lourdes López Flores y María Teresa González Luna.

Los otros dos poblanos que, por ignorancia, no incluí el viernes pasado son: Martín Cutberto Vera Martínez, tehuacanero, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, y asesor de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados desde hace más de una década, y Herón García Martínez, investigador de la UAP y presidente del Consejo Municipal Electoral de Puebla en las elecciones locales del 2007.

Vera Martínez será entrevistado por los diputados de la Comisión de Gobernación de la Cámara Baja este miércoles 28 de mayo, al igual que Alfredo Figueroa Fernández y Mauricio García León, mientras que la entrevista de Herón Martínez se efectuará el viernes 30 de mayo.

De los cuatro candidatos, el que más posibilidades tiene es el consejero local del IFE, Alfredo Figueroa, por el apoyo que le brindaron organizaciones defensoras de derechos humanos.

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Será antes de esta semana cuando Jorge Sánchez Morales ponga a consideración del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) la contratación de un nuevo inmueble, en el primer piso de la Torre Milenio, para reubicar ahí a la Dirección Administrativa, que actualmente despacha en Acatlán número 64 de la colonia La Paz.

El trato ya está hecho y Jorge Sánchez sólo quiere formalizarlo, con el aval de la mayoría de los consejeros electorales, algo que por cierto nunca hizo con el edificio de la 25 Poniente 3316 –actualmente en litigio por un adeudo de 280 mil pesos que reclama el arrendador–, ni con los inmuebles alquilados para los Consejos Distritales y Municipales.

La renta que Jorge Sánchez pagará por el primer piso de la Torre Milenio será de 53 mil pesos mensuales, que es lo mismo que hoy paga por la casona de la colonia La Paz y que, según el consejero presidente, ya no reúne las condiciones adecuadas para el desempeño de las áreas técnicas y administrativas del IEE que ahí funcionan.

Para justificar el cambio de sede de la Dirección Administrativa, el presidente del IEE mandó a sus pares y a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General un engargolado con fotografías que muestran el hacinamiento que actualmente existe en las oficinas de Acatlán 64, y dos cotizaciones, una de 74 mil pesos por un edificio del centro de la ciudad, y otra de 92 mil pesos por un edificio en la misma zona de Angelópolis.

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Aunque finalmente fue incluido en la lista del Comité Directivo Estatal del PAN, las posibilidades de que Félix Hernández Hernández sea electo consejero estatal en la convención del próximo sábado parecen pocas.

Y es que el secretario de Fortalecimiento Interno del PAN (antes Organización) no es bien percibido por algunos connotados miembros del blanquiazul, que le achacan parte de la responsabilidad de los descalabros electorales del 2007 y una presunta subordinación al senador Rafael Moreno Valle Rosas.

Adicionalmente hay que comentar que Félix Hernández intentó ser propuesto como consejero por el Comité Municipal de Tlachichuca, pero con mal fario pues la convención donde sería electo tuvo que suspenderse por falta de quórum, fenómeno que también se ha presentado en las convenciones de Atlixco y San Martín Texmelucan, otrora bastiones del Partido Acción Nacional en la entidad.

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Dos poblanos figuran en la lista de 75 aspirantes a ocupar una de las tres plazas de consejeros generales del Instituto Federal Electoral (IFE), que quedarán vacantes el próximo 15 de agosto: Alfredo Figueroa Fernández y Maurcio García León.

Ambos, por cierto, serán entrevistados por los diputados que integran la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados el mismo día, jueves 28 de mayo, aunque en distintas horas.

Figueroa funge actualmente como consejero local del IFE y en la anterior convocatoria emitida por el Congreso de la Unión, de la que salieron como nuevos consejeros Leonardo Valdés, Benito Nacif y Marco Baños, fue uno de los finalistas con la segunda mejor calificación de los 35 que se colaron a la última ronda.

Maurcio García León, el segundo de los poblanos, fue secretario general de acuerdos del Tribunal Electoral del Estado, en la gestión de León Dumit Espinal, director Jurídico del Instituto Electoral del Estado, y secretario general del ayuntamiento de San Pedro Cholula en la pasada administración municipal. Es hijo del ex procurador y ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando García Rosas.

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Trivia facilona.

¿Quien es el diputado federal poblano que ya incursionó en el vecino estado de Tlaxcala como concesionario de un expendio de Pemex, dedicado a la venta de gasolina y diesel?

Tres tips.

Es priísta y uno de los más influyentes por la Comisión que preside en San Lázaro.

Su inversión se ubica en el municipio de Apizaco.

Tuvo que desembolsar 200 mil pesos en mordidas para la apertura de su establecimiento.

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Ayer rindió protesta como nuevo director de Finanzas y Administración de la Secretaría de Salud Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes, en sustitución de José Luis Palafox Krayevsky, quien desde hace meses había perdido la confianza del gobernador Mario Marín Torres, que lo puso ahí.

Al darle posesión de su cargo, el secretario de Salud Roberto Morales Flores exhortó a los funcionarios de la dependencia a trabajar con unidad y armonía, haciendo de lado los chismes e intrigas que afectan la imagen del gobierno y la institución.

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Desde el miércoles 7 de mayo, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) es objeto de una auditoría que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El motivo, según trascendió, son diversas omisiones en el pago de seguridad social a los trabajadores que prestan sus servicios en la institución universitaria por un monto de 14 millones de pesos.

Como responsables de esta irregularidad aparecen Alejandro Fernández, Urbano Ponce, Clara Elena Torres, María de los Ángeles Sánchez, Gonzalo Gómez, Alfredo Miranda y Javier Cabanas.

Se sabe que como parte de la auditoría el IMSS también investiga la existencia de algunas empresas “fantasma” utilizadas para evadir o eludir impuestos y el pago de seguridad social.

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Este martes comenzará la cuenta regresiva para Antonio Juárez Acevedo como presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), una vez que los diputados de la Comisión de Gobernación del Congreso del estado acuerden, por unanimidad, pedir al Instituto Federal Electoral (IFE) copia certificada del expediente de la agrupación política nacional Plataforma Cuatro.

La solicitud será tan puntual que el IFE no podrá hacerse de lado, el desentendido o argumentar, como ocurrió con una anterior petición que le formuló la Contraloría del estado, que no tiene información o no puede precisar si Juárez Acevedo fue secretario general o miembro del Consejo Directivo de Plataforma Cuatro.

Una vez que la solicitud sea recibida por el IFE, se espera que la respuesta y el expediente certificado de esta agrupación política estén listos por ahí de finales de mayo o principios de junio.

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Algo raro esconden el diputado Gustavo Espinosa Vázquez y el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), Alejandro Fernández Soto, para evitar que éste último comparezca ante los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de LVII Legislatura del Congreso del estado.

Y es que la comparecencia no sólo ha sido cambiada de fecha en tres ocasiones, sino que ahora tampoco será comparecencia, sino una simple reunión de cuates, a puerta cerrada, en un salón hotel del Camino Real.

El 29 de abril la Comisión de Seguridad Pública -cuyo presidente es el diputado del PANAL Gustavo Espinosa– citó a comparecer al secretario técnico del CESP para el día 7 de mayo, un día antes de la comparecencia ésta se pospuso para el 8 de mayo y luego para el 13 de mayo, es decir, para hoy martes.

Sin embargo, ayer por la tarde, a las 17:14 horas, Gustavo Espinosa entregó un oficio a los miembros de la comisión legislativa para avisarles que la de Alejandro Fernández no iba a ser comparecencia, sino un desayuno de acercamiento, y que en lugar de efectuarse en el recinto parlamentario se llevaría a cabo un salón del hotel Camino Real.

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Con todo y que las convocatorias del último paquete de unidades académicas de la UAP, donde este año habrá elecciones de director, saldrán por ahí de septiembre, los nombres de quienes se perfilan para ser reelectos por otros cuatro años o para buscar la dirección de su escuela o facultad están más menos definidos.

En la facultad de Lenguas es muy probable que el actual director Santiago Aguilar Márquez continue en el cargo por un segundo periodo. Lo mismo que el director de Ciencias Físico Matemáticas, Cupatitzio Ramírez Romero, quien podría salir nominado como candidato único o de unidad.

Donde sí se espera que haya competencia es en Ingeniería Química, cuya dirección es buscada por tres aspirantes: el ex director Elías Jiménez, la ex secretaria académica Tita Vázquez, y Óscar Arroyo Villareal, quien se perfila como el favorito de la rectoría.

Finalmente, en la preparatoria Simón Bolívar de Atlixco, se prevé que el candidato de unidad sea Rubén Romero Corona.

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Este viernes estuvo en Puebla, invitado por el perredista Horacio Gaspar Lima, el dirigente de la APPO, Flavio Sosa, quien encabezó una reunión política e informativa en las instalaciones del sindicato de Telmex, a la que acudieron militantes y simpatizantes perredistas, activistas de Andrés Manuel López Obrador, dirigentes de sindicatos “independientes” y representantes estudiantiles de la UAP.

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