Tome esta hipótesis con reserva, pero se la transmito en virtud de la creciente violencia en varias entidades del país, como consecuencia de los vínculos y complicidades de autoridades municipales, estatales y federales con la delincuencia organizada, y que ha puesto a México en la mira internacional tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y el descubrimiento de una decena de tumbas con cuerpos que no corresponden a los de los estudiantes secuestrados por el narco en Iguala, Guerrero.

Debo aclarar que este análisis se lo escuché a un experto en temas de geopolítica y seguridad nacional que por razones profesionales está vinculado con algunas agencias y despachos de inteligencia de los Estados Unidos, mejor conocidos think tanks (tanques pensantes).

Desde su perspectiva, algunas acciones del gobernador Rafael Moreno Valle encaminadas a sacar adelante diversas obras y proyectos tanto energéticos como de infraestructura y a contener la oposición de ciertos activistas y grupos opositores locales que han manifestado su rechazo a la construcción de hidroeléctricas y gasoductos, así como a la perforación de minas o yacimientos en la Sierra Norte de Puebla, han tenido el propósito de llamar la atención de políticos e inversionistas de los Estados Unidos.

Para el mandatario estatal es importante demostrar de cara a la próxima sucesión presidencial que es un gobernante confiable, abierto a la inversión extranjera, dispuesto a que las reformas del presidente Peña Nieto en materia energética y de telecomunicaciones se traduzcan en proyectos concretos y al que no le temblaría la mano para aplacar a los grupos de presión que se opusieran a ellos o intentaran impedirlos.

De ahí, según el experto, la decisión de Moreno Valle de encarcelar a los activistas que se han opuesto al Gasoducto Morelos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a las obras carreteras del Arco Poniente, a las reformas a la Ley Orgánica Municipal por las cuales los presidentes auxiliares perdieron los ingresos del Registro Civil y a los que han bloqueado carreteras o quemado patrullas de la policía.

De ahí su actitud y posición, poco o nada sensible y hasta impopular, frente a los hechos violentos del Chalchihuapan del pasado 9 de julio, la muerte del menor de 13 años José Luis Tehuatlie Tamayo, los reclamos de su madre Elia Tamayo Montes, y las once recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y su decisión de mantener al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y a otros funcionarios de su gabinete que actuaron con negligencia o fueron parte del montaje de la teoría del cohetón y la onda expansiva.

Frente a la debilidad que ha mostrado el presidente Enrique Peña Nieto y algunos de sus secretarios ante los acontecimientos violentos de Iguala y Chilpancingo, Guerrero; y Tlatlaya, Estado de México; la beligerancia del narco, las evidencias de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad; así como de las crecientes movilizaciones estudiantiles y de organizaciones y movimientos sociales en varios estados del país, la mano dura y talante de Moreno Valle no han pasado inadvertidos para ciertos observadores y analistas de Estados Unidos, preocupados por la inestabilidad de su vecino de la frontera sur.

Y eso, de acuerdo con nuestro especialista, también lo sabe el propio gobernador y sus consultores estadounidenses, de los que en una futura entrega ya nos ocuparemos.

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RMV sí debe cambiar, ofrecer disculpas y mostrar apertura

Morena y no el PRI podría cosechar la crisis de Chalchihuapan

… a Mony con todo mi cariño y admiración. Te adoro

¿Tiene solución la crisis que enfrenta el gobernador Rafael Moreno Valle por el caso de Chalchihuapan y la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo?

Diría que sí, pero siempre que haya cambios en la actitud del gobernador Rafael Moreno Valle y una estrategia de control de daños, en la que se pongan sobre la mesa varios puntos, entre ellos la remoción de algunos de sus secretarios que fueron desbordados por el conflicto; la abrogación de la Ley Bala; la liberación de algunos de los detenidos, entre ellos los cuatro pobladores la Chalchihuapan, los de Tehuacán y la Sierra Negra que cerraron la carretera federal y bloquearon los accesos al CIS, y los opositores a la construcción del Gasoducto Morelos y el libramiento carretero denominado Arco Poniente.

Para resolver la crisis el gobernador tiene que salir ya y tomar el toro por los cuernos, ofreciendo una disculpa pública a la madre del menor, sin importar qué finalmente haya causado la muerte de su hijo, si un cohetón o una bala de goma; indemnizarla y garantizarle una investigación apegada a la verdad y derecho, en la que incluso participe gente de su entera confianza; abrirse al diálogo y la negociación con varios de los actores y grupos inconformes; y dejar atrás la  animosidad y hostilidad hacia medios de comunicación, activistas y dirigentes sociales que no comparten su proyecto o lo han censurado de manera pública.

Moreno Valle tiene que retomar el discurso del exgobernador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, de cancelar odios y rencores, y solicitar a la ciudadanía un voto de confianza para la segunda mitad de su sexenio.

Si el mandatario estatal no rectifica su posición respecto a Elia Tamayo Montes, la madre del menor de 13 años que perdió la vida, y hacia los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y otras comunidades que reclaman mejores condiciones y la restitución de algunos servicios básicos como el del Registro Civil, la crisis no sólo se alargará sino que se mezclará con otros conflictos y coyunturas políticas como las elecciones federales del año entrante y la sucesión gubernamental.

Es muy probable que la crisis de Chalchihuapan y el escándalo por la Ley Bala hayan arruinado el proyecto presidencial de Moreno Valle para el 2018. Pero de eso, a pensar que este conflicto derivará en la caída del gobernador, me parece que hay un mar de distancia.

Por supuesto que la muerte del menor José Luis Tehuatlie es una lápida que el Ejecutivo estatal tendrá que cargar, y que ha dañado su imagen, confianza, credibilidad y legitimidad, pero no al grado de ponerlo al borde de la renuncia o de un juicio político para separarlo del cargo, como algunos dirigentes nacionales del PRD o del PRI lo han declarado.

Lo manifestado el viernes por el presidente del CEN del PRI, César Camacho Quiroz, en el sentido de que el gobernador Moreno Valle tiene responsabilidades políticas, administrativas y hasta posiblemente penales por el fallecimiento José Luis Tehuatlie, y el punto de acuerdo impulsado por los senadores de este mismo partido condenando su “política criminal” hay que leerlo en el contexto de la coyuntura electoral.

Aun con todo el descrédito del gobernador Moreno Valle por la Ley Bala, los priístas difícilmente podrán hacerse  del control político de la entidad en las elecciones federales del año entrante. No veo cómo pudieran beneficiarse de esta crisis, de la que son corresponsables en buena medida, al avalar con los votos de sus diputados en el Congreso local no sólo la llamada Ley Bala, sino las reformas a la Ley Orgánica Municipal por las cuales las juntas auxiliares perdieron la prestación del servicio de Registro Civil.

Las declaraciones de César Camacho y el posicionamiento de los senadores priístas no buscan el derrocamiento del gobernador de Puebla, sino minar, debilitar y desprestigiar su proyecto presidencial y ganar terreno de cara a las elecciones federales de 2015, y la sucesión gubernamental de 2016.

Lo que la crisis de Chalchihuapan sí provocará más tarde que temprano es la destitución del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, por la ausencia de un protocolo para aplicar la Ley Bala, las violaciones que se cometieron en su ejecución y la evidente falta de planeación y estrategia que exhibió el cuerpo de granaderos enviado a desalojar a los manifestantes en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco.

Y seguramente también la remoción o renuncia del titular de la Secretaría General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas. Remoción, considerando que el conflicto salió de los cauces legales e institucionales, por la ausencia de diálogo y un comunicación efectiva con los opositores, y renuncia por el descobijo que tuvo del mismo gobernador Moreno Valle, quien ante columnistas de la ciudad de México le atribuyó la autoría de la Ley Bala.

Otro efecto político-electoral que la crisis de Chalchihuapan  dejará al gobernador será la animadversión de un sector amplio del perredismo para sumarse a su proyecto presidencial, en alianza o candidatura común con el PAN, o ante una eventual coalición con otros partidos para apoyar al candidato a sucederlo en los comicios de 2016.

Animadversión que en Puebla podría ser capitalizada por las huestes de Andrés Manuel López Obrador y su nuevo partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que desde siempre ha cuestionado la política y los métodos del gobernador Moreno Valle.

EN CORTO

A propósito de mi anterior post, un magistrado en retiro del Tribunal Superior de Justicia me aclaró que desde que la Secretaría de Finanzas y Administración del Ejecutivo estatal asumió el control de la nómina y administración de los recursos del Poder Judicial, les dejaron de pagar sus pensiones.

Más que descuentos, no hay pagos, reveló el magistrado, al reiterar que esta situación podría derivar en un amparo o en una denuncia en contra del presidente del TSJ, Roberto Flores Toledano, por violar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado.

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Por: Rodolfo Ruiz R.

En el transcurso de los próximos días, el gobierno federal podría facilitar la liberación de dos de tres presos políticos detenidos en Puebla, a instancias del gobierno del estado por obstruir las obras del Gasoducto Morelos.

Se trata de la comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez y del representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, Juan Carlos Flores Solís, que fueron encarcelados en la primera semana de abril, acusados de diversos delitos vinculados con su rechazo a las obras de gasoducto de la Comisión Federal de Electricidad.

La liberación de ambos activistas podría concretarse en los próximos días, y ser motivo de conflicto entre el gobierno federal y la administración estatal de Rafael Moreno Valle, a la que en los últimos días le han llovido críticas de diversas organizaciones y partidos que la acusan de cerrada e intolerante.

La excarcelación de Enedina Rosas y Juan Carlos Robles, que sería ordenada por un juez de distrito, tendría un doble propósito: por un lado resaltar que el gobierno federal, a diferencia del gobierno estado, no criminaliza la protesta social y, por otro, evidenciar que en la administración morenovallista el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil es prácticamente inexistente.

La Secretaría de Gobernación federal ha detectado que uno de los puntos débiles del mandatario estatal en su estilo autocrático y que éste le ha granjeado una serie de conflictos con grupos y organizaciones sociales que lo mismo se oponen a las obras del Arco Poniente y el Gasoducto Morelos, que a proyectos mineros o hidroeléctricos en la Sierra Norte, que a la sobreexplotación de mantos freáticos o la expropiación de tierras en Cholula y en otros municipios ubicados a las faldas del volcán Popocatépetl.

En este contexto hay que inscribir la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, en la Segunda Cumbre Ciudadana  efectuada a principios de junio en la capital del estado, y las críticas de María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común, en el sentido de que Puebla es uno de los estados más cerrados al diálogo con las organizaciones civiles.

Y también el desplegado que este martes diputados federales del PRD publicaron en el periódico La Jornada bajo el título Por un diálogo constructivo en el estado de Puebla, en el que convocan al gobernador Moreno Valle a una mesa de negociación para atender las demandas de diferentes organizaciones.

Otra cuestión que vale la pena mencionar de esta crisis de la administración morenovallista es que la misma está siendo utilizada por algunos grupos del propio gobierno para dirimir sus diferencias, y evidenciar la falta de operación de algunas dependencias como la Secretaría General de Gobierno.

A su titular Luis Maldonado Venegas no sólo se le critica por sus fallidos intentos de contener las marchas y manifestaciones de protesta, sino por cerrarse al diálogo con los dirigentes de estas organizaciones, con los que en lugar de construir acuerdos y consensos se ha enfrascado en un duelo de descalificaciones que poco contribuyen a la gobernabilidad y gobernanza de la entidad.

¿A quién le conviene este desgaste de Luis Maldonado en la Secretaría General de Gobierno? ¿Quién se beneficiaría con su partida? ¿De quién es la mano que mece la cuna?

Son preguntas, que conste.

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Aunque el PRI formalmente no participó en los plebiscitos del pasado domingo para elegir presidentes en las juntas auxiliares de la entidad, lo cierto es que tampoco le fue mal.

De hecho, según una evaluación interna del Comité Directivo Estatal, el PRI ganó más juntas auxiliares que las comprendidas en los 85 municipios que gobierna.

De las 656 juntas auxiliares que hay en la entidad, militantes o simpatizantes suyos pudieron salieron victoriosos en 321, es decir, en el 48.9 por ciento.

Este porcentaje podría todavía incrementarse, considerando que en 37 juntas auxiliares los plebiscitos se suspendieron, por lo que tendrán que repetirse en los próximos días o semanas.

De las 321 juntas auxiliares ganadas por militantes del partido tricolor, 177 (que representan el 76 por ciento) se ubican en municipios que actualmente son gobernados por alcaldes priístas y 144, que equivalen al 34 por ciento, en municipios donde son oposición.

Como el lector podrá ver, en los plebiscitos del domingo ni los priístas fueron arrollados, ni las planillas apoyadas por el grupo político en el poder obtuvieron una victoria aplastante, lo que explica por qué el morenovallismo guardó sus actitudes triunfalistas para una mejor ocasión.

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Dos datos desconocidos para la mayoría de los poblanos se ventilaron este miércoles en la comida con motivo del 70 aniversario del periódico El Sol de Puebla, que encabezó en el Centro Mexicano Libanés, el presidente y director general de Organización Editorial Mexicana, Mario Vázquez Raña.

El primero es que el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, es propietario de una residencia en la misma calle en la que Mario Vázquez Raña tiene la suya, en el fraccionamiento El Pedregal del Distrito Federal.

Y el segundo, también revelado por Don Mario, es que en Puebla se lleva mejor con el exgobernador Melquiades Morales Flores que con el actual mandatario Rafael Moreno Valle, cuya ausencia en la comida fue motivo de un sutil reclamo del anfitrión con las siguientes palabras dirigidas a Luis Maldonado: Por qué corrió. Dígale que no nos tenga miedo.

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El viernes de la próxima semana estará de regreso en Puebla el diputado federal Ricardo Monreal Ávila para encabezar un acto de solidaridad con el activista Abraham Cordero Calderón, actualmente preso en el penal de San Pedro Cholula, acusado de diversos delitos consecuencia de su oposición al Gasoducto que la Comisión Federal de Electricidad planea construir cruzando los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.

Ricardo Monreal se desempeña actualmente como coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Este miércoles estuvo, por cierto, en la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y aprovechó su estancia para reunirse con el rector de la institución, Luis Ernesto Derbez Bautista, e intercambiar algunas opiniones sobre la situación política nacional y local.

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A propósito. Me adelantan que este viernes el gobernador Rafael Moreno Valle será anfitrión de una reunión que encabezarán el director de la Comisión Federal de Electricidad y el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Luis Miranda, en la que explicarán todo lo relacionado al Gasoducto Morelos.

A la reunión han sido convocados todos los diputados y senadores de la entidad, así como representantes de otros sectores.

La intención del encuentro es dar a todos los convocados la oportunidad de despejar las dudas o inquietudes que pudieran tener acerca de este megaproyecto de la CFE, y que tanto el gobierno peñista como el Moreno Valle salgan al paso de las críticas hechas por organizaciones opositoras tras la detención de tres activistas ligados al movimiento Los de Abajo.

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El conflicto entre el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y algunos activistas opositores al Gasoducto Morelos, las obras del Arco Poniente y otros proyectos relacionados con extracción de minerales y la construcción de hidroeléctricas en la Sierra Norte de Puebla podría acentuarse en los próximos días, y convertirse en un tema que atraiga la atención de instancias nacionales e internacionales.

Este miércoles, por decir algo, estuvieron en Puebla dos enviados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar y reunirse con funcionarios del Poder Judicial y la PGJ del estado respecto a las denuncias de criminalización en contra de activistas sociales, entre ellos Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, actualmente presos por diversos delitos.

Trascendió que ambos representantes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se entrevistarán este jueves con la diputada federal Roxana Luna Porquillo y otros dirigentes de organizaciones opositoras a la construcción del Gasoducto de la CFE que cruza por los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, y las obras del libramiento carretero que por las faldas del volcán Popocatépetl que conectará la autopista México-Puebla con autopista Siglo XXI que va de Puebla a Morelos.

También se sabe que este jueves el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, haciendo uso del derecho de réplica, será entrevistado por la periodista Carmen Aristegui en su escuchado noticiario radiofónico Noticias MVS, sobre las acusaciones que el martes por la mañana hizo la perredista Roxana Luna en contra de la administración morenovallista, a la que responsabilizó de la detención de tres activistas simpatizantes de su movimiento Los de Abajo, y del hostigamiento del investigador de la BUAP, Ricardo Pérez Avilés.

Mi hipótesis de que este conflicto tiende a complicarse la fundamento en diferentes hechos:

1. Los actores en pugna no tienen planes de reunirse para zanjar sus diferencias y pactar algunos acuerdos mínimos, para que los activistas detenidos sean liberados, las órdenes de aprehensión en contra de otros opositores canceladas, y la marcha de protesta al Distrito Federal suspendida.

2. El martes de la semana entrante, además de la marcha organizada por el movimiento Los de Abajo, los opositores al gobierno morenovallista presentarán una denuncia colectiva ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por los supuestos abusos cometidos en la detención de tres activistas sociales y ambientalistas, y buscarán hacerse escuchar en la tribuna de la Cámara de Diputados.

3. La protesta de la perredista Roxana Luna y su movimiento ha comenzado a ser el catalizador de otros sectores inconformes o agraviados por al gobierno del estado, entre ellos el sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Puebla “Benito Juárez”, que podría sumarse a la marcha del martes 29 de abril a la Ciudad de México o protagonizar otra el jueves 1 de Mayo, también en el Distrito Federal, con motivo del día del trabajo.

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El priísta Enrique Doger Guerrero fue designado integrante de la Comisión de la Cámara de Diputados encargada de investigar los contratos celebrados entre Petróleos Mexicanos (Pemex), Oceanografía y demás empresas filiales.

Esta Comisión especial, cuyos integrantes rendirán protesta este jueves por la tarde, es presidida por el legislador perredista Luis Ángel Espinosa Cházaro.

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