LA CORTE DE LOS MILAGROS

Publicaciones etiquetadas ‘Héctor Guerra Montiel’

Sí se valora un mini-gobernador de 4 años ocho meses

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La iniciativa saldría del PRI con el VoBo de RMV

Y también algunos reacomodos en el gabinete estatal

 

 

Si bien aún no existe una decisión para modificar la Constitución del estado, a fin de dar marcha atrás a la elección de un minigobernador de 22 meses, lo cierto es que el tema sigue negociándose al más alto nivel, por lo que no habría que descartarlo.

Ciertamente, como lo adelantó el jueves pasado el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Eukid Castañón Herrera, la iniciativa de ampliar a cuatro años ocho meses la gestión del próximo gobernador difícilmente saldrá del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del estado.

Más por una cuestión de imagen que de fondo, pues cómo se verían los diputados del PAN que en julio de 2011 aprobaron reformar la Constitución —a iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle— para hacer concurrentes las elecciones locales con las federales en julio de 2018, proponiendo ahora que este proceso mejor se difiera hasta julio de 2021, como lo pedía el PRI en aquella ocasión.

Lo cierto es que la medida de ampliar la gestión del próximo gobernador a cuatro años ocho meses, posponiendo tres años la concurrencia de las elecciones locales con las federales, es conveniente para el PRI y también para el PAN morenovallista.

Para el PRI por una cuestión económico-financiera, pues no está dispuesto a gastar lo que se gasta en una campaña de 90 días, por una gubernartura que sólo sería de 22 meses 13 días.

Y para el morenovallismo porque su principal carta, el alcalde José Antonio Gali Fayad, entonces sí tendría incentivos para dejar la presidencia municipal de Puebla, después de rendir su tercer informe de labores, en febrero de 2015, y buscar la nominación a la gubernatura con el apoyo de una coalición amplia integrada por el PAN, el PRD y otros partidos.

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Para Moreno Valle las elecciones locales de 2016 lucen complicadas por la ausencia de cuadros o figuras con perfil ganador, bien posicionadas y alto potencial electoral en su cantera de prospectos.

Fuera de Gali Fayad, estas figuras no existen y las que venía preparando con tal propósito, como la del secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari Álvaro, no ha generado la expectativa deseada, ni logrado el posicionamiento esperado.

De ahí que el propio mandatario estatal esté valorando la conveniencia de alargar de 22 meses a cuatro años ocho la gestión de su sucesor, y también de reestructurar su gabinete y abrir el abanico a opciones que no estaban en el script original, tal es el caso de Mario Rincón González, que de la Secretaría de Desarrollo Rural podría ser promovido a la Secretaría General de Gobierno, en lugar de Luis Maldonado Venegas.

Otro personaje que podría sumarse a la puja electoral de 2016 sería el diputado Jorge Aguilar Chedraui, quien podría regresar al gabinete pero ya no como secretario de Salud, donde viene dando buenos resultados Roberto Rivero Trewartha, sino a otra Secretaría del mismo o mejor nivel y con mayor exposición mediática como la Secretaría de Educación Pública, en vez de Jorge Benito Cruz Bermúdez.

Sin embargo, la iniciativa de volver a cambiar la Constitución para prolongar la gestión del próximo gobernador y diferir hasta julio de 2021 la concurrencia de las elecciones locales con las federales, no saldrá del PAN.

Tendrá que promoverla el PRI, previo acuerdo cupular con el gobernador, para que ésta sea votada a favor por las fracciones del PAN, PRD, Nueva Alianza y de otros partidos integrantes o aliados de la coalición morenovallista.

 

EN CORTO

Importantes miembros de la llamada Hermandad, grupo político o de interés que por años controló los principales mandos de la Dirección de Tránsito Municipal de Puebla y de la Dirección de Vialidad del estado, están de regreso.

Héctor Guerra Montiel, por ejemplo, ya es el jefe de avanzada de la presidenta estatal del PRI, Isabel Allende Cano, a pesar de cobrar en la Secretaría de Gobernación Municipal de Puebla con Guillermo Aréchiga Santamaría.

Y dos de sus gentes, Alejandro Ramírez Ulloa y Marco Antonio Bedolla Linares, ya despachan como funcionarios en el ayuntamiento de San Andrés Cholula con Manuel Alonso García, a pesar de que el primero cobra como policía vial estatal, y el segundo reprobó el examen de control y confianza.

Otro integrante de la Hermandad que también está bien colocado es José Luis Segreste Reyes, quien labora en la Coordinación de Giras del alcalde Gali Fayad, a pesar de haber sido suspendido de sus funciones en la gestión municipal de Blanca Alcalá Ruiz, tras las acusaciones de extorsión y corrupción en que se vio envuelto en 2008 cuando fungía como subdirector Operativo de Vialidad.

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¿Quién para Seguridad Pública Municipal?

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El relevo del general Andrés Vicente Ruiz Celio al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del ayuntamiento de Puebla, es un hecho. En cualquier momento se confirmará.

Lo que aún no está claro es quién lo sucederá en el cargo. De los varios tiradores que existen, la verdad es que ninguno termina de convencer a la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.

La celebérrima Hermandad, que ha comenzado a ampliar su influencia, tras el arribo de Héctor Guerra Montiel a la Dirección de Seguridad Vial del estado, puja porque el sustituto del general Ruiz Celio sea el actual director de Tránsito del municipio, y ahijado político de Mario Montero Serrano, Manuel Alonso García.

Otro grupo político, estrechamente vinculado a un sector del marinismo, viene impulsando al actual director de la Policía Auxiliar, capitán Jorge Antonio Morgado Nava. Éste, sin embargo, carece del respaldo del secretario de Seguridad Pública del estado, el general Mario Ayón Rodríguez, pues en su opinión Morgado Nava es un desertor del Ejército.

Y un tercer candidato, que hasta el martes por la noche constituía la principal opción de la presidenta Blanca Alcalá, es el actual director de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del ayuntamiento de Puebla, Héctor Ibarra Cadena.

Se valen apuestas.

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Simón dice:

«No se puede cambiar el curso de la historia a base de cambiar los retratos colgados en la pared.»

Sri Pandit Jawaharlal Nehru (1889-1964) Político indio.

Una buena y una mala

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La buena
Gracias a La Hermandad, Fernando Estrella Izaguirre, quien fungía como subdirector de Tránsito Municipal, y Cecilia Paola Arroyo Quiroz, quien se desempeñaba como jefa de grupo del Sector 2 de la misma corporación, ya no muerden, perdón, laboran, en el ayuntamiento de Puebla.

La mala
Ahora prestan sus servicios como supervisores de la Dirección de Vialidad del estado, gracias a las buenos oficios del jefe de La Hermandad, Héctor Guerra Montiel, quien a través de David Villa Issa se encargó de convencer al general Mario Ayón Rodríguez de las bondades de estos dos personajes que prácticamente fueron echados de la Dirección de Tránsito de la capital del estado.

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A contrapelo de las recomendaciones giradas por los gobiernos federal y estatal, de evitar concentraciones o reuniones públicas como una medida preventiva para disminuir los riesgos de contagio por la influenza porcina, el diputado local Carlos Barragán Amador está convocando para este martes a un acto masivo en el zócalo de Xicotepec.

Este lunes el legislador priísta por el distrito 26 se comunicó a una estación radiofónica de Xicotepec, para anunciar que este martes el gobernador Mario Marín Torres y el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, encabezarían una reunión pública en la plaza principal de Xicotepec, para entregar apoyos y repartir juguetes con motivo del Día del Niño.

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Para entender la magnitud del problema que México podría enfrentar a consecuencia de la influenza porcina y si los casos y contagios que hasta el momento se han detectado escapan del control de las autoridades sanitarias y degeneran en una pandemia, no deje de leer este día el artículo de Horacio de la Cruz Sabás en la sección Punto de Vista.

Las cifras de defunciones, de personas hospitalizadas y de enfermos que requerirían de atención médica en consulta externa o en urgencias, así como el tiempo que al país le llevaría recuperarse de esta crisis de salud pública y seguridad nacional, son francamente escalofriantes.

De ahí la importancia de que la población asuma con seriedad y responsabilidad las medidas y acciones dispuestas por las autoridades, encaminadas a disminuir los riesgos de contagio de esta enfermedad, que sin duda marcará un antes y un después en la historia sanitaria de México.

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Simón dice:

«La investigación de las enfermedades ha avanzado tanto que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano».

Aldous Huxley (1894-1963). Novelista, ensayista y poeta inglés.

¿El enemigo en casa?

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Al director de la Policía Metropolitana, Óscar López Sánchez, es a quien hay que atribuirle el paro que efectivos de esta nueva corporación policíaca efectuaron ayer en protesta por el despido de Alejandro Fernández Soto como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Óscar López siempre se ha valido de esta estrategia, los paros, para escalar posiciones o sacar provecho personal.

Así lo hizo cuando Raúl Arandia Jiménez, en el ayuntamiento de Luis Paredes Moctezuma, asumió la Secretaria de Seguridad Pública y él fue desplazado de esa posición que ocupó en la gestión de Mario Marín Torres, y después a mediados de 2007 en la Policía Estatal cuando promovía la destitución de José Luis Sobreira Hernández como director de Seguridad Pública.

Otro que también quiso solidarizarse con el destituido Alejandro Fernández, sumando a los agentes de Seguridad Vial al paro de la Policía Metropolitana, fue Héctor Guerra Montiel, secretario particular del director de Seguridad Vial del estado, Carlos Arroyo Salamanca.

Carlos Arroyo y Héctor Guerra son gente de Alejandro Fernández, tanto que el primero sigue cobrando como jefe del C4, que funciona en el edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a pesar de haber sido designado desde hace algunos meses como director de Seguridad Vial del estado.

Ambos, junto con Óscar López, temen ahora correr la misma suerte que Alejandro Fernández. Por eso el paro, que más que una protesta por la remoción de su padrino político, va encaminado a impedir que el secretario de Seguridad Pública del estado, el general Mario Ayón Rodríguez, se haga del control del CESP y de la Policía Metropolitana.

¿O no?

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¿Por qué fue removido Alejandro Fernández del Consejo Estatal de Seguridad Pública?

A ciencia cierta no lo sé, pero me atrevo a suponer que su relevo no fue por una causa en particular, sino multifactorial.

Una de ellas, y quizás la más importante, fue su pleito con el secretario de Seguridad Pública del estado, Mario Ayón.

Otra, estrechamente vinculada con la anterior, fue su decisión de asignar y comprar armas cuyo uso nunca fue autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ni por el general Ayón, poseedor de la licencia 38.

Fernández Soto incurrió no sólo esta irregularidad, observada por la SEDENA y el Consejo Nacional de Seguridad, sino en acciones que violaban la reglamentación interna del CESP, que es un órgano administrativo y normativo; no operativo.

Por tanto, las atribuciones de Alejandro Fernández y del CESP estaban excedidas con la creación de órganos de inteligencia, metidos a la operación policíaca, o la coordinación ––en la práctica–– de la Policía Metropolitana.

Un factor adicional que, sin duda, también influyó en su remoción, fue la detención y posterior liberación del empresario Juan Alfredo Aduna, asunto que provocó un enfrentamiento entre Alejandro Fernández y el procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia.

Por alguna razón que aún se desconoce, Juan Alfredo Aduna es un personaje de Amozoc que goza de influencia política y de la protección de policías judiciales, que la tarde del lunes tuvieron un altercado con agentes de inteligencia y de la Policía Metropolitana a cargo de Alejandro Fernández.

¿Qué fue lo que más pesó?

Pronto, pronto se sabrá.

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Notitas que pasarán a nototas

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 Este día un grupo de empleados de confianza y de base del Instituto Electoral del Estado (IEE), podrían protagonizar un paro laboral en demanda de mejoras salariales y prestaciones económicas.

Su inconformidad radica en que sus salarios siguen siendo los mismos de hace tres años, a diferencia de lo que sucede con los consejeros electorales, directores, coordinadores y jefes de departamento del Instituto, y representantes de los partidos políticos.

En el último año, las dietas de los consejeros han subido dos veces, de 68 mil a 70 mil y de 70 mil a 72 mil pesos mensuales, al igual que las compensaciones de los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del IEE, al pasar a 13 mil y luego a 15 mil pesos mensuales.

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El jueves de la semana pasada, el gerente general de Grupo Acir Puebla, antes Corporación Puebla de Radiodifusión, Jaime Briseño Orozco, fue materialmente puesto de patitas en la calle por los enviados del dueño de ese corporativo nacional, Francisco Ibarra López.

Esta situación tiene nerviosos a los empleados de Acir Puebla, pues no se sabe qué otros cambios se darán, ni quién vendrá a ocupar la gerencia general del grupo radiofónico compuesto por cinco estaciones radiofónicas de Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada.

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Los diputados de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado acordaron fijar para el viernes 19 de los corrientes a las 10 horas, la comparecencia del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), Antonio Juárez Acevedo, pero en su calidad de presunto responsable de violar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de Transparencia.

En el proceso administrativo de inició de responsabilidades, Juárez Acevedo tendrá que explicar y demostrar –lo que hasta ahora no ha conseguido ante el Instituto Federal Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– porque dice que no era secretario general de la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, al momento de su nombramiento como comisionado de la CAIP, en diciembre de 2004, a pesar de todas las evidencia documentales y testimoniales que demuestran lo contrario.

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Otro influyente miembro de La Hermandad que se incorpora a la Dirección de Vialidad del estado, gracias a los buenos oficios de su jefe político Héctor Guerra Montiel, es José Luis Segrestre.

Segreste, quien prestaba sus servicios para la Dirección de Tránsito del municipio de Puebla, primero como jefe de sector y luego como subdirector operativo, hasta que una organización de transportistas de materiales lo acusó de extorsión, labora ya como supervisor general de la Dirección de Vialidad del estado.

Su contratación deja una pésima lectura en materia de impunidad, pues en lugar de que estos elementos salgan del servicio público, siguen en él y lo único que hacen es pasar de la administración municipal a la estatal y viceversa.

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Continúan los problemas en la Universidad Cuauhtémoc de Puebla. A un mes del inicio de ciclo escolar, la institución aún no logra cubrir su plantilla docente, por lo que los alumnos carecen de un horario corrido y tienen que esperar varias horas después de salir de una materia para cursar otra.

Esta deficiencia no ha sido obstáculo, sin embargo, para que los directivos de la Cuauhtémoc, apliquen a los estudiantes recargos mensuales del 20% si no pagan a tiempo su colegiatura.

Otra situación que tiene inconformes a los alumnos es la política de becas aplicada arbitrariamente por la Universidad a pesar de la existencia de un reglamento interno que supuestamente regula su entrega.

Según dicho reglamento, sólo pueden acceder a becas al 100% aquellos estudiantes que después de al menos un año de inscritos en cursos regulares alcancen promedio de diez en sus materias del último semestre, cuestión que de manera frecuente es violentada por el propio rector Francisco Martínez Briones, quien asigna esas becas a alumnos de nuevo ingresos, que son hijos de políticos o recomendados de algún funcionario de gobierno.

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El regreso de la Hermandad

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Si la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y su secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras, de veras quieren combatir la corrupción de los agentes viales, lo primero que deberían hacer es revisar quiénes cobran en su nómina y cuáles son sus antecedentes.

Lo anterior viene a colación por el retorno a la corporación de funcionarios que en la gestión dogerista fueron suspendidos y sujetos a investigación por parte de la Contraloría municipal, algo que por lo visto también ignora el actual contralor del ayuntamiento, Mauro Uscanga Villalobos.

Un caso concreto es Fernando Estrella Izaguirre, nombrado por Hidalgo Vigueras como subdirector Técnico de Tránsito municipal, a instancias de Héctor Guerra Montiel, hombre fuerte de la Dirección de Vialidad del estado.

El comandante Estrella fue suspendido por haber ordenado mediante oficio D.T.M.P./Sector Uno/002/2007, el cese de Cecilia Paola Arroyo Quiroz como jefa de grupo de la Dirección de Tránsito de la capital del estado por el delito de trabajar embarazada y dar mala imagen a la corporación.

El nuevo subdirector Técnico no sólo es uno de los principales operadores del jefe de la Hermandad, sino el instrumento para que otros miembros de esta corrupta organización de agentes se apoderen de los principales cargos de la Dirección de Tránsito del municipio de Puebla.

Gracias a él, la Hermandad controla hoy las comandancias de los sectores 3 y 4 de Puebla, a través de Mario Cruz Bandala y Benito Pérez Tlalpapal; así como la jefatura del Tercer Turno por medio de José Leonel Berrier, y la comandancia de peritos y el corralón, este último a cargo de Benjamín Torres García, jefe del Departamento —pomposamente denominado— de Encierro de Vehículos.

Benjamín Torres fue quien el pasado mes de marzo organizó una fiesta dentro de las instalaciones del corralón con carnitas, alcohol y bailarinas exóticas, para celebrar su nombramiento. Su padrino político, el ex director de Tránsito del estado, el general Ponce de León, está emparentado por cierto con Alberto Hidalgo Vigueras.

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Más de la Hermandad

Pero la influencia del jefe de la Hermandad, Héctor Guerra, se extiende como ya se lo comenté líneas arriba a la Dirección de Seguridad Vial del estado, en donde ahora labora como secretario particular del titular del área, Carlos Arroyo Salamanca, gracias a la recomendación del poderoso subsecretario de Egresos del estado, David Villa Issa. Desde su arribo a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del estado, lo que sucedió cuando Jesús Morales Rodríguez dejó la Dirección de Seguridad Vial del estado, Guerra poco a poco se ha ido haciendo del control de esta dependencia, removiendo a delegados y a comandantes de áreas estratégicas, para poner en su lugar a destacados miembros de la Hermandad como José Luis Segreste, jefe de Circulación del estado; Marco Antonio Bedolla Linares, encargado de pasar la charola y José Juan Márquez, a quien le entregó la delegación de Hueytamalco.

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Ayer recibí, a manera de artículo, un correo electrónico de un ex funcionario con oficio y experiencia en seguridad pública.

Sus comentarios aluden a los últimos acontecimientos y a la forma en que las autoridades estatales y municipales están encarando la delincuencia y, ahora lo sabemos también, al crimen organizado.

Dejo pues correr este artículo, reservándome el nombre del funcionario en cuestión:

LA SEGURIDAD PUBLICA NO SOLO ES UNA CONDICION QUE PERMITE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE UN TERRITORIO, HOY EN DIA ES, SIN LUGAR A DUDAS, EL MAYOR RECLAMO DE LA SOCIEDAD Y UN ELEMENTO VITAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS PERSONAS QUE HABITAMOS ESTA CIUDAD, LA CUARTA EN IMPORTANCIA DEL PAIS, Y LAS DEL RESTO DEL ESTADO.

LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEBEN TENER OBJETIVOS BIEN DEFINIDOS PARA ELEVAR NO SOLO LOS NIVELES DE SEGURIDAD SINO TAMBIEN LOS DE CONFIANZA DE LA CIUDADANIA, PERO ESTOS SOLO SE LOGRARAN SI SE SUPERAN ENTRE ELLOS LAS DIFERENCIAS EXISTENTES QUE EN SI SOLO BUSCAN UN EFECTO MEDIATICO Y DE HACERSE PASAR COMO PROFUNDOS CONOCEDORES DE LA MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CUAL SOLO PUEDEN SUSTENTAR EN DIPLOMAS Y CUADROS COLGADOS EN LAS PAREDES DE SUS OFICINAS PERMITIENDO ASI QUE NO EXISTA UNA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CAPAZ DE DAR RESPUESTA EFECTIVA A LA DELINCUENCIA E INVOLUCRAR CON CONFIANZA A LA CIUDADANIA PARA LOGRAR UN AMBIENTE DE SEGURIDAD, ARMONIA, PAZ Y TRANQUILIDAD SOCIAL.

ACTUALMENTE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD PUBLICA TANTO ESTATALES COMO MUNICIPALES HAN SIDO NULAS EN CUANTO AL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLITICAS PREVENTIVAS QUE GARANTICEN EL BIENESTAR SOCIAL Y SE HAN PERDIDO EN SOLO DAR CURSOS QUE NO LLEVAN UN FIN PREESTABLECIDO EN CUANTO A LAS LINEAS DE ACCION A REALIZARSE PARA DAR UNA RESPUESTA EFECTIVA A LA DEMANDA CIUDADANA DE SEGURIDAD EN SUS PERSONAS, FAMILIAS, BIENES Y NEGOCIOS.

EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA NUEVAMENTE VUELVEN A APARECER LAS VIEJAS COSTUMBRES QUE HABIAN SIDO ERRADICADAS EN LAS TECNICAS DE SALIR CON LAS PATRULLAS A LOS RECORRIDOS AL AZAR Y ESPERAR QUE SE PUEDAN ENCONTRAR CON UN HECHO DELICTIVO PARA DESPUES MAGNIFICARLO MEDIATICAMENTE, NUEVAMENTE SE PRETENDE COMBATIR A LA DELINCUENCIA CON LA FUERZA ANTES QUE HACERLO CON UN ESQUEMA BASADO EN LA INTELIGENCIA PARA LLEVAR A CABO UNA PREVENCION DEL DELITO MAS ADECUADA,. EN EL MUNICIPIO SE ESTA DESAPROVECHANDO LA TECNOLOGIA EN LA LABOR PREVENTIVA POR DAR PASO A CURSOS, QUE EN EL MEJOR DE LOS CASOS SIRVEN PARA QUE LOS POLICIAS QUE ASISTEN, DADA SU POCA PREPARACION, PUEDAN DESCANSAR GOZANDO DE SUELDO.

EN LO QUE SE REFIERE AL GOBIERNO ESTATAL VEMOS CON SORPRESA QUE EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA SE TOMA ATRIBUCIONES MAS ALLA DE LAS QUE SEÑALA LA LEY QUE FIJA LAS BASES DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NIVEL NACIONAL, Y QUE GRACIAS A LAS RELACIONES POLITICAS DE SU TITULAR DE UN ORGANO PURAMENTE NORMATIVO, DE SUPERVISION, CAPACITACION Y DE CONTROL DE LOS APOYOS ECONOMICOS DE LA FEDERACION AL ESTADO, SE QUIERE CONVERTIR EN UNO QUE REALICE LABORES OPERATIVAS O DE INTELIGENCIA SIN FACULTADES PARA ELLO CON LA LOGICA MOLESTIA DE QUIEN DEACUERDO A LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEBEN REALIZAR, CUANDO MENOS EN EL SUPUESTO, ESA LABOR.

LOS POBLANOS ESTAMOS VIVIENDO UNA DE LAS PEORES CRISIS EN LA MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, COMO RESULTADO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS CON UNA DEFICIENTE O NULA CAPACIDAD DE MANDO Y DE PREPARACION, CUYO ACCESO A LOS PUESTOS DE MANDO NO ES EN BASE A CONOCIMIENTO SINO A RECOMENDACIONES, CON UNA POLITICA DE QUE EN EL ESTADO Y EN EL MUNICIPIO NO PASA NADA, CON INGERENCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE PRESERVAR EL MANEJO DE LA SEGURIDAD A TRAVES DE RECOMENDADOS, DE CARECER DE ATLAS DELICTIVOS, DE UN ANALISIS DE LA PERCEPCION CIUDADANA DE LA INSEGURIDAD, DE MAPEOS DELICTIVOS CON PERFILES SOCIODEMOGRAFICOS QUE PUEDA RESCATAR A LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS NIVELES INFIMOS EN LOS QUE HOY SE ENCUENTRA PORQUE DE SEGUIR APLICANDO MEDIDAS SIN DIAGNOSTICOS CONFIABLES QUE SIRVAN DE BASE PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS ACORDES CON LA REALIDAD SEGUIREMOS VIVIENDO EN UN CLIMA DE INSEGURIDAD Y DE FALTA DE CONFIANZA EN LA POLICIA.

SE DEBE ACABAR EN EL MUNICIPIO CON LA FIEBRE DE CURSOS, AUNQUE SEAN GRATUITOS PARA LOS POLICIAS, PORQUE ESTO SOLO ES UN PALIATIVO CON MUY POCA IMAGINACION PARA CONSEGUIR QUE EL RESULTADO SEA TRANSFORMAR ALA CORPORACION POLICIACA EN UNA INSTITUCION SOLIDA, CAPACITADA, PROFESIONAL, HONESTA, EFICAZ Y CONFIABLE, EN SUMA ES UNA RESPUESTA INEPTA PARA RESOLVER O ATENUAR EL PROBLEMA Y EL RESULTADO DE DESVIAR RECURSOS PARA ESE FIN PUEDE SER CONTRAPRODUCENTE, YA QUE NO SOLO CON PROFECIONALIZACION DE LA POLICIA SE OBTIENE SEGURIDAD PUBLICA.

LAS DECISIONES POLITICAS EN LA MATERIA, HAN RELEGADO A QUIENES CONOCEN DEL TEMA A VOLVERSE SOLO ESPECTADORES DE LO QUE SUCEDE EN EL MUNICIPIO Y EN EL ESTADO, DE POCO O NADA SIRVEN LAS REUNIONES DIARIAS QUE LOS MANDOS DE SEGURIDAD PUBLICA REALIZAN A TEMPRANA HORA, YA QUE EN ELLAS NO SE COORDINAN ACCIONES SINO SON MERAMENTE INFORMATIVAS.

QUIENES CONOCEN DEL TEMA ESTAN OBLIGADOS NO SOLO A CRITICAR SINO A PROPONER ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA, PERO ESTO SOLO SE LOGRARA SI EXISTE APERTURA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA RECONOCER QUE ES NECESARIA LA INCORPORACION DE HOMBRES Y MUJERES CONOCEDORES DEL TEMA A LA TAREA DE ENCONTRAR UN MODELO DE SEGURIDAD PUBLICA ACORDE ALA REALIDAD DEL MUNICIPIO Y DEL ESTADO, QUE OFREZCA COMO RESULTADOS NO NUMEROS EN CUANTO A LA INCIDENCIA DELINCUENCIAL SINO SATISFACCION DE LOS CIUDADANOS POR VIVIR EN UN MUNICIPIO Y EN UN ESTADO SEGURO.

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