Una de las causas que quizás expliquen la mala imagen del gobierno de Enrique Peña Nieto y la desaprobación de él y sus colaboradores en el año y medio que lleva su gestión, muy posiblemente se encuentre en los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), elaborada por el Inegi, en la que se advierte que la corrupción sigue siendo el tercer problema más preocupante de los mexicanos, sólo detrás de la inseguridad y el desempleo.

Si bien es cierto que en algunos rubros la administración federal ha logrado avances importantes, como las llamadas reformas constitucionales estructurales que Peña Nieto pudo sacar adelante por la vía de la concertacesión y el pragmatismo ideológico, también lo es que en otras materias, como el combate a la corrupción, la impunidad y la opacidad en la rendición de cuentas, su gobierno está detenido, sino que es echado para atrás.

De ahí que la encuesta del Inegi haya revelado que para uno de cada dos mexicanos la corrupción sea el tema de mayor preocupación del país, con una prevalencia de 12.1% y una incidencia de 24,724 ciudadanos mayores de 18 años por cada 100 mil habitantes.

Tales cifras son demoledoras en un país que aspira a ser de primera y con un sistema dizque democrático y pluralista o en proceso de consolidación.

La corrupción es un cáncer que ninguna de las últimas administraciones ha podido extirpar de las entrañas del México real, cuyas células invaden por igual a gobiernos del PRI, que del PAN y PRD, y a la que sólo se combate con discursos y mensajes propagandísticos sin ningún resultado efectivo.

Para enfrentar la corrupción y la impunidad que van de la mano, en complicidad con la partidocracia prevaleciente, no hace falta revivir la Comisión Nacional Anticorrupción prometida por Peña Nieto al arrancar su sexenio, ni otorgar al IFAI nuevas facultades para dotarlo de dientes, ni rediseñar la PGR para convertirla en una Fiscalía General con autonomía constitucional o que de esta se derive una Fiscalía especializada en casos de corrupción.

No. Lo que hace falta es voluntad política.

Voluntad política para terminar con la complicidad de políticos o gobiernos que mutuamente se tapan, encubren o negocian sus corruptelas, a cambio de impunidad o la aprobación de reformas. Voluntad política para acabar con los acuerdos en lo oscurito, disfrazados de pragmatismo ideológico, y con el reparto de cuotas en la designación de consejeros, comisionados e integrantes de los órganos e instituciones autónomas. Y voluntad política para hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica cotidiana y no un ejercicio discrecional.

En esta materia, el presidente Peña Nieto debe poner el ejemplo, sin simulaciones o dobleces, como hasta ahora ha ocurrido con la detención y encarcelamiento de la exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo; el empresario y patrocinador favorito de los panistas, Amado Yáñez y su empresa Oceanografía; y los exgobernadores de Coahuila, Humberto Moreira; del Estado de México, Arturo Montiel; de Tabasco, Andrés Granier;  de Tamaulipas, Tomás Yarrington; y de Veracruz, Fidel Herrera.

De lo contrario, la percepción de los mexicanos sobre su gobierno y desempeño no sólo continuará siendo negativa, sino que su evaluación nacional e internacional en el rubro de combate corrupción seguirá a la baja.

La organización Transparencia Internacional ubicó a México en la posición 106 de un total de 177 países evaluados en su Índice de la Percepción de la Corrupción 2013, y el Inegi acaba de difundir ayer que para el 48.5% de los mexicanos la corrupción es el principal problema del país, solo por debajo de la inseguridad y delincuencia que alcanzó el 70.4% de las opiniones y el desempleo que registró un 51 por ciento.

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Puebla, aún peor que el país

Pero si las conclusiones de la encuesta nacional del Inegi fueron negativas para Peña Nieto, para el gobernador Rafael Moreno Valle —que prometió sacar a Puebla del sótano nacional de la corrupción—resultan demoledoras.

En su discurso como candidato a la gubernatura de la coalición Compromiso por Puebla, Moreno Valle ofreció subir al menos tres lugares la situación de Puebla en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de la organización Transparencia Mexicana, que en 2010 ubicó a Puebla como el cuarto estado más corrupto del país.

Sin embargo, la encuesta del Inegi, elaborada en 2013 —que es la primera en el país que aborda el tema de la  corrupción en el sector público proporcionando la tasa de prevalencia e incidencia, es decir la proporción de la población que tuvo contacto con un servidor público y vivió una experiencia de corrupción— colocó a Puebla en el tercer lugar nacional, solo por debajo de Chihuahua y Morelos.

De acuerdo con este estudio, nueve de cada 10 poblanos considera que los actos de corrupción en la entidad son “frecuentes” o “muy frecuentes”, con una tasa de 39 mil 890 casos por cada 100 mil habitantes.

Además, el 91.5% de los habitantes de Puebla estimó que la corrupción es un fenómeno frecuente y muy frecuente entre los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, ante los cuales realizan pagos, trámites, gestionan servicios públicos o hacen solicitudes de servicio específicos.

Este indicador está por arriba del promedio nacional, que es del 88.3 por ciento.

La mala imagen que tienen los poblanos de las autoridades federales, estatales y municipales sólo es rebasada por la que tienen los habitantes del Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Morelos y Tabasco.

La encuesta ubicó a Puebla en el último lugar nacional en satisfacción de los contribuyentes respecto al trato que reciben de los servidores públicos, ya que sólo el 64.3 por ciento de los encuestados dijo sentirse satisfecho o muy satisfecho con la atención recibida de los funcionarios que los atendieron.

La encuesta completa puede consultarla aquí

 

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