Un tema al que las autoridades estatales están dando poca importancia pese a que podría complicarles el cierre de la administración en el último año del sexenio son los juicios y resoluciones que viene posponiendo.

Entre ellos el cumplimiento a cabalidad de las once recomendaciones que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Chalchihuapan, del que este jueves se cumple un año sin que a los afectados y víctimas de aquel violento desalojo les hayan aun reparado los daños u ofrecido una disculpa pública conforme a los estándares internacionales.

Las decenas de juicios penales abiertos en contra críticos y opositores al régimen que se litigan en juzgados estatales y federales, y por los cuales algunos de estos se encuentran recluidos en diferentes cárceles de la entidad (Rubén Sarabia Simitrio, Israel Pacheco, los Xicale, los ex alcaldes auxiliares de Canoa y Chalchihuapan) y otros en libertad bajo caución como Miguel Guerra Castillo, Juan Carlos Flores Solís, Enedina Rosas Vélez y Félix Montes Xelhua, entre otros.

Y las centenas de demandas laborales que siguen acumulándose en el Tribunal de Arbitraje del estado y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje promovidas por burócratas y empleados despedidos, algunos con 25 y 30 años de servicio en el servicio público, y por las cuales el gobierno estatal tarde o temprano tendrá que responder ya sea reinstalando a los trabajadores, liquidándolos o pagándoles salarios caídos.

Da la impresión que el gobierno no visualiza que se encuentra en la recta final del sexenio o que el año entrante será el más complicado y difícil de todos, no solo por el desgaste natural de cualquier administración sino porque habrá elecciones y poco dinero para hacer frente a las deudas y compromisos contraídos.

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A propósito de despedidos.

Cuentan que en el ayuntamiento de Puebla dos funcionarios de alto nivel han entrado en conflicto por control de la dirigencia sindical y el manejo de las cuotas sindicales, y que en el meollo del diferendo está un despacho de contadores que representa legalmente al Sindicato Benito Juárez.

Se trata del despacho Amaro Reyna y Herrero Consultores SC, cuyo titular, el contador Germán Reyna y Herrero, es un viejo conocido de Rafael Ruiz Cordero desde el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El conflicto está relacionado con el monto del contrato y los honorarios que el despacho cobra al Sindicato Benito Juárez por asesorarlo y representarlo jurídicamente ante el ayuntamiento de Puebla y otras instancias en las que sean requeridos sus servicios y acciones judiciales y extrajudiciales.

Según esta versión el contrato de prestación de servicios entre el recomendado del secretario de Administración del ayuntamiento y la dirigencia sindical asciende a unos 6.7 millones de pesos, es decir a unos 150 mil 800 pesos mensuales durante casi cuatro años.

Cuestión esta que no es del agrado del síndico municipal Héctor Sánchez Sánchez, que no entiende por qué si él puso a los dirigentes del Sindicato Benito Juárez ahora él no puede opinar sobre el despacho que los puede representar.

Los enterados aseguran que las últimas protestas de trabajadores sindicalizados exigiendo rendición de cuentas a la dirigencia del gremio encabezada por Daniel Ortiz Acevedo no son ajenas a este conflicto entre el secretario de Administración y el síndico municipal.

¿Será?

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En la última reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) celebrada en el vecino estado de Tlaxcala el mandatario poblano Rafael Moreno Valle fue relegado en la foto oficial del evento, ya que fue ubicado en la segunda fila y hasta el final.

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Más de lo mismo, o apertura y conciliación en la recta final

No a Los Juanitos, y  tampoco los mismos de siempre

Ahora que regrese de vacaciones, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, deberá tomar una decisión sobre el estilo y la forma de gobierno que piensa encabezar durante la segunda mitad de su sexenio.

Y esta decisión se hará explícita cuando designe a los secretarios de despacho que faltan en su gabinete, y cuando defina cuáles de los personajes que mandó a contender por una diputación en las recientes elecciones se quedan en el Congreso y cuáles regresan a la administración pública.

Si el mandatario estatal opta por reincorporar al gabinete —ya sea en sus anteriores carteras o en otras nuevas— a Jorge Aguilar Chedraui, Pablo Rodríguez Regordosa o Salvador Escobedo Zoletto, como lo hizo con Mario Rincón González al designarlo secretario de Desarrollo Social, el mensaje que estará enviando a los poblanos es que seguirá el mismo patrón de sus primeros tres años.

Pero si, por el contrario, aprovecha la ocasión para sumar al gabinete  —a nivel de secretarios, subsecretarios y coordinadores generales— a figuras poblanas ajenas a su compacta burbuja o a panistas de grupos y corrientes diferentes al suyo, pero que han demostrado capacidad en la política o el sector público, entonces mandaría una señal de apertura.

Uno de los mayores errores de Moreno Valle ha sido su negativa a gobernar con políticos y funcionarios distintos a los que se formaron y crecieron con él en la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social durante el sexenio melquiadista, quienes tampoco han sido muy hábiles para formar nuevos cuadros con profesionistas egresados de las universidades poblanas.

La burbuja morenovallista ha preferido importar talentos y funcionarios especializados en ciertas áreas de la administración pública, en lugar de dar una oportunidad a los poblanos que tiene en posiciones de segundo nivel, y que son los que a veces sacan la chamba, o en aprovechar a los mejores estudiantes de licenciatura y posgrado de la entidad.

Este esquema no le ha dejado buenos dividendos al gobernador del estado, al grado que su candidato a la alcaldía capitalina, el hoy presidente electo de Puebla, José Antonio Gali Fayad, tuvo que prometer una y otra vez que no gobernaría con gente traída de fuera, y que en las obras y servicios que contratara su ayuntamiento, los constructores y proveedores poblanos tendrían preferencia sobre los fuereños.

Otro asunto que Moreno Valle tendrá que evaluar a su regreso de vacaciones es la integración y el reparto de comisiones en la próxima Legislatura local.

Lo peor que podría hacer es repetir lo que hizo con Mario Rincón: nombrarlo secretario de despacho para que sea su suplente quien ocupe la curul en el Congreso del estado, mientras termina el sexenio.

La multiplicación de los “Juanitos” podría convertirse en una pésima señal de burla a los electores, que votaron por candidatos que no estarán en el Poder Legislativo, al menos en lo que concluye la gestión del gobernador, y también de, que fuera de su equipo compacto, Moreno Valle carece de cuadros y operadores leales y eficientes.

Si el mandatario estatal decide no reincorporar al gabinete a los miembros de su burbuja, pero concentra en éstos las principales comisiones de la LIX Legislatura, como la Junta de Gobierno, la Comisión de Gobernación, la Comisión Inspectora y la Comisión de Hacienda, el mensaje que enviaría también sería negativo.

Insisto: Si Moreno Valle no quiere pasar a la historia como un político elitista, obstinado y distante de las clases populares, entonces necesita mostrar mayor apertura, diálogo y tolerancia con aquellos que durante la primera mitad de su sexenio fueron marginados, excluidos u hostilizados; y también expresar disposición para negociar y ceder posiciones de relevancia a sus aliados.

Una cosa es que su grupo obtenga el control de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y otra muy distinta que todas las presidencias de Comisión importantes queden en mano de morenovallistas.

Mal, pero muy mal, se vería el gobernador si se empeña en que nadie, además de su cuñado Fernando Manzanilla Prieto, su ex secretario de Salud, Jorge Aguilar Chedraui, su ex contralora Patricia Leal Islas y sus ex secretarios de Desarrollo Económico y Desarrollo Social, Pablo Rodríguez Regordosa y Salvador Escobedo Zoletto, respectivamente, se reparta las presidencias de la Junta de Gobierno, Comisión de Gobernación, Comisión Inspectora y coordinación del grupo parlamentario del PAN.

El mensaje sería de cerrazón, lo que confirmaría la hipótesis de que Moreno Valle tiene una personalidad en campaña o elecciones, y otra en el ejercicio del poder.

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Si alguna oportunidad tenía René Meza Cabrera de colarse o colar a su hijo René Meza Espejel al gabinete del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas por los servicios que le prestó en campaña, con sus últimas acciones a favor de los permisionarios y transportistas que reclaman un mayor aumento a la tarifa y en contra de Bernardo Huerta Couttolenc como futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, la perdió total y definitivamente.

El notario público René Meza fue uno de los primeros priístas o expriístas en sumarse a la precandidatura de Moreno Valle en las elecciones internas del PAN, en apoyarlo con recursos y en especie —al poner en servicio del candidato de la coalición Compromiso por Puebla su casa de la 29 Oriente en la colonia El Mirador como cuartel de campaña— y en certificar sus compromisos de campaña, esos de si no cumplo me voy.

Sin embargo el protagonismo y sus ambiciones lo perdieron, al querer cobrar caro y por anticipado sus servicios de campaña.

Primero pretendió promoverse como secretario de Gobernación o procurador de Justicia, pero al ver que ninguna de esas dos posiciones estaba a su alcance centró sus baterías en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con el apoyo de algunas organizaciones de taxistas y permisionarios.

En su afán de obtener esa posición filtró a la prensa algunas fotos de una de sus visitas a la SCT, lo que el 30 de agosto le mereció un regaño por parte del gobernador electo en una reunión con su equipo de colaboradores y empleados, efectuada el 30 de agosto en un salón del restaurante El Sindicato.

Ahí Moreno Valle llamó a sus colaboradores a mantener la cordura, la disciplina, a no promoverse y a dejar de lado protagonismos como integrantes del próximo gobierno.

En el foro temático sobre Infraestructura y Transporte; Desarrollo Urbano y Medio Ambiente realizado el 16 de enero en Ciudad Serdán, René Meza volvió a la carga. Ese día movilizó unos cinco camiones con transportistas y permisionarios que iban dispuestos a desplegar mantas de protesta durante el discurso del gobernador electo cuestionando las políticas de transporte y la posible designación de Bernardo Huerta.

La presencia de los acarreados de René Meza obligó al equipo de logística de Moreno Valle a restringir el acceso al foro, para impedir el ingreso de los enviados del notario público que ese día tuvieron que conformarse con repartir volantes y hacer su protesta fuera del recinto.

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La tarde de este lunes los diputados panistas aseguraron nueve presidencias de comisión y comités en la LVIII Legislatura del Congreso del estado.

Los que todavía seguían hasta anoche sin ponerse de acuerdo sobre quién presidiría las comisiones y comités que les tocaron en el reparto parlamentario eran los legisladores del PRI. Y es que ni Enrique Doger, ni Jesús Morales, ni Víctor Hugo Islas, ni Lauro Sánchez se conformaban con las posiciones obtenidas por su coordinador José Luis Márquez.

Las comisiones que encabezarán los diputados del PAN y que este día serán ratificadas por el pleno de la LVIII Legislatura son la Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior, que será para Mario Riestra Piña; la de Gobernación, que presidirá Juan Carlos Espina von Roehrich; la de Asuntos Municipales que será para Jesús Zaldívar, y la de Desarrollo Social que presidirá Antonio Vázquez.

Ana María Jiménez será presidenta de la Comisión de Equidad y Género; Myriam Galindo, la Comisión de Desarrollo Económico; Rafael Von Raesfeld Porras, la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales; Josefina Buxadé Castelán, la Comisión de Transparencia; Lucio Rangel, la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad; y Denisse Ortiz Pérez, el Comité de Gestoría.

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Simón dice:

«La única ventaja de jugar con fuego es que aprende uno a no quemarse.»

Oscar Wilde (1854-1900) Dramaturgo y novelista irlandés.