Ahora que por diferentes encuestas sabemos que el aspirante mejor posicionado a la gubernatura de Puebla no es un priísta, sino el camaleónico Rafael Moreno Valle Rosas ––lo de camaleónico no es gratuito––, vale la pena analizar qué pasa con la cantera de precandidatos del PRI, que en mi opinión se reduce a un sólo personaje: el secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala.

Sustento mi hipótesis en los porcentajes de posicionamiento e intención de voto que se han dado a conocer en diferentes encuestas, en el adelantado calendario electoral de los comicios locales, y en las condiciones en que se encontrarán por allá de febrero o marzo de 2010 algunos de los aspirantes punteros del PRI.

Además de López Zavala, los estudios demoscópicos que se han publicado apuntan a dos o tres aspirantes adicionales para pujar por la nominación del PRI a gobernador: la presidenta municipal, Blanca Alcalá Ruiz; el ex alcalde Enrique Doger Guerrero y el actual rector de la BUAP, Enrique Agüera Ibáñez.

Los demás precandidatos del PRI —entre los que figuran Mario Montero Serrano, Jorge Estefan Chidiac, Jesús Morales Flores y Alejandro Armenta Mier— aparecen hoy con bajos niveles de conocimiento y bajísimos porcentajes de intención de voto.

Revisemos ahora el caso de los tres punteros.

Algo que no hay que perder de vista en el análisis es la Reforma Constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso de la Unión, por la cual los comicios locales se adelantarán ––y eso no está a discusión–– del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio del 2010.

Con esta reforma constitucional, el calendario electoral de Puebla también se modificará, sobre todo en los plazos de precampaña y registro de candidatos. Si las elecciones para gobernador se llevan a cabo el primer domingo de julio, ello significa que el PRI y los demás partidos estarían sacando sus candidatos en febrero o marzo de 2010.

Bajo estas condiciones, Blanca Alcalá apenas y llegaría a rendir su segundo informe de labores, pues de inmediato deberá solicitar licencia para separarse del cargo. De más está decir que su compromiso ante notario público de gobernar la capital por tres años será una lápida muy pesada en pleno proceso electoral.

Para el rector de la BUAP la situación es igual de compleja.

Enrique Agüera no sólo tendría que asegurar su reelección el año entrante, sino preparar a marchas forzadas a su sucesor, quien necesariamente tendría que salir de una nueva auscultación sectorial por voto universal, directo y secreto. Las elecciones para rector de la BUAP son en septiembre de 2009 y la toma de posesión en octubre.

Cuatro o cinco meses después —es decir, en febrero o marzo de 2010—, Agüera tendría que renunciar para poder participar en el proceso interno del PRI por la candidatura a gobernador. En tal escenario, el Estatuto Orgánico de la BUAP prevé que si el rector renuncia antes de dos años, el Consejo Universitario designa a un rector interino que convoca a nuevas elecciones en un plazo no mayor de 90 días.

Dicho proceso necesariamente se empataría con la elección constitucional, y por tanto la Universidad correría el altísimo riesgo de partidizarse.

El único aspirante que al PRI le quedaría entonces, además de López Zavala, sería Enrique Doger.

Pero el ex alcalde tiene varios problemas: carece de operadores y de una estructura a nivel estatal; está confrontado con el equipo del gobernador Marín, y al seno del PRI se le identifica como un político veleidoso, conflictivo y poco comprometido con los postulados priístas.

Adicionalmente, su imagen pública se ha deteriorado como consecuencia de sus pleitos con varios medios y columnistas, amén de los escándalos de corrupción en que él y algunos de sus colaboradores se han visto envueltos.

Sin embargo, el principal problema de Doger es Mario Marín. El gobernador podrá renunciar a su intento de dejar sucesor, pero una prerrogativa que no va a ceder, sobre todo si López Zavala pierde la nominación, es a ejercer su derecho de veto, y éste tiene como único y principal destinatario al ex presidente municipal de Puebla.

Así las cosas, López Zavala queda como la única carta fuerte que al PRI le queda para confrontar a Moreno Valle en las elecciones para gobernador.

Esta situación es, desde mi perspectiva, altamente riesgosa no sólo por el desgaste a que se verá sometido el secretario de Desarrollo Social de aquí a marzo de 2010, sino por otros factores que las propias encuestas han advertido, como su origen chiapaneco, su menor potencial de voto frente a Moreno Valle y el alto porcentaje de votos de rechazo que concentra entre electores volátiles o switcher.

De ahí mi hipótesis de que al PRI le hace falta ––y con urgencia–– inventarse uno o dos precandidatos emergentes, ya sea para quitarle golpes a López Zavala o para tener a un suplente en caso de que algún escándalo o circunstancia lo dejara fuera de la contienda.

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Zavala, el favorito del PRI, por debajo de Alcalá y Doger
El 38.2% no votaría por un candidato que no nació en Puebla

Aun cuando el PRI le saca al PAN una cómoda ventaja de 11.6 puntos para las elecciones de gobernador de 2010 ––de acuerdo con la segunda encuesta estatal realizada en octubre por la firma Datamática––, el posicionamiento de su principal aspirante a Casa Puebla, el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, registra porcentajes críticos en intención de voto, en comparación con otros precandidatos de su propio partido.

Según este estudio demoscópico aplicado a una muestra de 1557 ciudadanos en 45 municipios de cinco regiones del estado de Puebla, si hoy fueran los comicios de gobernador el PRI obtendría el 32.3% de los votos, el PAN el 20.7%, y el PRD el 7%.

Sin embargo a la pregunta ¿A quién prefiere usted como próximo gobernador del estado de entre Blanca Alcalá Ruiz, Enrique Doger Guerrero, Rafael Moreno Valle Rosas y Javier López Zavala?, la mayoría de los encuestados se inclinó por la alcaldesa de Puebla.

Blanca Alcalá obtuvo el 14.4% de las preferencias, seguida del ex alcalde Enrique Doger con el 11.2% y por el senador panista Moreno Valle con el 10.5%. El último lugar lo ocupó el secretario de Desarrollo Social del estado con el 6.4%.

El estudio realizado por Datamática, empresa consultora dirigida en México por José Zenteno, indagó por qué político o política los electores se sentirían motivados a votar, y los resultados de esta interrogante son muy semejantes a los de la anterior, pues por la alcaldesa de Puebla lo harían el 16.6%, por Doger el 14.1%, por Moreno Valle el 13.0% y por López Zavala el 9.5%.

La encuesta, aplicada entre el 10 y el 12 de octubre de 2008, exploró otros aspectos de los aspirantes del PRI y PAN a la gubernatura, como su voto de rechazo y cuestiones relacionadas con su lugar de nacimiento.

A la pregunta: ¿Usted votaría para gobernador por una persona que no nació, ni creció en el estado de Puebla?

El 38.2% de los entrevistados respondió que No, y el 18.6% que Sí.

Entre los aspirantes a la gubernatura por quienes los electores nunca votarían, el primer lugar se lo llevó Javier López Zavala con el 6.0% de rechazo, seguido de Enrique Doger con el 5.1% y Moreno Valle con el 4.9.

El rechazo de la presidenta municipal Blanca Alcalá es de 2.9%.

En la copia de la investigación entregada a este columnista se plantean tres escenarios, en el primero se pregunta ¿entre Javier López Zavala y Enrique Doger Guerrero a quién prefiere como candidato del PRI a la gubernatura? El 18.5% se inclinó por el ex presidente municipal de Puebla, 10.1% por el secretario de Desarrollo Social, y el 19.5% por ninguno de los dos.

En el segundo escenario se pregunta: ¿Si Rafael Moreno Valle fuese el candidato del PAN, y Enrique Doger el candidato del PRI, por quién votaría para gobernador? El ex presidente municipal obtiene 18.4% y el senador panista el 13.8% de la intención de voto.

En el tercer escenario se cuestiona: Independientemente de su preferencia política ¿a quién prefiere como candidato del PRI a la gubernatura entre Blanca Alcalá y Enrique Doger?

La intención de voto favorece a la actual presidenta con el 16.5%. Doger obtiene el 14.3%.

Hasta aquí una primera parte de la encuesta domiciliaria efectuada por Datamática. Mañana publicaré el resto, con algunos comentarios e interpretaciones adicionales.

EN CORTO
Con el arribo de Antonio Marín y López a la Secretaría de Salud del estado, en sustitución de Roberto Morales Flores, los problemas en la dependencia siguen igual o peor.

Para muestra un botón:

El Hospital General del Norte, que en enero fue inaugurado aun cuando no estaba concluido al 100% y carecía de médicos y enfermeras suficientes para operar, tampoco cuenta con permiso para practicar transfusiones sanguíneas, ni con licencia para adquirir y manejar medicamentos controlados.

De ahí que en el colmo de los colmos, a los pacientes del Hospital del Norte ––que se ubica hasta la 90 Poniente–– no se les puede realizar una transfusión sanguínea, si antes ellos mismos o sus familiares no acuden al Hospital General del Sur, es decir hasta la 125 Poniente, para gestionar esa autorización.

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El ex diputado local Juan Balderas Muñoz será el próximo presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del estado, en sustitución de María Cecilia Hernández Ríos, que fue nombrada subsecretaria de Desarrollo Turístico y Capacitación.

En el camino se quedaron el ex regidor Fermín Castillo Carvajal, y Carlos Gil Pérez, quienes también aspiraban a encabezar la dirigencia de la CNC de Puebla.

Los enterados aseguran que el ex diputado Juan Balderas llega con la venia del secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano; del secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, y de Jesús Morales Flores, miembro de la dirigencia nacional de la CNC.

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Y hasta la próxima

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“No hay peor ciego que el que no quiere ver”, y eso es precisamente lo que pasa con el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz, quien ayer, para variar, desestimó las denuncias que hizo el secretario de Salud Roberto Morales Flores, y las que se han hecho en contra de éste, atribuyéndolas a diferencias personales y no a cuestiones de corrupción.

En la Secretaría de Salud claro que hay corrupción, y claro que hay auditorías en proceso, aunque no para sancionar a los responsables, sino para encubrir los abusos y desvíos de quienes los han cometido.

Si el contralor dice que en la Secretaría de Salud no hay corrupción, ni problemas que afecten la operación de la dependencia, sería bueno que explicara entonces por qué hay desabasto de medicinas en las jurisdicciones sanitarias, y al mismo tiempo se sacan de ahí 52 toneladas de medicamentos y material de curación caducados, contaminados o echados a perder.

Por qué la Tesorería de la Federación está exigiendo a la Secretaría de Salud la devolución de 47 millones de pesos de recursos no ejercidos en 2007 más 1 millón 102 mil pesos por concepto de intereses.

O cómo van las auditorías que lleva a cabo su dependencia sobre los pedidos y pagos que se hicieron a favor de Comercializadora Sevilla S.A. de C.V., y José Arturo Cedeño Díaz, por los contratos GESFAC-192/2007 y GESFAC 158/2007 sobre el suministro de papelería y ropa desechable por montos de 21 millones 187 mil pesos y 29 millones 509 mil pesos, respectivamente.

Y por qué su coordinador de delegados, Vicente Gil Díaz, acepta invitaciones a comer, en horas de oficina, con los principales proveedores de la Secretaría de Salud como Rafael Zabalza Veraza y Genaro Castillo Gómez.

¿No será que la corrupción también lo salpica?

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Aunque finalmente Luis Paredes Moctezuma ya no se presentó el martes a denunciar ante la Procuraduría General de la República al ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, por traición, sedición, rebelión, sabotaje, terrorismo y conspiración en perjuicio del Estado mexicano, de buena fuente le puedo confiar que el ex alcalde de Puebla está siendo alentado por la actual dirigencia nacional panista –entiéndase Germán Martínez Cázares– para golpear a Espino y sus aliados yunquistas.

Y en ese contexto no le extrañe que el mismo Paredes sea el medio para terminar con el vergonzoso amasiato que mantienen el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador Mario Marín Torres, ahora que se acercan las elecciones federales y la sucesión gubernamental.

Un dato que me permite arribar a esta conclusión es la demanda que, finalmente, ya no presentó Luis Paredes en contra Manuel Espino, en la que también incluía al gobernador Mario Marín como cómplice del ex dirigente nacional del PAN, en las elecciones del 2006, y como aliado de algunos jefes locales de El Yunque, que pretendían enviarlo a la cárcel por supuestos actos de corrupción cometidos durante su gestión como alcalde de la capital poblana.

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Para denunciar y hacer del conocimiento de las autoridades federales la forma en que la Dirección Regional del INEGI, a cargo de Jorge Valdovinos Espinosa, viene contratando a personal directivo de este Instituto, la semana pasada se hizo llegar a la Oficina de la Presidencia de la República y a la Secretaría de la Función Pública esta queja, que ya se investiga:

“Con el pretexto de la autonomía del INEGI, la Dirección Regional con sede en Puebla, ha empezado a realizar nombramientos de funcionarios en puestos que de acuerdo a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, tendrían que haber  sido concursados y fueron realizados por designación de las autoridades del INEGI.

“La semana pasada el M.V.Z. Jorge Valdovinos Espinosa, Director Regional (Calle Italia 75 Centro Comercial Plaza San Pedro, Puebla, Puebla, tel  01 22 23 00 41,  e-Mail jorge.valdovinos@inego.org.mx), presentó como la nueva Directora de Estadística (nivel directora de área) a la Mtra. Margarita Romero Centeno ( margarita romero@ inegi.org.mx), y a la Subdirectora  María Agustina Costa Genazzi ( maria.costa@ inegi,org.mx) y a un nuevo Jefe de Departamento, nombramientos que de acuerdo a lo mencionado en la Ley arriba mencionada, deben ser concursados.

“De acuerdo a la Ley que establece la autonomía al INEGI, menciona que debe nombrarse una Junta de Gobierno, misma que establecerá la normatividad interna, entre otras, la de recursos humanos, a no haberse nombrado esta Junta, la Casta Dorada de la burocracia del INEGI, realiza el acomodo de sus piezas, para seguir manteniéndose con el control del INEGI.

“Uno de los principales cuestionamientos del personal del INEGI, ante estos nombramientos es el de que la nueva Subdirectora no pasa un examen de capacidad mínimo para ocupar este puesto, ya que, del manejo de la computadora solo sabe el de los juegos especialmente el del solitario”.

La denuncia en cuestión no sólo quedó registrada bajo el folio 36422, sino que su autora recibió, con fecha viernes 25 de julio, el acuse correspondiente por parte de la Oficina del Presidente Calderón.

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Para mayor información sobre el tema principal de hoy, le recomiendo se remita a las siguientes columnas:

Roberto Morales Flores, acotado, pero sigue en Salud

Dudas metódicas

Salud, mafia de proveedores

¡Ay Dionisio!

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