A sabiendas que el poder del Estado lo cobija, el dirigente estatal perredista, Eric Cotoñeto Carmona, no se desdijo de las acusaciones que en noviembre pasado lanzó contra su compañera de partido, Roxana Luna Porquillo, sino que afirmó que estas fueron mal interpretadas y magnificadas por la prensa.

Al menos así lo asienta en la contestación que por escrito hizo a la demanda que por daño moral interpuso en su contra la diputada federal ante el juzgado quinto especializado en materia civil de la ciudad de Puebla, el 23 de marzo de este año.

En su escrito de catorce fojas, el presidente estatal del PRD pidió al juzgador desechar la demanda civil por estar basada en declaraciones que los medios y reporteros distorsionaron, y en audios en los que no hay manera de acreditarle alguna responsabilidad civil, ya que en estos no se especifica tiempo, modo, lugar y circunstancia en que las grabaciones se obtuvieron.

Según Cotoñeto, la diputada Roxana Luna no debió demandarlo a él, sino a los periódicos, medios y reporteros que sacaron de contexto sus declaraciones, al hacer interpretaciones de lo que algunos presidentes perredistas le dijeron el día que fueron a visitarlo a las oficinas del partido, en el sentido de que ésta les exigía un diezmo a cambio de sus gestiones de obra pública y recursos federales.

Para el dirigente perredista las notas publicadas en ocho diferentes periódicos locales, el audio en el que acusa a Roxana de cobrar moches hasta por 50 mil pesos y la entrevista que concedió al conductor del noticiario matutino de Radio Oro, Iván Mercado, son pruebas sin sustento debido a que sus declaraciones fueron magnificadas y descontextualizadas, amén que en las grabaciones nunca se precisa el tiempo, el modo, el lugar y las circunstancias en que fue entrevistado.

Y, en el colmo del cinismo, Eric Cotoñeto emplazó a la legisladora a que sea ella quien le pague los gastos y costas de este juicio de responsabilidad civil por daño moral.

Así las cosas, en los próximos días el juez quinto de lo civil, Horacio Bravo Negrete, tendrá que convocar a las partes para el desahogo de pruebas, citar a los expresidentes municipales de San Salvador El Verde, Izúcar de Matamoros y Domingo Arenas para que estos confirmen o desmientan que Roxana Luna les pidió una comisión a cambio de sus gestiones; a los directivos de Radio Oro para que entreguen el audio completo de la entrevista a Eric Cotoñeto, y a los reporteros y medios que reprodujeron las declaraciones del presidente del PRD acusando de extorsión a su compañera de partido.

¿Qué dirían los expresidentes municipales implicados? ¿Los amenazarán con sus cuentas públicas pendientes de aprobación en el Congreso del estado?

¿A poco los reporteros que firmaron la entrevista a Eric Coñeto, algunos de los cuales hoy se desempeñan como jefes de prensa de alguna dependencia pública admitirán que distorsionaron o sacaron de contexto las palabras del dirigente perredista?

¿Y los dueños y directivos de esos medios de comunicación, a quién le darán la razón: a sus reporteros y exreporteros o al desacreditado exdiputado perredista?

¿O será que al final del juicio Eric Cotoñeto repetirá las celebérrimas palabras de Mario Marín en el escándalo Lydia Cacho: diciendo que la voz del audio es su voz, pero no es su voz?

¿Verdad que el asunto está reteinteresante?

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Incómodos, por decir lo menos, se sienten algunos jueces y magistrados, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano, por las presiones que ha comenzado a ejercer para que las resoluciones de aquellos salgan rapidito y, de preferencia, a favor de las instituciones bancarias.

Y todo en aras de mejorar la calificación de Puebla –y en especial de su Poder Judicial– en algunos estudios y evaluaciones que cada dos años o de manera anual realizan algunas instituciones como la Asociación de Bancos de México (ABM), la calificadora Moody’s y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Flores Toledano pretende reunir a jueces y magistrados con los apoderados legales de los bancos para, según él, dar celeridad a ciertos juicios mercantiles y definir algunos criterios jurídicos respecto a las resoluciones.

La intención, según les anticipo, es evitar sentencias contradictorias entre un juez civil especializado en asuntos financieros, y otro del mismo tipo, que luego son usadas por las instituciones bancarias para evidenciar la discrecionalidad y laxitud de criterios entre los integrantes del Poder Judicial del estado.

Se sabe que uno de los jueces inconformes con el citatorio del presidente del TSJ es Ismael de Gante López, juez Décimo Segundo Civil del Distrito Judicial de Puebla, quien incluso amagó con renunciar si lo obligaban a reunirse con los representantes de la banca para «acordar» cómo debían resolverse ciertos asuntos.

Pregunta: ¿Los abogados de los usuarios afectados por algún banco o institución financiera tendrán esta misma oportunidad de ser escuchados por los jueces y magistrados de Puebla o esta es sólo una prebenda exclusiva para los apoderados de la banca?

En el último estudio sobre Indicadores de confiabilidad y desarrollo institucional, de la Asociación de Bancos de México, en coordinación con el ITAM, el Consejo Coordinador Financiero y Moody’s de México, los juzgadores de Puebla fueron ubicados en el lugar 27 de 32 en calidad, en el 22 de uniformidad de criterios, en el 31 de imparcialidad de procedimientos, en el 25 de autonomía, en el 29 de confiabilidad de servicios periciales, en el 22 de rapidez en los procedimientos ejecutivos mercantiles, y en el 19 de rapidez en los procedimientos ordinarios mercantiles.

Ahora entiende por qué a Flores Toledano le urge la reunión con los jueces y apoderados de la banca. Su intención de maquillar estas cifras y de sacar a Puebla del sótano de esta evaluación de la ABM es urgente, aun a costa de los usuarios y afectados de la banca.

Por lo pronto habrá que estar muy atentos de este encuentro y de la posición que asuman los jueces civiles, mercantiles y especializados en asuntos financieros del Poder Judicial de Puebla, entre ellos:

José Bernardo Torres, María del Rosario Sánchez, María Alicia Ortiz, Armando Pérez Acevedo, Horacio Bravo Negrete, Cesar Iván Bermúdez, Hugo Isaac Arzola, María Rosalba Pantoja, Leonardo Treviño, Sandra Lucía Perea y Rubén de la Rosa Gómez.

¿Quiénes de ellos levantarán la voz, como ya lo hizo Ismael de Gante, para inconformarse contra Flores Toledano, aun a riesgo de perder su chamba?

Que bueno que por fin hayas decidido a dejar tantito tu universidad, le dijo ayer el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, al rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, por su participación en la XXVIII Sesión Ordinaria del Consejo Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

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