¿Nepotismo en órganos fiscalizadores?
Contraloría y Orfise, conflicto de interés

Un personaje de bajo perfil, pero muy influyente entre los administradores públicos del gobierno marinista y las instancias encargadas del control y la fiscalización de los recursos, es José Armando Sánchez Nava.

Su nombre quizás no le diga mucho, pero se trata del director administrativo del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado (Orfise), que es la dependencia de mayor rango en la entidad en materia de auditoría y fiscalización de recursos públicos, detección y prevención de desviaciones, y la encargada de corregir y sancionar a funcionarios ineficientes o deshonestos.

La influencia de Sánchez Nava radica, como ya se indicó, en los estrechos vínculos que mantiene con directores de Administración de varias dependencias, cuyas cuentas públicas son revisadas por el Orfise, y en el poder que ejerce sobre el personal de auditoría interna y los auditores externos encargados de dictaminar las cuentas públicas de ayuntamientos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como de paraestatales, paramunicipales y organismos operadores de agua potable.

Su error —y vaya que lo es— ha sido recomendar y colocar a parientes suyos en áreas y cargos no sólo muy visibles, sino que además conllevan un innegable conflicto de interés, por la posición que tiene en el Orfise y los puestos que desempeñan sus hermanos, cuñados y demás consanguíneos.

Juzgue usted si no:

Su cuñado Raúl Egremy Palomeque es jefe del Departamento Administrativo del Instituto de Artesanías e Industrias Populares.

Su cuñada Paola Verónica Cruz Castillo es la encargada de la Dirección Administrativa del Instituto Electoral del Estado.

Su hermano José Alfredo Sánchez Nava es director administrativo del Tribunal Electoral del Estado.

Y su otro hermano, Luis Sánchez Nava, es director administrativo del Hospital General de Puebla.

Ahora si que como decía el fallecido cómico Pompín Iglesias: ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia!

INTRAMUROS
Otros personajes que también cojean del mismo pie que José Armando Sánchez Nava son el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz y el auditor general del Orfise, Víctor Manuel Hernández Quintana.

Entre los parientes del titular de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) destacan:

Su hermano Salvador Sánchez Ruiz, quien se desempeña como auditor externo autorizado del Orfise.

Su sobrino Salvador Sánchez Martínez, quien acaba de ingresar Orfise como auditor interno.

Su hermano Alfredo Willehado Sánchez Ruiz, quien funge como director del Servicio Estatal de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Competitividad.

Y su también hermano Roberto Sánchez y Ruiz, a su cargo la Subdirección de Planeación del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos.

Por lo que hace al auditor general del Orfise, su lista de parientes es más bien reducida, no así los conflictos de interés en que se encuentra inmerso en función de su cargo y sus subordinados.

Y es que su hijo Pául Hernández Argüelles es el contralor municipal de San Andrés Cholula; su secretario particular, Andrés Morales Hernández, es socio de un despacho de contadores — Grupo Caballero— dedicado a la asesoría de presidentes municipales; su pareja Araceli Ratoni Hernández en su asesora jurídica, y la hermana de su pareja, María del Rosario Olga Ratoni Hernández, su secretaria privada.

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Este martes la periodista y ex diputada Nancy de la Sierra Arámburo regresará a la pantalla chica, a través de un programa semanal de análisis y entrevistas bajo el título Mirada Pública.

La revista, dedicada a las políticas públicas, se transmitirá a las 22 horas por el canal 26 del Sistema de Información y Comunicación del gobierno del estado (Sicom).

Los primeros invitados de Nancy de la Sierra en su nuevo programa —que por cierto será producido en vivo por El Chacal, Raúl Velázquez—  serán Lauro Sánchez López, coordinador de asesores del gobernador Marín, y el maestro Lino Meza León, de la Universidad Autónoma de Puebla.

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El ex dirigente estatal panista Juan Carlos Espina von Roehrich, quien actualmente se desempeña como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, regresará a Puebla, al frente de una de las delegaciones más disputadas por distintos grupos del PAN y del PRI pintado de azul.

Me refiero a la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de la que fue removida el pasado 31 de mayo Anahí Romero Alonso, quien de inmediato fue rescatada y reubicada en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, bajo el cobijo de su director Luis H. Álvarez.

Juan Carlos Espina, quien ya también fue diputado federal en la LVII Legislatura, llegará a la Sedesol en los primeros días de agosto.

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La poca sensibilidad que priva en los operadores políticos de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del estado, para flexibilizar su posición en torno a las reformas a la Ley de Transparencia, podría tensar las cosas más de lo necesario y meter al gobernador Mario Marín Torres en un nuevo escándalo, ahora que las televisoras, en especial TV Azteca, andan buscándole los pies.

Con su negativa a impulsar una Ley de Transparencia de avanzada, los priístas no sólo darán pretexto a los panistas para cuestionar a fondo la cuenta pública del gobernador Mario Marín, que en este periodo ordinario de sesiones debe aprobarse, sino también las cuentas públicas de otros sujetos de fiscalización como el Soapap y el Instituto Electoral del Estado.

La falta de oficio del presidente de la Gran Comisión, Othón Bailleres Carriles, puede ser capitalizada por los críticos y opositores del marinismo, para evidenciar la cerrazón de la actual administración estatal en el tema de la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos.

Y en que lo que falta del segundo periodo ordinario de sesiones, los diputados priístas tendrán que aprobar las reformas a la Ley de Transparencia, decidir la remoción de Antonio Juárez Acevedo al frente de la CAIP, designar a un nuevo comisionado, elegir a un nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos y  aprobar la cuenta pública del gobernador.

Y todo eso, en el contexto de una guerra entre el gobernador y TV Azteca México, por la negativa de los directivos de la franja, estrechamente vinculados al Ejecutivo estatal, de renovar a la televisora del Ajusco los derechos de transmisión del equipo de futbol de Primera División.

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Por si los documentos que en su edición de ayer publicó El Sol de Puebla no fuera suficientes para echar a Antonio Juárez Acevedo de la Comisión para el Acceso de la Información Pública (CAIP) este día e-consulta y este blog reproducen un directorio de agrupaciones políticas nacionales, de agosto de 2004, elaborado por la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral (IFE).

En dicho directorio, que e-consulta ya había publicado en julio de 2007, se puede apreciar cómo todavía en agosto de 2004, Antonio Juárez Acevedo aparecía como secretario general de Plataforma Cuatro, y Marco Tulio Zárate Luna como presidente de esta agrupación política nacional.

Marco Tulio Zárate, para más datos, se inscribió en enero de 2007 como compañero de fórmula de Aischa Vallejo Utrilla para dirigir el Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Mantener al frente de la CAIP a Juárez Acevedo no sólo es un acto terquedad política por parte de los diputados priístas y el gobernador Mario Marín Torres, sino afrenta la legalidad y legitimidad del proceso donde aquel fue designado.

Y es que el presidente de la CAIP no sólo incumplía con uno de los requisitos de la convocatoria, no haber formado parte de un partido o agrupación política nacional, sino porque falseó su curriculum vitae al omitir ese importante dato a los diputados de la LV que revisaron y aprobaron su expendiente.

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De cómic las últimas declaraciones del presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, en el sentido de que su homóloga Olga Lazcano Ponce podría ser relevada del máximo organismo electoral por andarlo acusando de corrupto, con sumas y restas que no cuadran, y por meterse a fiscalizar los recursos públicos asignados al IEE cuando, según él, esa no cuestión no forma parte de sus facultades y atribuciones.

Lo que a Jorge Sánchez se le olvida es que fue él mismo, quien después de presentar su polémico informe sobre el ejercicio presupuestal de 2007 y frente a las críticas y cuestionamientos que recibió de consejeros y representantes de partidos políticos, él mismo aceptó someterlo a glosa, cosa que a la fecha se ha negado a realizar.

El consejero presidente tampoco ha querido proporcionar a los consejeros, entre ellos a Olga Lazcano que forma parte de la Comisión Permante de Administración, los cinco informes de auditoría que dejó la anterior contralora interna, Dalhel Lara Gómez, y los resultados de la auditoría del despacho externo Freyssinier Morin, y tampoco a ofrecer una explicación del por qué no cuadran los informes financieros parciales que los consejeros han recibido con el que rindió en marzo del 2008.

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