LA CORTE DE LOS MILAGROS

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Duelo de titanes

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Así como a nivel local el gobernador Rafael Moreno Valle es el principal operador y elector de los candidatos del PAN al Congreso de la Unión, a nivel federal el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está siendo el gran elector de los abanderados del PRI.

Osorio Chong, por ejemplo, ya decidió que la delegada del Programa Prospera, Nancy de la Sierra Arámburo, sea la candidata a diputada federal del PRI en el distrito 3 con cabecera en Teziutlán, es decir, la rival del Jefe de la Oficina del gobernador Rafael Moreno Valle, el ex priísta Juan Pablo Piña Kurczyn.

Y se sabe que el mismo secretario de Gobernación fue quien formalizó la invitación a la todavía panista Ana Teresa Aranda Orozco para que sea la candidata externa de la coalición PRI-PVEM en el distrito 11 con cabecera en la capital del estado, y el que le garantizó su inclusión en un buen lugar en la lista de candidatos plurinominales por la cuarta circunscripción nacional.

En estas circunstancias las elecciones federales en Puebla adquieren una mayor relevancia, más allá de una cerrada contienda entre el PRI y el PAN, porque el territorio poblano será una de las primeras arenas políticas entre dos aspirantes presidenciales: Osorio Chong y Moreno Valle.

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Cómo estarán viendo las cosas en Casa Puebla que el gobernador Rafael Moreno Valle ya le anticipó a ciertos precandidatos del PAN a diputados federales que hoy ocupan puestos de elección popular en el Cabildo de Puebla y el Congreso del estado, a que pidan licencia o se separen de sus cargos, aunque el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no los obligue.

El gobernador los instruyó a meterse a fondo en las campañas, a tratar de conseguir el mayor número de votos posibles y a evitar situaciones que se presten al golpeteo mediático, como lo podría ser el hecho de que sean candidatos y regidores o candidatos y diputados locales al mismo tiempo.

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Por lo anterior puedo anticiparle que antes de marzo, muy posiblemente después del primer informe de José Antonio Gali Fayad, habrán presentado su licencia los regidores Francisco Xabier Albizuri Morett y Ángel Francisco Javier Trauwitz Echeguren, al igual que el síndico Héctor Sánchez Sánchez.

A Xabier Alziburi lo sustituirá su suplente, Yuridia Magali García Huerta; a Ángel Trauwitz, José Manuel Pérez Vega, mejor conocido como Pepe Momoxpan; y al síndico Héctor Sánchez, el actual director del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Pioquinto de Jesús Carvajal Chartuni.

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Este miércoles el director de la Facultad de Derecho de la BUAP, Carlos Antonio Moreno Sánchez, rindió su primer informe de labores en presencia del rector Alfonso Esparza Ortiz. Los amagos de protesta, sólo quedaron en eso, en amagos que no fueron más allá de artículos y volantes en contra del director de esa unidad académica, por los constantes cambios de funcionarios.

En la corta gestión de Moreno Sánchez han pasado por la Secretaría de Investigación y Estudios de Postgrado los doctores León Magno Meléndez George, José Jesús Salvador Vázquez Vallejo, César Ricardo Cansino Ortiz, Francisco Martínez Alpízar y Rossana Schiaffini Aponte, quien hace unos días rindió protesta del cargo.

Por la Secretaría Académica han desfilado las maestras Silvia Lilia Vázquez Calderón, Patricia de los Ángeles Vargas, y Georgina Tenorio Martínez, quien fue Defensora de los Derechos Universitarios en la gestión del rector Enrique Agüera Ibáñez.

Y por la Secretaría Administrativa han pasado los maestros Víctor Castillo Caballero, Alejandro Rebollar Mier, y el doctor Arnulfo Eusebio Cordero Méndez, quien hasta hace unos días era titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios.

Algunos de estos nombramientos han causado desconcierto y malestar en la Facultad de Derecho, pues entre los nuevos funcionarios de la Unidad Académica hay personajes que en el pasado reciente fueron contrarios al actual director Antonio Moreno, como Georgina Tenorio, quien además de ser pareja del doctor José Fragoso Cervón es parte del grupo político del doctor Arturo Rivera Pineda, ex candidato a la dirección de Facultad.

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Este miércoles comieron en el restaurante El Desafuero de Zavaleta el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, y el actual diputado federal Ricardo Monreal Ávila, uno de los principales operadores políticos de Andrés Manuel López Obrador, quien en su primer día de gira por la entidad poblana acusó al gobernador Rafael Moreno Valle de hacer negocio con las obras del Segundo Piso de la autopista México-Puebla. ¿Pues qué sabrá que los poblanos ignoramos?

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Elia Tamayo, la roca en el zapato de Moreno Valle

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En el caso de Chalchihuapan, el gobierno del estado ha venido jugando al filo de la navaja y esos riesgos comienzan a pasarle factura.

Lo ocurrido este jueves en el marco del Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia con la presencia de la madre del menor fallecido en Chalchihuapan, Elia Tamayo Montes, era previsible.

Su simple presencia — y la torpe decisión de algunos funcionarios locales de echarla del Centro Expositor, sede del Congreso— no sólo llamó la atención de varios de los congresistas internacionales, sino que puso al gobierno del estado contra la pared, por la insensibilidad que ha mostrado frente a este crimen no esclarecido.

Si la intención de la administración morenovallista sobre este Congreso Mundial era borrar del imaginario colectivo las imágenes del niño de Chalchihuapan, José Luis Tehuatlie, víctima fatal del desalojo del pasado 9 de julio en la autopista Puebla-Atlixco, el tiro le salió por la culata.

La bruta decisión de pedirle a Elia Tamayo que abandonara el Centro Expositor, pese a que ahí había sido citada para reunirse con activistas y defensores de los derechos de la infancia que acuden a este Congreso internacional, sólo hizo más grande el escándalo.

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En el transcurso de la próxima semana el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, podría hacer saber al gobierno del estado su insatisfacción por el supuesto cumplimiento de las once recomendaciones que emitió sobre el caso Chalchihuapan, el pasado 11 de septiembre.

El nuevo ombudsman tiene por delante retos muy complicados, por lo que no sería nada raro que en aras de ganar legitimidad comience enmendándole la plana al gobernador Rafael Moreno Valle, por el evidente incumplimiento de algunas recomendaciones, como la tercera, la quinta o la sexta que textualmente dicen:

“TERCERA. Instruya a quien corresponda para que se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familiares en los términos más amplios y de manera integral, acorde con lo que establecen los estándares internacionales en la materia y la Ley General de Víctimas, con motivo de los actos y omisiones en que incurrieron los servidores públicos de la instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del Estado de Puebla que participaron en los hechos del 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla; elabore para ello un registro que permita identificar adecuadamente a cada una de las víctimas, el tipo de reparación que se le otorgará, los tiempos y las condiciones para que la misma se encuentre debidamente solventada, y envíe a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

“QUINTA. En el contexto anterior, instruya a quien corresponda para implementar una estrategia para la atención de demandas sociales en el estado de Puebla que contemple la solución pacífica de conflictos, se abstenga de criminalizar la protesta social y prevea acciones efectivas y eficaces de coordinación institucional para el tratamiento de manifestaciones públicas, privilegiando en todo momento el diálogo y reduciendo los riesgos que pudiera representar el uso de la fuerza.

“SEXTA. Instruya a quien corresponda para que se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo, se den a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta Recomendación, y se informe a esta Comisión Nacional sobre las acciones que se lleven a cabo para tal efecto”.

Es obvio que la mayor víctima del caso Chalchihuapan, la señora Elia Tamayo, no sólo no ha recibido una disculpa institucional, ni la reparación del daño por la muerte de su hijo de 13 años, sino que la administración estatal sigue empeñada en la criminalización de la protesta social, como se ha demostrado con el encarcelamiento de seis vecinos de Chalchihuapan y de los presidentes auxiliares de La Resurrección y Canoa, quienes encabezaron las protestas por el retiro de los servicios del Registro Civil a las juntas auxiliares de la entidad.

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Otra queja contra los organizadores del Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia partió de quienes recibieron becas para asistir sin costo al evento, ya que no recibieron audífonos para escuchar las intervenciones de los ponentes extranjeros.

Los inconformes, procedentes de universidades y dependencias estatales, indicaron además que no tienen derecho a una constancia de participación y ni siquiera a un pase para alimentos.

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Francisco Martínez, nuevo secretario de Investigación en la FDCS de la BUAP

Finalmente Paulino Arellanes Jiménez no fue designado secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, sino Francisco Martínez Alpízar.

El ex candidato a director de la Facultad de Derecho es un conocido litigante laboralista, que hasta hoy se desempeñaba como asesor del Centro de Vinculación de la BUAP, lo que antes era el Bufete Jurídico Universitario.

Martínez Alpízar es doctor en Derecho, fue socio de Alejandro Gallardo Arroyo y amigo del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Velázquez Cruz.

Tiene 27 años como docente y entre los catedráticos de la Facultad es conocido como La Gripa, en alusión a su estatura: «el hombre del cuerpo cortado».

La designación de Martínez Alpízar, en sustitución de César Cansino Ortiz, fue hecha por el director de la Facultad, Carlos Antonio Moreno Sánchez con base en el artículo 115 fracción VIII del Estatuto Universitario.

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