Dos parecen ser las realidades del Instituto Electoral del Estado (IEE) en materia de transparencia y rendición de cuentas; una, la que han venido denunciando de manera recurrente algunos consejeros como Olga Lazcano Ponce y Fidencio Aguilar Víquez, junto con algunos representantes de partidos de oposición y, otra, la que el propio presidente del organismo, Jorge Sánchez Morales, y el resto de los consejeros, expresan con su prudente (¿o será cómplice?) silencio frente a esas críticas.

Para situar el tema, creo que es conveniente que el lector sepa que tanto las críticas de Lazcano como Víquez se han hecho públicas a través de algunos artículos difundidos en e-consulta y El Sol de Puebla.

En dos artículos que llevan por título “Una crisis muy conveniente” y “¿Qué Consejo debemos construir?”, la consejera Olga Lazcano ha dibujado la realidad administrativa y financiera del IEE en estos términos:

“… lo que caracteriza al Instituto Electoral del Estado es un gran desorden administrativo que se refleja en todas las actividades operativas del mismo y lo preocupante es que si no se corrige el rumbo afectará la organización del próximo proceso electoral 2010”.

“… la Presidencia del Instituto no ha realizado ningún intento de defensa de la autonomía (presupuestal), y en cambio ha realizado un esfuerzo de reducción a partir de aspectos que en ocasiones suenan francamente ridículos… y (que) tienden una cortina de humo con aparentes medidas de austeridad. La tesis no puede ser más simple, a río revuelto ganancia de pescadores”.

“… para el Ciudadano Presidente del Consejo nuestros requerimientos de claridad de procedimientos administrativos y transparencia constituyen un exceso fiscalizador … y consecuentemente ha hecho hasta lo imposible por bloquear el flujo de información aduciendo que la cuenta pública ya fue aprobada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla”.

Las denuncias del consejero Fidencio Aguilar han seguido el mismo derrotero, como puede verse en un artículo bajo su firma que lleva por título “Los refranes y las metáforas”, y del cual publico aquí tres párrafos:

 “Yo conozco la historia, la fábula, la comedia de un presidente de un instituto que se beneficia económicamente de una política como esta: `a río revuelto, ganancia de pescadores`. Y es que la crisis (el río revuelto) tiene sus ventajas (ganancia de pescadores)”.

“La historia comenzó hace dos años, cuando hubo una elección, el presidente de ese instituto (que debía organizar la mencionada elección), salió con el con que de que no había dinero: que finanzas no había entregado el dinero y que éste era escaso; así, el pobre instituto pasó las de Caín durante enero, febrero, marzo, abril (y el dinero, simplemente, no fluía); hasta el papel sanitario era escaso.

“Pero, de repente, como por milagro, el dinero comenzó a fluir y los problemas empezaron a solucionarse (aunque el retraso, el contratiempo y las prisas hicieron de las suyas). Con el tiempo se supo que el dinero estaba ahí, pero estaba invertido en valores financieros y, como dice el refrán, «nadie supo, nadie vio».

Lo que al reportero le llama la atención de estos artículos y de estas acusaciones ––a mi juicio graves––  es la nula respuesta de la parte agraviada, es decir, del presidente del IEE y el resto de los seis consejeros del organismo que no han salido a desmentirlas y tampoco a refutarlas.

Como si lo mejor fuera no revolotear la caca que flota en algunas áreas del organismo por temor a salpicarse más de lo necesario, y como si estos seis consejeros avalaran con su cómplice silencio las anomalías y corruptelas del presidente del IEE, cuya actuación en materia de rendición de cuentas está lejos, pero muy lejos de devolverle al Instituto la confianza, credibilidad y certidumbre que requiere para afrontar las elecciones locales del año entrante.

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La consejera local del Instituto Federal Electoral (IFE), Alejandra Gutiérrez Jaramillo, fue nuevamente invitada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para participar como observadora en las elecciones presidenciales de El Salvador, y que por cierto fueron ganadas por un periodista y exguerrillero del FMLN, Mauricio Funes.

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Simón dice:

“La ambición es el último refugio del fracaso”.
 Oscar Wilde (1854-1900). Dramaturgo y novelista irlandés.

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Arrecia la disputa por el Colegio de Economistas
Quiere el huracán Arandia la Comisión de Seguridad

En la primera sesión del año del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), efectuada el viernes por la tarde, el consejero presidente Jorge Sánchez Morales dejó en claro dos cosas: su animadversión hacia Rafael Guzmán Hernández como representante del Partido Acción Nacional, y su opacidad en torno a las finanzas y administración del máximo organismo electoral de la entidad.

El primer tema quedó de manifiesto cuando se rehusó a que Rafael Guzmán rindiera protesta como representante del PAN y participara en la sesión, arguyendo que la Dirección de Prerrogativas, Partidos Políticos y Medios de Comunicación tenía que corroborar con la dirigencia estatal panista la legalidad y autenticidad del oficio de acreditación que éste presentó.

Su exabrupto, porque no se puede calificar de otra forma, fue tan burdo que hubo consejeros que se desmarcaron de él y pidieron se asentara en actas que nada habían tenido que ver con esa decisión personal del consejero presidente, que hasta el representante del PRI, José Alarcón Hernández, mostró su extrañamiento con ese proceder.

Rafael Guzmán, hay que decirlo, ha sido uno de los representantes partidistas que en el pasado reciente más han criticado la falta de transparencia en las finanzas del Instituto, así como los excesos y la opacidad del consejero presidente en los ejercicios presupuestales de los dos últimos años.

La segunda cuestión que también quedó de manifiesto en esa sesión del IEE, fue que Jorge Sánchez Morales sigue haciendo de las suyas con los recursos públicos asignados al organismo electoral.

Cuando la consejera Olga Lazcano Ponce le solicitó, en asuntos generales, que aclarara quién había autorizado, qué beneficios se habían obtenido y a qué se habían aplicado los intereses por 849 mil pesos de algunos fondos de inversión contratados por el Instituto con instituciones financieras y bancos como HSBC, Jorge Sánchez simplemente eludió el tema.

Éste afirmó que el asunto de las inversiones debía abordarse con la encargada de la Dirección de Administración, Verónica Paola Cruz Castillo, o en todo caso con el director general del Instituto, Antonio Bretón Betanzos, por ser el jefe de aquella.

El consejero Fidencio Aguilar Víquez le pidió, por su parte, una explicación sobre los 4.3 millones de pesos que la Secretaría de Finanzas y Administración del estado había transferido al IEE, como parte de su presupuesto autorizado para el 2009 por parte del Poder Legislativo local.
Jorge Sánchez intentó evadir el tema, y nuevamente solicitó que éste se tratara con la responsable del área, Paola Cruz, o con su jefe inmediato, Antonio Bretón.

Fidencio Aguilar insistió que el asunto se resolviera ahí.

Y fue entonces que se le explicó que las transferencias por 4.3 millones de pesos se habían canalizado a compensar los sueldos de los consejeros electorales y a cubrir diversos gastos de la Unidad de Transparencia.

A Jorge Sánchez le replicó que la compensación de los sueldos de los consejeros ascendía a 1.2 millones de pesos y que los gastos de la Unidad de Transparencia a poco más de 200 mil pesos, por lo que las cuentas no salían.

Terció en la discusión el director general del IEE, al señalar que propondría a la Contraloría llevar a cabo una auditoría para conocer el destino de tales transferencias por 4.3 millones, que en ese momento no pudieron ser justificadas por Jorge Sánchez, ni por su encargada de administración.

EN CORTO
Apenas se publicó el jueves la convocatoria para renovar el Consejo Directivo del Colegio de Economistas de Puebla, arreció la disputa entre dos de los tres aspirantes a suceder a Honorio Isidro Ojeda Lara en la presidencia del organismo: Jorge Moreno Valle Buitrón y José Octavio Castilla Kuri.

El primero, empresario deportivo y hermano del actual director del Fideicomiso de la Reserva Atlixcáyotl, Rafael Moreno Valle Buitrón, tiene el apoyo del mandamás de Casa Puebla, y de algunos ex presidentes del Colegio como Lauro Sánchez López, con quien ocupó el cargo de vicepresidente.

El segundo aspirante, Octavio Castilla Kuri se desempeña actualmente como director de Planeación del ayuntamiento de Puebla; fue asesor del rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez; subdirector de la Promotora Universitaria de la misma institución, y ex secretario particular de José Alarcón Hernández. Este último también fue presidente del Colegio de Economistas, y es hoy uno de sus principales impulsores.

Para la renovación del Consejo Estatal Directivo 2009-2011 se tenía prevista la participación de Jorge Pérez Mejía, actual vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas, y coordinador de comisiones del Colegio de Economistas de Puebla. Sin embargo, trascendió que la semana pasada, en la víspera de la publicación de la convocatoria, declinó a su aspiración para sumarse al equipo de Moreno Valle Buitrón.

Quien hasta ahora se ha mantenido al margen de la contienda, como un actor imparcial, es el actual presidente del organismo, quizás porque quiere evitar lo que a él le ocurrió en su elección de hace dos años, cuando en la disputa por la presidencia del Colegio su contrincante Leonardo Peña Jacobo, entonces gerente regional de Bancomext, impugnó el proceso y desconoció al presidente de la Comisión Electoral, Lauro Sánchez.

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Trivia:

¿Qué aspirante priísta a la gubernatura de Puebla canceló un contrato de asesoría a una prestigiada firma consultora cuando supo que ésta tenía como cliente al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto?

Dos tips.

1. El susodicho tiene pacto en la contienda interna del PRI por la presidencia de la República con el senador y exgobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

2. En el estudio comparativo que le hizo la mencionada consultora, midiendo sus atributos y defectos con otros aspirantes a la gubernatura de Puebla, no sale muy bien librado.

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El próximo martes 24 de los corrientes, en el auditorio de la facultad de Derecho de la BUAP, se efectuará una mesa de análisis sobre las elecciones federales de este año, en la cual participarán el doctor Francisco Aceves González de la Universidad de Guadalajara; el doctor Víctor Manuel Reynoso Angulo, de la Universidad de las Américas Puebla; el maestro Elías Aguilar García, director de la firma de estudios de opinión Indicadores; el periodista Arturo Luna Silva, director del nuevo portal Puebla on line, y el que esto escribe.

La mesa de análisis será coordinada por el doctor Jorge Calles Santillana, en el marco de la Semana de la Sociología, que del 23 al 27 de marzo se efectuará en esta escuela adscrita a la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP.

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Raúl Sergio Arandia Jiménez “El Huracán” no sólo quiere ser diputado federal por la vía plurinominal, sino que el PAN lo considere como una de sus cartas fuertes para presidir la Comisión de Seguridad Pública en la entrante legislatura, dada su experiencia de 19 años en puestos policíacos y en áreas de readaptación social y protección civil.

Arandia fue propuesto por los panistas del distrito 15 de Tehuacán como precandidato a diputado de representación proporcional.

Para hacerse de esta nominación, Raúl Arandia tendrá que conseguir una alta votación de los miembros y adherentes del PAN en la entidad, sobre todo considerando que no es de los favoritos del Comité Directivo Estatal, que tiene como prioridades a Pablo Rodríguez Regordosa y a Augusta Valentina Díaz de Rivera.

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Simón dice:

“Es propio de hombres de cabezas medianas embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza”
Antonio Machado, poeta y prosista español.

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Deslegitima el nombramiento de Blanca Lilia
Paco Bernat no vende al Puebla de la Franja

Quién lo iba a decir.

Pero con sus declaraciones publicadas el domingo a ocho columnas en El Heraldo de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, no sólo puso en evidencia a los diputados locales que este lunes ––por fin–– lo echarán de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) después de un largo y tortuoso proceso, sino el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra Cadena como nueva comisionada del organismo, en sustitución de Josefina Buxadé Castelán.

Juárez Acevedo le declaró al director editorial de El Heraldo, Felipe Flores Núñez, que su probable remoción, a la luz de la designación de Blanca Lilia Ibarra, sería una incongruencia y una aberración jurídica del Poder Legislativo.

Textualmente apuntó: “Su caso (el de Blanca Lilia) se encuadra en una situación similar a la mía, es decir, ella era titular de una dependencia municipal, por lo que estaría inhabilitada para el cargo, ella no tiene la culpa, pero no le aplicaron la misma ley ––artículo 21 fracción sexta–– que a mí ahora me condena”.

Juárez Acevedo finalmente será destituido. Ayer la Comisión de Gobernación, a cargo del priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa, resolvió por unanimidad removerlo del cargo y turnar su expediente a la Contraloría, para que esta dependencia del Ejecutivo estatal ––en términos del artículo 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos–– lo sancione e inhabilite.

Sin embargo, previendo su caída, el todavía presidente de la CAIP trató de llevarse de corbata a la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra, en un vano y desesperado intento por homologar sus casos, que de forma y de fondo son diferentes.

En varios aspectos, el contexto y los factores que enmarcaron una y otra designación son distintos.

De entrada, Blanca Lilia no mintió, ni ocultó al Congreso del estado su cargo como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, como sí lo hizo Juárez Acevedo con la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, de la cual no sólo fue miembro sino secretario general.

Este último no sólo violentó la fracción sexta del artículo 27 de la Ley de Transparencia, al inscribirse, participar y ser designado comisionado propietario de la CAIP, no obstante incumplir con uno de los requisitos establecidos en la convocatoria y en la ley correspondientes, sino que incurrió en falsedad de declaraciones, al negar de manera reiterada ––incluso ante los diputados de la LVII Legislatura local–– su pertenencia dicha Agrupación Política Nacional.

En lo único que quizás Juárez Acevedo tiene razón ––y que de hecho será el argumento central de la impugnación que promoverá la comisionada saliente Josefina Buxadé para echar abajo el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra–– es en cuestionar la legalidad de la elección de la nueva comisionada.

Y es que en efecto, Juárez Acevedo como Josefina Buxadé y varios diputados del PAN creen que Blanca Lilia Ibarra debió quedar fuera del proceso de renovación de la CAIP, por haber sido titular de la Comisión  de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, aun cuando esta instancia municipal tenga el carácter de organismo auxiliar transitorio.

En suma: me parece que los casos de Blanca Lilia Ibarra y Juárez Acevedo tienen pocas semejanzas, amén que lo que llevó al segundo a su inminente remoción, fue no sólo una violación del artículo 27 de la Ley de Transparencia, sino su condición de cínico y mentiroso contumaz.

EN CORTO
Aun cuando los priístas eliminaron del dictamen que hoy será sometido al pleno del Congreso del estado, la recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que abra un proceso penal en contra de Antonio Juárez Acevedo por falsedad de declaraciones, lo más probable es que la bancada y la dirigencia estatal del PAN presenten por su cuenta esta denuncia ante el Ministerio Público.

Y es que el PAN quiere utilizar el caso Juárez Acevedo como ariete para llevar mano en el proceso de selección del futuro comisionado de la CAIP, y que no será, como algunos ingenuos creen, el suplente de aquel, Fidencio Aguilar Víquez, quien actualmente se desempeña como consejero propietario del Instituto Electoral del Estado.

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Esta será una semana de sorpresas y noticias en torno al equipo de fútbol Puebla de primera división y su polémica directiva.

Por lo pronto, trascendió que el presidente de La Franja, Francisco Bernat Cid, finalmente decidió mantener el 51% de las acciones del club, después de que el jueves Ricardo Henaine Mezher y Jesús López Chargoy sólo querían entregarle 500 mil dólares, es decir, el 10% de los 5 millones de dólares en que se había pactado la transacción.

Otra noticia que también trascendió es el nombre del empresario tamaulipeco interesado en comprar parte de las acciones del Puebla de La Franja: Miguel Ángel Martínez Rodríguez, director del grupo Comsbmra y dueño del Tampico Madero de primera división A.

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Ayer domingo circularon dos versiones contradictorias sobre la oncena camotera.

Una primera versión, refiere que Paco Bernat cederá el control de La Franja, pero sin vender sus acciones, al grupo de Ricardo Henaine, López Chargoy y Miguel Ángel Rodríguez, el cual confirmará la contratación de Rubén Omar Romano como director técnico del equipo.

En cambio, la segunda versión apunta Paco Bernat está siendo víctima de presiones y chantajes para venda sus acciones a Ricardo Henaine y compañía, so pena de ser encarcelado como consecuencia de varias demandas por fraude y evasión fiscal en su contra.

Según esta misma especie, el accionista mayoritario del Puebla podría anunciar el regreso de José Luis Sánchez Solá “El Chelís” como entrenador del equipo, y denunciar las presiones de que está siendo víctima por parte de sus socios, en complicidad con ciertas autoridades.

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Y hasta la próxima.

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Que el rector de la Benemérita, Enrique Agüera Ibáñez, ya se estrenó en las redes sociales de internet, al subir su perfil al sitio más importante de este tipo en la web, Facebook.

Agüera aparece en esta página electrónica con una foto de medio cuerpo hacia arriba, muy sonriente, y con una frase no carente de significado electoral, aunque él insista que no está campaña: “Vamos por una mejor BUAP y una próspera Puebla… a tu lado”.

Entre los amigos que el rector Agüera tiene dados de alta en su facebook figuran el presidente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier; el nuevo dirigente estatal del PVEM,  Juan Carlos Natale; el senador Rafael Moreno Valle, y el ex rector de la UDLA-P, Pedro Ángel Palou.

También aparecen Mario Marín Jr, Mario Montero Jr. y Melquiades Morales Jr., los periodistas Yuriria Sierra, Isabel Tobón, Isaac Hernández, Arturo Rueda y Zeus Munive; los ex dirigentes del PVEM, Ernesto Guerrero Aguilar y Gustavo Díaz Ordaz, así como estudiantes y egresados de la BUAP, la UDLA-P y el Tec de Monterrey.

El perfil del rector de la BUAP en facebook lo encuentra en la siguiente liga:
http://www.facebook.com/home.php?ref=home#/profile.php?id=1585633688

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Que el coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana de Puebla, José Ojeda Bustamente, podría ser la carta oculta del PRI para ocupar la cartera que dejará vacante Josefina Buxadé Castelán en la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP).

Por lo pronto, este miércoles el Congreso del estado admitirá el ocurso presentado por el académico a fin de entregarle la ciudadanía poblana vía fast track.

Entre los observadores políticos no pasa inadvertido el repentino interés de Ojeda por hacerse ciudadano poblano, la prontitud con que el Congreso accedió y tramitó su solicitud, y tampoco su actitud conservadora en la discusión sobre las reformas a la Ley de Transparencia, aprobadas por la actual Legislatura, evitando a toda costa las críticas a los diputados de la mayoría priísta.

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Que el próximo 10 de diciembre, los poblanos conoceremos un rostro hasta ahora desconocido del ex candidato del PAN a la presidencia municipal de Puebla, Antonio Sánchez Díaz de Rivera. Me refiero a su faceta de escritor y poeta.

Y es que ese día, a las 18:30 horas en el Aula Virtual del Complejo Cultural Universitario de la BUAP, el actual diputado federal presentará su libro de poemas y reflexiones titulado “Cobija al hombro”, obra que será comentada por la secretaria de Educación Pública del gobierno federal, Josefina Vázquez Mota, y por la presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, María Teresa Colchero Garrido.

El evento, del que ya circulan invitaciones, será presidido por el rector de la Benemérita, Enrique Agüera.

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Quien también está por presentar su más reciente libro sobre filosofía política es el consejero electoral Fidencio Aguilar Víquez.

Su ensayo de 418 páginas, titulado “La modernidad limitada. La idea del ser y el lugar de la razón en el pensamiento de M. F. Sciacca”, fue editado por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del estado de Morelos (CIDHEM).

La reseña que aparece en la contraportada de su obra apunta lo siguiente:

“El siglo XX nació con la certeza de que, al fin, los seres humanos habíamos alcanzado la madurez de nuestro ser histórico; el resultado, por el contrario, fue un siglo de guerras cuyas secuelas, todavía hoy, inicios del siglo XXI, siguen latentes bajo diversas caretas. Aunado a lo anterior, cuando menos tres grandes problemas tienen en jaque a quienes habitamos el planeta: el grave deterioro ecológico, el tráfico ilegal de drogas y de personas y el surgimiento de nuevas formas de terrorismo.

“Lo anterior no se entiende sin conocer el tema de la Modernidad y de su crisis, advertida ya por sus estudiosos más acuciantes. El problema central es este: por qué la humanidad, a partir de la inspiración en el pensamiento moderno, en vez de entrar en un estadio auténticamente humano, lejos de las añejas tiranías de la autoridad y el dogma, ha generado una nueva barbarie que consiste, en términos generales, en la abolición misma de la razón, de la verdad y del ser, incluso del sentido mismo de la ciencia y de la organización social y política, cuya consecuencia es la disolución o ´dislocación´ del sujeto humano en ´infinitas´ almas mortales.

“Debemos de reconocer, sin embargo, que esa pretensión -comprender por qué se ha entrado en un nuevo estado de barbarie- nos desborda. No por ello debemos renunciar a una lectura alternativa del tema de la Modernidad y de su crisis. Es decir, frente al fracaso de una Modernidad ilustrada, pagada se sí misma y autorreferente, o frente al desencanto posmoderno y, a veces, nihilista, frente a ellos se encuentra una Modernidad limitada que reconoce la dignidad de la razón en su vinculación con la Idea del ser. Tal es la filosofía de la integralidad que propone, entre otros, Michele Federico Sciacca, cuyo pensamiento general se expone en este libro”.

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Javier Jaramillo, asesor de Pérez Salazar
Antonio Marín quiere fuera a monteristas

El representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), José Alarcón Hernández, pudo comprobar el martes pasado lo difícil que será avalar el manejo administrativo y financiero del presidente del organismo, Jorge Sánchez Morales, por más gestiones y cabildeos que hagan o hagan a su favor.

Y es que las cuentas del IEE no cuadran, y las justificaciones que se hacen para aclarar las inconsistencias sobre determinadas partidas presupuestales o no checan o, simplemente, contradicen anteriores reportes emitidos por la aún encargada de la Dirección Administrativa, Verónica Paola Cruz Castillo.

Lo más grave del asunto es que los tiempos se agotan, sobre todo por la intención de la mayoría priísta del Congreso del estado de aprobar en las primeras sesiones del tercer periodo ordinario ––que se inicia el próximo 15 de octubre–– la cuenta pública del IEE correspondiente al ejercicio 2007.

El martes pasado, por ejemplo, Jorge Sánchez se hizo bolas para explicar a los miembros del Consejo General del IEE el tema de los depósitos en garantía de 30 inmuebles alquilados por el Instituto el año pasado, y para aclarar por qué los 327 mil pesos que se pagaron por ese concepto ahora eran irrecuperables.

Con la ayuda del titular de la Unidad Jurídica, Rubén Gutiérrez Rosas y del encargado de la Contraloría Interna, Juan Ignacio López Caso, Jorge Sánchez dijo que para el Instituto iba a resultar más oneroso iniciar juicios para recuperar los 327 mil pesos destinados a depósitos que dar por perdida esa cantidad.

Sin embargo, lo que el presidente del IEE ya no pudo explicar ––y tampoco su administrativa–– fue por qué si él mismo reconocía que el Instituto había pagado 327 mil pesos en depósitos, el 25 de abril de 2008 planteó mediante un oficio al secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, Gerardo Pérez Salazar, la necesidad de que esa suma le fuera reintegrada por ser parte de los adeudos que aún tenía el Instituto de 2007.

¿Cómo puede justificarse como pasivo una cantidad que ya se pagó?, fue el cuestionamiento que en distintos tonos le hicieron los consejeros Miguel David Jiménez López, Fidencio Aguilar Víquez y Olga Lazcano Ponce.

El representante del PRI, José Alarcón Hernández ––quien al comienzo de la mesa de trabajo pugnó por zanjar ese diferendo con una especie de borrón y cuenta nueva–– registró las contradicciones y terminó abandonando la causa de Sánchez Morales.

Y no sólo eso: se sumó a la iniciativa del consejero Joel Paredes Olguín para que tales inconsistencias fueran investigadas y aclaradas por la Contraloría Interna mediante una auditoría al consejero presidente y a las áreas involucradas.

El anterior pasaje es sólo un anticipo, una advertencia, de lo que puede llegar a suceder en las próximas semanas cuando el Órgano de Fiscalización Superior (Orfise), la Comisión Inspectora y la mayoría priísta del Congreso del estado traten de aprobar la cuenta pública del IEE correspondiente a 2007.

De entrada, los auditores del Orfise y los diputados del PRI tendrán que valorar el riesgo de aprobar una cuenta pública llena de contradicciones y que en cualquier momento saldrán a la luz pública, comenzando por un segundo informe financiero  —que nada tiene que ver con el que Sánchez Morales entregó a sus homólogos en marzo de este año—, en el que se detallan los gastos del consejero presidente y su oficina en alimentación, víaticos, telefonía y radiocomunicación.

Dichos gastos —que Sánchez Morales maquilló y disfrazó— rebasan en porcentajes de escándalo, las cantidades que el Consejo General le aprobó para el ejercicio 2007.

Pronto los detalles.

EN CORTO
Tras la destitución de su asesorado  —el rector de la Universidad de Guadalajara, Carlos Briseño Torres —, Javier Jaramillo González ya está de regreso en Puebla, ahora como asesor —válgame de Dios— del secretario de Finanzas y Administración del gobierno del estado, José María Pérez Salazar.

Vale aclarar que la nueva asesoría de Javier Jaramillo no es en ámbitos financieros o administrativos, sino en materia política electoral, ya que su actual jefe anda promoviéndose como candidato del PRI a diputado federal por el distrito de Atlixco.

A ver si Pérez Salazar corre con mejor suerte que Rafael Moreno Valle Rosas, de quien Javier Jaramillo fue un estrecho colaborador cuando éste pretendía la gubernatura de la entidad en el sexenio melquiadista.

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El jueves o viernes de la semana pasada, el secretario de Salud del estado, Antonio Marín López, le pidió a Luis Miguel Patricio Viñuela y Reyes su renuncia como director de Administración y Finanzas de la dependencia. Éste no se la entregó y se fue a ver al secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, para que intentara persuadir a Marín López de la conveniencia de manterlo en el cargo.

Otros que también podrían correr la misma suerte de Patricio Viñuela son el director de Operación e Infraestructura, Leopoldo Eusa Dobbie, y la directora de Protección Social en Salud (o Seguro Popular), Sandra González de Yta.

A quien no le pidió la renuncia, pero la quitó como subordinada del coordinador de Servicios de Salud, Ricardo Villa Issa, y enlace con las diez jurisdicciones sanitarias del estado es a Martha Vargas González.

Martha Vargas aún mantiene el puesto de jefa del Departamento de Enlace y Seguimiento Operativo, pero ahora en lugar de reportarle a quien la puso en el cargo lo hace con María Cruz Corona Aguilar.

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Este fin de semana recibí una carta del abogado Fernando Castillo Pacheco en la que me hace saber, primero, que ya no promovió un juicio de amparo a favor del presidente de la CAIP, para echar abajo el proceso administrativo iniciado por el Congreso del estado tendiente a la remoción y destitución de Antonio Juárez Acevedo y, segundo, que fue a otro “respetadísimo abogado” al que solicitó su asesoría jurídica.

Lo cierto es que Juárez Acevedo decidió no ampararse, aunque tenía la intención de hacerlo en los términos que Castillo Pacheco le sugería, sino aguantar el golpeteo hasta diciembre o enero, una vez que concluya la gestión de cuatro años de la comisionada Josefina Buxadé Castelán.

Sobre el respetadísimo abogado que desde el anonimato promueve la permanencia y defensa jurídica de Juárez Acevedo como presidente de la CAIP, trascendió que éste es el notario público José Bustos Jiménez, socio de la Escuela Libre de Derecho.

La réplica de Fernando Castillo a este columnista la encuentra en la sección de comentarios del blog.

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Este lunes habrá de efectuarse una importante reunión político electoral social en el salón Los Faroles de Zacapoaxtla, en la cual estarán presentes, de acuerdo con fuentes confiables, el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier y el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

La comida se efectuará después de las 15 horas, para no hacerla en horario de oficinas, y a ella acudirán alrededor de 400 personas entre operadores políticos, funcionarios de la SDS y activistas del PRI.

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Y hasta la próxima.

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El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, comenzó ayer a sentir el abandono de la mayoría de sus pares, que ya previeron que tarde o temprano la corrupción de éste los manchará.

Por lo pronto ayer en mesa de trabajo, consejeros y partidos volvieron a retomar el tema de la falta de transparencia y claridad en diversos gastos y partidas presupuestales del ejercicio de 2007.

Jorge Sánchez quiso reprender a la consejera Olga Lazcano Ponce, ridiculizándola por no saber sumar y restar. Esta le devolvió la agresión y le dijo que los números que ha exhibido no son los suyos, sino los que él y la encargada de la Dirección Administrativa le han proporcionado.

La discusión subió de tono y a ésta se sumaron otros consejeros como Joel Paredes Olguín, Fidencio Aguilar Víquez y Miguel David Jiménez López, quienes en distintos tonos se pronunciaron por acabar, de una vez por todas, con la opacidad con que se han manejado las cuestiones administrativas y financieras del Instituto.

A diferencia de otras sesiones, ahora ninguno de sus pares salió en defensa de Jorge Sánchez, y tampoco ningún representante partidista. Y es que a la mesa de trabajo de ayer no asistió el representante del PRI, José Alarcón Hernández.

Mañana le tendré más detalles.

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Lo que aquí se anticipó, la renuncia de Francisco Rodríguez Reyes a la presidencia del Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Puebla (CICEPAC), se concretará el próximo lunes 21 de julio, en una asamblea extraordinaria.

Lo que aún no se sabe –y ese día se determinará– es si los socios del organismo se conforman sólo con la renuncia de Francisco Rodríguez o si proceden a expulsarlo, por incurrir en abusos y violaciones estatutarias, al usar el nombre y la documentación del Colegio en su propio provecho.

Cabe recordar que antes de que se formalizara la petición para dejar fuera de la presidencia del CICEPAC a Francisco Rodríguez, los miembros de su consejo directivo habían renunciado en bloque ante la Honorable Junta de Honor, integrada por los últimos cinco ex presidente vivos del Colegio.

Las diferencias entre el presidente y sus seis consejeros fueron irreconciliables, a tal grado que el 15 de abril, en presencia de los integrantes de la Honorable Junta de Honor, se tomó la decisión de hacer efectiva la renuncia de Francisco Rodríguez.

En la asamblea extraordinaria del 21 de julio, no sólo se confirmará tal acuerdo y la intención de someter su gestión a una auditoría, sino de que el Colegio sea dirigido por sus ex presidentes, en tanto se elige una nueva directiva.

Así las cosas, lo más seguro es que de julio a diciembre Enrique Medel Moreno quede como presidente interino del CICEPAC, y los demás ex presidentes del organismo –José Manuel Cuatlayotl Sarmiento, Jorge Rodríguez Morgado, Nicolás Ojeda Ortega y Armando Ortiz Martínez– como coordinadores de las diferentes carteras.

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