Antes de que concluya esta semana los diputados de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado tendrán en su escritorio copia de la denuncia que su compañero de curul José Manuel Janeiro Fernández formuló por el probable delito de evasión fiscal en contra del secretario de Finanzas del gobierno del estado, Gerardo María Pérez Salazar.

La intención del legislador panista es, por un lado, evidenciar la labor de fiscalización del OFS y su auditor general Víctor Manuel Hernández Quintana, a quien le pasó de noche un hoyo fiscal de alrededor de 3,500 millones de pesos y, por otro lado, cuestionar la prisa de los legisladores priístas por aprobar al vapor la cuenta pública del gobernador Mario Marín Torres correspondiente al 2010.

Para el diputado Janeiro tanto el auditor externo como el auditor general del OFS son corresponsables del probable delito de evasión fiscal en que incurrieron diversos funcionarios de la Secretaría de Finanzas, al callar u omitir en sus dictámenes el no pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) respecto a los ingresos de carácter extraordinario pagados a la burocracia estatal entre 2005 y 2010.

«El gobierno del estado de Puebla, como cualquier patrón, tenía (y tiene) la obligación de retener el ISR a sus trabajadores y entregarlo al Servicio de Administración Tributaria (SAT)», se lee en uno de los párrafos de la denuncia presentada por el legislador panista ante la Administración Local de Asistencia al Contribuyente Puebla Norte, en los primeros días de octubre.

En su querella, que sirvió de base para que la Secretaría de Hacienda iniciara una auditoría fiscal al gobierno del estado, Janeiro Fernández cuestiona: «con qué autoridad la Secretaría de Finanzas puede cobrar impuestos si es la primera en evadir sumas millonarias… es indignante que el mismo gobierno fortalezca la visión de que es tonto el contribuyente cumplido».

La denuncia formulada por el diputado panista se acompaña de dos anexos, uno que contiene un informe del OFS sobre la cuenta pública del ejercicio 2007, donde se reconoce que el gobierno del estado no retiene a sus trabajadores el ISR de las compensaciones (J1 a J9) que paga a sus trabajadores y, una respuesta de la Secretaría de Finanzas en la que reconoce que al 23 de agosto de 2010 no se había adherido al decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008.

El propósito de la denuncia de Janeiro es, como ya se dijo, poner en tela de duda la labor de fiscalización del OFS e impedir que la cuenta pública del gobernador Mario Marín correspondiente a su último año de gestión se apruebe fast track, a partir de cuestionar por qué si el gobierno estatal recibió entre 2005 y 2010 más de 30 mil millones de pesos de recursos extras, no pudo destinar el 10% de esa cantidad para cumplir con sus obligaciones fiscales.

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Simón dice:

«Se conocen infinitas clases de necios; la más deplorable es la de los parlanchines empeñados en demostrar que tienen talento.»

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)　Médico español.

* De 2005 a la fecha el gobierno evade el ISR por compensaciones

* Se estima que el adeudo podría ascender a 3,500 millones de pesos

A raíz de lo aquí publicado sobre el adeudo de casi 3,500 millones de pesos del gobierno del estado a la federación por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la denuncia que por evasión fiscal presentó el diputado José Manuel Janeiro Fernández en contra de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició una auditoría a la administración marinista.

El propósito de la auditoría, que se inició hace un par de semanas en el domicilio de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, es estimar a cuánto asciende la suma de ISR que la administración marinista no entera a la Secretaría de Hacienda —de 2005 a la fecha— por las compensaciones no gravadas que quincena con quincena cubre a sus funcionarios.

El pasado 12 de septiembre le adelantaba aquí que uno de los puntos conflictivos en la entrega-recepción de la administración estatal sería sin duda, el fiscal, por un adeudo de más de 3 mil 500 millones de pesos por concepto de ISR, producto de la diferencia entre lo que el gobierno del estado debe pagar y lo que en realidad cubre a la Secretaría de Hacienda por este gravamen.

Le decía que incluso el subsecretario de Egresos, David Villa Issa, ya tenía un estimado de ese hoyo fiscal, a partir de la suma no enterada de 2005 a 2009 por las compensaciones exentas de ISR que el gobierno marinista pagó a su burocracia dorada.

Según ese diagnóstico, en 2005 la Secretaría de Finanzas debía pagar 518 millones de pesos de ISR por el total de su nómina, pero sólo cubrió 189 millones, historia que se repitió en los años subsecuentes.

En 2006, sólo pagó 229 millones de un total de 528 millones; en 2007, 271 millones de 603 millones; en 2008 1,039 millones de un total de 1,798 millones; y en 2009, 1,098 millones de un total de 2,094 millones de pesos.

Tal situación no pasó inadvertida para algunos actores políticos. El legislador panista José Manuel Janeiro se subió al tema y en la primera semana de octubre se apersonó en la oficina Puebla Norte de la Administración Local de Asistencia al Contribuyente del SAT para denunciar a la Secretaría de Finanzas y a sus principales funcionarios —Gerardo María Pérez Salazar y David Villa Issa— de evasión fiscal.

En su querella el diputado local sostiene que los funcionarios arriba mencionados son responsables del delito de evasión por no pagar a la Secretaría de Hacienda el ISR de las compensaciones salariales de los funcionarios del gobierno del estado, a pesar de la obligación que tienen de hacerlo, por disposición o sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y por rehusarse a suscribir un convenio de quitas con la Federación para regularizar esa situación.

A partir de la denuncia de Janeiro, la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria abrió una investigación e inició una auditoría en las oficinas centrales de la Secretaría de Finanzas para documentar a cuánto ascienden los adeudos fiscales del gobierno del estado por concepto de ISR y para determinar si su titular Gerardo Pérez Salazar o el subsecretario de Egresos, David Villa Issa, incurrieron en alguna responsabilidad penal o administrativa por no cobrarlos, ni enterarlos a la Federación.

EN CORTO

Tómelo con reserva, pero una fuente digna de crédito me asegura, en consonancia con lo aquí publicado el domingo 17 de octubre, que la Unidad de Inteligencia Financiera del Secretaría de Hacienda investiga a diversos funcionarios de la administración estatal saliente por llevar una forma de vida que no corresponde a su nivel de ingresos como servidores públicos.

Entre los secretarios y colaboradores de Mario Marín que estarían siendo investigados por esta instancia federal destacan el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar; el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Javier García Ramírez, y el exdiputado federal Jorge Estefan Chidiac.

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Este domingo se aseguró que la actual delegación del PAN en el municipio de Puebla, a cargo de Miguel Méndez Gutiérrez, pueda recuperar el estatus de Comité que perdió hace un año, una vez que han acudido a registrase para participar en la asamblea del próximo 7 de noviembre 1,100 miembros activos.

El quórum mínimo requerido para la convención era de 1,026 miembros activos, es decir, un tercio de los que aparecen en el padrón oficial del PAN en la capital del estado.

Ahora el reto del candidato único a la dirigencia municipal panista Gerardo Maldonado Balvanera será garantizar que al menos la mitad de los panistas que se inscribieron asistan a la convención del próximo domingo y que la mayoría de éstos lo apoye para presidir el Comité Directivo Municipal.

La convención está prevista para el domingo 7 de noviembre en el Salón La Luz del Centro de Convenciones, a partir de las 9 de la mañana.

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Cuentan que en la gira que por diferentes ciudades y universidades de España realizó el rector de la BUAP en compañía de cuatro de sus colaboradores —José Ramón Eguibar Cuenca, Jaime Vázquez López, Alfonso Esparza Ortiz y Pedro Hugo Hernández Tejeda—, hubo un momento en que Enrique Agüera Ibáñez les dijo que uno de ellos se convertiría en su sucesor.

Lo interesante de la anécdota, según la fuente, es que esa confidencia se dio durante una cena en la que no estuvo presente el vicerrector de Investigación y Estudios de Postgrado, Pedro Hugo Hernández, y que después de ese encuentro hubo otro pero sólo entre el tesorero Alfonso Esparza y el vicerrector de Docencia, Jaime Vázquez.

De acuerdo con la misma fuente ambos personajes advirtieron el riesgo de que José Ramón Eguibar pudiera despuntar, en el contexto de la nueva realidad política del estado y de la BUAP, e hicieron un pacto de no agresión y de que uno se sumaría al otro cuando finalmente se decidiera cuál de los dos sería nominado para la rectoría de la máxima casa de estudios.

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Simón dice:

«El que no piensa en sus deberes sino cuando se los recuerdan, no es digno de estimación.»

Plauto (254 AC-184 AC). Dramaturgo cómico romano.