LA CORTE DE LOS MILAGROS

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Opacidad e intolerancia de Jorge Sánchez en el IEE

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Arrecia la disputa por el Colegio de Economistas
Quiere el huracán Arandia la Comisión de Seguridad

En la primera sesión del año del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), efectuada el viernes por la tarde, el consejero presidente Jorge Sánchez Morales dejó en claro dos cosas: su animadversión hacia Rafael Guzmán Hernández como representante del Partido Acción Nacional, y su opacidad en torno a las finanzas y administración del máximo organismo electoral de la entidad.

El primer tema quedó de manifiesto cuando se rehusó a que Rafael Guzmán rindiera protesta como representante del PAN y participara en la sesión, arguyendo que la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación tenía que corroborar con la dirigencia estatal panista la legalidad y autenticidad del oficio de acreditación que éste presentó.

Su exabrupto, porque no se puede calificar de otra forma, fue tan burdo que hubo consejeros que se desmarcaron de él y pidieron se asentara en actas que nada habían tenido que ver con esa decisión personal del consejero presidente, que hasta el representante del PRI, José Alarcón Hernández, mostró su extrañamiento con ese proceder.

Rafael Guzmán, hay que decirlo, ha sido uno de los representantes partidistas que en el pasado reciente más han criticado la falta de transparencia en las finanzas del Instituto, así como los excesos y la opacidad del consejero presidente en los ejercicios presupuestales de los dos últimos años.

La segunda cuestión que también quedó de manifiesto en esa sesión del IEE, fue que Jorge Sánchez Morales sigue haciendo de las suyas con los recursos públicos asignados al organismo electoral.

Cuando la consejera Olga Lazcano Ponce le solicitó, en asuntos generales, que aclarara quién había autorizado, qué beneficios se habían obtenido y a qué se habían aplicado los intereses por 849 mil pesos de algunos fondos de inversión contratados por el Instituto con instituciones financieras y bancos como HSBC, Jorge Sánchez simplemente eludió el tema.

Éste afirmó que el asunto de las inversiones debía abordarse con la encargada de la Dirección de Administración, Verónica Paola Cruz Castillo, o en todo caso con el director general del Instituto, Antonio Bretón Betanzos, por ser el jefe de aquella.

El consejero Fidencio Aguilar Víquez le pidió, por su parte, una explicación sobre los 4.3 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado había transferido al IEE, como parte de su presupuesto autorizado para el 2009 por parte del Poder Legislativo local.
Jorge Sánchez intentó evadir el tema, y nuevamente solicitó que éste se tratara con la responsable del área, Paola Cruz, o con su jefe inmediato, Antonio Bretón.

Fidencio Aguilar insistió que el asunto se resolviera ahí.

Y fue entonces que se le explicó que las transferencias por 4.3 millones de pesos se habían canalizado a compensar los sueldos de los consejeros electorales y a cubrir diversos gastos de la Unidad de Transparencia.

A Jorge Sánchez le replicó que la compensación de los sueldos de los consejeros ascendía a 1.2 millones de pesos y que los gastos de la Unidad de Transparencia a poco más de 200 mil pesos, por lo que las cuentas no salían.

Terció en la discusión el director general del IEE, al señalar que propondría a la Contraloría llevar a cabo una auditoría para conocer el destino de tales transferencias por 4.3 millones, que en ese momento no pudieron ser justificadas por Jorge Sánchez, ni por su encargada de administración.

EN CORTO
Apenas se publicó el jueves la convocatoria para renovar el Consejo Directivo del Colegio de Economistas de Puebla, arreció la disputa entre dos de los tres aspirantes a suceder a Honorio Isidro Ojeda Lara en la presidencia del organismo: Jorge Moreno Valle Buitrón y José Octavio Castilla Kuri.

El primero, empresario deportivo y hermano del actual director del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl, Rafael Moreno Valle Buitrón, tiene el apoyo del mandamás de Casa Puebla, y de algunos ex presidentes del Colegio como Lauro Sánchez López, con quien ocupó el cargo de vicepresidente.

El segundo aspirante, Octavio Castilla Kuri se desempeña actualmente como director de Planeación del ayuntamiento de Puebla; fue asesor del rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez; subdirector de la Promotora Universitaria de la misma institución, y ex secretario particular de José Alarcón Hernández. Este último también fue presidente del Colegio de Economistas, y es hoy uno de sus principales impulsores.

Para la renovación del Consejo Estatal Directivo 2009-2011 se tenía prevista la participación de Jorge Pérez Mejía, actual vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas, y coordinador de comisiones del Colegio de Economistas de Puebla. Sin embargo, trascendió que la semana pasada, en la víspera de la publicación de la convocatoria, declinó a su aspiración para sumarse al equipo de Moreno Valle Buitrón.

Quien hasta ahora se ha mantenido al margen de la contienda, como un actor imparcial, es el actual presidente del organismo, quizás porque quiere evitar lo que a él le ocurrió en su elección de hace dos años, cuando en la disputa por la presidencia del Colegio su contrincante Leonardo Peña Jacobo, entonces gerente regional de Bancomext, impugnó el proceso y desconoció al presidente de la Comisión Electoral, Lauro Sánchez.

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Trivia:

¿Qué aspirante priísta a la gubernatura de Puebla canceló un contrato de asesoría a una prestigiada firma consultora cuando supo que ésta tenía como cliente al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto?

Dos tips.

1. El susodicho tiene pacto en la contienda interna del PRI por la presidencia de la República con el senador y exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

2. En el estudio comparativo que le hizo la mencionada consultora, midiendo sus atributos y defectos con otros aspirantes a la gubernatura de Puebla, no sale muy bien librado.

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El próximo martes 24 de los corrientes, en el auditorio de la facultad de Derecho de la BUAP, se efectuará una mesa de análisis sobre las elecciones federales de este año, en la cual participarán el doctor Francisco Aceves González de la Universidad de Guadalajara; el doctor Víctor Manuel Reynoso Angulo, de la Universidad de las Américas Puebla; el maestro Elías Aguilar García, director de la firma de estudios de opinión Indicadores; el periodista Arturo Luna Silva, director del nuevo portal Puebla on line, y el que esto escribe.

La mesa de análisis será coordinada por el doctor Jorge Calles Santillana, en el marco de la Semana de la Sociología, que del 23 al 27 de marzo se efectuará en esta escuela adscrita a la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP.

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Raúl Sergio Arandia Jiménez “El Huracán” no sólo quiere ser diputado federal por la vía plurinominal, sino que el PAN lo considere como una de sus cartas fuertes para presidir la Comisión de Seguridad Pública en la entrante legislatura, dada su experiencia de 19 años en puestos policíacos y en áreas de readaptación social y protección civil.

Arandia fue propuesto por los panistas del distrito 15 de Tehuacán como precandidato a diputado de representación proporcional.

Para hacerse de esta nominación, Raúl Arandia tendrá que conseguir una alta votación de los miembros y adherentes del PAN en la entidad, sobre todo considerando que no es de los favoritos del Comité Directivo Estatal, que tiene como prioridades a Pablo Rodríguez Regordosa y a Augusta Valentina Díaz de Rivera.

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Simón dice:

“Es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza”
Antonio Machado, poeta y prosista español.

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Comentarios y críticas a los correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Opacidad financiera

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Uno de los grandes hoyos negros de las finanzas públicas del estado son los rendimientos financieros.

Para tener acceso a esta información pública, no hay Ley de Transparencia que funcione.

La respuesta que invariablemente da la Secretaría de Finanzas —cuando se le requieren datos sobre la compra de Cetes y otros instrumentos de renta fija, así como sobre los intereses y ganancias que obtiene por sus cuentas bancarias e inversiones bursátiles—, es que esa información es reservada, confidencial.

Lo grave del caso es que esta confidencialidad se presta a toda clase de abusos y triquiñuelas.

A manera de ejemplo, citaré dos casos.

Uno ya conocido y protagonizado por el mismo secretario de Finanzas del estado, Gerardo María Pérez Salazar, quien invierte el dinero del gobierno en Casa de Bolsa Vector, empresa de la fue director general y en la cual labora su señora esposa, Margarita Rojas Palacios.

En febrero pasado, en el marco de su comparecencia ante la LVII Legislatura del Congreso del estado, Pérez Salazar dijo a los diputados que Vector ofrecía al gobierno una tasa de rendimiento del 9%, según él, la más alta del mercado.

Para comprobarlo se le formuló una solicitud de información, donde se le pedía detallar los rendimientos otorgados por Vector y otras casas de bolsa e instituciones bancarias contratadas por el gobierno del estado. Fue entonces cuando el funcionario decidió clasificar esa información como reservada para los próximos doce años.

¿Y la transparencia? ¿Y la rendición de cuentas?

¡Bien, gracias!

Un segundo caso está relacionado con el reintegro de 47 millones de pesos, solicitado por la Secretaría de la Función Pública al gobierno del estado después que esos recursos, provenientes del programa Procedes, no fueron aplicados en la construcción de un hospital integral en Cuetzalan, asunto que ayer le comenté.

En el reporte elaborado por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social se menciona que, el 14 de diciembre de 2007, la coordinación del programa Procedes depositó a una cuenta de los Servicios de Salud del estado 47 millones de pesos, recursos que dos meses después fueron transferidos a otra cuenta de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, pero no así los intereses generados en ese lapso.

¿Qué pasó con el rendimiento financiero de esos 47 millones de pesos? Es algo que ni la propia Secretaría de la Función Pública sabe.

Lo único cierto, y que puede leerse en el reporte de auditoría, es que los 47 millones de pesos depositados en la cuenta número 4041779273 de HSBC, a nombre de los Servicios de Salud, generaron intereses por 61 mil 712 pesos, y que éstos no fueron transferidos a la cuenta 65-50215633-5 de Banco Santander cuando, el 15 de febrero de 2005, se hizo el traspaso de esa partida a la Secretaría de Finanzas.

¿Dónde quedaron esos 61 mil pesos por concepto de intereses?

No lo sé. Y la verdad es que, para saberlo, tengo que esperar doce largos años a que esa información, hoy reservada, sea desclasificada.

¡Vivan la transparencia y la rendición de cuentas!

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Este día no se olvide de felicitar a Enrique Doger Guerrero por su cumpleaños número 51. Debo decirle que, a diferencia de otros aspirantes a la gubernatura, el ex presidente municipal de Puebla no hará una gran comilona o festejo.

Doger celebrará su cumpleaños en corto, con el personal Instituto Nacional para el Desarrollo Municipal y la Alfabetización (Indema), y más tarde con su familia.

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Este martes estarán de visita en Puebla funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación, para iniciar una investigación en materia de transparencia en cada uno de los municipios de más de 70 mil habitantes.

El primer municipio donde los auditores federales harán acto de presencia es Tehuacán.

Sobre este tema, hoy martes el subsecretario de Control y Supervisión de la Sedecap, Alberto Jiménez Arroyo, ofrecerá una conferencia de prensa.

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Seis son los poblanos que forman parte de la Comisión Deliberativa que cocina las reformas que serán aprobadas por la XX Asamblea Nacional del PRI, a celebrarse este fin de semana en Aguascalientes.

Ellos son: Antonio Hernández y Genis, Alejandro Gallardo Arroyo, Alejandro Armenta Mier, Pablo Fernández del Campo Espinosa, Alberto Amador Leal y Luis Ángel Carrasco Gasca.

Todos ellos se trasladarán este martes al Centro Mexicano Libanés de la ciudad de México, donde serán sometidos a su consideración los predictámenes que serán votados en las mesas de estatutos, declaración de principios y programa de acción que se instalarán en la asamblea nacional priísta.

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