Que el segundo intento, por parte de los organizadores del partido Concertación Mexicana — que a nivel nacional encabeza el expanista Manuel Espino Barrientos—, para celebrar en Puebla su asamblea estatal constitutiva se llevará cabo el domingo 1 de diciembre, posiblemente en el mismo lugar de la vez anterior: el Centro Expositor de Cholula, en la antigua Plaza Rubí.

El principal impulsor de Concertación Mexicana en la entidad es Mario Behar Vantolrá, empresario de 28 años de edad, dedicado a prestar de servicios de limpieza en plantas e instalaciones de Pemex.

Entre las organizaciones que actualmente gestionan su registro como partido político nacional, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es el único que hasta el momento ha realizado una asamblea constitutiva en el estado. El partido de Andrés Manuel López Obrador se constituyó en Puebla con 3 mil 400 afiliados.

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Que la decisión del dirigente estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, de publicar hasta enero del próximo año la convocatoria para la asamblea municipal donde se elegirá al sucesor de Gerardo Maldonado Balvanera revela dos cosas: una, que las partes aún no se ponen de acuerdo sobre un candidato de unidad; y dos, que el gobernador sigue empeñado en que el diputado electo Pablo Rodríguez Regordosa asuma la dirigencia del Comité Directivo Municipal en la capital del estado.

Pero también deja ver que el gobernador Moreno Valle y sus operadores no quieren correr ningún riesgo en esa asamblea, por lo que será mejor realizarla cuando ya el alcalde Eduardo Rivera Pérez —uno de los principales opositores de Pablo Rodríguez Regordosa— haya entregado la presidencia municipal de Puebla a su sucesor, José Antonio Gali Fayad.

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Que al excoordinador municipal del PVEM, Gregorio Gómez Planter, ya le mandaron a decir que si persiste en sus críticas y descalificaciones hacia el dirigente estatal del partido verde, Juan Carlos Natale López, pronto podrían hacerse públicos algunos adeudos que dejó con proveedores, así como otros pendientes de su azarosa trayectoria empresarial.

Entre éstos, un adeudo de nueve meses de alquiler por un condominio en Residencial Azul, ubicado a un costado del balneario Agua Azul, y una demanda de casi un millón de pesos por pensión alimenticia de sus dos menores hijos, así como los salarios que le quedó a deber a una empleada que contrató en uno de sus negocios en la Isla de Angelópolis.

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Que este lunes se hizo oficial el movimiento de Cristina Martínez Larenas como Enlace de Comunicación Social, de la Secretaría de Educación Pública, área de la que salió hace poco Patricia Corro Vázquez —para enrolarse en la Secretaría de la Contraloría, con Eukid Castañón Herrera— y Felipe Flores Núñez, cuya estancia en la dependencia fue menor a diez días.

Cristina Martínez estudió Comunicación en la BUAP e hizo una maestría en Dirección de la Comunicación en la Upaep. Arrancó el sexenio como subordina de Cristina Ortiz López en la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

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Deslegitima el nombramiento de Blanca Lilia
Paco Bernat no vende al Puebla de la Franja

Quién lo iba a decir.

Pero con sus declaraciones publicadas el domingo a ocho columnas en El Heraldo de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, no sólo puso en evidencia a los diputados locales que este lunes ––por fin–– lo echarán de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) después de un largo y tortuoso proceso, sino el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra Cadena como nueva comisionada del organismo, en sustitución de Josefina Buxadé Castelán.

Juárez Acevedo le declaró al director editorial de El Heraldo, Felipe Flores Núñez, que su probable remoción, a la luz de la designación de Blanca Lilia Ibarra, sería una incongruencia y una aberración jurídica del Poder Legislativo.

Textualmente apuntó: “Su caso (el de Blanca Lilia) se encuadra en una situación similar a la mía, es decir, ella era titular de una dependencia municipal, por lo que estaría inhabilitada para el cargo, ella no tiene la culpa, pero no le aplicaron la misma ley ––artículo 21 fracción sexta–– que a mí ahora me condena”.

Juárez Acevedo finalmente será destituido. Ayer la Comisión de Gobernación, a cargo del priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa, resolvió por unanimidad removerlo del cargo y turnar su expediente a la Contraloría, para que esta dependencia del Ejecutivo estatal ––en términos del artículo 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos–– lo sancione e inhabilite.

Sin embargo, previendo su caída, el todavía presidente de la CAIP trató de llevarse de corbata a la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra, en un vano y desesperado intento por homologar sus casos, que de forma y de fondo son diferentes.

En varios aspectos, el contexto y los factores que enmarcaron una y otra designación son distintos.

De entrada, Blanca Lilia no mintió, ni ocultó al Congreso del estado su cargo como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, como sí lo hizo Juárez Acevedo con la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, de la cual no sólo fue miembro sino secretario general.

Este último no sólo violentó la fracción sexta del artículo 27 de la Ley de Transparencia, al inscribirse, participar y ser designado comisionado propietario de la CAIP, no obstante incumplir con uno de los requisitos establecidos en la convocatoria y en la ley correspondientes, sino que incurrió en falsedad de declaraciones, al negar de manera reiterada ––incluso ante los diputados de la LVII Legislatura local–– su pertenencia dicha Agrupación Política Nacional.

En lo único que quizás Juárez Acevedo tiene razón ––y que de hecho será el argumento central de la impugnación que promoverá la comisionada saliente Josefina Buxadé para echar abajo el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra–– es en cuestionar la legalidad de la elección de la nueva comisionada.

Y es que en efecto, Juárez Acevedo como Josefina Buxadé y varios diputados del PAN creen que Blanca Lilia Ibarra debió quedar fuera del proceso de renovación de la CAIP, por haber sido titular de la Comisión  de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, aun cuando esta instancia municipal tenga el carácter de organismo auxiliar transitorio.

En suma: me parece que los casos de Blanca Lilia Ibarra y Juárez Acevedo tienen pocas semejanzas, amén que lo que llevó al segundo a su inminente remoción, fue no sólo una violación del artículo 27 de la Ley de Transparencia, sino su condición de cínico y mentiroso contumaz.

EN CORTO
Aun cuando los priístas eliminaron del dictamen que hoy será sometido al pleno del Congreso del estado, la recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que abra un proceso penal en contra de Antonio Juárez Acevedo por falsedad de declaraciones, lo más probable es que la bancada y la dirigencia estatal del PAN presenten por su cuenta esta denuncia ante el Ministerio Público.

Y es que el PAN quiere utilizar el caso Juárez Acevedo como ariete para llevar mano en el proceso de selección del futuro comisionado de la CAIP, y que no será, como algunos ingenuos creen, el suplente de aquel, Fidencio Aguilar Víquez, quien actualmente se desempeña como consejero propietario del Instituto Electoral del Estado.

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Esta será una semana de sorpresas y noticias en torno al equipo de fútbol Puebla de primera división y su polémica directiva.

Por lo pronto, trascendió que el presidente de La Franja, Francisco Bernat Cid, finalmente decidió mantener el 51% de las acciones del club, después de que el jueves Ricardo Henaine Mezher y Jesús López Chargoy sólo querían entregarle 500 mil dólares, es decir, el 10% de los 5 millones de dólares en que se había pactado la transacción.

Otra noticia que también trascendió es el nombre del empresario tamaulipeco interesado en comprar parte de las acciones del Puebla de La Franja: Miguel Ángel Martínez Rodríguez, director del grupo Comsbmra y dueño del Tampico Madero de primera división A.

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Ayer domingo circularon dos versiones contradictorias sobre la oncena camotera.

Una primera versión, refiere que Paco Bernat cederá el control de La Franja, pero sin vender sus acciones, al grupo de Ricardo Henaine, López Chargoy y Miguel Ángel Rodríguez, el cual confirmará la contratación de Rubén Omar Romano como director técnico del equipo.

En cambio, la segunda versión apunta Paco Bernat está siendo víctima de presiones y chantajes para venda sus acciones a Ricardo Henaine y compañía, so pena de ser encarcelado como consecuencia de varias demandas por fraude y evasión fiscal en su contra.

Según esta misma especie, el accionista mayoritario del Puebla podría anunciar el regreso de José Luis Sánchez Solá “El Chelís” como entrenador del equipo, y denunciar las presiones de que está siendo víctima por parte de sus socios, en complicidad con ciertas autoridades.

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Y hasta la próxima.

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Ocurrió el jueves 30 de octubre en el restaurante de moda de los políticos, El Burladero, por la temporada del mole de caderas y espinazos.

Al lugar llegaron los periodistas del Grupo 2 de Julio —Enrique Montero Ponce, Javier López Díaz, Carlos Martín Huerta Macías y Felipe Flores Nuñez— y el gobernador Mario Marín Torres acompañado de su director y su subdirector de Comunicación Social, Javier Sánchez Galicia e Ismael Ríos.

Después de una larga, pero larga sobremesa, Marín hizo ahí una confesión electoral a sus invitados de cara al 2011: que los gobernadores priístas estaban conformando un bloque y que este inclinaría la balanza de la sucesión presidencial.

Sí, así como lo lee, y que este bloque no apoyaría al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto y tampoco al presidente de la Cámara de Senadores, Manlio Fabio Beltrones Rivera, sino a la actual presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel.

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Ayer fue despedido de la dirección editorial de El Universal, Raymundo Rivapalacio.

En su lugar fue nombrado el periodista Jorge Zepeda Patterson, quien se desempeñaba como director del semanario Día Siete, suplemento dominical de la misma casa editorial.

Jorge Zepeda fue subdirector de El Universal cuando la dirección editorial del rotativo, decano de la prensa nacional, estuvo en manos de Roberto Rock.

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Los dirigentes seccionales del SNTE siempre han criticado a los disidentes de tener en su movimiento a personas que no son profesores o que vienen de otros estados.

Pero ellos incurren en el mismo error que critican, al contar también con cachirules.

Una prueba es el oficio enviado el 27 de octubre por el secretario de Organización de la Sección 51, Gumercindo Herrera Rivera, al director de la Universidad Pedagógica Nacional campus Puebla, José Pedro Valdez.

En dicho oficio, el dirigente seccional informa que Isaí Bastían Martínez no fue a clases del 15 al 22 de octubre por encontrarse en resguardo de las instalaciones de la Sección 51 del SNTE.

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Como ayer lo adelantó el columnista Jorge Rodríguez Corona en El Sol de Puebla y e-consulta, Felipe Flores Núñez será el nuevo director editorial de El Heraldo de Puebla, en sustitución de Arturo Luna Silva.

Felipe Flores asumirá la dirección del matutino la semana próxima, junto con Arturo Manzano Nieto, quien será nombrado jefe de información de este periódico propiedad del empresario Ricardo Henaine Mezher.

Arturo Manzano se desempeña actualmente como jefe de la sección de Municipios de El Sol de Puebla y secretario general del sindicato de éste, el periódico de mayor circulación del estado de Puebla.

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Este jueves a las 13 horas, en el Salón de Gobernadores de Casa Aguayo, sesionará la Junta de Gobierno de los Servicios de Salud del estado, y entre los asuntos a tratar destaca la ratificación de Antonio Marín López como secretario de Salud.

Es probable que en esta reunión, Antonio Marín proponga a Mary Cruz Corona Aguilar como coordinadora general de Administración y Finanzas, cargo que está vacante desde la renuncia de Alejandro del Castillo Ávila a principios del año pasado.

Un detalle del que habrá que estar muy pendiente es si a la sesión de la Junta de Gobierno de los Servicios de Salud acude el gobernador Mario Marín Torres o si éste opta por enviar como representante el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano.

La presencia o ausencia del gobernador en dicho acto debe leerse entrelíneas.

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Otro poblano que ya también fue invitado como funcionario de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), cuya dirección está a cargo del ex industrial harinero Juan Ignacio Fernández Carvajal, es César Sotomayor Sánchez.

El ex director del Sistema DIF estatal y ex regidor priísta en la gestión municipal de Enrique Doger Guerrero fue nombrado auditor general de este importantísimo puerto, en cuyas obras de ampliación y modernización se invierten —entre recursos públicos y privados— más de 8 mil millones de pesos.

Antes de César Sotomayor, Juan Ignacio Fernández —también conocido por sus amigos del Club de Golf Las Fuentes como “El Chitón”— ya se había llevado como colaborador al controvertido ex presidente de la Cámara y la Asociación de Empresarios de Puebla y Tlaxcala, Alejandro Couttolenc Villar.

El puerto de Veracruz se ampliará en 400 hectáreas, que les serán ganadas al mar, para hacer crecer su capacidad de manejo de contenedores de 730 mil a 2 millones anuales.

Esta terminal portuaria, dependiente de la SCT, da hoy empleo a 35 mil personas y en el 2007 aportó al fisco alrededor de 22 mil 500 millones de pesos.

Pregunta: ¿Conocerán las autoridades de la SCT los antecedentes de los poblanos invitados por el hermano de “El Diablo” Fernández a Apiver, sobre todo de Alejandro Couttolenc?

Si no lo saben, no estaría de más que indagaran en Puebla, donde el llamado “Llavero” dejó una estela de fraudes y transas tanto en la Cámara y la Asociación de Empresarios Textiles como en sus negocios particulares.

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