Si el gobernador Rafael Moreno Valle no sale ya a ofrecer una disculpa pública, y destituye por lo menos a un secretario de su gabinete, la crisis que enfrenta por el caso Chalchihuapan, la Ley Bala y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, puede tornarse en un escándalo que arruine no sólo su proyecto presidencial, sino a toda su administración en lo que resta de su sexenio.

A juzgar por las acciones y el discurso de sus operadores políticos, de medios de comunicación y redes sociales, da la impresión que el Ejecutivo estatal no ha dimensionado el tamaño de la crisis, ni identificado las causas que la originaron, ni los costos políticos y sociales que tendrá en el mediano y largo plazos en términos de su credibilidad e imagen pública.

Mientras más tarde el gobernador Moreno Valle en disculparse y atender las causas reales que la originaron —su intolerancia y modo autocrático de gobernar— sus márgenes de maniobra y operación se harán cada vez más estrechos.

La crisis de la Ley Bala ya pasó de una fase aguda, caracterizada por la presión de los medios, las redes sociales y la espectacularización de la información, a una fase crónica en la cual los acontecimientos y el repudio de la opinión pública y publicada lo están obligando a pagar los efectos políticos, jurídicos y administrativos que propiciaron el desalojo violento de la autopista Puebla-Atlixco, con un saldo de 40 policías lesionados, un número similar de pobladores y la muerte de un niño de escasos 13 años de edad.

La abrogación de la Ley Bala es apenas el principio. Sin embargo esta acción resulta insuficiente dada la evolución de la crisis y los actores que se han involucrado en el conflicto que, dicho sea de paso, no se resolverá con millonarias gacetillas en medios nacionales, cuantiosas campañas o videos patrocinados en redes sociales, y la propagación de la insostenible versión oficial en medios locales carentes no sólo de lectores, radioescuchas o televidentes, sino de credibilidad y legitimidad.

Moreno Valle debe verse en el espejo de Mario Marín y el escándalo propiciado por la detención y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho por presiones del empresario Kamel Nacif.

Los errores que cometió el llamado Góber Precioso, los está repitiendo Moreno Valle y su equipo de asesores y operadores pero sin dimensionar que en ese caso hay una víctima en extremo sensible: un niño pobre, indígena y de apenas 13 años de edad, cuyo único pecado fue acompañar a su madre a una manifestación para reclamar la restitución de los servicios del registro civil a la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.

Otro factor fundamental que el gobernador no está valorando, y que es el mayor detonante del escándalo en que se encuentra inmerso, son los agraviados que ha dejado su administración: miles de burócratas despedidos; decenas de empresarios excluidos de los contratos de obra pública y prestación de servicios, o de concesiones de transporte público o centros de verificación vehicular;  decenas de activistas presos y periodistas amenazados; y millones de ciudadanos afectados por las elevadísimas fotomultas, las nuevas tarifas de agua, los retenes viales y los operativos alcoholímetro del fin de semana, el pésimo estado de los pavimentos y la realización de obras faraónicas carentes de sentido social.

Estas son las verdaderas causas de la crisis. La lamentable y trágica muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo fue sólo el detonante.

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¿Sabe usted a cuánto asciende el costo del “arreglo” al que hace unos días llegaron el gobierno del estado y TV Azteca para poner fin al linchamiento mediático que desde la televisora del Ajusco se lanzó contra el Ejecutivo estatal, después de que los directivos del Puebla de la Franja quisieron rescindir a esta empresa, el contrato de los derechos de transmisión de los partidos del futbol por el estadio Cuauhtémoc?

¡A 28 millones de pesos!, sí el monto que el gobierno del estado a través de Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios, invertirá para la celebración de un dizque festival internacional denominado  “Ciudad de las Ideas” que tendrá como sede la capital del estado del 6 al 8 de noviembre.

Pero si el monto es escandaloso, más lo son los argumentos que ayer tuvo que emplear el secretario de Finanzas del estado, Gerardo María Pérez Salazar, para justificar dicho chantaje de TV Azteca y su ex vicepresidente, el senador priísta Jorge Mendoza Garza.

El festival “Ciudad de las Ideas” es la versión corregida y aumentada de lo que fue la entrega de los Premios Oye en 2006, evento por el cual el gobierno marinista tuvo que pagar 21 millones de pesos a Televisa para que ésta lo dejara de joder con el caso del góber precioso.

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Una buena reunión de trabajo, por el ambiente y el clima de tolerancia y respeto  que privó en ella, fue la que ayer protagonizaron en el Salón “Carlos Castillo Peraza” del Grupo Parlamentario del PAN, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y los diputados y senadores que representan a la entidad en el Congreso de la Unión.

En la comida de trabajo, de 14 a 17 horas, la presidenta presentó a los legisladores un listado de proyectos estratégicos y prioritarios que requieren ser financiados con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2009, entre los que destacan obras de infraestructura básica en el Centro Histórico, donde urge cambiar algunas tuberías de agua y drenaje; el mantenimiento y ampliación de las principales vialidades de la capital, cuyo pavimento está agotado, y la construcción de parques metropolitanas en áreas verdes o reservas naturales que hoy están a punto de perderse.

La presentación técnica y presupuestal que Blanca Alcalá hizo a los diputados y senadores de sus proyectos y obras fue convincente, por lo que éstos —por conducto del panista José Antonio Díaz García— le expresaron que harán todo lo posible por incluirlos en el presupuesto del 2009 que en los próximos días será puesto a discusión de la Cámara Baja del Congreso de la Unión.

Durante el encuentro, en el que participaron también el diputado priísta Jorge Estefan Chidiac, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, y el senador panista Rafael Moreno Valle Rosas, la alcaldesa agradeció la disposición de los legisladores del PAN y PRD de apoyarla a pesar de su militancia priísta, y los panistas, en un tono autocrítico, reconocieron que a sus ex presidentes muncipales quizás les faltó el trato y disposición de Alcalá para que los priístas también respaldaran —con recursos— sus proyectos e iniciativas de gobierno.

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Una vez concluido el proceso de auscultación en las cuatro unidades académicas de la Universidad Autónoma de Puebla, donde el próximo 25 de septiembre habrá elecciones de director, todo se encuentra listo para que hoy se registren Rubén Romero Corona, que irá como candidato único o de unidad en la preparatoria Simón Bolivar de Atlixco, lo mismo que Santiago Aguilar Márquez, quien irá por un segundo periodo en la Facultad de Lenguas, donde se rechazó la solicitud de Isamel Garrido y Rivera por no cumplir con algunos requisitos establecidos en la convocatoria.

Donde sí habrá competencia, por acuerdo de las comisiones electorales que aceptaron más de un registro, será en las facultades de Ciencias Físico Matemáticas, donde el director Cupatitzio Ramírez Romero medirá fuerzas con Fernando Macías Ramírez, e Ingeniería Química, donde  participarán tres candidatos: Óscar Arroyo Porras, Luis Raúl Herrera Martínez y Tobías Mario Vargas Sánchez.

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 Nuevo director en Medicina de la UDLA
 Más de seis aspirantes a dirigir la CDH

Una de las peores secuelas que dejó el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro es haberle quitado a Mario Marín Torres la posibilidad de trascender a ámbitos de mayor influencia y responsabilidad política.

Esta situación no sólo es un lastre para el gobernador, sino para los poblanos que ahora tenemos que padecer un estilo de gobierno autocrático.

Si Mario Marín estuviera en condiciones de convertirse en un actor de peso en la sucesión presidencial del 2012 o de continuar su carrera política en alguna posición relevante dentro del próximo gobierno federal, el Congreso de la Unión o el Partido Revolucionario Institucional, su estilo de gobernar sería sin duda diferente.

Por lo menos, más cuidadoso de las formas.

Pero como Marín sabe que su carrera política concluirá con su sexenio, poco parece importarle la imagen y la percepción que la opinión pública, los medios de comunicación y los principales actores políticos y sociales tengan sobre su persona.

De ahí el poco interés que él y sus operadores políticos muestran para consensuar y sacar adelante proyectos como la concesión de los parquímetros, obras como el Libramiento Norte, iniciativas legales como la Ley de Transparencia y nombramientos como los de los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Acceso para la Información Pública.

Y de ahí también su atrevimiento –¿o valemadrismo?– para sostener al frente de la CAIP a un comisionado ilegítimo y deslegitimado como Antonio Juárez Acevedo; para oponerse a una Ley de Transparencia de avanzada como la que proponía Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), y para imponer su mayoría parlamentaria en la aprobación de su cuenta pública y en las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

O para concesionar, sin licitación pública de por medio el Libramiento Norte de la ciudad de Puebla a la empresa española OHL; para asignar en más de 450 millones de pesos las obras de mantenimiento de la vía Atlixcáyotl; para ahogar financieramente a la gestión de Blanca Alcalá Ruiz, cuyo presupuesto de obras en 2008 es inferior a 350 millones de pesos; para concesionar los parquímetros que se establecerán en el Centro Histórico y otras zonas de la Angelópolis a la empresa Jajomar, que cobrará la segunda tarifa por hora más alta del país; para quitarle a Verónica Mastretta Guzmán el comodato del Parque del Arte, y para tratar de imponer a Javier López Zavala como candidato del PRI a la gubernatura del estado.

EN CORTO

Este sábado, en el hotel Mesón del Molino, los principales dirigentes y operadores de medios del Partido Acción Nacional recibieron un curso de capacitación sobre marketing político, encuestas electorales y estrategias de comunicación, impartido por el director de Opina Consultoría Estratégica, Rigoberto Benítez Trujillo.

Al taller acudieron más de 25 panistas, incluidos el presidente estatal, Rafael Micalco Méndez y el dirigente municipal Bernardo Arrubarrena García, así como los directores y jefes de prensa del Comité Estatal, Comité Municipal y algunos ayuntamientos gobernados por alcaldes del blanquiazul.

También estuvieron diputados federales y diputados locales, así como los operadores de medios del senador Humberto Aguilar Coronado, de los diputados federales poblanos y del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del estado, entre otros.

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Invitado por el Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, dictará el próximo jueves 24 de los corrientes una conferencia bajo el título “Corrupción… la solución somos todos”.

El desayuno, abierto a socios y no socios de Coparmex, se efectuará a las 8:30 horas en el Salón Cantabria del Hotel Presidente Intercontinental.

Además de presidir el Consejo Directivo de Transparencia Mexicana, el escritor Federico Reyes Heroles es miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente del Consejo de Administración de la revista “Este País. Tendencias y Opiniones”.

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Desde la semana pasada corre la versión, que no hay que descartar, sobre el posible nombramiento de Hugo Eloy Meléndez Aguilar como futuro director de la carrera de Medicina de la Universidad de las Américas (UDLA), en sustitución de Alfredo Memije Neri.

La especie cobró mayor fuerza por la aparición de Hugo Eloy Meléndez en unas cápsulas informativas transmitidas por Discovery Channel, en las cuales el actual secretario administrativo de la UAP sale a cuadro, como instructor del “niño genio”, Andrew Almazán Anaya, enfundado en una bata blanca con el logotipo de la UDLA.

Como parte de la versión se dice que entre los posibles sustitutos de Hugo Eloy Aguilar en la Secretaría Administrativa de la UAP estarían Sara Amalia Vélez Mejía, Juan José Oroza y Fernando Santiesteban Llaguno.

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Entre los aspirantes que han decidido registrarse para dirigir la Comisión de Derechos Humanos, en sustitución de Cándido Flores Mendoza, apunte usted los nombres de Eva Griselda Lozada López, Ricardo Saldaña Arellano, Germán Molina Carrillo, Rodrigo Lazcano Fernández y María Dolores Aguilar Gómez.

De éstos, los que estarían más cerca del grupo marinista son Eva Griselda Lozada, compañera de estudios universitarios del gobernador Mario Marín Torres, al igual que Cándido Flores, y actual defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAP, y María Dolores Aguilar Gómez, representante de la Asociación de Abogados de Puebla.

Un personaje que también podría colarse, con la recomendación de Cándido Flores, es el actual responsable del Programa Indígena de la Comisión de Derechos Humanos CDH, Ricardo Saldaña.

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Ayer, durante la comida por el cumpleaños número 80 del periodista Enrique Montero Ponce, la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, se levantó para ir al tocador y estando en el baño sufrió un desvanecimiento. El incidente ocurrió alrededor de las 16 horas en el Club de Empresarios de Puebla, del hotel Presidente Intercontinental, donde tuvo lugar dicho festejo.

Pero qué necesidad

Este jueves el Congreso del estado aprobará las reformas a la Ley de Transparencia.

Si las reformas y adiciones serán de avanzada o si éstas se ajustarán estrictamente a lo establecido por el 6º constiticional, es algo todavía incierto.

Hasta ahora, y gracias a la presión de académicos, medios de comunicación y organizaciones ciudadanas, el grupo mayoritario dentro del Poder Legislativo, el PRI, ha flexibilizado su posición, pero no al grado de aceptar la autonomía de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) o de tipificar dentro de la propia Ley de Transparencia sanciones para los funcionarios que oculten, nieguen o escamoten la información pública que se les requiera.

El gobernador Mario Marín y la fracción parlamentaria del PRI tienen la gran oportunidad de darle a Puebla un jalón en materia de transparencia y rendición de cuentas o de mantener a la entidad en el sótano de la opacidad, con cambios de forma, pero no de fondo, o con reformas de apertura sujetas a tortuosos candados legales.

La estrategia de Casa Aguayo y de los diputados del PRI de querer sacar la cuenta pública del gobernador Mario Marín Torres, a cambio de una reforma de avanzada a la Ley de Transparencia, no sólo es equivocada, sino torpe, pues deja al imaginario colectivo la sensación de que algo turbio y podrido se enconde el estado de origen y aplicación de recursos del ejecutivo del estado en el ejercicio 2007.

Usar la reforma a la Ley de Transparencia como moneda de cambio, no sólo es un despropósito, sino una transacción inmoral, que dejará mal parados al gobernador y a los diputados del PRI y la oposición que se presten a esta negociación.

Ambos procesos, la aprobación de la Ley de Transparencia y la aprobación de la cuenta pública del gobernador, deben seguir sus propios derroteros.

En el primero, Mario Marín puede ganar legitimidad —que mucha falta le hace, después del escándalo en que se vio envuelto por el litigio con la periodista Lydia Cacho— con una reforma de avanzada, que dote de autonomía operativa, de gestión y de decisión a la CAIP; que facilite a los ciudadanos la obtención de información pública, a través de instrumentos ya probados como el Infomex; que convierta a partidos políticos, fideicomisos y demás instituciones que reciben financiamiento público en sujetos obligados de la Ley de Transparencia, y que fije plazos a las dependencias para publicar sus indicadores de gestión.

Por lo que hace a la cuenta pública, creo que el PRI debería redefinir su estrategia, partiendo de que tiene la mayoría, y de que aun con los votos de la oposición en contra, no existe ningún riesgo de que dicha cuenta se quede sin aprobar.

Si el PRI se abre al debate y reta a la oposición a que documente y pruebe las acusaciones e inconstencias que seguramente denunciará, pondrá a sus críticos contra la pared, pues estos no tendrán más remedio que probar sus dichos —cosa que hasta el momento no han hecho— o quedarse callados, a riesgos de ser exhibidos como diarréicos verbales.

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Aunque usted no lo crea, como diría Jack Palance en su célebre programa Ripley’s Believe It or Not!, entre el ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, y el gobernador Mario Marín Torres, ha habido más de un pacto político electoral.

Uno, ya lo confesó el propio Manuel Espino la semana pasada, cuando a un grupo de periodistas de la ciudad de México le confió que después del segundo debate presidencial, se reunió con 10 gobernadores priístas, entre ellos Mario Marín Torres, para pactar el triunfo de Felipe Calderón Hinojosa en las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006.

Hay que añadir, como información complementaria, que antes de que Manuel Espino hiciera públicos esos arreglos poco ortodoxos, dos personajes cercanísimos al entonces candidato presidencial del PAN, Juan Camilo Mouriño Terrazo y César Nava Vázquez, ya habían dado el primer paso en las concertacesiones electorales con los gobernadores priístas.

El actual secretario de Gobernación, junto con el hoy secretario particular de Felipe Calderón tuvieron su primer acuerdo con los gobernadores priístas Nuevo León, Natividad González Parás, y del estado de México, Enrique Peña Nieto.

Pero no nos distraigamos, y menos cuando del primer arreglo entre Manuel Espino y Mario Marín ya nos ocupamos el pasado 3 de julio, en este mismo blog.

Ahora vayamos al segundo pacto.

Éste tuvo lugar el 5 de mayo de 2007. Sí, el mismo día del desfile cívico militar, con motivo del 145 aniversario de la gesta heroica de Puebla.

Ese sábado Felipe Calderón y el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, no fueron los únicos que volaron a Puebla.

También lo hicieron, aunque por separado, Manuel Espino y Carlos Salomón Cámara, éste último en su rol de publirrelacionista. Ambos se entrevistaron con el gobernador, y el acuerdo que selló el primero y del que fue testigo privilegiado el segundo, fue también electoral.

Los priístas, en la persona de Marín, se comprometieron a no hacer escarnio de la figura presidencial en la campaña de diputados al Congreso del estado y de presidentes municipales, y los panistas, a su vez, a olvidarse del caso del góber precioso y la periodista Lydia Cacho.

De ahí que al inicio de la campaña electoral del 2007, Manuel Espino aprovechó el seminario de capacitación que el PAN ofreció a sus candidatos en el cristiano Colegio Intercanadiense de San Pedro Cholula para tirar línea a sus candidatos: “No necesitamos del escándalo Marín-Cacho para ganar las elecciones”.

Las declaraciones de Manuel Espino se produjeron el domingo 19 de agosto de 2007, y fueron seguidas al pie de la letra por el dirigente estatal panista, Rafael Micalco Méndez, quien ese día no se cansó de repetir que su partido no recurriría al caso Marín-Cacho como estrategia electoral, pues sus candidatos harían campañas de altura y con propuestas reales.

Y así les fue a los panistas.

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Si quiere consultar más información sobre el tema, revise la siguiente nota bajo la firma de Ignacio Juárez Galindo o la crónica publicada ese mismo día por Mario Martell en Intolerancia.

– Ni “guerra sucia” ni excesiva confianza, insta Manuel Espino a panistas
– Desconoce Espino su origen político

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