Prolongadas y muy desgastantes han sido las reuniones de los dirigentes de los partidos de la coalición opositora —PAN, PRD, Convergencia y PANAL— con miras a integrar una planilla de consenso para contender por la alcaldía de Puebla.

El PAN y su candidato a la alcaldía, Eduardo Rivera Pérez, se dicen abiertos a las candidaturas ciudadanas o externas, pero arguyen que tienen cuotas partidistas por pagar, una de ellas al perdedor de la contienda interna a la presidencia municipal, el senador Humberto Aguilar Coronado. 

Éste, por su parte, quiere que Eduardo Rivera incluya en su planilla de regidores y síndico a José Luis Carmona, Genaro Ramírez Rojas, Jaime Alberto Zurita García, Martha Patricia Thome Andrade y Pedro Gutiérrez Varela (en ese orden).

La dirigencia estatal perredista, la más renuente a renunciar a sus dos regidurías en la planilla municipal de Puebla, quiere que una sea para Jorge Méndez Spínola y la otra para Arturo «El Sapo» Loyola González.

Los dirigentes partidistas que más disposición han mostrado para ceder sus cuotas a personalidades de la sociedad civil, bajo la figura de candidatos externos, son José Cabalán Macari Álvaro, de Nueva Alianza, y José Juan Espinosa Torres, de Convergencia.

La única condición que el representante partidista de la maestra Gordillo ha puesto sobre la mesa, es que las regidurías que le corresponderían al PANAL sean para ciudadanos reconocidos, de preferencia por los maestros.

A su vez, el dirigente del partido naranja quiere que una de sus regidurías sea para el exrector de la Ibero Puebla, Armando Rugarcía Torres, o para el exconsejero local del IFE, Federico González Magaña; y otra para un militante de su partido que pase los filtros del movimiento Puebla de Acuerdo.

Y los impulsores de esta corriente aliancista, encabezada por Gabriel Hinojosa Rivero, piden que en la planilla de regidores y síndico se incluyan al menos tres nombres de los que propusieron, entre ellos el de Verónica Mastretta Guzmán.

El resultado de estas rudas e intensas negociaciones se conocerá este jueves o viernes.

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El coordinador nacional del frente partidista de izquierda Diálogo por la Reconstrucción de México, Manuel Camacho Solís, sostuvo la mañana de ayer varias reuniones y acuerdos, con los dirigentes locales del Partido del Trabajo y de Acción Nacional.

A los primeros los llamó a no entorpecer la posibilidad de que en Puebla haya un gobierno de transición, y a no prestarse al juego del PRI apoyando un candidato a la gubernatura a modo; y a los segundos pidió privilegiar las candidaturas ciudadanas más que las cuotas partidistas en la planilla de regidores y síndico, así como a ceder el segundo lugar de la lista a la ecologista Verónica Mastretta.

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Por decisión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia, será el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito quien dicte la resolución final sobre el caso del exmagistrado Germán Alejandro López Brun, que demanda su permanencia en el Tribunal Electoral del Estado.

Esta instancia se encargará también de dar curso al procedimiento de destitución y consignación de los responsables del incumplimiento de la sentencia de amparo dictada por la Segunda Sala de la SCJN —los diputados Humberto Aguilar Viveros, presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, y Pablo Fernández del Campo Espinosa, presidente de la Comisión de Gobernación— a favor de López Brun para que sea restituido como magistrado del Tribunal Electoral.

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Simón dice:

«Es raro, muy raro, que nadie caiga en el abismo del desengaño sin haberse acercado voluntariamente a la orilla».

Concepción Arenal (1820-1893). Escritora y socióloga española.

No son pocas las personalidades de Puebla que han visto con simpatía la conformación de una coalición electoral PAN-PRD, y la intención de un grupo de ciudadanos de impulsar un cambio de fondo, que destierre algunos usos y prácticas de la clase política dominante, a partir de la renovación del Poder Ejecutivo, el Congreso del estado y las 217 Presidencias Municipales de la entidad en los comicios del próximo 4 de julio.

Entre las figuras que han conocido, de voz de los aliancistas, el proyecto de conformar un frente amplio opositor que busque derrotar al PRI en las elecciones de julio, para impulsar un gobierno de transición que privilegie la democratización de las instituciones, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en la toma de decisiones, destacan el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa y el rector de la Ibero Puebla, el jesuita David Fernández Dávalos.

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Una fórmula que en definitiva ha sido rechazada por los impulsores de la alianza «Puebla de Acuerdo», por los dirigentes del PAN a nivel nacional y estatal, y por el coordinador del frente de izquierda Diálogo por la Reconstrucción de México (DIA), Manuel Camacho Solís, es la integrada por Rafael Moreno Valle Rosas para gobernador y Enrique Doger Guerrero, para presidente municipal de Puebla.

Varias fueron las razones para vetarla, aunque casi todas se focalizaron en la figura de Enrique Doger.

Los panistas fueron los que mayor oposición mostraron a la candidatura de Doger. Dijeron que si ésa era la condición de los perredistas, entonces preferían ir solos. Lo podemos aceptar como candidato a diputado local, incluso por la vía plurinominal, pero no como abanderado de la coalición a la presidencia municipal de Puebla.Los aliancistas también mostraron sus reservas hacia el exmunícipe capitalino, pues afirmaron que el candidato a la alcaldía debía ser una figura ciudadana, alguien que atrajera a la sociedad civil, y no un priísta inconforme con la imposición de López Zavala como candidato de su partido.

Los dirigentes del PRD y del DIA tampoco se desgastaron en defenderlo. Éstos dijeron que en una reunión con sus cuadros locales, Enrique Doger les pidió cien millones de pesos, para ir como candidato a la gubernatura de una coalición de izquierda.

Sin embargo, panistas y aliancistas estuvieron de acuerdo en sumarlo al proyecto, para derrotar al PRI en las elecciones del 4 de julio.

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Otro personaje que si bien no ha sido vetado como candidato a la alcaldía de Puebla, por parte de los impulsores partidistas de la coalición PAN-PRD y los aliancistas de la asociación Puebla de Acuerdo, es el diputado Eduardo Rivera Pérez.

Al coordinador de la bancada panista en el Congreso del estado se le cuestiona su origen yunquista y su bajo potencial de voto, según diversas encuestas, algo que el propio Eduardo Rivera ha reconocido en las reuniones en que ha participado para construir la coalición PAN-PRD, al lado de su dirigente estatal, Juan Carlos Mondragón Quintana.

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Entre los dirigentes nacionales y locales del PAN, la participación de Ana Teresa Aranda Orozco en la contienda interna de su partido por la candidatura a la gubernatura es percibida con preocupación, pues creen que la exsecretaria de Desarrollo Social en el gobierno foxista no sólo abona muy poco a un acuerdo con el PRD y otros partidos como el PT, Convergencia y el PANAL, sino que su discurso podría llevar a dinamitar los avances que hasta el momento se tienen para conformar un frente amplio opositor antimarinista.

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Si bien es cierto que algunos dirigentes locales del PRD, PT y Convergencia, que se han manifestado contrarios a una coalición electoral con el PAN, están siendo maiceados en Casa Aguayo o por operadores del «Proyecto Z», esta situación tampoco es generalizada.

Dentro de la izquierda hay cuadros que se oponen a la alianza por principios ideológicos, y otros como el convergente José Juan Espinosa Torres por diferencias personales con Rafael Moreno Valle Rosas, desde que ambos militaban en las filas del PRI.

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Simón dice:

«Las personas no son ridículas sino cuando quieren parecer o ser lo que no son».

Giacomo Leopardi (1798-1837) Poeta y erudito italiano.

¿Frente al deplorable estado en que se encuentran decenas de calles y avenidas en la ciudad, no sería mejor invertir los 270 millones de pesos que la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, quiere gastarse en un «viaducto elevado» de 1.5 kilómetros, en tapar los baches que se multiplican por las principales vialidades de la capital?

¿O canalizar el crédito de 180 millones de pesos que el ayuntamiento de Puebla ya gestiona con Grupo Financiero Interacciones para mejorar el servicio de alumbrado público, que cada vez está peor, a juzgar por el número de colonias y avenidas donde las luminarias han dejado de funcionar, ya sea porque se fundieron o porque alguien se robó el cable eléctrico?

¿Qué tendría mayor impacto político, si es lo que busca la presidenta municipal de Puebla a estas altura de su administración, construir un segundo piso de 1.5 kilómetros sobre el boulevard Atlixco, o construir 7.5 kilómetros de metrobús?

¿Qué puede resultar más benéfico para la ciudad, una obra como el viaducto elevado, que agilizaría el flujo vehicular de 6.000 automóviles a horas pico de norte a sur y de sur a norte, o un metrobús que movilizaría a 30,000 personas, pero que además reduciría el número de unidades públicas y particulares que circulan por la capital?

¿Por qué entercarse en un proyecto como el segundo piso sobre el boulevard Atlixco, si es una obra que no tendrá ningún tipo de apoyo o financiamiento del gobierno estatal o federal?

¿Qué tanto de la prisa por arrancar los trabajos del «viaducto elevado» obedece al impacto político favorable que sus asesores le prometieron a la alcaldesa con dicha obra, en plena coyuntura electoral?

¿Hasta qué punto, Blanca Alcalá ha valorado las debilidades y amenazas que sobre el proyecto del Segundo Piso le advirtieron los técnicos de la BUAP y la UDLAP a quienes encargó la elaboración de este proyecto?

¿Recordará la alcaldesa, que entre las debilidades que le enunciaron, destacan el escepticismo social por el tiempo de construcción de otras vialidades; el elevado presupuesto destinado para el viaducto, en detrimento de nuevas pavimentaciones, particularmente en colonias carentes de vialidades dignas; los malos precedentes que hay por obras similares hechas en anteriores administraciones y el hecho de que la obra tendría que financiarse mediante más deuda pública?

¿O las cuatro amenazas, contempladas en el análisis FODA que le entregaron como parte del proyecto del «viaducto elevado»: Posible bloqueo de personajes políticos, incumplimiento en la entrega de las piezas, entorno económico desfavorable, y la temporada de lluvias y huracanes que podrían retrasar la ejecución de la obra?

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Este viernes comenzará a constituirse el capítulo Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), que a nivel nacional preside Raúl Trejo Delarbre.

Entre los impulsores de esta iniciativa figuran los académicos Rafael Hernández García, Roberto Alonso Muñoz y Claudia Magallanes Blanco, de la Ibero Puebla; Lilia Vélez Iglesias, de la UPAEP, y Josefina Buxadé Castelán, de la UDLAP; así como Jorge Calles Santillana y José Ramos Rodríguez, de la BUAP.

Por el gremio periodístico, la constitución de la AMEDI capítulo Puebla es apoyada por los reporteros Jorge Machuca, Ernesto Aroche, Patricia Estrada y Martín Hernández Alcántara, entre otros.

Los promotores locales de esta naciente organización de académicos y periodistas se reunirán este viernes, en la sala de juntas de las Direcciones Generales de la Universidad Iberoamericana de Puebla, a partir de las 9 horas.

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Simón dice:

«Se conocen infinitas clases de necios; la más deplorable es la de los parlanchines empeñados en demostrar que tienen talento».

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) Médico español.

La gestión de Blanca Alcalá Ruiz podría verse envuelta en su primer escándalo de corrupción como resultado de un amañado concurso de software y equipo de cómputo, convocado por la Secretaría de Administración y Tecnología de la Información.

Las bases de la licitación CMA-LP-017/2008, para la contratación de un sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales (GRP) e infraestructura tecnológica para su funcionamiento (por un costo aproximado de 2.5 millones de dólares), se pusieron a la venta del martes 29 al jueves 31 de julio.

Aunque el fallo del concurso está previsto para el miércoles 13 de agosto, desde ahora le puedo anticipar que éste será ganado por el empresario Julián Abed, en alianza con Hewlett-Packard México (HP) y SAP.

Y eso lo saben también las otras dos empresas que se inscribieron —USNet y Arquitectos del Software—, mismas que ayer, con sorpresa, pudieron comprobar en la junta de aclaraciones que las bases de la licitación pública nacional fueron diseñadas para beneficiar al tercer proveedor.

Uno de los representantes de las firmas inconformes confió a este columnista: “se trata de un concurso a modo. Tal parece que Julián Abed y HP armaron su propia licitación, sin el menor cuidado de ajustar las bases a los requerimientos del ayuntamiento e incorporando una serie de conceptos fuera de las leyes que regulan la actividad gubernamental, y que aplican para una empresa pero no para un gobierno municipal”.

A manera de ejemplo, comentó que “en las bases de la licitación encontramos absurdos como que nuestros impuestos empezarán a generar intereses con tasas de referencias como la TIIE, y no multas y recargos como se establece en el código fiscal”; o que “los cobros de los contribuyentes morosos serán efectuados por ‘agencias especializadas de recuperación de cartera’, algo similar a lo que usan los bancos para cobrar a sus clientes a través de despachos jurídicos especializados en la compra de cartera”.

“Es una pena ver el poco profesionalismo que mostró el ayuntamiento para favorecer a un proveedor en las bases de la licitación, que son un mero listado de las funcionalidades del módulo Financiero de SAP, tal cual las presenta en sus documentos comerciales y que en la práctica han resultado un pésimo producto para gobiernos e instituciones como PEMEX, SAT e ISSSTE”.

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No lo cuente en voz alta, pero todo parece indicar que la Comisión de Gobernación del Congreso del estado que investiga el caso del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, ya sabe desde mediados de julio lo que todo mundo sospecha.

Sí, que Juárez Acevedo era secretario general de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP en diciembre de 2004.

Es más, se sabe que desde el 10 de julio Fernando Agís Bitar, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, emitió un oficio dirigido al Poder Legislativo local, confirmando que Antonio Juárez sí fue directivo de Plataforma Cuatro y que después de éste, el hoy presidente de la CAIP recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para desmentir ese comunicado.

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Cuatro serán los poblanos que formarán parte del equipo de Alfredo Figueroa Fernández en el Consejo General del Instituto Federal Electoral a partir del 15 de agosto, cuando rinda protesta del cargo. Ellos son el comunicólogo Alfonso Gama Izar, los antropólogos Marcela Rosas Méndez y Rafael Larios Santoyo, así como un abogado experto en cuestiones electorales.

Alfonso Gama será su asesor en materia de comunicación. Estudió en la Ibero Puebla, trabajó en TV Azteca, y cuenta con una maestría en comunicación pública y política que cursó en Madrid, España.

Los antropólogos también han trabajado desde años con el consejero electoral tanto en el Consejo Local del IFE como en su empresa consultora Figueroa Fernández y Asociados.

Y el abogado, del que aún no puedo revelar su nombre, pues todavía está en el trámite de dejar su actual trabajo, es egresado de la Escuela Libre de Derecho y ha sido funcionario del Tribunal Electoral del Estado.

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