Si bien es innegable que durante los últimos años se han dado avances importantes en materia de transparencia y rendición de cuentas, y se han multiplicado las leyes y las instituciones oficiales y civiles que buscan que lo público sea realmente público, los intentos por escamotear este derecho mediante reformas a leyes secundarias, vinculadas con el artículo 6º constitucional, son cada vez más frecuentes.

De ahí la importancia de que 40 organizaciones públicas, académicas, periodísticas y sociales comprometidas con la transparencia se hayan integrado en una Red por la Rendición de Cuentas (www.rendiciondecuentas.org.mx), con la intención de abatir las trabas burocráticas y resistencias políticas encaminadas a mantener la opacidad sobre ciertos asuntos públicos.

El domingo pasado, para no ir muy lejos, El Universal dio cuenta de un grupo de entidades de la República Mexicana —Campeche, Puebla, Querétaro, Sonora y Veracruz— que habían reformado sus leyes locales de transparencia en sentido contrario a lo que señala la Constitución del país.

Tal situación es preocupante, pues este supuesto logro de la alternancia política en el orden federal, lejos de consolidarse, comienza a mostrar preocupantes signos de regresión.

En Campeche, los artículos 48, 74 y tercero transitorio de la Ley de Transparencia refieren que el derecho a la información no implica la consulta directa sobre los expedientes y que las unidades de acceso pueden impugnar las resoluciones de la Comisión a través del juicio de nulidad, lo cual atenta contra el principio de expedites y de especialización, al permitir que las resoluciones del órgano garante en materia de transparencia sean revisadas por un tribunal no especializado y en plazos prolongados, en perjuicio de los solicitantes.

En Puebla y Querétaro la información pública dejó de ser gratuita.

En la nueva Ley de Acceso a la Información Gubernamental de Querétaro se estableció que la “búsqueda” de la información tiene un costo directamente relacionado con los recursos empleados.

En Puebla, los informes, contratos y convenios administrativos celebrados entre el gobierno y sus proveedores ahora se clasifican como “documentación comprobatoria del ejercicio del gasto”, lo que obliga al solicitante a pagar cientos o miles de pesos por concepto de copias certificadas. 

Adicionalmente, a propuesta de la autoridad, se incluye una cláusula mediante la cual los particulares que signan algún contrato piden que la Secretaría de Finanzas o Administración clasifiquen como información reservada su acuerdo comercial o de prestación de servicios.

En Sonora se presentó el año pasado una iniciativa que dota de más facultades al Instituto de Transparencia Informativa del estado y de atribuciones para sancionar a los servidores públicos que incumplan con las obligaciones de rendición de cuentas, pero el Congreso aún no la aprueba.

Y en el caso de Veracruz, la mayoría priísta aprobó reformas a la Ley de Transparencia que lesionan el Derecho de Acceso a la Información, la posibilidad de obtener de manera expedita documentos, y la obligatoriedad y definitividad de las resoluciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) para los sujetos obligados.

En suma: a pesar de las reformas constitucionales, del surgimiento de comisiones garantes del cumplimiento del 6º constitucional y de la proliferación de observatorios de transparencia en los últimos años, la rendición de cuentas en México sigue siendo una quimera.

Mientras en nuestro país los institutos y comisiones creados para garantizar la transparencia de la información pública carezcan de dientes para sancionar a los funcionarios o servidores públicos omisos o incumplidos, y los encargados de aplicar la ley sean nombrados por medio de negociaciones en lo oscurito y cuotas partidistas, la impunidad y la opacidad seguirán.

Si con la normatividad que hoy existe personajes como Humberto Moreira o Fidel Herrera fueron capaces de endeudarse hasta quebrar las finanzas de sus estados; y políticos como el gobernador Enrique Peña, los secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero, y de Educación, Alonso Lujambio, dilapidan recursos para promocionar su imagen, no quiero imaginar qué sucedería si en transparencia continúan los retrocesos.

Por eso insisto: en materia de rendición de cuentas y transparencia, ni un paso atrás.

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Trascendidos

Que este miércoles sí se dará el fallo de la licitación convocada por el ayuntamiento de Puebla para la adquisición de 4,200 uniformes del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Sin embargo, trascendió que entre los funcionarios de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información no existe mucha disposición de que el concurso sea ganado por un proveedor que viene de la pasada administración municipal, y que primero ofreció gratificaciones y luego —cuando estas no fueron aceptadas—  comenzó a descalificar a otras empresas del ramo.

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Que hace unos días se habría dado un fuerte desencuentro entre un importante funcionario del gobierno del estado y una subordinada suya, que amagó con renunciar, molesta por el trato y las presiones de que era objeto aun cuando hacía su mejor esfuerzo por sacar adelante los proyectos y tareas encomendadas.

Según una fuente confiable, la funcionaria en cuestión puso por delante su renuncia, lo que alteró de sobre manera a su jefe quien, fuera de sus casillas, le advirtió que si se mantenía en esa posición su empresa pagaría las consecuencias.

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Los más afectados con la decisión del ayuntamiento de Puebla de no permitir la presencia de ambulantes en el Centro de la Ciudad y en algunas zonas del norponiente de la capital son los líderes de la 28 de Octubre, Antorcha Campesina y la Triple A que han dejado de recibir entre 1,500 y 2,500 pesos diarios libres de polvo y paja.

De ahí su beligerancia y las marchas de protesta que en los últimos días han intensificado, en aras de que las autoridades municipales les permitan seguir cobrando entre 50 y 100 pesos diarios a los más de 20 ambulantes que cada organización tenía bajo cuota en distintos puntos de la ciudad.

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Le recuerdo que esta columna ahora también puede leerla en el portal La Silla Rota (www.lasillarota.com) todos los miércoles.

Simón dice:

“Lo oscuro acabamos viéndolo; lo completamente claro lleva más tiempo.”

Edward Roscoe Murrow (1908-1965) Comentarista y reportero estadounidense.

Al contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, habría que abrirle un proceso administrativo por mentiroso e ineficiente en el ejercicio de su función, y por su incapacidad para que la transparencia y la rendición de cuentas sean una realidad en Puebla.

Y es que el convenio que desde diciembre de 2008 se firmó para que las solicitudes de información pública a las dependencias gubernamentales se gestionaran y se respondieran a través de la plataforma del sistema Infomex, ha quedado en letra muerta.

A 15 meses de aquel convenio, suscrito por el gobernador Mario Marín Torres y el entonces comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio Irazábal, en el Salón de Protocolos, aún no hay una fecha para el arranque del Infomex, no obstante las promesas del titular de la Sedecap de que ahora sí, en abril de 2010, este sistema se implementaría, como ocurre en la mayoría de las entidades del país.

El pasado mes de enero, Sánchez Ruiz prometió, por enésima ocasión, que el Infomex sería una realidad en abril, al tiempo de afirmar que si su implementación se había retrasado más de lo previsto no era por culpa del gobierno del estado, sino por los técnicos y operativos del IFAI que no lo habían concluido, ni liberado.

Cosa que, por supuesto, es falsa, y que puede documentarse con diversos oficios, en los que se comprueba que el sistema Infomex fue recibido y aceptado por la Fiscalía Anticorrupción del gobierno del estado en noviembre del año pasado.

Pero ¿qué es lo que impide que esta plataforma —que ya es usada por el ayuntamiento de Puebla— se aplique en la administración estatal, en sustitución del obsoleto Módulo de Acceso a la Información Pública del estado de Puebla (Maipep), a cargo de la Fiscalía Anticorrupción?

Una causa, como ya se lo comenté líneas arriba, es la desidia y negligencia del contralor Sánchez Ruiz, quien desde un principio se opuso al funcionamiento del Infomex con el argumento de que el Maipep —financiado y contratado por la Contraloría a su cargo— era un sistema más acabado.

Y la otra y más importante, es que con el Infomex todas las solicitudes de información y respuestas que emitan los sujetos obligados por la Ley de Responsabilidades se tendrían que hacer públicas, lo que pondría fin a la discrecionalidad de las dependencias estatales que hoy, en la mayoría de los casos, responden con opacidad las peticiones que se les formulan so pretexto de que la información requerida es reservada o confidencial.

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Simón dice:

«Es desgracia habitual en los ineptos la de engañarse al elegir profesión, al elegir amigos y al elegir casa.»

Baltasar Gracián (1601-1658) Escritor español.

Si bien la empresaria Amy Camacho Wardle ya aceptó formar parte de la alianza ciudadana Puebla de Acuerdo, y dejó abierta la posibilidad de participar como candidata a la alcaldía capitalina, haciendo dupla con Rafael Moreno Valle Rosas como candidato a gobernador, el camino para que esta eventualidad se concrete aún es largo y complicado.

Amy Camacho puso varias condiciones, antes de aceptar su nominación a la presidencia municipal de Puebla por parte de los partidos y organizaciones que decidan conformar este frente electoral amplio.

La primera condición es que la coalición no sólo la integren el PAN y el PRD, sino también el PT, Convergencia y el PANAL, que todos éstos partidos suscriban los compromisos del movimiento Puebla de Acuerdo , libertad para conformar una planilla representativa y ciudadana, y que Rafael Moreno Valle se comprometa a impulsar un gobierno de transición que tenga como prioridad la democratización de las instituciones y el fortalecimiento de los ayuntamientos.

Puntos que en el papel se escriben fáciles, pero que serán difíciles aterrizar por las cuotas partidistas, el protagonismo de algunos dirigentes y las quintascolumnas que dentro del PAN y algunos partidos de izquierda operan para echar abajo la alianza antimarinista.

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Para impulsar la conformación de un frente opositor amplio y hablar de las reformas políticas y electorales que México necesita, estarán en Puebla la próxima semana los intelectuales Jorge G. Castañeda, Héctor Aguilar Camín y Luis Carlos Ugalde.

El jueves 11, el exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Castañeda, y el escritor Héctor Aguilar Camín, impartirán una conferencia a las 18 horas, en el Salón Barroco de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Antes, a invitación del rector Enrique Agüera Ibáñez, se reunirán en una comida privada con directores, columnistas y dueños de medios de comunicación en el restaurante Casa de los Muñecos.

Y al día siguiente, es decir, el viernes 12 participarán en un desayuno, junto con el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, en el hotel Camino Real de La Vista, donde disertarán sobre Las Reformas que México necesita.

Este último evento es organizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la Universidad Popular Autónoma del Estado del Puebla (UPAEP), el Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla (CCE).

Luis Carlos Ugalde participará, además, en un seminario organizado por UDLAP Consultores denominado Riesgos y Oportunidades de la nueva regulación electoral: el proceso electoral del 2010, que tendrá como sede el Aula Magna del Colegio José Gaos de la Universidad de las Américas Puebla.

A dicho seminario, que se efectuará los días 11, 12 y 13 de febrero, acudirán como ponentes el que fuera director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, Fernando Agiss, y el exmagistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jesús Orozco Henríquez.

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Este día estará en Puebla para impartir una conferencia sobre Procesos Electorales y Transparencia la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jacqueline Peschard Mariscal.

La exconsejera electoral del IFE asiste como invitada de la BUAP y la Comisión para el Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.

Su conferencia tendrá lugar en el Salón Paraninfo del edificio Carolino, a las 17:30 horas.

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«La aventura podrá ser loca, pero el aventurero ha de ser cuerdo».

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) Escritor británico.

El presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), Alonso Lujambio Irazábal, marcó a las autoridades estatales y diputados locales el derrotero que deben seguir para salir del embrollo en que se encuentran metidos con el descrédito del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, y las impugnadas reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Aquí el recetario que Lujambio perfiló durante su conferencia “Información pública, instrumento de control ciudadano” ante los directivos y socios del Club de Empresarios de Puebla:

Revisar y corregir algunos aspectos de la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que van en sentido contrario a las reformas que aprobó el Congreso de la Unión al artículo 7° constitucional.

Convertir a la CAIP en órgano garante de la transparencia a nivel estatal con competencia sobre el Poder Ejecutivo y los 217 ayuntamientos de la entidad, para evitar que en Puebla existan más de 220 comisiones de transparencia que funcionen con criterios diferentes y hasta antagónicos.

Impulsar la creación de órganos garantes en los poderes Legislativo y Judicial y en los organismos constitucionalmente autónomos.

Sustituir el módulo electrónico con que actualmente cuenta el portal de transparencia del gobierno del estado para recibir y responder las solicitudes de información pública, por el sistema Infomex creado por el IFAI, y que opera en ocho estados y que está en vías de aplicarse en 21 entidades federativas más. Sobre este punto, Lujambio expresó que el gobernador Mario Marín ya expresó este día su interés por adoptar el Infomex.

Restituir la confianza y credibilidad de la CAIP como garante de la transparencia y árbitro entre ciudadanos y autoridades en caso de controversias. Y aunque el presidente del IFAI fue muy cuidadoso en no emitir comentarios sobre Juárez Acevedo, con su exposición dejó más que claro que lo mejor que le puede ocurrir a la CAIP es que éste se vaya y sea sustituido por un personaje que goce de amplio prestigio social.

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Pero en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal, organizada por el ayuntamiento de Puebla en colaboración con la UAP, la UPAEP, la Ibero, el Tecnológico de Monterrey y el IFAI, también trascendieron malas noticias.

La primera es que el proceso que el Congreso del estado le sigue el ilegítimo e ilegal Antonio Juárez Acevedo como presidente de la CAIP no será fast track, sino largo, tortuoso y burocrático.

Los diputados de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, que encabeza el priísta Pablo Fernández del Campo, no quieren dar pie a que el mañoso Juárez Acevedo se ampare contra el proceso de remoción y prolongue su permanencia al frente de la CAIP por secula seculorum.

Y quienes marcan la línea y los tiempos de la agenda legislativa quieren empatar la salida de Juárez Acevedo con la de la comisionada incómoda de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán, que en diciembre concluye el periodo de cuatro años para el cual fue nombrada por el Congreso del estado.

Otra mala noticia es que la acción de inconstitucionalidad que promovió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, en contra de las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información podría resolverse hasta dentro de cuatro o seis meses.

Y la última: la mayoría priísta que controla el Congreso del estado muestra poca, pero muy poca disposición de impulsar como sustitutos de Juárez Acevedo y Josefina Buxadé a personajes independientes, de prestigio social y académico y con autoridad moral, pues su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas no es más que de dientes para fuera.

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Bullen Navarro promueve acción de anticonstitucionalidad
Compras irregulares en el Organismo Operador de Limpia

Cuando me lo dijeron no lo creí.

Pero así es.

La impugnada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas y adiciones aprobadas por el Congreso del estado –en su sesión del 17 de julio– a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El pasado 7 de agosto la comisionada de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán –junto con un grupo de colegas de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), algunos diputados locales y dirigentes de organizaciones civiles– solicitó la intervención de la CDH para que las modificaciones que se hicieron a la Ley de Transparencia de Puebla fueran declaradas insconstitucionales.

Lo mismo hizo el día anterior, pero con la Procuraduría General de la República.

El caso es que la semana pasada la presidenta de la CDH de Puebla promovió ante el máximo tribunal del país un recurso de inconstitucionalidad para echar abajo los cambios que los priístas decidieron hacer a la Ley de Transparencia, lo que tiene sorprendidos a sus críticos que no esperaban que Bullen Navarro asumiera esa posición.

¿Por qué lo hizo?

En el fondo no se sabe, como tampoco se sabe si Bullen Navarro está convencida de la inconstitucionalidad de las reformas o si con esta iniciativa lo que pretende en realidad es ganar legitimidad, ahora que su nombramiento como presidenta de la CDH ha sido puesto en entredicho por su origen panameño.

Pero cualquiera que sea el caso, pronto lo sabremos, pues lo más seguro es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que pronunciarse en uno u otro sentido antes de que termine el año.

EN CORTO

No estaría mal que en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal que impulsa el ayuntamiento de Puebla, con la colaboración del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la UAP, la UPAEP, la Ibero y el Tecnológico de Monterrey, el coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Héctor Sulaimán Safi, explique algunas compras y asignaciones al margen de la Ley de Adquisiciones.

Por ejemplo, la compra sin licitación de por medio de cuatro barredoras Karcher por 1 millón 800 mil pesos; la adjudicación directa de los seguros del parque vehicular del Organismo Operador del Servicio de Limpia por un monto de 800 mil pesos, y la adquisición –también sin licitación– de 4 millones de pesos de 4 mil papeleras urbanas a la empresa Plastic Omnium Sistemas Urbanos S.A.

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La Primera Semana de la Transparencia arrancará este lunes a las 11 horas en el Salón Barroco de la UAP con la participación de Alonso Lujambio Irazábal, comisionado presidente del IFAI y Benjamín Guillermo Hill Mayoral, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal.

En la ceremonia de inauguración también harán uso de la palabra el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez y la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.

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El pasado 12 de agosto la Junta de Gobierno de la UPAEP aprobó el arribo de nuevos personajes a la institución. Se trata de Víctor Manuel Ramírez Valenzuela, ex secretario de Educación Pública de Guanajuato durante el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks y de Heliodoro Fraile García, ex director de Productividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el gobierno foxista.

Ambos personajes serán claves en el futuro de la UPAEP, pues serán los encargados de reencauzar a esta institución a sus orígenes católicos y yunquistas, lo que seguramente los meterá en algunas confrontaciones con el grupo que hoy controla la rectoría y los principales cargos directivos de la Universidad: entiéndase Alfredo Miranda López, Javier Cabanas Gancedo, Miguel Ángel Garijo Ureta, Mónica Liliana Cortiglia Bosch, Agustín Landa García Téllez, Gonzalo Gómez Collado y Pablo Nuño de la Parra, conocidos como “Los Divinos”.

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El ex secretario de Administración Urbana en la administración municipal de Luis Paredes Moctezuma, Agustín Flores Cuadra, acaba de ganar un juicio de casi cuatro años, por la inhabilitación y sanciones que le impusieron por el famoso árbol de navidad que se construyó en lo que fue la Torre del Milenio.

Trascendió que Flores Cuadra llevó su caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que fue ahí donde le dieron la razón, por lo que ahora las autoridades que lo sancionaron tendrán que limpiarle su expediente como servidor público y restituirle la suma con la que fue sancionado.

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La corriente perredista denominada Nueva Izquierda cobrará un nuevo impulso en Puebla con el arribo al Congreso de la Unión de Jesús Morales Manzo, quien ocupará la curul que dejó vacante un diputado federal por Guerrero.

Morales Manzo ocupará, además, el lugar que tenía su compañero de partido en la Comisión de Hacienda que, por cierto, preside otro poblano: Jorge Estefan Chidiac.

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Y hasta la próxima.

Correos electrónicos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Juárez Acevedo debe salir por el bien de la CAIP.
La conveniencia de adoptar el sistema Infomex

A escasos dos meses de que venza el plazo fijado por el Congreso de la Unión para que los diputados locales de los 32 congresos estatales modifiquen sus leyes de transparencia y acceso a la información, con base en la última reforma al artículo sexto constitucional, en Puebla poco o nada se ha discutido, pese a los enormes rezagos que existen en la materia, por lo que lo más probable es que en los días por venir nos amanezcamos con una reforma hechiza, al vapor y sin consenso.

La situación en el ámbito local es aún más complicada por la incertidumbre jurídica que prevalece en torno a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) y su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo, sujeto hoy a una investigación sobre la legalidad y legitimidad de su nombramiento.

El Congreso de Puebla, actualmente en receso, tendrá siete semanas, a partir del jueves 5 de junio, para resolver el caso Juárez Acevedo, elegir a su eventual sustituto o renovar a la totalidad de los integrantes de la CAIP; para presentar, discutir y aprobar una iniciativa de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y para ajustar su legislación y demás normas y procedimientos administrativos al nuevo texto del artículo sexto constitucional, publicado el pasado 20 de julio de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.

Si bien el tiempo es corto como para que la LVII Legislatura local decida convocar a foros de consulta popular, me parece que si hay voluntad política y compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, los diputados están ante una enorme oportunidad de sacar a Puebla del rezago en que se encuentra.

Pero si por el contrario, no hay voluntad ni compromiso con la rendición de cuentas, como no la ha habido en esta y las anteriores administraciones estatales, creo que los cambios en la legislación serán superficiales y meramente cosméticos.

Sin modificaciones de fondo en la Ley de Transparencia, en la estructura y funcionamiento de la CAIP, y en los portales de transparencia del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como de aquellos organismos autónomos, dependencias y paraestatales que por ley están obligados a rendir cuentas de su desempeño y de cómo administran y se gastan los dineros públicos, Puebla seguirá en el sótano del Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno.

La entidad poblana, no hay que olvidarlo, se ubicó en el Índice 2007 de Transparencia Mexicana como la cuarta más corrupta del país, sólo por abajo del estado de México, el Distrito Federal y Tlaxcala. Un dato alarmante de este indicador nacional es que Puebla lejos de mejorar ha empeorado, pues al comenzar la gestión de Mario Marín Torres, en 2005, la entidad ocupó el lugar 25 y, en la evaluación del 2007, cayó a la posición 29.

Si los diputados no aprovechan esta oportunidad de modificar aspectos sustantivos de la Ley de Transparencia, la opacidad que hoy existe en áreas y sectores importantes de la administración pública, como sueldos y salarios, obras y licitaciones, compras y proveedores, nómina y costos operativos, seguirán siendo un auténtico hoyo negro.

Hoy día no es posible conocer por conducto del portal de transparencia del gobierno cuánto en realidad gana el gobernador, sus secretarios de despacho y principales colaboradores, ya que en lugar de existir un reporte desglosado con el sueldo base, compensaciones, bonos y otras prestaciones de cada servidor público, como sucede en otras entidades, hay un tabulador general de sueldos y salarios, que no explica si las percepciones que ahí se asientan corresponden sólo al sueldo base, o si éstas incluyen compensaciones o bonos por riesgo laboral o desempeño, u otras remuneraciones anuales como prima vacacional, aguinaldo y prestaciones al ISSSTEP.

Lo mismo sucede en los apartados destinados al ejercicio del presupuesto, los gastos operativos, las auditorías, las licitaciones y los costos de las obras y servicios contratados por el gobierno.

En el portal del gobierno de Puebla suele encontrarse información sobre algunos procesos de licitación y concursos de obra, pero ni un solo dato sobre cuánto costaron al final; también información sobre el presupuesto asignado a cada dependencia, pero nada acerca de cómo se distribuye o se ejerce; metas y objetivos de alcance anual o sexenal, pero ni una sola evaluación sobre su cumplimiento.

Para enmendar estas deficiencias de la Ley no basta con cambiarla, para ponerla a tono con la reforma constitucional; es necesario modificar la estructura y los alcances del órgano encargado de garantizar el acceso a la información pública, dotándolo en principio de autonomía operativa, de gestión y decisión, tal como se apunta en la reforma constitucional.

Hoy la CAIP es un órgano auxiliar del Poder Ejecutivo, y debe dejar de serlo, para ampliar sus facultades y alcances en materia de acceso a la información sobre los tres poderes que conforman el Estado y los gobiernos municipales con más de 70 mil habitantes en su territorio.

Por una cuestión de legitimidad, el Congreso local debería también remover al actual presidente de la CAIP, Antonio Juárez, y nombrar en su lugar a un profesional de prestigio y con autoridad moral, y dispuesto a que la transparencia y la rendición de cuentas sean algo más que un simple discurso.

Adicionalmente valdría la pena que los legisladores estatales se comprometieran a suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) para que el gobierno del estado asuma el modelo Infomex como mecanismo de respuesta a las solicitudes de información pública.

Si el ayuntamiento de Puebla ya lo hizo, ¿por qué no el gobierno del estado?

El sistema Infomex le garantizaría al gobierno del estado varias ventajas: una, es que ya está desarrollado y funcionando sin contratiempos; otra, es que actualmente opera en ocho entidades, entre ellas el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco y Veracruz; otras más, es que uniformaría los criterios de transparencia y rendición de cuentas, hoy tan dispares aun entre las dependencias del Ejecutivo, y que a la gestión marinista le ahorraría millones de pesos, ya que su uso e implementación no tendrían ningún costo.

Así de fácil.

Por eso insisto en afirmar que la transparencia y la rendición de cuentas más que un asunto de leyes, es una cuestión de voluntad y compromiso.

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Comentarios a periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx