Negligencia, omisiones y ahora acoso de la PGJ
Desde hace unos 40 días, cuando en este espacio hice público un oficio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al procurador de Justicia de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget, sobre la indolencia y las omisiones en que han incurrido ministerios públicos, peritos, policías ministeriales y demás funcionarios de la dependencia, involucrados en las investigaciones y la integración de la averiguación previa por el allanamiento y robo en las oficinas del periódico digital e-consulta, he recibido una docena de citatorios.
El asalto a las instalaciones de e-consulta ocurrió en la madrugada del 25 de julio 2013, es decir, hace casi 15 meses, y durante más de 13 meses el tema estuvo prácticamente olvidado por las autoridades, no obstante los videos que en este portal se difundieron del delincuente, irrumpiendo en nuestras oficinas, y en un negocio de ropa infantil de la zona de Las Ánimas.
Como ya lo apunté, el repentino interés de la Procuraduría de Puebla por esclarecer el atraco de dos computadoras –la mía y la de mi socia, Blanca Galindo Tello—se dio después de lo que escribí el 11 de septiembre bajo el título Negligencia y dolosas omisiones de la PGJ en el robo a e-consulta.
Desde entonces distintos agentes ministeriales han desfilado por las instalaciones del periódico, en la colonia Bella Vista, para citarme a diferentes diligencias con el propósito de que acredite la propiedad de las dos laptops que se robaron, para que presente a mi socia a declarar y para que haga lo propio con el personal que labora en el portal.
Frente a tal acoso, este lunes decidí presentar un escrito a la Procuraduría General de Justicia para dejar en claro por qué no compareceré y por qué considero ociosos los citatorios que se me hacen con el propósito no de esclarecer el hurto, sino de acallar las críticas de la CNDH respecto a la actuación de una docena de funcionarios de la dependencia.
A continuación los cinco puntos de mi alegato:
1.- Por la negligencia y dolosas omisiones en que han incurrido los ministerios públicos, peritos, policías ministeriales y demás funcionarios de la Procuraduría General de Justicia a cargo de las investigaciones e integración de la averiguación que por allanamiento y robo a las instalaciones del periódico digital e-consulta presenté el 25 de julio de 2013, es decir, hace casi 15 meses.
Negligencias y omisiones que, a decir del Quinto Visitador General de la CNDH, Fernando Batista Jiménez, “evidencian una falta de compromiso de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia con la cultura de la legalidad, así como un incumplimiento a la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” y una desatención a la Recomendación General número 20 de la CNDH sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante.
2.- Porque después de casi 15 meses no se va a esclarecer un extraño y violento robo cometido en mi agravio si las pruebas, huellas y otras periciales a las que tuvieron acceso los agentes, policías y peritos que estuvieron en las oficinas del periódico, las entregaron al Ministerio Público con ocho meses de atraso o nunca se integraron a la averiguación, porque la perito en dactiloscopia, Jasive Osorio García, dejó de laborar en la Procuraduría General de Justicia.
3.- Porque resulta inconcebible que los videos proporcionados por un servidor a los agentes investigadores, en distintos momentos, no se hayan integrado a la averiguación, no obstante que estos contienen valiosas imágenes del asaltante, captadas la madrugada del 25 de julio, y de otro robo cometido por este delincuente en una tienda de ropa de Las Ánimas.
Ambos videos son públicos y pueden verse en los siguientes links:
Video de asalto a tienda en Las Animas
4.- Porque tales videos ni siquiera son del conocimiento de la agente Guadalupe Francisca Baxin Xolot, a quien supuestamente se asignó la investigación del caso, según se desprende de las dos comparecencias que tuvo ante el Ministerio Público los días 9 de enero y 17 de marzo de 2014, situación que a juicio de la CNDH “pone en evidencia una investigación, además de tardía y deficiente, pues en ninguna de las referidas comparecencias la agente de la Policía Ministerial precisó los datos sobre el día y hora que realizó esas diligencias, la cantidad de vecinos que entrevistó o sus nombres y la ubicación de los lugares a los que acudió”.
5.- Porque la Procuraduría General de Justicia se niega a explorar, como línea o hipótesis de investigación, que la sustracción de los equipos de cómputo estuviera estrechamente vinculada con mi actividad profesional, mis columnas periodísticas o con futuras publicaciones a partir de los archivos de información política, noticiosa y confidencial que en ellos almacenaba.
No omito precisar que desde el 25 de julio de 2013 en que presenté mi denuncia, colaboré en todo momento con las autoridades, hasta percatarme que no existía voluntad política de llegar al fondo del asunto, sino sólo la intención de guardar las formas y simular una investigación que, como bien ha documentado la CNDH, ha sido negligente y dolosa.
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