Para no andar dando palos de ciego o exhibiéndose como ignorantes de la Ley, bien valdría la pena que los críticos de las reformas electorales en materia de candidaturas independientes, recientemente aprobadas por el Congreso de Puebla, primero se informaran de las autoridades competentes para la promoción de una acción de inconstitucionalidad.

Lo anterior viene a cuento por el ridículo que senadores y dirigentes de organizaciones civiles hicieron ayer miércoles en el Senado de la República para conseguir firmas de apoyo contra la llamada Ley anti Bronco de Puebla que limita con requisitos excesivos las candidaturas independientes o ciudadanas.

Entre los poblanos que ayer acudieron al Senado destacan el ex presidente municipal de Puebla y dirigente de la organización G2G, Gabriel Hinojosa Rivero, el ex candidato independiente a diputado federal, Alberto Merlo y el ex candidato a la gubernatura e integrante del Congreso Nacional Ciudadano, Ricardo Villa Escalera.

Lo primero que senadores y activistas deberían saber es que ya existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre quiénes se encuentran legitimados para presentar una acción de inconstitucionalidad, como la que pretenden promover contra el Congreso Local por las reformas que hizo al Código de Instituciones y Procesos Electorales de Puebla.

Dicha tesis jurisprudencial dice que los sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad contra leyes locales, como el Código Electoral de Puebla, son:

1. El 33% de los Diputados de la Legislatura Local que corresponda; 2. El Procurador General de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro en el Estado de que se trate, siempre y cuando se impugne una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los órganos estatales protectores de derechos humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal.

Como el lector se habrá percatado, el Senado o un tercio de los senadores, no está legitimado para presentar un recurso que eche abajo las reformas anti Bronco aprobadas por el Congreso de Puebla.

Una de dos: O los senadores Luis Miguel Barbosa, Martha Tagle y Armando Ríos Píter les tomaron el pelo a los diez activistas de Puebla que ayer acudieron a la Cámara Alta para pedir su apoyo, o éstos y aquéllos desconocen e ignoran la Ley.

Ojalá sea la primero.

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Los días 1 y 2 de octubre Puebla será sede de un coloquio internacional sobre el futuro de la izquierda que reunirá a intelectuales, académicos, y dirigentes del extinto Partido Comunista, así como del PRD y Morena.

El coloquio titulado “La izquierda que no quería crecer. Límites y perspectivas de un proyecto de nación relegado” será organizado y tendrá como sede el Instituto de Ciencias Jurídicas que dirige Germán Molina Carrillo y el investigador César Cansino.

Los ponentes se dividirán en cuatro mesas de trabajo, y entre los participantes confirmados se encuentran el dirigente nacional de Morena, Martí Batres; el ex diputado federal Fernando Belaunzarán, uno de los aspirantes a la dirigencia nacional del PRD; y los ex perredistas Gerardo Fernández Noroña y José Antonio Rueda Márquez.

Entre los académicos que acudirán al coloquio destacan John Ackermann, José Antonio Crespo, Ugo Pipitone, Lucía Álvarez Enríquez y Carlos Figueroa, entre otros.

A las mesas también se sumaron académicos y políticos poblanos como Víctor Reynoso, Juan Calvillo Barrios, Enrique Condés Lara y la ex diputada federal Roxana Luna Porquillo.

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Se confirmó lo que aquí le había anticipado: que Eukid Castañón Herrera no sería presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sino vicecoordinador de la bancada del PAN en San Lázaro.

Eukid fue designado por el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Marko Cortés Mendoza, como vicecoordinador político, lo cual le permitirá formar parte del órgano de gobierno de la Cámara de Diputados.

De los diez vicecoordinadores que este jueves nombró Marko Cortés, la Vicecoordinación Política es sin duda la más importante, lo que refleja que el gobernador Rafael Moreno Valle y el propio Eukid Castañón hicieron valer el apoyo que tienen de 40 de los 108 diputados de la fracción panista.

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La Secretaría de Educación Pública del estado acaba de liberar unos 40 Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios de Tipo Superior (RVOES) para once universidades poblanas, lo que desactiva los amparos y demás acciones legales que se preparaban para evidenciar el rezago de años en esta materia.

Los RVOES se liberaron este jueves y, en todos los casos, las universidades favorecidas con dichas autorizaciones pertenecen a la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior (AUIEMSS).

Entre las instituciones beneficiadas con nuevos RVOES destacan la Universidad de Puebla (UniPue) de Gabriel Reyes Cardoso; el Instituto Universitario de Puebla, de Gustavo Santín Nieto, la Escuela Libre de Psicología, el Colegio Miguel Hidalgo y el Instituto de Ciencias Jurídicas, de Germán Molina Carrillo.

Así como la Universidad Angelópolis del Valle de Atlixco, la Universidad Tolteca, de José Doger Corte; el Centro Mexicano de Estomatología, de Víctor Hugo Toledo Minutti; el Centro Mexicano Universitario de Ciencias y Humanidades, de Marco Antonio Cubillo León y la Universidad Benito Juárez, de Jorge Sánchez Zacarías.

Trascendió que uno de los personajes que a nivel nacional influyó para que la SEP de Puebla liberara los RVOES que tenía atorados desde hace años fue el diputado federal Agustín Miguel Alonso Raya, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Legislatura que está por concluir sus funciones.

De igual forma trascendió que en los próximos días se efectuará otra reunión entre directivos de universidades particulares, la subsecretaria de Educación de la SEP, María del Carmen Salvatori Bronca y el subdirector de Enseñanza e Investigación de la Secretaría de Salud, Rodolfo Gines Martínez Fernández, para apresurar el otorgamiento de otros RVOES cuya autorización depende de la Comisión Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos e Investigación en Salud.

Entre los RVOES liberados por la SEP estatal destacan algunos de licenciatura en criminalística, pedagogía, derecho, psicología y gastronomía, así como maestrías en Evaluación Educativa y Competencias Docentes y un doctorado en Alta Dirección de Negocios.

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¿Quién es Petra Llamas García, que cobra como directora de Control Escolar de la Secretaría de Educación Pública del estado, y antes lo hizo como coordinadora académica de la Universidad del Desarrollo (Unides)?

¿Por qué a pesar de su nacionalidad española se desempeña como alta funcionaria de la SEP en la entidad?

¿Quién la contrató o recontrató en esta administración estatal?

¿Por qué la SEP ha demorado, más allá del tiempo legal permitido, la respuesta a la solicitud de información pública que se le hizo sobre su título y cédula profesional?

¿Será por qué de veras es española y tanto sus estudios de licenciatura como de maestría no están validados en México?

¿Cómo una gente que no tiene sus estudios profesionales regularizados en México pudo encargarse del área académica de la Unides, que se supone se creó para titular por experiencia a aquellos que, teniendo años de desempeñar una actividad profesional, carecían de título o cédula profesional?

Son preguntas, que conste.

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 Nuevo director en Medicina de la UDLA
 Más de seis aspirantes a dirigir la CDH

Una de las peores secuelas que dejó el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro es haberle quitado a Mario Marín Torres la posibilidad de trascender a ámbitos de mayor influencia y responsabilidad política.

Esta situación no sólo es un lastre para el gobernador, sino para los poblanos que ahora tenemos que padecer un estilo de gobierno autocrático.

Si Mario Marín estuviera en condiciones de convertirse en un actor de peso en la sucesión presidencial del 2012 o de continuar su carrera política en alguna posición relevante dentro del próximo gobierno federal, el Congreso de la Unión o el Partido Revolucionario Institucional, su estilo de gobernar sería sin duda diferente.

Por lo menos, más cuidadoso de las formas.

Pero como Marín sabe que su carrera política concluirá con su sexenio, poco parece importarle la imagen y la percepción que la opinión pública, los medios de comunicación y los principales actores políticos y sociales tengan sobre su persona.

De ahí el poco interés que él y sus operadores políticos muestran para consensuar y sacar adelante proyectos como la concesión de los parquímetros, obras como el Libramiento Norte, iniciativas legales como la Ley de Transparencia y nombramientos como los de los presidentes de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Acceso para la Información Pública.

Y de ahí también su atrevimiento –¿o valemadrismo?– para sostener al frente de la CAIP a un comisionado ilegítimo y deslegitimado como Antonio Juárez Acevedo; para oponerse a una Ley de Transparencia de avanzada como la que proponía Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), y para imponer su mayoría parlamentaria en la aprobación de su cuenta pública y en las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

O para concesionar, sin licitación pública de por medio el Libramiento Norte de la ciudad de Puebla a la empresa española OHL; para asignar en más de 450 millones de pesos las obras de mantenimiento de la vía Atlixcáyotl; para ahogar financieramente a la gestión de Blanca Alcalá Ruiz, cuyo presupuesto de obras en 2008 es inferior a 350 millones de pesos; para concesionar los parquímetros que se establecerán en el Centro Histórico y otras zonas de la Angelópolis a la empresa Jajomar, que cobrará la segunda tarifa por hora más alta del país; para quitarle a Verónica Mastretta Guzmán el comodato del Parque del Arte, y para tratar de imponer a Javier López Zavala como candidato del PRI a la gubernatura del estado.

EN CORTO

Este sábado, en el hotel Mesón del Molino, los principales dirigentes y operadores de medios del Partido Acción Nacional recibieron un curso de capacitación sobre marketing político, encuestas electorales y estrategias de comunicación, impartido por el director de Opina Consultoría Estratégica, Rigoberto Benítez Trujillo.

Al taller acudieron más de 25 panistas, incluidos el presidente estatal, Rafael Micalco Méndez y el dirigente municipal Bernardo Arrubarrena García, así como los directores y jefes de prensa del Comité Estatal, Comité Municipal y algunos ayuntamientos gobernados por alcaldes del blanquiazul.

También estuvieron diputados federales y diputados locales, así como los operadores de medios del senador Humberto Aguilar Coronado, de los diputados federales poblanos y del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del estado, entre otros.

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Invitado por el Centro Empresarial de Puebla (Coparmex), el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, dictará el próximo jueves 24 de los corrientes una conferencia bajo el título “Corrupción… la solución somos todos”.

El desayuno, abierto a socios y no socios de Coparmex, se efectuará a las 8:30 horas en el Salón Cantabria del Hotel Presidente Intercontinental.

Además de presidir el Consejo Directivo de Transparencia Mexicana, el escritor Federico Reyes Heroles es miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente del Consejo de Administración de la revista “Este País. Tendencias y Opiniones”.

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Desde la semana pasada corre la versión, que no hay que descartar, sobre el posible nombramiento de Hugo Eloy Meléndez Aguilar como futuro director de la carrera de Medicina de la Universidad de las Américas (UDLA), en sustitución de Alfredo Memije Neri.

La especie cobró mayor fuerza por la aparición de Hugo Eloy Meléndez en unas cápsulas informativas transmitidas por Discovery Channel, en las cuales el actual secretario administrativo de la UAP sale a cuadro, como instructor del “niño genio”, Andrew Almazán Anaya, enfundado en una bata blanca con el logotipo de la UDLA.

Como parte de la versión se dice que entre los posibles sustitutos de Hugo Eloy Aguilar en la Secretaría Administrativa de la UAP estarían Sara Amalia Vélez Mejía, Juan José Oroza y Fernando Santiesteban Llaguno.

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Entre los aspirantes que han decidido registrarse para dirigir la Comisión de Derechos Humanos, en sustitución de Cándido Flores Mendoza, apunte usted los nombres de Eva Griselda Lozada López, Ricardo Saldaña Arellano, Germán Molina Carrillo, Rodrigo Lazcano Fernández y María Dolores Aguilar Gómez.

De éstos, los que estarían más cerca del grupo marinista son Eva Griselda Lozada, compañera de estudios universitarios del gobernador Mario Marín Torres, al igual que Cándido Flores, y actual defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAP, y María Dolores Aguilar Gómez, representante de la Asociación de Abogados de Puebla.

Un personaje que también podría colarse, con la recomendación de Cándido Flores, es el actual responsable del Programa Indígena de la Comisión de Derechos Humanos CDH, Ricardo Saldaña.

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