Un interesante y pragmático pacto ha comenzado a fraguarse entre el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle y el ex gobernador de Tlaxcala, Héctor Ortiz Ortiz, quien tras renunciar al PAN decidió llevar su capital político al Partido Alianza Ciudadana (PAC) que creó hace 10 años.

El acuerdo cruza por las elecciones federales del próximo 7 de junio, y tendría dos etapas, la primera es los comicios locales de 2016 en Tlaxcala, y el segundo en los comicios presidenciales del 2018.

Aunque los detalles del controvertido pacto aún se desconocen, trascendió que las primeras bases se sentaron el lunes 18 de mayo durante una comida entre el ex gobernador y ex rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y su anfitrión, el mandatario poblano.

Ahí ambos políticos hablaron de las elecciones federales a celebrarse el 7 de junio, y en particular del distrito 2 de Tlaxcala, donde Moreno Valle apoyaba al presidente municipal con licencia de Tlaltelulco, el panista Miguel Ángel Polvo Rea, y Héctor Ortiz a su sobrina, Alejandra Ramírez Ortiz, quien va como candidata del Partido del Trabajo.

En la comida se analizaron las posibilidades de uno y otra, y la conveniencia de apuntalar a la mejor posicionada en las encuestas, la sobrina de Héctor Ortiz, para impedir el triunfo del candidato del PRI en esa demarcación tlaxcalteca, Anabel Alvarado Varela.

Casualmente este domingo el panista Miguel Ángel Polvo y la petista Alejandra Ramírez ofrecieron una conferencia de prensa conjunta para denunciar a la candidata del PRI por el excesivo despliegue de recursos propagandísticos en su campaña por el distrito 2 de Tlaxcala, que comprende la zona centro-sur del estado, en las faldas de la Malinche y que forman los municipios de Acuamanala de Miguel Hidalgo, Amaxac de Guerrero, Apetatitlán de Antonio Carvajal, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, La Magdalena Tlaltelulco, Santa Isabel Xiloxoxtla, San Francisco Tetlanohcan, San Pablo del Monte, Santa Cruz Tlaxcala, Teolocholco, Tepeyanco, Tlaxcala de Xicohténcatl, y Totolac.

Pero como se lo comenté al inicio de esta entrega, el pacto más allá de las elecciones del primer domingo de junio pasa por el 2016 y el 2018.

Se sabe que el ex gobernador de Tlaxcala condicionó a Moreno Valle su respaldo como candidato presidencial en 2018, a cambio de que él primero lo apoye en los comicios locales del año entrante, en los que seguramente se postulará su hermano, Serafín Ortiz Ortiz, como candidato al gobierno de esa entidad.

Serafín Ortiz, quien ya también fue rector de la UAT y actualmente se desempeña como diputado en el Congreso tlaxcalteca, podría ser el abanderado de una coalición de partidos, en la que participen el PAC, el PT y posiblemente Movimiento Ciudadano (MC).

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Entre la comundiad cristiana y evangélica de Puebla hay desilusión por el curso que ha tomado en Puebla el Partido Encuentro Social (PES) bajo la dirigencia de Raúl Barranco Tenorio, quien en la gestión municipal del alcalde Gabriel Hinojosa Rivera se desempeñó como contralor del ayuntamiento.

La nueva organización partidista —que para mantener su registro nacional requiere obtener el 3% de la votación— se encuentra inmersa en una serie de conflictos por las prerrogativas que le transfiere su dirigencia nacional y el financiamiento público que recibe del Instituto Electoral del Estado (IEE); la postulación de candidatos ajenos a sus impulsores y fundadores, y sin ninguna representativad social; y por la conducta patrimonialista de su presidente estatal respecto a los recursos y bienes del PES.

Los muebles que adquirió Raúl Barranco para acondicionar las oficinas del partido, en la 39 Oriente 320 de la colonia Gabriel Pastor, nadie sabe qué destino tuvieron, y tampoco qué hace el dirigente estatal con los 300 mil pesos que mensualmente recibe, si los candidatos a diputados federales hacen campaña con sus propios recursos.

Otro problema son los pleitos que Raúl Barranco tiene con su secretario general, el regidor de Acatlán y ex militante del Partido del Trabajo, Abraham García Hernández, y su secretaria de Comunicación, Mirna Toxqui Oliver.

Al dirigente estatal del PES también le critican que hace firmar a los empleados del Comité Directivo Estatal recibos por montos superiores a los que en realidad cobran y que eso lo justifica en aras de la necesidad que tiene de comprobar gastos a las autoridades electorales que no le son reconocidos por carecer de factura o soporte fiscal.

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Desfase y discrecionalidad en la aprobación de cuentas

Dos distritos podría obtener el PVEM en Puebla

El más claro ejemplo de cómo en la Auditoria Superior del Estado (ASE) y en la Comisión Inspectora del Congreso local las cuentas públicas de los sujetos obligados se aprueban o se congelan por motivos políticos es el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

Al ex munícipe capitalino se le advirtió que sus cuentas públicas no se aprobarían, mientras siguiera viviendo en Puebla.

Y la advertencia se ha cumplido. A más de diez meses de haber concluido su gestión, aún están pendientes de aprobación en el Poder Legislativo las cuentas de segundo y tercer año de gestión, correspondientes a los ejercicios de 2012 y 2013, así como la de los primeros 45 días de 2014.

En la historia del Congreso local, lo común era que las cuentas del Ejecutivo del estado, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del presidente municipal de Puebla se aprobaran por lo regular en las mismas fechas y, a veces, hasta en la misma sesión.

Sin embargo, esta situación se modificó en la administración morenovallista, debido a que la revisión y aprobación de las cuentas públicas es totalmente discrecional.

Las cuentas públicas del Ejecutivo del estado de los años 2011,  2012 y 2013 se han aprobado sin demora durante el mes de julio del año siguiente; las del rector de la BUAP, que antes del morenovallismo también se autorizaban en julio del año posterior, ahora se aprueban a los dos años.

La cuenta del rector Enrique Agüera Ibáñez del ejercicio 2010 se aprobó en julio de 2012; la del ejercicio del 2011, en julio de 2013; y la del ejercicio de 2012, hasta julio de 2014.

Por lo que hace a las cuentas de los presidentes municipales de Puebla estas siempre se autorizaban al año siguiente, con excepción de las del panista Luis Eduardo Paredes Moctezuma, que fueron motivo de observaciones, pliegos de cargos, sanciones y procesos administrativos de determinación de responsabilidades. 

Sin embargo, en la actual administración estatal los tiempos de aprobación se han desfasado. Las primeras dos cuentas de la presidenta municipal Blanca Alcalá correspondientes a 2008 y 2009 se aprobaron un año después. El problema vino con la tercera, del año 2010, y con la cuarta que corresponde a los primeros 45 días del 2011, las cuales fueron revisadas por diputados  de la primera Legislatura morenovallista, la LVIII.

Ambas finalmente se autorizaron, una en diciembre 2012  y la otra en julio de 2013, es decir, dos años después.

Con la cuenta del primer año en funciones de Eduardo Rivera Pérez, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, ocurrió lo mismo: Se aprobó dos años después en julio de 2013.

Pero con la del segundo y tercer año, y la cuarta de los primeros 45 días del 2014, lo más probable es que los tiempos sigan alargándose sin ninguna explicación razonable o convincente.

Y es que el jueves pasado la LIX Legislatura del Congreso local aprobó, en su última sesión del año, 22 cuentas públicas, entre ellas las de algunos personajes controvertidos por los escándalos de delincuencia organizada y corrupción en que estuvieron envueltas sus gestiones, como el ex presidente municipal de Atlixco Eleazar Pérez Sánchez, y el ex presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, pero ninguna de las pendientes del ex alcalde capitalino Eduardo Rivera.

El asunto es a todas luces irregular, no sólo por el desfase de tres años, si es que finalmente se aprueban en 2015,  sino porque no existen motivos jurídicos, administrativos o financieros —como pliegos de observaciones o de cargos— para que sus cuentas continúen congeladas en la Auditoría Superior del Estado o sin dictaminar en la Comisión Inspectora que preside la ex contralora morenovallista Irma Patricia Leal Islas. 

La única razón es de orden político-partidista. A Eduardo Rivera le dijeron que no le querían ver en Puebla, ni metido en asuntos electorales y menos como aspirante a la minigubernatura, y que sus cuentas públicas se aprobarían una vez que se fuera a vivir fuera de Puebla en lo que resta del sexenio.

EN CORTO

Dos son los distritos que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) negocia con el PRI en el estado de Puebla rumbo a las elecciones federales del año entrante. Uno es el 13 con cabecera en Atlixco, donde los dirigentes del partido del tucán impulsan la nominación de Elieser Popócatl Castillo, y el otro es el 15 con cabecera en Tehuacán, donde la favorita es la actual diputada local Geraldine González Cervantes.

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La semana pasada fue obligado a renunciar uno de los pocos empleados del Instituto Electoral del Estado pertenecientes al Servicio Electoral Profesional: Celso Juárez Bautista, quien se desempeñaba como director de Capacitación y Educación Cívica.

Para que renunciara y su plaza fuera ocupada por otro empleado del IEE, que goza de los afectos de la directora del área, Celso Juárez comenzó a ser hostigado laboralmente, dizque porque no hacía bien las cosas, luego le aventaron a la Contraloría Interna para que lo auditara y finalmente le suspendieron el pago de su sueldo con la amenaza de que no cobraría aguinaldo.

Celso Juárez entendió el mensaje y presentó su renuncia, y por arte de magia el hostigamiento cesó y la auditoría se suspendió. Ah, y podrá cobrar la última quincena de noviembre y la primera de diciembre, junto con su aguinaldo y partes proporcionales.

De los 110 empleados del IEE, incluidos los consejeros electorales, los pertenecientes al Servicio Electoral Profesional, no rebasan los 20.

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Otro partido político nacional que en Puebla buscará mermar al PAN en las próximas elecciones es Encuentro Social que tiene como dirigente estatal a un ex panista que fue contralor en el ayuntamiento de Puebla en la gestión municipal de Gabriel Hinojosa Rivera, Raúl Barranco Tenorio, y como coordinador de Movimientos Sectoriales a otro ex panista que fue secretario de Enlace Gubernamental en la alcaldía encabezada por Luis Paredes Moctezuma, Miguel Ángel Labastida Carballeda.

Este nuevo partido que tiene como principal soporte a los pastores de las iglesias cristianas celebró el domingo pasado su primer congreso estatal, en el cual fueron electos los integrantes de su Comité Directivo y de su Comisión Política.

El regidor de Acatlán de Osorio, Abraham García Hernández, fue nombrado secretario general; José José Momox Sánchez, secretario de Organización y Estrategia Electoral, y Gloria Cortés Santiago, secretaria de Administración y Finanzas.

Al Congreso estatal acudió el dirigente nacional del partido, Hugo Eric Flores Cervantes, quien aprovechó la ocasión para reunirse en Puebla con más de 300 pastores de distintas denominaciones cristianas de la entidad.

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