* Javier García Ramírez, bajo la lupa de Moreno Valle

* Blas Villegas, a punto de ser sancionado por Sedecap

* Óscar Gómez podría regresar a Puebla como funcionario

Hay secretarios que no entienden que el sexenio ya terminó , fue la queja que un alto funcionario de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) llevó hace unos días al gobernador Mario Marín Torres, advirtiéndole de los problemas que seguramente tendrían que encarar en la entrega-recepción de la administración estatal.

Pero también de las pesquisas que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) inició en contra de tres secretarios del gabinete marinista: Javier García Ramírez, José Alfredo Arango García y Gerardo María Pérez Salazar, para corroborar por qué la forma de vida que éstos se dan no corresponde a su nivel de ingresos como servidores públicos.

La preocupación del funcionario de la Sedecap es que tales secretarios estaban dando poca importancia al tema de la entrega de la administración, al mostrar una actitud anodina en el cierre de algunos expedientes de obra y adjudicaciones que se requieren para la cuenta pública de este año, o comportándose como si el sexenio no se fuera a terminar a juzgar por los excesos en su estilo de vida.

Por respuesta el gobernador le dijo que él ya había sido muy claro con sus secretarios y colaboradores, a los que reunió al día siguiente de las elecciones del 4 de julio para hacerles saber que el PRI habría perdido las elecciones y que todos debían prepararse para entregar las oficinas, sacar los pendientes que aun tuvieran y terminar las obras inconclusas, ya que él no metería las manos por aquellos que hubieran caído en abusos como servidores públicos.

Sobre el particular habría que destacar que a mediados de la semana que concluye, el gobernador electo Rafael Moreno Valle Rosas estuvo en la residencia oficial de Los Pinos, y que ahí dejó entrever la posibilidad de abrir procesos administrativos y penales en contra de algunos funcionarios de la administración saliente.

En concreto —según adelantó el jueves por la mañana la Silla Rota en Twitter— de Javier García Ramírez, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

El leit motiv para iniciar estos procedimientos se funda en dos importantes factores: uno, la demanda de los poblanos de que los abusos y excesos cometidos por Mario Marín y sus funcionarios sean castigados y, dos, los sobrecostos de algunas obras como el nuevo Centro Expositor en la zona de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Según la encuesta que el equipo de transición de Moreno Valle mandó a realizar a la firma Parametría, el 69% de los poblanos cree que la mayoría de los funcionarios del gobernador cometió delitos; el 60% confía que el nuevo gobernador no dejará en la impunidad tales excesos, y el 51% que Mario Marín incurrió en algún delito durante su gobierno.

El segundo factor que motiva a Moreno Valle a proceder contra García Ramírez es la fundada sospecha de algunas obras de la gestión marinista que han registrado sobrecostos de hasta del 100% respecto a los contratos originalmente asignados quedarán inconclusas, como el Centro Expositor que ya suma 2,000 millones de pesos de inversión y aún no se termina.

EN CORTO

Profesionistas exitosos que en el sexenio de Melquiades Morales Flores fueron contratados como funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social, pero que en la gestión Mario Marín Torres fueron echados del gobierno, están siendo localizados y reclutados por Fernando Manzanilla Prieto, coordinador general del equipo de transición del gobernador electo Rafael Moreno Valle.

Se sabe que entre los elegidos se encuentran Luis Banck Serrato, director ejecutivo de Asuntos Corporativos de la aseguradora internacional MetLife, y Óscar Gómez Cruz, extitular de la Comisión de Modernización e Innovación Gubernamental de Tabasco durante la gestión de Manuel Andrade Díaz, y actual asesor del gobernador electo de Quintana Roo, el priísta Roberto Borge Angulo.

***

El exdirector general de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), Blas Villegas Lara, se encuentra sujeto a cuatro procedimientos administrativos —uno de los cuales podría convertirse en penal— por malversación y desvío de recursos públicos federales, dependiendo de lo que hagan o dejen de hacer en estos días el titular de la Seduop, Javier García, y el coordinador de Delegados y Comisarías de la Sedecap, Vicente Gil Luna.

De acuerdo con fuentes de la Sedecap cercanas al caso, algunas de las anomalías estarían relacionadas con adjudicaciones hechas a la empresa Orbe, de Gerardo Ornelas, la que habría vendido al organismo más de dos millones de pesos en vehículos, equipo de video, cómputo y consumibles, a sobreprecios o como si fueran nuevos sin serlo.

Otro procedimiento tendría como base la falsificación de facturas por concepto de llantas, papelería y otros insumos que jamás fueron adquiridos por el Ceaspue.

Los procedimientos administrativos podrían alcanzar a otros funcionarios del Ceaspue en la gestión de Mario Marín, como al director administrativo de la Comisión, Sergio Aguilar de Llano, y el director de Planeación, Alejandro Pérez Morales, quienes habrían simulado la ejecución de obras pública (plantas de tratamiento) en algunos municipios de la entidad.

Blas Villegas se desempeña actualmente como titular de la Agencia de Protección al Medio Ambiente del ayuntamiento de Puebla.

***

Invitado por la BUAP y el Congreso del estado a través de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, el doctor Will Fowler dictará este lunes al mediodía una conferencia sobre uno de los personajes más polémicos y controvertidos en la historia política de México, Antonio López de Santa Anna.

Fowler es doctor en historia por la Universidad de San Andrews, Escocia ; especialista en pensamiento político mexicano del siglo XIX, y autor de varios textos biográficos entre ellos su más reciente libro «Santa Anna of Mexico» que le editó en 2007 la Universidad de Nebraska, Estados Unidos,

Su conferencia comenzará a las 12 horas, en el salón Miguel Hidalgo del Palacio Legislativo .

***

Simón dice:

«El hombre arruinado lee su condición en los ojos de los demás con tanta rapidez que él mismo siente su caída.»

William Shakespeare (1564-1616) Escritor británico.

Ayer la decía que la única posibilidad de que la coalición opositora Compromiso por Puebla postulara a Amy Camacho Wardle como candidata a la alcaldía capitalina sería que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN la designara por dedazo, ahorrándose la elección interna y dejando colgados de la brocha al senador Humberto Aguilar Coronado y al diputado local con licencia Eduardo Rivera Pérez.

Pues este escenario —que ayer le pronosticaba como imposible, dado el malestar que hay entre la militancia panista de Puebla—, podría hacerse realidad si entre este miércoles y jueves la dirigencia nacional del PAN no emite la convocatoria respectiva para el proceso interno.

Y es que de acuerdo con los tiempos previstos en el Código de Instituciones y Procesos Electorales, el plazo para las precampañas se agota el 21 de marzo, lo que significa que si antes de esta semana no hay convocatoria, el proceso interno del PAN para elegir candidato a la presidencia municipal de Puebla quedaría suspendido.

Sí, suspendido. Porque no habría tiempo para organizar una elección en el municipio de Puebla con centros de votación sólo para miembros activos, ni tampoco para que los aspirantes panistas a suceder a Blanca Alcalá Ruiz —los ya citados Humberto Aguilar y Eduardo Rivera— tuvieran al menos tres semanas de precampaña.

Esta situación no es desconocida para la dirigencia estatal del PAN, ni tampoco para los operadores de los aspirantes panistas a la presidencia municipal de Puebla, que temen un albazo por parte del Comité Ejecutivo Nacional a favor de la empresaria y directora del parque zoológico Africam Safari, Amy Camacho.

Y sus temores son fundados por las largas y evasivas del dirigente nacional panista, César Nava Vázquez; del presidente de la Comisión Nacional de Elecciones, José Espina von Roehrich; y del secretario general adjunto de Fortalecimiento Interno del CEN, Alfredo Rivadeneira Hernández, quienes no atinan a darles una fecha de cuándo, por fin, se publicará la ansiada convocatoria.

***

El diputado panista José Manuel Janeiro Fernández presentó este martes una denuncia ante la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) en contra del secretario de Finanzas, Gerardo María Pérez Salazar, y tres de los subsecretarios de la dependencia: Juan Alberto Armendáriz Martínez, de Ingresos; David Villa Issa, de Egresos; y Jorge Luis Mendoza Velarde, de Administración.

En su denuncia, el legislador sostiene que los cuatro funcionarios violaron e incumplieron la Ley de Coordinación Hacendaria del estado de Puebla –que sustituyó la Ley para el Federalismo Hacendario, también conocida como Ley Bartlett— que los mismos diputados priístas propusieron y aprobaron en el Congreso local en marzo de 2009.

Dicha legislación establece que los funcionarios arriba citados tenían obligación de crear el Sistema de coordinación hacendaria del estado y sus municipios, y de constituir la Asamblea de funcionarios hacendarios del estado, con la participación de los presidentes y tesoreros de los 217 ayuntamientos de la entidad, con el propósito de fijar lineamientos y políticas encaminadas a optimizar y potenciar los recursos fiscales –federales y estatales— destinados a los municipios del territorio poblano.

Esta es la segunda denuncia que el diputado Janeiro Fernández promueve ante la Sedecap en contra del secretario de Finanzas y algunos subsecretarios de la dependencia.

En la primera, presentada en marzo de 2009, el legislador panista acusó a dichos funcionarios de ocultar información sobre los distintos fondos del ramo 28 asignados a los 217 municipios de la entidad, asunto que le generó una andanada de críticas, pero que finalmente logró su propósito, pues a partir del año pasado la Secretaría de Finanzas publica trimestralmente esos reportes en su página de internet.

***

Simón dice:

«Humano es errar; pero sólo los estúpidos perseveran en el error».

Marco Tulio Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano.

¿Nepotismo en órganos fiscalizadores?
Contraloría y Orfise, conflicto de interés

Un personaje de bajo perfil, pero muy influyente entre los administradores públicos del gobierno marinista y las instancias encargadas del control y la fiscalización de los recursos, es José Armando Sánchez Nava.

Su nombre quizás no le diga mucho, pero se trata del director administrativo del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado (Orfise), que es la dependencia de mayor rango en la entidad en materia de auditoría y fiscalización de recursos públicos, detección y prevención de desviaciones, y la encargada de corregir y sancionar a funcionarios ineficientes o deshonestos.

La influencia de Sánchez Nava radica, como ya se indicó, en los estrechos vínculos que mantiene con directores de Administración de varias dependencias, cuyas cuentas públicas son revisadas por el Orfise, y en el poder que ejerce sobre el personal de auditoría interna y los auditores externos encargados de dictaminar las cuentas públicas de ayuntamientos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como de paraestatales, paramunicipales y organismos operadores de agua potable.

Su error —y vaya que lo es— ha sido recomendar y colocar a parientes suyos en áreas y cargos no sólo muy visibles, sino que además conllevan un innegable conflicto de interés, por la posición que tiene en el Orfise y los puestos que desempeñan sus hermanos, cuñados y demás consanguíneos.

Juzgue usted si no:

Su cuñado Raúl Egremy Palomeque es jefe del Departamento Administrativo del Instituto de Artesanías e Industrias Populares.

Su cuñada Paola Verónica Cruz Castillo es la encargada de la Dirección Administrativa del Instituto Electoral del Estado.

Su hermano José Alfredo Sánchez Nava es director administrativo del Tribunal Electoral del Estado.

Y su otro hermano, Luis Sánchez Nava, es director administrativo del Hospital General de Puebla.

Ahora si que como decía el fallecido cómico Pompín Iglesias: ¡Qué bonita familia! ¡Qué bonita familia!

INTRAMUROS
Otros personajes que también cojean del mismo pie que José Armando Sánchez Nava son el contralor del estado, Víctor Manuel Sánchez Ruiz y el auditor general del Orfise, Víctor Manuel Hernández Quintana.

Entre los parientes del titular de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) destacan:

Su hermano Salvador Sánchez Ruiz, quien se desempeña como auditor externo autorizado del Orfise.

Su sobrino Salvador Sánchez Martínez, quien acaba de ingresar Orfise como auditor interno.

Su hermano Alfredo Willehado Sánchez Ruiz, quien funge como director del Servicio Estatal de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Competitividad.

Y su también hermano Roberto Sánchez y Ruiz, a su cargo la Subdirección de Planeación del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos.

Por lo que hace al auditor general del Orfise, su lista de parientes es más bien reducida, no así los conflictos de interés en que se encuentra inmerso en función de su cargo y sus subordinados.

Y es que su hijo Pául Hernández Argüelles es el contralor municipal de San Andrés Cholula; su secretario particular, Andrés Morales Hernández, es socio de un despacho de contadores — Grupo Caballero— dedicado a la asesoría de presidentes municipales; su pareja Araceli Ratoni Hernández en su asesora jurídica, y la hermana de su pareja, María del Rosario Olga Ratoni Hernández, su secretaria privada.

***
Si desea hacerme algún comentario o crítica y que éste o ésta se publiquen haga clic aquí. De lo contrario recibo sus mensajes en los siguientes correos: periodistasoy@hotmail.com y rruiz@e-consulta.com.mx

Ante la negativa del Instituto Federal Electoral de informar al Poder Legislativo de Puebla sobre la Agrupación Política Plataforma Cuatro, y el cargo o función que en ella tenía o desempeñaba Antonio Juárez Acevedo, el Congreso del estado aprobará este jueves, en sesión ordinaria, un exhorto conminando a la máxima autoridad electoral del país a que envíe copia del expediente que desde hace tres meses se le requirió por escrito.

El exhorto está más que justificado, no sólo porque a causa de esa demora la investigación que lleva a cabo la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales sobre el presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) se encuentra detenida, sino porque el IFE no tiene para cuándo enviar la documentación solicitada.

Cabe mencionar, además, que esta no es la primera vez que el IFE se hace pato para informar de las actividades de Plataforma Cuatro y del cargo que en esa agrupación política tenía Juárez Acevedo en 2004, cuando fue nombrado comisionado de la CAIP.

En octubre o noviembre del año pasado, la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública (Sedecap) giró oficios al IFE solicitando informes sobre el Consejo Directivo de Plataforma Cuatro en 2004. La respuesta del Instituto Federal Electoral fue negativa. Su argumento fue que el expediente no estaba disponible, cuestión que no deja de resultar extraña tratándose de una agrupación política nacional que además ha recibido financiamiento público.

De ahí la importancia de que el pleno de la LVII Legislatura local apruebe girar un nuevo exhorto al presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, conminándolo a entregar copias del expediente de Plataforma Cuatro y la relación de sus directivos de 1999 a 2007.

***
Trivia para iniciados:

¿Qué influyente personaje del Poder Legislativo se presentó el viernes de la semana pasada con aliento alcohólico a su oficina, de la que fue sacado por su asistente para que no se armara un escándalo mayor?

Algunos tips:

Es de los pocos funcionarios del Congreso que puede meter su coche al estacionamiento de los diputados, un Seat Ibiza de color negro.
 
Tras ingresar al inmueble, entre las 10 y las 11 horas, con lentes oscuros, el cabello desalineado y con aliento alcohólico, se dirigió a la Sala de Prensa.

En el estacionamiento sostuvo una discusión con uno de los policías que al ver su estado le impidió sacar su automóvil.

Quien finalmente sacó su vehículo fue su asistente Erika Esparragoza.

Ah. Ese viernes los diputados del PRI estaban de viaje, en Guaymas, Sonora.

Para comentarios, críticas o aportaciones haga clic aquí

***
Para mayor información sobre el primer tema de este blog, consulte las siguientes notas:

– Juárez Acevedo, destitución en puerta

– Bajo sospecha el presidente de la CAIP, Antonio Juárez Acevedo

– Exige el PAN la renuncia de Antonio Juárez Acevedo de la CAIP