Consejeros electorales y representantes de partidos políticos podrían protagonizar este medio día una fuerte discusión sobre las medidas y acciones que el presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, y algunos de sus directores, han venido instrumentando o piensan instrumentar en los próximos días para encarar la insuficiencia presupuestal del organismo.

Un grupo de consejeros cuestionará, de entrada, la decisión de Jorge Sánchez de que todos los directores deben deshacerse del 35% de su personal, sin que exista un criterio para implementar ese recorte.

Y es que en la práctica esta medida está siendo utilizada por algunos directores para deshacerse de aquellos trabajadores que consideran críticos o que en determinado momento podrían convertirse en sus sustitutos, si es que el recorte también los alcanzara.

Otra cuestión que los consejeros podrán sobre la mesa de discusión es la opacidad que tanto el presidente como el director administrativo del Instituto, Francisco Rivera Morán, mantienen sobre el gasto operativo del organismo.

Ni uno ni otro quieren que los consejeros y representantes de partidos políticos sepan cómo y en qué se gasta el presupuesto del Instituto.

Un ingrediente adicional que estará presente en la discusión de este medio día es que no hay ninguna garantía de que el personal del organismo cobre puntualmente la segunda quincena de enero, pues hasta ayer no se había hecho ninguna transferencia a la cuenta del Instituto para solventar la nómina de sus consejeros y trabajadores permanentes.

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Este viernes, a manera de despedida, los miembros del comité ejecutivo de la Sección XXV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud se manifestarán en las oficinas de José Alfredo Arango García para reclamar el pago de adeudos al personal de base, las pésimas condiciones en que deja la mayoría de los hospitales y centros de salud del estado, y una serie de despidos injustificados.

Estas y otras demandas, que forman parte de un abultado pliego petitorio que este viernes se entregará a las 10 de la mañana, serán expuestas por el nuevo dirigente sindical y enviadas a los operadores de Rafael Moreno Valle Rosas en el sector salud del estado, bajo el entendido de que la mayoría de estas serán prácticamente resueltas por el gobierno entrante.

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Finalmente se aclaró la incertidumbre sobre el titular de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico.

Resulta que sí es médico, pero que su nombre correcto no es el que todos suponíamos y con el que aparece en el directorio oficial de la Secretaría de Salud, Marco Antonio Casas Arellano, sino el de Marco Antonio Manuel Casas y Arellano.

Con este nombre su cédula profesional sí aparece en los archivos de la Dirección General de Profesiones de la SEP.

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Simón dice:

«Lo que distingue al hombre de los otros animales son las preocupaciones financieras.»

Jules Renard (1864-1910) Escritor y dramaturgo francés.

Ahora que regresen de su megapuente, el presidente del Instituto Electoral del Estado y algunos consejeros y funcionarios electorales —que han hecho de la opacidad su mejor divisa— tendrán que aclarar a cuánto por fin ascendieron los gastos de la organización y de transmisión del debate de candidatos a la gubernatura, efectuado el pasado 16 de junio.

Originalmente se dijo que el presupuesto destinado al debate entre Rafael Moreno Valle Rosas, Javier López Zavala y Armando Etcheverry Beltrán, en las instalaciones del Complejo Cultural Universitario, no rebasaría los 530 mil pesos.

Sin embargo, de acuerdo con algunos documentos en poder de la consejera Olga Lazcano Ponce, los costos al parecer fueron muy superiores, al grado que ni el presidente del Instituto Jorge Sánchez Morales, ni la directora general Marcelina Sánchez Muñoz, ni el director administrativo Francisco Rivera Morán han querido entregar copias de las facturas.

En el colmo de la opacidad hace un par de semanas el consejero Paul Monterrosas Román defendió la secrecía de esa información escudándose en el auditor externo, asegurando que si el contador Jerónimo Omaña de la Cuadra entregaba la documentación requerida por la consejera Olga Lazcano el proceso de fiscalización del IEE se interrumpiría.

Para su desdicha, el propio auditor externo respondió que su despacho no tenía ningún inconveniente en entregar copias de las facturas proporcionadas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la empresa encargada de la organización y logística del debate.

Frente a esta situación, los pretextos del director Administrativo, el contralor interno Paul Rodríguez Barragán y el consejero Paul Monterrosas para mantener en la opacidad los costos del debate de candidatos a la gubernatura se acabaron, por lo que la próxima semana tendrán que informar a cuánto en realidad ascendieron estos gastos.

El tema es relevante pues entonces se conocerá si de veras el Instituto Electoral del Estado carecía de dinero para costear un segundo debate de candidatos a la gubernatura.

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Este miércoles en su leída columna Estrictamente Personal, el periodista Raymundo Rivapalacio cuestionó la trayectoria del galardonado de Iniciativa México, Raúl Hernández Garciadiego, con los mismos argumentos que hace unos días expuso el subsecretario de Egresos del gobierno del estado, David Villa Issa.

En resumen: que la asociación civil presidida por el ganador de IMx Alternativas y Procesos de Participación Social recibió en el gobierno de Melquiades Morales 16 millones de pesos, de los cuales sólo pudo reportar la aplicación de 11 millones 316 mil pesos.

Lo que Rivapalacio no explica en su columna, como tampoco lo hizo el subsecretario de Egresos, es por qué el gobierno del estado nunca abrió un proceso administrativo en contra de Hernández Garciadiego, por un supuesto faltante de 4.75 millones de pesos, y por qué esa información se mantuvo en secreto hasta que el ganador del importante concurso impulsado por los principales medios de comunicación del país acusó a Villa Issa de pedirle una mordida de 20% sobre un pago de 8 millones de pesos.

La verdad es que esa terrible omisión de Villa Issa en un columnista tan reconocido como Raymundo Rivapalacio da mucho qué pensar, sobre todo cuando se sabe que desde el gobierno del estado se planeó hacer llegar esa información a Proceso y Reforma, como una manera de golpear a Televisa y descalificar al galardonado de Iniciativa México.

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Simón dice:

«Nunca son tan peligrosos los hombres como cuando se vengan de los crímenes que ellos han cometido.»

Sándor Márai (1900-1989) escritor Húngaro.

 * Los Méndez López, intermediarios de esas operaciones

* Involucran a Estefan y Julio Franco en fuga de información

Algo raro ocurre con los bienes asegurados a los hermanos Tiro Moranchel de Sitma e Invergroup, con los que supuestamente se resarcirá parte del daño a los cientos de defraudados de estas empresas inmobiliarias, que de acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia ascienden a 6 mil 600 personas.

En lugar de que las propiedades y terrenos de los hermanos Tiro Moranchel se subasten públicamente al mejor postor, resulta que se están vendiendo tras bambalinas a precios por debajo de su valor comercial.

Pero si lo anterior es delicado, más grave es el hecho de que las autoridades estatales que intervienen en el asunto, como el secretario de Gobernación Valentín Meneses Rojas, hayan aceptado que los hermanos Méndez López, cuya fama pública en el mercado inmobiliario de Puebla deja mucho que desear, actúen como representantes de los dueños de Sitma e Invergroup.

Cualquier corredor de bienes raíces sabe que ni Pilar, ni Mario Francisco, ni Abraham Moisés Méndez López pueden ser personas confiables o de fiar, tanto por sus referencias en varias transacciones de tierras ejidales, como por sus antecedentes penales.

Mario Francisco Méndez fue detenido el 9 de septiembre de 2009 por los delitos de daño en propiedad ajena y homicidio culposo agravado por la muerte de un joven de Cholula , mientras que su hermana Pilar estuvo recluida en el Cereso de Puebla por un año y tres meses, acusada de tráfico de personas.

A manera de ejemplo de lo que sucede con algunos de los bienes de los Tiro Moranchel, me citan un predio ubicado en el libramiento a Atlixco, entre la antigua vía del ferrocarril y el negocio de carnitas El Mexicano.

Dicho terreno de 28 mil metros cuadrados, podría negociarse hasta en más de 20 millones de pesos, considerando un precio de mil pesos el metro cuadrado, sin embargo hace unos días se vendió a un prestanombres de Salvador Echeguren Barroeta, Ernesto Garnica, en 11 millones de pesos. Lo paradójico de la transacción es que otro interesado había ofrecido por ese mismo inmueble 13.5 millones de pesos y no se lo vendieron.

¿No que el gobierno iba a velar por los intereses de los defraudados de Sitma e Invergroup?

¿Acaso las autoridades están coludidas en que los terrenos asegurados a los hermanos Tiro Moranchel se malbaraten?

¿Y si no, por qué entonces permiten que en las mesas de negociación, que tienen lugar en la Secretaría de Gobernación, participen los hermanos Méndez López como mediadores de la venta de los bienes de los dueños de Sitma e Invergroup?

¿O acaso la autoridad ya pactó con los Tiro Moranchel con perdón y liberación, a cambio de que los terrenos que tienen en Calpan, en la zona de Angelópolis, en Las Ánimas, en Atlixco, en Loma Verde, y en La Calera y el Batán se vendan a empresarios e inversionistas consentidos?

Son preguntas, que conste.

El tema incluso es motivo de preocupación en algunas oficinas gubernamentales, encargadas de la inteligencia política del Ejecutivo estatal.

Una de las posibles áreas de fuga información es la que tiene a su cargo el exdiputado federal Jorge Estefan Chidiac, coordinador de políticas públicas del candidato Javier López Zavala, en la cual labora Julio Franco Corzo a través de su empresa consultora IEXE.

Julio Franco fue secretario particular de Moreno Valle cuando éste se desempeñó como secretario de Finanzas y Desarrollo Social en el sexenio melquiadista.

El consultor de la firma IEXE, según una ficha de inteligencia, ha enviado a cinco de sus colaboradores al War Room del candidato a la gubernatura de la coalición opositora Compromiso por Puebla: Maribel Rodríguez Chacón, Juan Román Espinosa Moyado, Marco Silva Barradas, Rodolfo Jarquín Nava y José Guadalupe Rendón Castillo.

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Aunque el nuevo director administrativo del Instituto Electoral del Estado, Francisco Rivera Morán, ha logrado reducir en forma significativa algunos gastos operativos y de insumos en el organismo, la verdad es que el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal aún deja mucho que desear. en claro incumplimiento a lo que establece el artículo 21 de la ley en la materia, y el artículo 40 fracción II de la Normatividad para la Adquisición de Bienes y Arrendamientos del IEE: «Las adjudicaciones deberán considerarse en forma global, con el objeto de determinar si queda comprendida dentro de los montos máximos y límites que se establezcan, en la inteligencia de que, en ningún caso, el importe total de la misma podrá ser fraccionado para quedar comprendido en algún supuesto distinto al que le corresponda originalmente».

Para botón de muestra lo que sucede con las compras de papelería y equipo de cómputo, que se están fraccionando

En el caso de la papelería, la anomalía radica en que esta compra, en lugar de concursarse de manera consolidada, se dividió por trimestre, lo que el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local, Víctor Manuel Hernández Quintana, ya dijo que es irregular, observación que por lo visto poco le interesó a la directora general y al director administrativo del Instituto, ya que al día siguiente el Comité de Adquisiciones del que forman parte volvió a realizar una compra fraccionada.

Por lo que hace al equipo de cómputo, las evidencias de las compras fraccionadas constan en los acuerdos CA-AC-13/2009, para adquirir once laptops para los directores del Instituto, y CA-AC-07/2009, de la misma fecha 26 de noviembre de 2009, aunque esta última licitación fue declarada desierta por el Comité de Adquisiciones.

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Simón dice:

«Más traiciones se cometen por debilidad que por un propósito firme de hacer traición.»

François de la Rochefoucauld (1613-1680) Escritor francés.

Desde que el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, perdió el control de la administración y las finanzas del organismo, varias entradas o negocios se le han venido abajo.

Uno de los últimos se refiere al pago que este año el IEE tenía que hacer al Instituto Federal Electoral (IFE) por la actualización del padrón electoral y la lista nominal de electores de la entidad.

Jorge Sánchez había presupuestado —en el anteproyecto que envió a la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, el 14 de agosto de 2009— que dicha actualización tendría un costo de 8 millones 966 mil 470 pesos con 39 centavos.

Tal cantidad fue cuestionada por la Secretaría de Finanzas, y por el nuevo director administrativo del Instituto, Francisco Rivera Morán, por considerar que ésta implicaba un aumento excesivo —de casi el 40%— con relación a lo que se pagó en 2007.

El caso es que el 20 de enero de 2010, fecha en que el IEE celebró un contrato con IFE para la actualización del padrón y la lista nominal, éste no ascendió a los casi 9 millones que Jorge Sánchez había solicitado, sino a 5 millones 479 mil 109 pesos con 93 centavos.

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No es política del autor de este blog dar cabida a denuncias anónimas, o publicarlas como si se tratara de una investigación propia.

Hoy haré una excepción, por la importancia del tema —una posible indemnización a la empresa que tenía la concesión del rastro municipal— y los argumentos que ofrece acerca del daño que esta medida ocasionaría a las finanzas del ayuntamiento de Puebla.

Aquí la denuncia, tal cual:

ESTIMADA LICENCIADA BLANCA ALCALÁ

PRESIDENTA MUNICIPAL DE ESTA HERMOSA CIUDAD DE PUEBLA:

ASUNTO: DAÑO AL ERARIO PUBLICO MUNICIPAL POR 21.00 MILLONES DE PESOS POR INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DE ORIENTE, EX CONCESIONARIA DEL RASTRO MUNICIPAL

Soy una persona que trabaja en la administración pública pero me es imposible dar mi nombre por las repercusiones personales y laborales que esto representa para mi persona.

Me dirijo a usted de manera respetuosa y honesta. Considero que usted es una persona recta, destacada y sumamente honesta. Debido a estas cualidades es que recurro a usted con una seria preocupación.

Mucho se ha dicho en torno a su persona en el sentido de que Usted quiere favorecer a su mentor político al Lic. José Luis Flores al través de su hermano el MVZ Ángel Omar Flores, médico veterinario expulsado de ITO por inoperante y flojo, para quitarle la concesión a Ingeniería y Tecnología de Oriente y dársela a los hermanos Flores, situación que resultaría aberrante y creo que seguramente será falsa.

Recientemente escuché en las noticias que finalmente se le había retirado la concesión del servicio de rastro a la empresa Ingeniería y Tecnología de Oriente debido a la infinidad de problemas que acrecentó la empresa durante el periodo de la concesión. Sin embargo me resulta increíble que además de crear problemas y acrecentar los existentes, todavía se le tenga que pagar por el retiro de la concesión.

Me explico:

Todos sabemos que cuando la empresa presentó su oferta, la presentó señalando que existían en ese momento diversos problemas de contaminación, operación y corrupción de inspectores del rastro en la administración DOGERISTA. Entre los problemas más destacados está el hecho de que se estaban depositando en los terrenos residuos de vísceras, sangre, pezuñas y órganos de los animales sacrificados. Estos problemas los debió resolver ITO, no acrecentarlos.

Si bien no es barata la operación de la planta de tratamiento construida con los recursos federales, cuyo costo fue de seis millones de pesos más IVA, también es cierto que la empresa ITO, no solo no la operó, sino que literalmente la desbarato, tirando a la basura tanto el primer tratamiento como siete millones de pesos. Si consultan el acta de entrega de la empresa al ayuntamiento al través de IDAP (anterior administración), podrán constatar lo que comento. La sola reparación representa una salida para el erario de unos 3.2 millones de pesos.

Y que decir de los costos que representara para el Ayuntamiento, es decir para nosotros los contribuyentes, la remediación de los suelos afectados con hígados con CLEMBUTEROL que estuvo tirando la empresa a cielo abierto y sin tratamiento. Se calcula en promedio unos tres millones de pesos para esta obra. Y otros cuatro millones de pesos para el depósito correcto de los residuos retirados. Otros dos para el transporte.

Por otro lado, también la dichosa empresa no solo dañó y se robó varios equipos, sino que dejó en «el taller de reparación» varios equipos substanciales para a operación del rastro, tales como maquinaria corta pechos y la que se usa para lavar los canales de cerdo, misma que garantizaba de alguna forma algo de higiene en la carne que consumimos. Al día de hoy no funcionan estos y varios equipos de refrigeradores. Resultado, otros 2 millones de pesos.

Si seguimos sumando, están también presentes las deudas que ITO dejó en materia laboral al rastro que suman más de 4 millones de pesos.

Sigamos sumando, en materia de aguas: que decir de las multas que puso la Comisión Nacional del Agua por más de un millón de pesos y los adeudos al SOAPAP por 1.5 millones de pesos.

Creo que la liquidación a esta empresa, además de improcedente, es ilegal. Me voy a explicar más.

Si usted lee el PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO donde aparece publicado el «Titulo de Concesión» a favor de la empresa, Formas y procedimientos de terminación anticipada.

1. Por renuncia del concesionario;

2. Por conclusión del término de su vigencia;

3. Por caducidad;

4. Por la revocación de la concesión;

5. Por quiebra del concesionario;

6. Por rescate;

7. Por imposibilidad de la realización del objeto de la concesión o bien por extinción del objeto de la misma; y

8. Por mutuo acuerdo.

En caso de que se presente el rescate al que hace referencia el inciso 6 de este punto, el Municipio de Puebla, reconocerá la inversión total del concesionario, la depreciación de activos y su utilidad en un 50%, mismo que será pagado con el flujo del servicio en primer orden y enseguida de derechos preferentes conforme a la ley.

4.- CAUSAS DE REVOCACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RASTRO Y SU INMUEBLE

El H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, podrá revocar administrativamente el título de concesión cuando: (algunas son:)

• El concesionario contravenga gravemente los términos del título de concesión;

• No solicite la certificación posteriormente a los doce meses siguientes al inicio de la operación.

• El concesionario no conserve los bienes e instalaciones en buen estado de operación, o cuando éstos sufran deterioro por negligencia imputable a este, con perjuicio para la prestación del servicio;

• El concesionario contravenga las disposiciones legales aplicables.

• Exista prueba de daño a ecosistemas como consecuencia del uso, aprovechamiento o explotación, conforme la legislación vigente.

Es decir, el título estipula prácticamente dos razones para terminar con la concesión: la primera imputable a intereses del Ayuntamiento y la segunda, que es el caso, cuando la empresa incumpliera alguna de las condiciones del propio Titulo.

En el primero de los casos, que insisto no es aplicable, aunque la quieren convencer de que así es, el Ayuntamiento debería pagarle a ITO todas las inversiones realizadas.

En el segundo, cuando es por incumplimiento, ITO debe perder las inversiones realizadas, que realmente no fueron muchas según consta en actas, y pagar los daños y perjuicios a las instalaciones, que si es el caso.

Por lo indicado específicamente en este documento OFICIAL que hace las veces de LEY resulta IMPROCEDENTE E ILEGAL Y DESHONESTO pagarle a ITO un solo centavo. De hecho ellos nos deben, es decir a todos los contribuyentes la módica cantidad de $ 20.70 millones de pesos.

Por favor Licenciada no permita que estos cínicos se salgan con la suya. Uno de los comentarios mas abiertos que ha hecho el Lic. José Yunez Soto, el Gerente Operativo del Rastro y que nunca en su vida había trabajado en servicios de esta naturaleza, es el hecho de que afirme » SI ME PAGA EL AYUNTAMIENTO, PUEDE SER EL MEJOR NEGOCIO DE MI VIDA SIN HABERLO TRABAJADO«

A mayor abundamiento, ¿sabía usted que uno de los mayores introductores de carne clandestina a la ciudad y que surte a la mayoría de las grandes taquerías es precisamente el Lic. José Yunez Soto? ¿Le parece razonable?

ATENTAMENTE

ALGUIEN PREOCUAPADA POR NUESTRA SALUD Y POR LA ECOLOGIA.

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Ahora doy paso a una carta aclaratoria por lo que en mi anterior entrega redacté sobre el coordinador de la Maestría en Ciencias Políticas de la BUAP, Nicéforo Rodríguez Gaytán.

Estimado Rodolfo Ruiz Rodriguez

Director General del Periódico Digital e-consulta

Presente

Al revisar tu columna «La Corte de los Milagros» del jueves 28 de enero del año en curso, en uno de sus apartados mencionas que mantuve reuniones en diferentes momentos con Javier López Zavala y Rafael Moreno Valle Rosas, para ofrecerles exactamente lo mismo: ser un operador político dentro de la BUAP. Lo que significa una traición a Javier López Zavala.

Me consta en muchos casos la seriedad de tus comentarios por lo confiable de tus fuentes de información, sin embargo en este caso solamente te puedo decir que te «chamaquearon» y fuiste el medio adecuado para fomentar una intriga en contra de mi persona exaltando mi condición de Coordinador de la Maestría en Ciencia Política.

Tres razones son fundamentales para negar las mentiras de tus informadores: no mantengo ni he tenido ningún trato personal, profesional o político con las personalidades que mencionas o con sus hombres de confianza; no tengo ningún interés en involucrarme con algún precandidato, campaña o partido político y; la tercera razón es que buscar ser operador electoral en la BUAP, es algo insensato.

Quien quiera hacerlo o este cumpliendo esta función estará traicionando los principios que dan sentido a la Universidad Publica de ser una institución académica libre, independiente y autónoma del poder político.

Hasta ahora me considero un hombre equilibrado y sano mentalmente. Como universitario no tengo ni busco aspiraciones de este tipo.

Recibe como siempre mis atentos saludos y un fraternal abrazo.

Atentamente

H, Puebla de Z, a 28 de Enero de 2010

Nicéforo Rodríguez Gaytán

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Simón dice:

«El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor».

Confucio (551 AC-478 AC). Filósofo chino.

* Jorge Sánchez alienta denuncias en contra de la directora general

* Enrique Doger negocia la alcaldía y una diputación plurinominal

Si las relaciones entre el presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, y el anterior director general del organismo, José Antonio Bretón Betanzos, eran pésimas, las que mantiene con la actual directora Marcelina Sánchez Muñoz son francamente nocivas.

A tal grado, que uno y otra han convertido al Instituto en campo de batalla de sus confrontaciones y zancadillas políticas, en al menos cinco frentes, en perjuicio del desarrollo, organización, credibilidad y certidumbre del proceso electoral en marcha.

El primer frente de batalla lo es la investigación sobre la desaparición y venta del material electoral en buen estado, por parte de Marcelina Sánchez, en perjuicio del patrimonio del IEE.

De acuerdo con distintos oficios y memorandums que el propio presidente del Instituto ha circulado, Marcelina Sánchez sería responsable de la desaparición de urnas, mamparas y otros materiales que se adquirieron para el proceso electoral del 2007 —en alrededor de 8 millones pesos— y que en las elecciones de julio de este año serían reutilizados.

En febrero de 2009, siendo directora de Organización Electoral, Marcelina Sánchez reportó la existencia en buen estado de 5,340 urnas para la elección de miembros de ayuntamientos, de 5,440 urnas para la elección de diputados, así como otros materiales y utensilios electorales como cintas de seguridad, cajas contenedoras y tijeras.

El caso es que diciembre del mismo año, la Contraloría Interna del Instituto emitió un reporte al consejero presidente de la Comisión Administrativa, Miguel David Jiménez López, informándole que en bodega sólo se hallaron 1,700 urnas de la elección de miembros de ayuntamientos, y 1,700 mamparas, las cuales fueron vendidas al ingeniero Roberto Ruiz Ríos en 129 mil pesos.

La investigación que el representante del PAN, Rafael Guzmán Hernández, solicitó para saber qué pasó con el grueso de las urnas y mamparas que Marcelina Sánchez reportó en buen estado, sigue empantanada, por la negligencia del contralor interno del Instituto, Paul Rodríguez Barragán, y de la hoy directora general del Instituto.

Un segundo punto de conflicto entre el presidente del IEE y la directora general es la resolución de la Contraloría Interna sobre el desempeño de Verónica Paola Cruz Castillo como encargada administrativa hasta el viernes 6 de noviembre de 2009.

Marcelina Muñoz apoya la resolución del contralor Paul Rodríguez para que la exprotegida de Jorge Sánchez —a quien se le responsabiliza de la pérdida de los depósitos que el Instituto pagó por la renta de diversos inmuebles en las elecciones de 2007— sea sancionada e inhabilitada del servicio público un año, cuestión a la que el susodicho se opone, postergando el tema en las sesiones y mesas de trabajo del Consejo General.

El cambio de sede del Instituto, de las oficinas de 15 Poniente 3515 de la colonia Belisario Domínguez, al edificio del boulevard Atlixco 2103, es otro motivo de controversia.

Jorge Sánchez no sólo se abstuvo en la votación donde los consejeros decidieron cuál sería la nueva sede del Instituto, sino que ha dejado correr la especie de que ésta obedece a un pago de facturas de Marcelina con los hijos de quien fuera su jefe en el ISSSTEP, el extinto Miguel Martínez Villalpando, propietarios del edificio del boulevard Atlixco.

La jerarquía sobre algunos directores y funcionarios que noviembre de 2009 llegaron al Instituto, muchos de ellos sin antecedentes en el Servicio Electoral Profesional del IEE, es un cuarto campo de batalla entre el consejero presidente y la directora general del organismo.

A diferencia de lo que ocurría hasta noviembre de 2009, donde Jorge Sánchez hacía y deshacía en la Dirección Administrativa, con la complicidad de la entonces encargada de despacho Verónica Paola Cruz, el margen de acción del consejero presidente en esta y otras direcciones del Instituto ahora es limitado.

De entrada, el nuevo director Administrativo, Francisco Rivera Morán, no fue propuesto por él, sino enviado por la Secretaría de Finanzas y Administración para poner orden en el Instituto.

El nuevo contralor interno Paul Rodríguez Barragán —quien de 2004 a 2007 fue jefe de la Oficina de Planeación y Seguimiento de la Dirección General del IEE, de la que salió por diferencias con José Antonio Bretón — tampoco es una propuesta suya, sino de los consejeros Paul Monterrosas Román y Joel Paredes Olguín.

De la actual estructura administrativa y operativa del IEE, el consejero presidente sólo tiene como aliado al director de Organización Electoral, Miguel Cuauhtémoc Luna Mendoza, a quien incluso intentó llevar a la Dirección General, en lugar de Marcelina Sánchez Muñoz, cuyo nombramiento fue impulsado y consensuado por el representante del PRI ante el Consejo General del Instituto, José Alarcón Hernández.

El quinto frente de batalla está relacionado con la falta de códigos electorales y el atraso en la impresión de éstos, lo que afecta a los consejeros distritales, que ahora tienen que andar sacando copias para saber cómo aplicar la legislación vigente.

Uno y otra se echan la culpa.

Para que el Instituto cuente con códigos requiere convocar a una licitación pública o convocar a un concurso por invitación a un mínimo de tres proveedores, lo que de cualquier manera demorará la dotación de ejemplares a los consejos distritales y municipales por otros 30 días.

¿Sabía usted que el presidente del Instituto Electoral del Estado (IEE), Jorge Sánchez Morales, pretende llevarse la sede del organismo a las que fueron las oficinas de Javier López Zavala, como coordinador estatal de Promoción al Voto del PRI en las elecciones locales del 2007?

¿Y sabía que el despacho donde Jorge Sánchez instalaría la oficina de la presidencia del Instituto es el mismo que tenía López Zavala en ese edificio del Boulevard Atlixco a la altura de la 19 Poniente?

¿Y sabía usted que ese capricho, de trasladar la sede del IEE a ese infuncional inmueble, propiedad de los hijos del difunto doctor Miguel Martínez Villalpando, le costará al organismo electoral la friolera de 218 mil pesos mensuales?

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Otra opción, quizás más funcional, pero aún más onerosa para las arcas del Instituto Electoral del Estado que la anterior, es el casco de hacienda ubicado en la 11 Sur y 31 Poniente, en el que hasta hace unos meses operaba una franquicia del restaurante Mi Viejo Pueblito.

Los propietarios de ese inmueble pretenden cobrar una renta de 230 mil pesos mensuales más IVA.

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¿Sabía usted que los consejeros de la Comisión Permanente Administrativa del IEE pidieron el pasado 27 de octubre que la Contraloría Interna del Instituto iniciara un procedimiento de responsabilidades a la entonces encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo, por diversas anomalías contables y financieras?

¿Y sabía que entre las acusaciones que se le hicieron figura la falta de comprobación de 1 millón 96 mil pesos de una ampliación presupuestal otorgada por la Secretaría de Finanzas y la solicitud de una partida con cargo al presupuesto de 2010 para la compra de equipo de cómputo destinado al área de Consejo General, que ningún consejero o representante de partido político pidió?

¿Y sabía usted que Cruz Castillo se fue del Instituto sin que la Contraloría le abriera una investigación, tal como lo solicitaron los consejeros Miguel David Jiménez López, Alicia Olga Lazcano Ponce y José Víctor Rodríguez Serrano por Acuerdo 005/COPEAD/27-10-09, y sin que ésta explicara dónde quedó el millón 96 mil pesos que se perdió de la partida destinada a la homologación de sueldos de consejeros en 2008?

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¿Sabía usted que una de las primeras acciones del nuevo director Administrativo del IEE, Francisco Rivera Morán, fue buscar a los consejeros Miguel David Jiménez, Alicia Olga Lazcano y Fidencio Aguilar Víquez, para pedirles su voto de confianza?

¿Y sabía que en esa entrevista Francisco Rivera ofreció meter orden en el caos administrativo que le heredó su antecesora, Verónica Paola Cruz Castillo?

¿Y sabía usted que el nuevo director Administrativo no hará nada para que Cruz Castillo sea sujeta de un proceso administrativo, tendiente a fincarle responsabilidades en el ejercicio de su función?

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Simón dice:

«Algunos hay que parecen zurdos de las dos manos».

Alejandro Casona (1903-1965). Dramaturgo español.