Antes de que concluya esta semana los diputados de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior (OFS) del Congreso del estado tendrán en su escritorio copia de la denuncia que su compañero de curul José Manuel Janeiro Fernández formuló por el probable delito de evasión fiscal en contra del secretario de Finanzas del gobierno del estado, Gerardo María Pérez Salazar.

La intención del legislador panista es, por un lado, evidenciar la labor de fiscalización del OFS y su auditor general Víctor Manuel Hernández Quintana, a quien le pasó de noche un hoyo fiscal de alrededor de 3,500 millones de pesos y, por otro lado, cuestionar la prisa de los legisladores priístas por aprobar al vapor la cuenta pública del gobernador Mario Marín Torres correspondiente al 2010.

Para el diputado Janeiro tanto el auditor externo como el auditor general del OFS son corresponsables del probable delito de evasión fiscal en que incurrieron diversos funcionarios de la Secretaría de Finanzas, al callar u omitir en sus dictámenes el no pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) respecto a los ingresos de carácter extraordinario pagados a la burocracia estatal entre 2005 y 2010.

«El gobierno del estado de Puebla, como cualquier patrón, tenía (y tiene) la obligación de retener el ISR a sus trabajadores y entregarlo al Servicio de Administración Tributaria (SAT)», se lee en uno de los párrafos de la denuncia presentada por el legislador panista ante la Administración Local de Asistencia al Contribuyente Puebla Norte, en los primeros días de octubre.

En su querella, que sirvió de base para que la Secretaría de Hacienda iniciara una auditoría fiscal al gobierno del estado, Janeiro Fernández cuestiona: «con qué autoridad la Secretaría de Finanzas puede cobrar impuestos si es la primera en evadir sumas millonarias… es indignante que el mismo gobierno fortalezca la visión de que es tonto el contribuyente cumplido».

La denuncia formulada por el diputado panista se acompaña de dos anexos, uno que contiene un informe del OFS sobre la cuenta pública del ejercicio 2007, donde se reconoce que el gobierno del estado no retiene a sus trabajadores el ISR de las compensaciones (J1 a J9) que paga a sus trabajadores y, una respuesta de la Secretaría de Finanzas en la que reconoce que al 23 de agosto de 2010 no se había adherido al decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales en materia de Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008.

El propósito de la denuncia de Janeiro es, como ya se dijo, poner en tela de duda la labor de fiscalización del OFS e impedir que la cuenta pública del gobernador Mario Marín correspondiente a su último año de gestión se apruebe fast track, a partir de cuestionar por qué si el gobierno estatal recibió entre 2005 y 2010 más de 30 mil millones de pesos de recursos extras, no pudo destinar el 10% de esa cantidad para cumplir con sus obligaciones fiscales.

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Simón dice:

«Se conocen infinitas clases de necios; la más deplorable es la de los parlanchines empeñados en demostrar que tienen talento.»

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)　Médico español.

* De 2005 a la fecha el gobierno evade el ISR por compensaciones

* Se estima que el adeudo podría ascender a 3,500 millones de pesos

A raíz de lo aquí publicado sobre el adeudo de casi 3,500 millones de pesos del gobierno del estado a la federación por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y la denuncia que por evasión fiscal presentó el diputado José Manuel Janeiro Fernández en contra de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inició una auditoría a la administración marinista.

El propósito de la auditoría, que se inició hace un par de semanas en el domicilio de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado, es estimar a cuánto asciende la suma de ISR que la administración marinista no entera a la Secretaría de Hacienda —de 2005 a la fecha— por las compensaciones no gravadas que quincena con quincena cubre a sus funcionarios.

El pasado 12 de septiembre le adelantaba aquí que uno de los puntos conflictivos en la entrega-recepción de la administración estatal sería sin duda, el fiscal, por un adeudo de más de 3 mil 500 millones de pesos por concepto de ISR, producto de la diferencia entre lo que el gobierno del estado debe pagar y lo que en realidad cubre a la Secretaría de Hacienda por este gravamen.

Le decía que incluso el subsecretario de Egresos, David Villa Issa, ya tenía un estimado de ese hoyo fiscal, a partir de la suma no enterada de 2005 a 2009 por las compensaciones exentas de ISR que el gobierno marinista pagó a su burocracia dorada.

Según ese diagnóstico, en 2005 la Secretaría de Finanzas debía pagar 518 millones de pesos de ISR por el total de su nómina, pero sólo cubrió 189 millones, historia que se repitió en los años subsecuentes.

En 2006, sólo pagó 229 millones de un total de 528 millones; en 2007, 271 millones de 603 millones; en 2008 1,039 millones de un total de 1,798 millones; y en 2009, 1,098 millones de un total de 2,094 millones de pesos.

Tal situación no pasó inadvertida para algunos actores políticos. El legislador panista José Manuel Janeiro se subió al tema y en la primera semana de octubre se apersonó en la oficina Puebla Norte de la Administración Local de Asistencia al Contribuyente del SAT para denunciar a la Secretaría de Finanzas y a sus principales funcionarios —Gerardo María Pérez Salazar y David Villa Issa— de evasión fiscal.

En su querella el diputado local sostiene que los funcionarios arriba mencionados son responsables del delito de evasión por no pagar a la Secretaría de Hacienda el ISR de las compensaciones salariales de los funcionarios del gobierno del estado, a pesar de la obligación que tienen de hacerlo, por disposición o sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y por rehusarse a suscribir un convenio de quitas con la Federación para regularizar esa situación.

A partir de la denuncia de Janeiro, la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria abrió una investigación e inició una auditoría en las oficinas centrales de la Secretaría de Finanzas para documentar a cuánto ascienden los adeudos fiscales del gobierno del estado por concepto de ISR y para determinar si su titular Gerardo Pérez Salazar o el subsecretario de Egresos, David Villa Issa, incurrieron en alguna responsabilidad penal o administrativa por no cobrarlos, ni enterarlos a la Federación.

EN CORTO

Tómelo con reserva, pero una fuente digna de crédito me asegura, en consonancia con lo aquí publicado el domingo 17 de octubre, que la Unidad de Inteligencia Financiera del Secretaría de Hacienda investiga a diversos funcionarios de la administración estatal saliente por llevar una forma de vida que no corresponde a su nivel de ingresos como servidores públicos.

Entre los secretarios y colaboradores de Mario Marín que estarían siendo investigados por esta instancia federal destacan el secretario de Finanzas, Gerardo Pérez Salazar; el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Javier García Ramírez, y el exdiputado federal Jorge Estefan Chidiac.

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Este domingo se aseguró que la actual delegación del PAN en el municipio de Puebla, a cargo de Miguel Méndez Gutiérrez, pueda recuperar el estatus de Comité que perdió hace un año, una vez que han acudido a registrase para participar en la asamblea del próximo 7 de noviembre 1,100 miembros activos.

El quórum mínimo requerido para la convención era de 1,026 miembros activos, es decir, un tercio de los que aparecen en el padrón oficial del PAN en la capital del estado.

Ahora el reto del candidato único a la dirigencia municipal panista Gerardo Maldonado Balvanera será garantizar que al menos la mitad de los panistas que se inscribieron asistan a la convención del próximo domingo y que la mayoría de éstos lo apoye para presidir el Comité Directivo Municipal.

La convención está prevista para el domingo 7 de noviembre en el Salón La Luz del Centro de Convenciones, a partir de las 9 de la mañana.

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Cuentan que en la gira que por diferentes ciudades y universidades de España realizó el rector de la BUAP en compañía de cuatro de sus colaboradores —José Ramón Eguibar Cuenca, Jaime Vázquez López, Alfonso Esparza Ortiz y Pedro Hugo Hernández Tejeda—, hubo un momento en que Enrique Agüera Ibáñez les dijo que uno de ellos se convertiría en su sucesor.

Lo interesante de la anécdota, según la fuente, es que esa confidencia se dio durante una cena en la que no estuvo presente el vicerrector de Investigación y Estudios de Postgrado, Pedro Hugo Hernández, y que después de ese encuentro hubo otro pero sólo entre el tesorero Alfonso Esparza y el vicerrector de Docencia, Jaime Vázquez.

De acuerdo con la misma fuente ambos personajes advirtieron el riesgo de que José Ramón Eguibar pudiera despuntar, en el contexto de la nueva realidad política del estado y de la BUAP, e hicieron un pacto de no agresión y de que uno se sumaría al otro cuando finalmente se decidiera cuál de los dos sería nominado para la rectoría de la máxima casa de estudios.

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Simón dice:

«El que no piensa en sus deberes sino cuando se los recuerdan, no es digno de estimación.»

Plauto (254 AC-184 AC). Dramaturgo cómico romano.

 * Javier García Ramírez, bajo la lupa de Moreno Valle

* Blas Villegas, a punto de ser sancionado por Sedecap

* Óscar Gómez podría regresar a Puebla como funcionario

Hay secretarios que no entienden que el sexenio ya terminó , fue la queja que un alto funcionario de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) llevó hace unos días al gobernador Mario Marín Torres, advirtiéndole de los problemas que seguramente tendrían que encarar en la entrega-recepción de la administración estatal.

Pero también de las pesquisas que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) inició en contra de tres secretarios del gabinete marinista: Javier García Ramírez, José Alfredo Arango García y Gerardo María Pérez Salazar, para corroborar por qué la forma de vida que éstos se dan no corresponde a su nivel de ingresos como servidores públicos.

La preocupación del funcionario de la Sedecap es que tales secretarios estaban dando poca importancia al tema de la entrega de la administración, al mostrar una actitud anodina en el cierre de algunos expedientes de obra y adjudicaciones que se requieren para la cuenta pública de este año, o comportándose como si el sexenio no se fuera a terminar a juzgar por los excesos en su estilo de vida.

Por respuesta el gobernador le dijo que él ya había sido muy claro con sus secretarios y colaboradores, a los que reunió al día siguiente de las elecciones del 4 de julio para hacerles saber que el PRI habría perdido las elecciones y que todos debían prepararse para entregar las oficinas, sacar los pendientes que aun tuvieran y terminar las obras inconclusas, ya que él no metería las manos por aquellos que hubieran caído en abusos como servidores públicos.

Sobre el particular habría que destacar que a mediados de la semana que concluye, el gobernador electo Rafael Moreno Valle Rosas estuvo en la residencia oficial de Los Pinos, y que ahí dejó entrever la posibilidad de abrir procesos administrativos y penales en contra de algunos funcionarios de la administración saliente.

En concreto —según adelantó el jueves por la mañana la Silla Rota en Twitter— de Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

El leit motiv para iniciar estos procedimientos se funda en dos importantes factores: uno, la demanda de los poblanos de que los abusos y excesos cometidos por Mario Marín y sus funcionarios sean castigados y, dos, los sobrecostos de algunas obras como el nuevo Centro Expositor en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Según la encuesta que el equipo de transición de Moreno Valle mandó a realizar a la firma Parametría, el 69% de los poblanos cree que la mayoría de los funcionarios del gobernador cometió delitos; el 60% confía que el nuevo gobernador no dejará en la impunidad tales excesos, y el 51% que Mario Marín incurrió en algún delito durante su gobierno.

El segundo factor que motiva a Moreno Valle a proceder contra García Ramírez es la fundada sospecha de algunas obras de la gestión marinista que han registrado sobrecostos de hasta del 100% respecto a los contratos originalmente asignados quedarán inconclusas, como el Centro Expositor que ya suma 2,000 millones de pesos de inversión y aún no se termina.

EN CORTO

Profesionistas exitosos que en el sexenio de Melquiades Morales Flores fueron contratados como funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social, pero que en la gestión Mario Marín Torres fueron echados del gobierno, están siendo localizados y reclutados por Fernando Manzanilla Prieto, coordinador general del equipo de transición del gobernador electo Rafael Moreno Valle.

Se sabe que entre los elegidos se encuentran Luis Banck Serrato, director ejecutivo de Asuntos Corporativos de la aseguradora internacional MetLife, y Óscar Gómez Cruz, extitular de la Comisión de Modernización e Innovación Gubernamental de Tabasco durante la gestión de Manuel Andrade Díaz, y actual asesor del gobernador electo de Quintana Roo, el priísta Roberto Borge Angulo.

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El exdirector general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), Blas Villegas Lara, se encuentra sujeto a cuatro procedimientos administrativos —uno de los cuales podría convertirse en penal— por malversación y desvío de recursos públicos federales, dependiendo de lo que hagan o dejen de hacer en estos días el titular de la Seduop, Javier García, y el coordinador de Delegados y Comisarías de la Sedecap, Vicente Gil Luna.

De acuerdo con fuentes de la Sedecap cercanas al caso, algunas de las anomalías estarían relacionadas con adjudicaciones hechas a la empresa Orbe, de Gerardo Ornelas, la que habría vendido al organismo más de dos millones de pesos en vehículos, equipo de video, cómputo y consumibles, a sobreprecios o como si fueran nuevos sin serlo.

Otro procedimiento tendría como base la falsificación de facturas por concepto de llantas, papelería y otros insumos que jamás fueron adquiridos por el Ceaspue.

Los procedimientos administrativos podrían alcanzar a otros funcionarios del Ceaspue en la gestión de Mario Marín, como al director administrativo de la Comisión, Sergio Aguilar de Llano, y el director de Planeación, Alejandro Pérez Morales, quienes habrían simulado la ejecución de obras pública (plantas de tratamiento) en algunos municipios de la entidad.

Blas Villegas se desempeña actualmente como titular de la Agencia de Protección al Medio Ambiente del ayuntamiento de Puebla.

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Invitado por la BUAP y el Congreso del estado a través de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, el doctor Will Fowler dictará este lunes al mediodía una conferencia sobre uno de los personajes más polémicos y controvertidos en la historia política de México, Antonio López de Santa Anna.

Fowler es doctor en historia por la Universidad de San Andrews, Escocia ; especialista en pensamiento político mexicano del siglo XIX, y autor de varios textos biográficos entre ellos su más reciente libro «Santa Anna of Mexico» que le editó en 2007 la Universidad de Nebraska, Estados Unidos,

Su conferencia comenzará a las 12 horas, en el salón Miguel Hidalgo del Palacio Legislativo .

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Simón dice:

«El hombre arruinado lee su condición en los ojos de los demás con tanta rapidez que él mismo siente su caída.»

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

Ayer la decía que la única posibilidad de que la coalición opositora Compromiso por Puebla postulara a Amy Camacho Wardle como candidata a la alcaldía capitalina sería que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN la designara por dedazo, ahorrándose la elección interna y dejando colgados de la brocha al senador Humberto Aguilar Coronado y al diputado local con licencia Eduardo Rivera Pérez.

Pues este escenario —que ayer le pronosticaba como imposible, dado el malestar que hay entre la militancia panista de Puebla—, podría hacerse realidad si entre este miércoles y jueves la dirigencia nacional del PAN no emite la convocatoria respectiva para el proceso interno.

Y es que de acuerdo con los tiempos previstos en el Código de Instituciones y Procesos Electorales, el plazo para las precampañas se agota el 21 de marzo, lo que significa que si antes de esta semana no hay convocatoria, el proceso interno del PAN para elegir candidato a la presidencia municipal de Puebla quedaría suspendido.

Sí, suspendido. Porque no habría tiempo para organizar una elección en el municipio de Puebla con centros de votación sólo para miembros activos, ni tampoco para que los aspirantes panistas a suceder a Blanca Alcalá Ruiz —los ya citados Humberto Aguilar y Eduardo Rivera— tuvieran al menos tres semanas de precampaña.

Esta situación no es desconocida para la dirigencia estatal del PAN, ni tampoco para los operadores de los aspirantes panistas a la presidencia municipal de Puebla, que temen un albazo por parte del Comité Ejecutivo Nacional a favor de la empresaria y directora del parque zoológico Africam Safari, Amy Camacho.

Y sus temores son fundados por las largas y evasivas del dirigente nacional panista, César Nava Vázquez; del presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, José Espina von Roehrich; y del secretario general adjunto de Fortalecimiento Interno del CEN, Alfredo Rivadeneira Hernández, quienes no atinan a darles una fecha de cuándo, por fin, se publicará la ansiada convocatoria.

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El diputado panista José Manuel Janeiro Fernández presentó este martes una denuncia ante la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) en contra del secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, y tres de los subsecretarios de la dependencia: Juan Alberto Armendáriz Martínez, de Ingresos; David Villa Issa, de Egresos; y Jorge Luis Mendoza Velarde, de Administración.

En su denuncia, el legislador sostiene que los cuatro funcionarios violaron e incumplieron la Ley de Coordinación Hacendaria del estado de Puebla –que sustituyó la Ley para el Federalismo Hacendario, también conocida como Ley Bartlett— que los mismos diputados priístas propusieron y aprobaron en el Congreso local en marzo de 2009.

Dicha legislación establece que los funcionarios arriba citados tenían obligación de crear el Sistema de coordinación hacendaria del estado y sus municipios, y de constituir la Asamblea de funcionarios hacendarios del estado, con la participación de los presidentes y tesoreros de los 217 ayuntamientos de la entidad, con el propósito de fijar lineamientos y políticas encaminadas a optimizar y potenciar los recursos fiscales –federales y estatales— destinados a los municipios del territorio poblano.

Esta es la segunda denuncia que el diputado Janeiro Fernández promueve ante la Sedecap en contra del secretario de Finanzas y algunos subsecretarios de la dependencia.

En la primera, presentada en marzo de 2009, el legislador panista acusó a dichos funcionarios de ocultar información sobre los distintos fondos del ramo 28 asignados a los 217 municipios de la entidad, asunto que le generó una andanada de críticas, pero que finalmente logró su propósito, pues a partir del año pasado la Secretaría de Finanzas publica trimestralmente esos reportes en su página de internet.

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Simón dice:

«Humano es errar; pero sólo los estúpidos perseveran en el error».

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

La secretaria general del Comité Municipal del PRI, Enoé González Cabrera, fue testigo de un airado reclamo que el expresidente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero, le hizo al dirigente estatal de la CTM y candidato a diputado federal por el distrito 12, Leobardo Soto Martínez, por su discurso del viernes en la explanada del estadio Cuauhtémoc.

Y es que ese día, en presencia de la dirigente nacional del PRI, Leobardo Soto dijo en su intervención, en nombre de sus compañeros candidatos a diputados federales, que su partido ganaría las elecciones del domingo 5 de julio gracias, entre otras cosas, al apoyo y participación de personajes como el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, y el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano.

Doger se reencontró este lunes a Leobardo Soto, en un acto de campaña en San Miguel Canoa, y ahí, sin ambages, le recriminó su discurso y el haberlo ignorado en sus agradecimientos. Lo que haces, le dijo en tono airado, es contribuir a la inequidad del proceso.

El líder cetemista quiso justificarse. Yo sólo quise interpretar las señales enviadas por el gobernador Mario Marín al llegar al evento en compañía de López Zavala y Mario Montero.

Doger le exigió que leyera mejor las señales y que en todo caso él, como candidato a diputado federal, debió mencionar a todos los aspirantes a la gubernatura, y no sólo a Zavala y a Montero. Eso es inequidad, le insistió.

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La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, realizó este sábado una gira de trabajo a San Miguel Canoa, donde entregó módulos sanitarios (letrinas) a los vecinos de esta junta auxiliar.

A la gira fue invitada la diputada local del distrito 2, María Angélica Hernández Hernández, quien en su intervención agradeció al secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, los apoyos que durante esa semana había hecho llegar a los pobladores de Canoa.

El discurso de la legisladora priísta sorprendió a la presidenta Blanca Alcalá y a los secretarios y funcionarios que la acompañaban, pues no venía al caso la mención a López Zavala, y menos tratándose de un acto organizado por el ayuntamiento de Puebla, que fue el que costeó los módulos sanitarios ahí entregados.

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Lo aquí anticipado se cumplió este martes en la comparecencia del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo María Pérez Salazar, ante los diputados miembros de la Comisión de Hacienda del Congreso del estado.

El funcionario se dedicó —y no le falta razón— a cuestionar los desatinos de la política económica del presidente Felipe Calderón, y los diputados panistas —con José Manuel Janeiro a la cabeza— a cuestionar la opacidad del gobierno de Mario Marín en rubros como la distribución de participaciones federales a municipios.

El caso es que al final de la presentación que Pérez Salazar llevó a su comparencia, se asienta un tema que seguramente levantará polémica, por lo impopular de la medida y porque el gobierno estatal aún no cumple con lo ofrecido en el pasado reciente: cobrar un nuevo canje de placas, que tendrá carácter de obligatorio y forzoso, como una iniciativa para que el Estado se haga de nuevos recursos, que compensen la caída en las participaciones federales.

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Simón dice:

“Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda”.
Martin Luther King (1929-1968). Religioso estadounidense.

Diputados del PRI y el PAN le preparan celada
Deloya se promociona con recursos públicos

No son pocos los diputados locales del PRI y el PAN que este martes acudirán a la sede del Poder Legislativo —con más morbo político que interés por aclarar algún tema de política económica— a la comparecencia del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo María Pérez Salazar.

El morbo de los legisladores radica en que Pérez Salazar acudirá al Congreso no sólo en su condición de tesorero y administrador del gobierno marinista, sino como aspirante del PRI a la presidencia municipal de Puebla.

Incluso, se asegura que por esta circunstancia, el secretario de Finanzas aceptó el reto de la bancada del PAN, para explicar de cara a los diputados qué obras, programas y acciones se verán afectados por recortes presupuestales.

Según esta hipótesis, Pérez Salazar aprovechará su comparecencia para criticar, como lo ha venido haciendo en algunas entrevistas radiofónicas, los errores de política económica del gobierno federal, que fue incapaz de prever la crisis en que se encuentra inmerso el país por la recesión en los Estados Unidos, la caída en los precios internacionales del petróleo, el encarecimiento del dólar y el estancamiento del aparato productivo nacional.

En pocas palabras: el funcionario utilizaría el foro de la Cámara de Diputados para criticar los yerros del presidente Felipe Calderón y sus funcionarios en la crisis económica, en el manejo de la epidemia de la influenza, y en sus proyecciones macroeconómicas en materia de empleo, inversión, inflación y crecimiento del PIB.

Frente a tal escenario, los diputados panistas tienen previsto el contra ataque con dos temas: uno es la opacidad del gobierno del estado en temas como la aplicación de los recursos del 2% del Impuesto sobre Nóminas, vía el Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicios; el destino del Fondo de Desarrollo Metropolitano, y las participaciones y transferencias de fondos del Ramo 28 a los municipios de la entidad.

Un segundo tema está relacionado con el estacionamiento de la Secretaría de Finanzas que tuvo un costo superior a los 107 millones de pesos, provenientes de los excedentes petroleros.

La crítica del PAN para descarrillar a Pérez Salazar se centrará en los siguientes puntos: por qué dicha obra no se licitó; por qué la empresa beneficiada —Unión Presforzadora SA de CV— no lo terminó el 31 de diciembre de 2006; por qué si las obras se concluyeron hasta el 15 de agosto de 2007, el estacionamiento se inauguró hasta el 9 de octubre de ese mismo año, y por qué después de inaugurado, por parte del gobernador Mario Marín, éste sigue sin abrirse al público.  

Ahora entiende por qué le digo que la comparecencia del secretario de Finanzas es esperada con morbo, por no pocos diputados del PRI y el PAN que también aspiran a gobernar la capital del estado.

EN CORTO
Un funcionario que se promociona para la presidencia municipal de Puebla con el permiso de su jefe, el gobernador Mario Marín Torres, pero sin cuidar mucho las formas, es el secretario particular de aquel, Guillermo Deloya Cobián.

El sábado, por ejemplo, encabezó como presidente de la fundación que lleva el nombre de su padre, Urbano Deloya, la inauguración de un par de canchas de basquetbol y fútbol rápido en el barrio de San Antonio, acto al que acudieron Édgar Chumacero Hernández, director del Instituto Municipal del Deporte, y Juan Carlos Morales Páez, director de la Agencia de Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de Puebla.

Otros invitados al acto, pero que brillaron por su ausencia, fueron los periodistas Jesús Manuel Hernández López y Enrique Montero Ponce, así como los candidatos a diputados federales del PRI por los distritos 9 y 11 de Puebla, Blanca Estela Jiménez Hernández y Juan Carlos Natale, respectivamente.

Sin embargo, ello no fue obstáculo para que la señora María Elba Cristina Gómez Flores, vecina del barrio de San Antonio, lo saludara y hasta agradeciera su presencia, en el discurso que previo al inicio del acto recibió del staff de Guillermo Deloya.

El problema de ese acto político-partidista de la Fundación Urbano Deloya es que éste se planeó y se llevó a cabo con recursos del área de la Coordinación de Giras del Ejecutivo Estatal, que facilitó el sonido, las sillas, las lonas y hasta el maestro de ceremonias.

¿O no?

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Aunque mucho se especuló que Domingo Olmos Vela había sido despedido por el lapsus brutus en que incurrió el jueves, al presentar al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, como el doctor Enrique Doger Guerrero, la verdad es que su error sólo quedó en un fuerte regaño.

La pifia provocó la molestia del rector Enrique Agüera Ibáñez, pero no al grado de ordenar el cese de Domingo Olmos, quien como maestro de ceremonias de la BUAP lleva casi tres lustros.

El error de Domingo Olmos es consecuencia de la costumbre, pues a Enrique Doger siempre lo presentaba como doctor y a Enrique Agüera como maestro, cuestión que hace algunas semanas cambió cuando el actual rector de la BUAP se graduó como doctor en Administración Pública por el IAP.

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El sábado por la noche varios políticos se dieron cita en el restaurante La Route des Vins de La Paz, y no porque hubiesen sido convocados a un debate o acontecimiento social.

Sólo en la terraza de ese restaurante de cocina francesa estuvieron, en un espacio de menos de 20 metros cuadrados, Roberto Hochstrasser García, candidato del PAN por el distrito 7 de Tepeaca; Juan Carlos Natale López, candidato de la coalición PRI-PVEM por el distrito 11 de Puebla; y los abogados Juan Pablo Piña Kurczyn y Fernando Castillo Pacheco, estos últimos acompañados de dos guapas mujeres.

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Simón dice:

“Es bonito tener dinero y cosas que puede comprar el dinero, pero también es bonito tener las cosas que el dinero no puede comprar”.
George Horace Lorimer (1867-1937) Editor americano de la revista The Saturday Evening Post.

Un detalle en el que hasta ahora sólo unos cuantos panistas han reparado, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva adelantar cuatro meses las elecciones locales del 2010, con lo que éstas se realizarían el primer domingo de julio y no el segundo domingo de noviembre, es el relativo a los adherentes de este partido, que también participan en los procesos internos para elegir gobernador.

Para nadie en el PAN es un secreto que el senador Rafael Moreno Valle Rosas tendría en los adherentes, más que en los miembros activos del partido, una de sus fortalezas para hacerse de la nominación panista al gobierno del estado.

La razón es simple: una buena parte de los miembros activos del PAN desconfía del senador Moreno Valle por su pasado priísta, y otra lo percibe como advenedizo, oportunista y poco comprometido con los principios doctrinarios e ideológicos del blanquiazul.

De ahí la apuesta de Moreno Valle y sus operadores políticos por los adherentes y por credencializar al mayor número de éstos de cara a las elecciones locales del 2010.

El problema para el senador es que si la Suprema Corte decide que las elecciones de Puebla se celebren en julio y no en noviembre de 2010, el tiempo que tendría para afiliar adherentes se le acorta drásticamente.

Por principios de cuentas, el listado nominal de electores quedaría cerrado el 4 de agosto de 2009, en términos del inciso B) del artículo 36 TER de los Estatutos del PAN, que reza así:

“Artículo 36 TER: La selección de candidatos a cargos de elección popular de carácter federal, estatal y municipal se realizará conforme a las siguientes bases generales:

B) El listado nominal de electores se cerrará seis meses antes de la fecha legalmente prevista para el inicio de las precampañas. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá sesenta días para revisar y hacer observaciones. La Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros resolverá, conforme al procedimiento previsto en el reglamento, las inconformidades que se presenten en relación con la integración del listado nominal de electores a más tardar noventa días antes de la elección correspondiente. Concluido el plazo, el listado nominal adquirirá carácter de definitivo.”

Y es que si las elecciones locales se adelantan para el 4 de julio del 2010, las precampañas de los partidos políticos también se adelantarían.

En el caso del PAN, con base en la reforma constitucional federal en materia electoral, su precampaña iniciaría el 4 de febrero y concluiría el 4 de abril, es decir 90 días antes de la elección constitucional.

Así las cosas, la decisión de la Suprema Corte de adelantar cuatro meses las elecciones locales puede convertirse en un boomerang para el senador Moreno Valle, ya que tendría muy poco tiempo para inscribir adherentes que puedan participar y apoyarlo en los centros de votación que se instalen en las 26 cabeceras distritales de la entidad el día de la jornada interna del PAN.

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Tómelo con reserva, pero el secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo María Pérez Salazar, ya se apuntó como aspirante del PRI a la presidencia municipal de Puebla.

Por lo pronto se sabe que ha buscado acercamientos con funcionarios y colaboradores de la presidenta municipal Blanca Alcalá Ruiz para hacerles saber su aspiración, pedirles información y solicitar su apoyo, ahora que decida hacer pública su intención de suceder a su jefa en el ayuntamiento de Puebla.

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Simón dice:

“En el sueño se revela el problema vital de un individuo en forma simbólica”.
Alfred Adler (1870-1937) Psicólogo y psiquiatra austriaco.

Rivera Santamaría, burla con la obra pública
Gutierrez Jamarillo, observadora de la OEA
Pepe Tomé, secretario de Prensa del PRI

Si de algo ha servido el caso de Antonio Juárez Acevedo, destituido presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), es para evidenciar la incompetencia y falta de pericia política de los diputados del Congreso del estado, en especial de los priístas.

El largo y engorroso procedimiento que llevó a cabo la Comisión de Gobernación —a cargo del diputado priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa— para la remoción de Juárez Acevedo, se justificó en aras de impedir que éste se amparara en contra del Poder Legislativo.

Desde el pasado 26 de septiembre de 2007, en la que fracción panista planteó de manera formal la destitución de Juárez Acevedo por violar el artículo 27 de la Ley de Transparencia, la bancada priísta siempre se mostró reticente para agilizar su remoción.

Primero dijo que el asunto de la supuesta pertenencia del presidente de la CAIP a Plataforma Cuatro debía investigarse a fondo; luego, cuando la prensa publicó nuevas evidencias que acreditaban a Juárez Acevedo como secretario general de esa agrupación política nacional, arguyó que el Congreso debía esperar que el IFE certificara tales documentos y cuando así se hizo, se sacó de la chistera un burocrático procedimiento para impedir, supuestamente, que Juárez se amparara y echara abajo su remoción.

El caso es que después de que la LVII Legislatura local decidió por unanimidad de votos destituirlo, el pasado 15 de diciembre, y pedir a la Contraloría su inhabilitación del servicio público, Juárez Acevedo no sólo continuó en la CAIP, sino que participó en la elección de su nuevo presidente, Samuel Rangel Rodríguez.

Para hacerlo arguyó dos cuestiones: una, que la resolución del Congreso del estado aun no causa ejecutoria y, dos, que presentó un recurso de revisión contra su remoción.

Bajo esa lógica y el amparo que está por presentar ante un juez de distrito, lo más seguro que Juárez Acevedo se mantenga como comisionado de la CAIP al menos otros tres meses, burlándose de los diputados, pero sobre todo del presidente de la Comisión de Gobernación, al que por lo visto ya le tiene tomada la medida.

INTRAMUROS
De risa lo que sucede en Puebla con la obra pública y los constructores que la ejecutan.

Resulta que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública —a cargo de Javier García Ramírez— decidió rescindirle a la empresa Proyectos y Estudios Especializados de México una importante obra, de casi 20 millones de pesos, en la junta auxiliar de San Aparicio.
Se trata de la ampliación a cuatro carriles de la Calzada Alfredo Toxqui.

La Secretaría justificó su determinación en el retraso de más de un año de esa vialidad, que debió concluirse el 27 de junio del año pasado, según contrato O.P./L.P.E./SEDUOP-20071176.

La Calzada Alfredo Toxqui finalmente será inaugurada en febrero de 2009, después de que las obras fueron reasignadas a la empresa Concretos Especiales Mexicanos, que —a decir del presidente de la junta auxiliar Abraham Esteban Aguirre— trabaja a marchas forzadas para terminarla en el transcurso de las próximas dos semanas.

El único que detalle es que tanto Proyectos y Estudios Especializados de México como Concretos Especiales de México son del mismo dueño: Eduardo Rivera Santamaría, para servir a usted.

EN CORTO
La consejera local del IFE, Alejandra Gutiérrez Jaramillo, fue seleccionada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para participar como observadora internacional en las elecciones del próximo domingo 18 de enero en la República de El Salvador.

Alejandra y otro funcionario de las oficinas centrales del IFE, son los únicos mexicanos que participarán en la Misión de Observación Electoral de la OEA.

Para atestiguar el desarrollo de los comicios municipales y legislativos en El Salvador, la también profesora de la Universidad Iberoamericana de Puebla viajará a ese país centroamericano el próximo jueves 15 y retornará a México el martes 20 de enero.

Su experiencia y observaciones sobre las elecciones salvadoreñas se publicarán en e-consulta, a partir del 16 de los corrientes.

En el Consejo Local del IFE la consejera Alejandra Gutiérrez coordina la Comisión de Comunicación.

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Una larga e intensa reunión de evaluación y programación de más de 12 horas fue la que Blanca Alcalá Ruiz encabezó el viernes, en uno de los salones del Centro Vacacional de Metepec, con los secretarios y funcionarios de su gabinete legal y ampliado.

A la sesión de trabajo acudió también Rigoberto Benítez Trujillo, director de Opina Consultoría Estratégica, quien presentó una evaluación sobre la percepción que los capitalinos tienen del ayuntamiento de Puebla, así como de sus principales funcionarios y acciones de gobierno.

En general, dijo que la gestión de Blanca Alcalá es aprobada por la mayoría de los ciudadanos de Puebla, aun cuando se advierte que hay poca obra y rezago en algunos servicios públicos.

Durante la reunión, la presidenta municipal anunció que este año se ejecutarán 400 nuevas vialidades, entre ellas dos distribuidores viales, uno en el crucero que forman los boulevares Héroes del 5 de Mayo y Valsequillo, y otro sobre el Boulevard Héroes del 5 de Mayo y la 14 Oriente.

El fantasma de los cambios se hizo presente en la jornada. Blanca Alcalá no adelantó ninguno, pero sí dejo en claro que éstos se darán hasta después de su primer informe de labores.

Lo que sí hubo fue algunos reconocimientos de la presidenta municipal al director del Instituto de Arte y Cultura, Pedro Ocejo Tarno; al Sistema DIF municipal, a cargo de su hermana Gabriela Alcalá; al tesorero Javier Ramírez Carranza, y a la secretaria de Administración y Tecnologías de la Información, Gabriela García Maldonado.

La reunión terminó con una partida de rosca, y el exhorto de la alcaldesa a los cerca de 40 funcionarios que la acompañaron a redoblar esfuerzos, a mantener la unidad, la disciplina, y a cumplir con las metas programadas para el 2009, a pesar de la crisis económica y las limitaciones presupuestales.

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José Tomé Cabrera asumirá este lunes la Secretaría de Prensa y Propaganda del Comité Directivo Estatal del PRI, a invitación del dirigente priísta Alejandro Armenta Mier, con quien ayer domingo afinó los detalles de su nombramiento.

Con Pepe Tomé también llegarán al PRI Sandra Izcoa Reyes, como jefa de Prensa, en sustitución de Luz María (Lucero) Carrera Téllez; Abraham López Posa, como jefe de Relaciones Públicas; Juan Carlos Blanca García, como jefe de marketing y diseño gráfico, y Cindy Alejandro Ibarra, como asistente.

Sandra Izcoa es periodista, fue conductora de los noticiarios de Televisa Puebla; directora de Comunicación Social en el DIF estatal con Socorro Alfaro de Morales, esposa del ex gobernador Melquiades Morales Flores, y presidenta del DIF en el municipio de Cuyoaco, durante la gestión de su esposo Benjamín Lobato Fernández.

Abraham López es un colaborador cercano a Pepe Tomé, con quien ha trabajado primero en el DIF estatal hace más de tres años, y luego en la Secretaría de Desarrollo Social del estado.

Juan Carlos Blanca fue director de mercadotecnia cuatro años de la consultora Gedas México, firma especializada en la proveeduría del servicio de outsourcing para industrias manufactureras como Volkswagen, y en proyectos de Tecnología de Información.

Para ocupar la vacante que deja Pepe Tomé en la Dirección de Comunicación Social aún no hay sustituto. Lo único que se sabe es que Erika Jaramillo González quedará como encargada de despacho, y que Óscar de la Vega Torres no puede asumir el cargo por alguna inhabilitación política o legal.

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Carlos Raúl Alvarado Rodríguez ya dejó de laborar en la Secretaría de Salud como titular de la Unidad de Promoción y Difusión Social, para incorporarse a la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas del gobierno del estado, dependencia en la que tendrá un mayor juego.

Por lo pronto, su jefe Javier Sánchez Galicia le encargó la coordinación de la cobertura, difusión y promoción del cuarto informe del gobernador Mario Marín Torres.

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La evidencia más contundente de que Gerardo María Pérez Salazar no será promovido a una curul en la próxima legislatura federal, es que el secretario de Finanzas y Administración del estado se irá de gira con el gobernador Mario Marín a Italia, Francia y España del 17 al 28 de enero, es decir, justo en los días en que el PRI definirá sus fórmulas de candidatos por los 16 distritos en que se divide la entidad.

Pérez Salazar, quien primero buscó la diputación por Atlixco y luego por el distrito 11 de la capital poblana, acompañará al gobernador a Milán, donde se reunirá con el administrador de la feria de esa ciudad italiana, Sandro Bicocchi, con la alcaldesa Leticia Morat, y con el presidente de la región de Lombardía, Roberto Formigoni.

El secretario de Finanzas aprovechará su estancia en Milán para reunirse con su hija, a la que no hace mucho también visitó.

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La directora jurídica de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Administración del ayuntamiento de Puebla, Eva María Cabrera Zurita, departió el viernes por la noche con algunos proveedores de la comuna en el cantabar Il Canto, de la Avenida Juárez 2113, en la colonia La Paz.

El asunto no tiene nada de malo, pero puede generar controversia por las funciones de Eva Cabrera, y de la Secretaría de Administración, que es la que se encarga de la contratación y pago de proveedores, así como de las adquisiciones y licitaciones que lleva a cabo la comuna.

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Y hasta la próxima.

Correos electrónicos: rruiz@e-consulta.com.mx y periodistasoy@hotmail.com

Raúl Arandia Jiménez, va por la plurinominal
Busca la oposición responder el cuarto informe

Aun cuando dentro del Partido Acción Nacional existe la certeza de que el senador Rafael Moreno Valle Rosas es ––hoy por hoy–– el precandidato a Casa Puebla mejor posicionado y el que más posibilidades tendría de ganarle al PRI la gubernatura, en el transcurso de las próximas semanas destacadas figuras del panismo ––tanto de la capital del estado como de la región de Tehuacán–– se pronunciarán a favor de Felipe de Jesús Mojarro Arroyo.

La intención de estos panistas es construir desde ahora una opción diferente a la de Moreno Valle, con un cuadro conocido y reconocido por la membresía, y de más confianza al interior del PAN, como lo es el actual delegado del Infonavit.

A diferencia del ahijado político de Elba Esther Gordillo, de reciente incorporación a las filas panistas, Felipe Mojarro es desde hace 11 años miembro activo del PAN, lapso en el cual se ha desempeñado como presidente municipal de Tehuacán, secretario de la Asociación de Municipios de México (AMMAC), consejero estatal y secretario del Comité Directivo Estatal del PAN.

La precandidatura del tehuacanero ––cuyo nivel de posicionamiento electoral entre los panistas y ciudadanos de la entidad es bajísimo, pues hasta ahora poco o nada se sabía acerca de sus aspiraciones–– podría encontrar un buen caldo de cultivo entre la militancia panista, que no termina de aceptar a Moreno Valle, pero que además está harta de aquellas figuras partidistas que elección tras elección se reciclan.

Felipe Mojarro es percibido por los panistas como una gente de casa, y por lo mismo los grupos que controlan el partido ­––entiéndase los yunquistas, en sus distintas ramificaciones–– no lo ven como una amenaza o peligro, como ocurre con el senador Moreno Valle.

Tiene a su favor, además, que no está enemistado con la dirigencia estatal, ni con las figuras históricas del partido como Francisco Fraile García, Ana Teresa Aranda Orozco o Jorge Ocejo Moreno, sino que por el contrario mantiene una buena relación con ellos, así como con empresarios y constructores tanto de la capital como de Tehuacán que bien podrían ayudarlo con recursos y financiamiento privado en su campaña.

Y algo no menos importante: es percibido como una figura nueva o fresca, a pesar de sus años y sus canas, pero con experiencia en la administración pública, pues fue presidente municipal de 1999 a 2002, y lleva más de seis años como delegado del Infonavit, siendo uno de los mejores ––por sus logros–– a nivel nacional.

EN CORTO
Otro tehuacanero que también quiere ser noticia en este naciente 2009 es Raúl “El Huracán” Arandia Jiménez, quien pretende ser diputado federal del PAN por la cuarta circunscripción política del país, que comprende al Distrito Federal y a los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Arandia Jiménez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en la gestión de Luis Paredes Moctezuma, y hasta hace poco como director de Reincorporación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal, buscará ser propuesto para esa posición por los comités municipales del PAN de Tehuacán ––donde  fue regidor y funcionario del ayuntamiento en el trienio de Felipe Mojarro Arroyo–– y de Puebla, donde actualmente reside.

Quien también quiere ser diputada federal, pero por la vía plurinominal, es la ex diputada local y actual dirigente del movimiento femenil del PAN en el estado, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández.

La convocatoria correspondiente será expedida por el Comité Directivo Estatal del PAN por ahí del 15 de enero.

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Ahora que se aproxima el cuarto informe de labores del gobernador Mario Marín Torres, los diputados del PAN en alianza con el perredista Melitón Lozano Pérez, el coordinador del PANAL Gustavo Espinosa Vázquez y el diputado “independiente” José Manuel Benigno Pérez Vega ––mejor conocido como Pepe Momoxpan––, le exigirán al presidente de la Gran Comisión y coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del estado, José Othón Bailleres Carriles, cumpla con el acuerdo suscrito hace un año, por el cual se comprometió a que fuera rotatoria entre las diferentes fracciones parlamentarias de la LVII Legislatura local la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.

Los legisladores de oposición insistirán en que uno de los suyos sea el que presida el Congreso durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la actual legislatura, y por tanto el que responda el cuarto informe de gobierno de Mario Marín.

A Othón Bailleres le recordarán el acuerdo que el pasado 10 de enero de 2008 firmó, junto con el resto de las fracciones parlamentarias, aceptando la rotación de la presidencia de la LVII Legislatura entre los distintos grupos parlamentarios, lo que a la fecha no ha ocurrido, ya no solo en los periodos ordinarios, sino durante los recesos.

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A la lista de legisladores locales del PRI que andan tras una diputación federal agregue el nombre de Josefina García Hernández, quien jura y perjura que ella es la figura de más peso para derrotar al PAN en esa región de la entidad.

Josefina García es diputada por el distrito local 22 con cabecera en Zacapoaxtla.

Otras dos diputadas locales que también quieren llegar al Congreso de la Unión, vía las elecciones del primer domingo de julio de 2009, son Janeth González Tostado, del distrito de San Martín Texmelucan, Gudelia Tapia Vargas por Teziutlán.

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A pesar de la crisis económica y supuestas bajas ventas del comercio local, el Palacio de Hierro del Centro Comercial Angelópolis registró en diciembre pasado ventas millonarias.

En la Venta Palacio de diciembre de 2007, la tienda de Puebla vendió 12.5 millones de dólares en mercancía, y en las dos Noches de Gala de Palacio de diciembre de 2008 vendió 18 millones de dólares.

Como dato curioso, sólo en El Palacio de Hierro de Puebla y de Santa Fe, en el Distrito Federal, la Noche de Gala Palacio no fue de un día, como en el resto de las tiendas de esta firma en la República Mexicana, sino de dos.

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Quién sabe por qué, pero el secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Gerardo María Pérez Salazar, anda buscando un acercamiento con el senador del PAN, Rafael Moreno Valle Rosas.

El conducto para ese acercamiento es Adolfo Acevedo García, director de Comunicación Social de la Secretaría de Finanzas, cargo al que llegó en sustitución de Marcelo García Almaguer, a instancias de Moreno Valle cuando éste era titular de la dependencia en el sexenio melquiadista.

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Me adelantan que si bien Sergio de la Luz Vergara Berdejo será separado de la Secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública para el Desarrollo Sustentable del ayuntamiento de Puebla, éste no dejará la administración pública municipal, pues será reubicado en una nueva área que tendrá bajo su responsabilidad las obras de restauración y rescate del Centro Histórico de la Ciudad.

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Feliz año nuevo.

Al cumplirse ayer un año de la elección de Blanca Alcalá Ruiz como presidenta municipal de Puebla, valdría la pena preguntarse si lo que está haciendo como gobernadora de la capital del estado le alcanzará para ser considerada por su partido, el PRI, como una eventual aspirante a Casa Puebla en los comicios locales del 2010.

En lo personal, creo que si Blanca Alcalá no aprieta el paso, se hace del control de todas las áreas del ayuntamiento y se pone a negociar con el gobierno del estado mayores recursos para obra pública, sus posibilidades se irán por la borda.

Si la presidenta municipal de Puebla no cumple con las promesas y obras que prometió a quienes viven en la Angelópolis, su carrera política terminará con el trienio. Eso sí: podrá presumir que fue la primera mujer en gobernar la capital poblana, aunque con magros resultados.

¿Qué puede hacer Blanca Alcalá con su presupuesto de 500 millones de pesos para obra pública?

La verdad es que muy poco. Y menos si mantiene esa actitud pasiva y, hasta cierto punto, timorata de no exigir mayores recursos al gobierno del estado.
¿Por qué la administración de Mario Marín Torres le puede dar al rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez, más de 300 millones de pesos para la construcción del Complejo Cultural Universitario y le regatea esa misma cantidad al gobierno de la ciudad?

¿Será acaso que Blanca Alcalá no es su candidata y Enrique Agüera sí?

La verdad es que para una ciudad como Puebla —la cuarta con mayor número de habitantes del país—, un presupuesto de 500 millones de pesos para obra pública es ridículo.

Dicha cantidad equivale a lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se gastará en una sola obra en la capital poblana. Me refiero a la reconstruccion y remodelación de la Vía Atlixcáyotl.

El costo de dicha vialidad —una de las más caras del país, considerando que cada kilómetro se pagará a razón de 100 millones de pesos— representa la totalidad de los recursos que para este año ejercerá el ayuntamiento de Puebla por concepto de obra pública.

Otra dependencia del gobierno del estado que también cuenta con mucho más dinero para obra que Blanca Alcalá es la Secretaría de Finanzas y Adminitración.

Sólo en un proyecto, el Centro Expositor, el secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, se gastará el doble del presupuesto del ayuntamiento capitalino.

Pero lo más contradictorio, o paradójico, es que Enrique Doger Guerrero ejerció, en su último año de gobierno como presidente municipal de Puebla, un presupuesto de casi mil millones de pesos en obra pública. Y eso que supuestamente no tenía el apoyo del gobernador Mario Marín.

Por eso insisto: ¿No será que Blanca Alcalá está congelada por el actual inquilino de Casa Puebla para dejarle el camino libre a su delfín, Javier López Zavala?

Es pregunta, que conste.

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Ayer, en la radio de Xicotepec de Juárez, se dieron tremendo agarrón el diputado local del distrito, Carlos Barragán Amador, y el dirigente municipal del PAN, Antonio Carballo Ríos. Este último acusó al legislador priísta de utilizar los programas y apoyos del gobierno del estado y de la Secretaría de Desarrollo Social para promoverse y hacer proselitismo a favor de su partido, a lo que aquél le respondió que prefería ir a la cárcel, y que lo denunciaran penalmente con tal de seguir ayundando a la gente pobre de la región.

El debate se dio al mediodía por la Radio Xicotepec Expresión 570.

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