Está muy bien que el PRI en el Senado demande una investigación sobre el destino de los recursos recaudados en Puebla por el llamado Impuesto Sobre Nómina (ISN) y su administración a cargo de un fideicomiso privado, y que en el Congreso local se busque convertir en causal de juicio político para un gobernador el manejo indebido de fondos o deuda pública.

Ambas iniciativas me parecen excelentes, pero que tendrían que completarse con una investigación hacia sus diputados locales de la LVIII Legislatura que en 2012 aprobaron, sin chistar, reformas a la Ley de Proyectos para la de Prestación de Servicios por las cuales el gobernador Moreno Valle fue autorizado a transferir a un fideicomiso privado los recursos del ISN.

En otras palabras: tan culpable es el que mata la vaca como el que le agarra la pata, y de esas reformas que hoy son fuente de opacidad –y quizás hasta de corrupción– del destino que tienen los recursos del ISN, son tan responsables el gobernador actual y sus diputados de la LVIII Legislatura local como los legisladores del PRI de entonces.

Aquí sus nombres: Edgar Salomón Escorza, Ramón Felipe López Campos, Felipe David Espinoza Rodríguez, Ernesto Leyva Córdova, Eleoformes Palacios Reyes, Jesús Vázquez Viveros, Elvia Suárez Ramírez, José Lauro Sánchez López, Jorge Luis Coriche Avilés, Ricardo Urzúa Rivera, Zenorina González Ortega, Iván Conrado Camacho Moreno, Juan Manuel Jiménez García y Gerardo Mejía Ramírez.

Pues fueron ellos los que avalaron que lo recaudado por el ISN pudiera ser operado durante 50 años por un fideicomiso, administrado por Evercore-Protego, de la que es socio el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe, sin rendir cuentas al Congreso del estado.

Como ya lo documentó la periodista Socorro López Espinosa, estos diputados aprobaron el 19 de marzo de 2012 reformas que permitieron al Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, constituir fideicomisos que administrarán los ingresos derivados de contribuciones, impuestos como el ISN, derechos, productos y aprovechamientos, pero además que éstos fueran desincorporados temporalmente del patrimonio del estado.

Es decir, el gobernador Moreno Valle pidió permiso al Congreso para llevarse a un fideicomiso privado los ingresos del ISN, y los diputados de la LVIII Legislatura, incluidos los priístas, se lo autorizaron aun a sabiendas que estos dejarían de formar parte del patrimonio del estado.

Por eso digo que está bien que el Senado pida al Congreso investigar el destino de lo recaudado por la Secretaría de Finanzas del Impuesto sobre Nómina entre 2012 y 2015 y mejor aún que Pepe Chedraui pida transparentar la aplicación de esos recursos e incluso la posibilidad de llevar a juicio político al gobernador Moreno Valle en caso de que estos se hubieran malversado, pero me parece que la investigación debe ir más a fondo.

No quedarse sólo en el plano mediático.

La investigación debe ampliarse a los diputados de esa Legislatura que de manera irresponsable aprobaron que esos recursos salieran del patrimonio del estado para ser administrados por un fideicomiso privado.

De lo contrario todo quedará en un escándalo, propio de la coyuntura electoral. Y ya basta de eso. El asunto es demasiado serio como para dejarlo ahí. Son 50 años de opacidad que no podemos, ni debemos permitir.

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Javier Filiberto Guevara González ya perdió la oportunidad de repetir como presidente municipal de Izúcar de Matamoros, pero ahora también podría perder la honra si los presidentes municipales priístas de su distrito deciden denunciar la extorsión de que están siendo víctimas, en complicidad con el auditor privado Alberto Valiente Flores y funcionarios de la Auditoría Superior del estado de Puebla.

El martes 19 de febrero, el diputado federal citó en las oficinas del bufete contable Valiente y Asociados —ubicadas en la esquina que forman las calles Reforma y Niño Perdido, en el Centro de Izúcar de Matamoros— a una decena de ediles y directores de sistemas de agua potable para decirles que tenían problemas con sus cuentas públicas, pero que él podía ayudarlos.

Les habló de su experiencia, de sus relaciones y nexos con algunos diputados de la Comisión Inspectora del Órgano de Fiscalización Superior, de la cual había sido integrante en la LVIII Legislatura del Congreso del estado.

A la reunión sólo llegaron los presidentes de Huaquechula, Chila de las Flores, Chietla, Jolalpan y Tepexco, así como el director del Sistema Operador de Agua Potable de Izúcar de Matamoros.

Junto con el auditor Alberto Valiente les mostró documentos de la Auditoría, entre ellos algunos pliegos de observaciones y cargos emitidos por esta instancia del Poder Legislativo por deficiencias en la comprobación de gastos de sus cuentas públicas del ejercicio 2011.

Y ya cuando creía haberlos asustado les dijo que para ayudarlos tenían que entregarle entre 150 mil y 300 mil pesos para que el Bufete Valiente y Asociados se empleara a fondo y algunos integrantes de la Comisión Inspectora, como el diputado priísta Ernesto Leyva Córdova —mejor conocido como Neto Chinantla— emitieran los dictámenes liberándolos de cualquier responsabilidad.

Los presidentes municipales no reaccionaron como Filiberto Guevara habría esperado, al menos el de Tepexco, Fortino Alvarado Ortega, quien le dijo que tenía muy poca madre, pues ya en las elecciones federales le había pedido dinero para la campaña de Enrique Peña Nieto y ahora volvía extorsionarlo.

Con menos beligerancia otros munícipes también se quejaron de la supuesta asesoría del Bufete Contable y los montos que ahora se les pedían y que resultaban similares, en algunos casos, a las observaciones y cargos pendientes.

Esta no es la primera vez en la que el diputado Filiberto Guevara se ve envuelto en escándalos vinculados con el manejo y aprobación de cuentas públicas.

En enero del año pasado, el ex presidente municipal de Atlixco, el priísta Eleazar Pérez Sánchez, acusó al legislador federal de presionarlo para que su cuenta pública fuera dictaminada favorablemente en la Comisión Inspectora, a la cual éste pertenecía antes de pedir licencia para contender por una diputación federal.

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Este domingo en la Arena México se llevará a cabo la Asamblea Nacional del PAN, y es muy probable que en ella vuelvan aparecer mantas como las que se colocaron aquí el lunes pasado en diversos puentes y vialidades en contra de la alianza con el PRD y la posible nominación de ex priístas como José Antonio Gali Fayad y Jorge Aguilar Chedraui. 

Fuentes dignas de crédito aseguran que los panistas que se manifestarán en contra la alianza PAN-PRD no sólo son de Puebla sino de otras entidades como Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala e Hidalgo.

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El próximo jueves 14 de los corrientes a las 19 horas en el auditorio del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP se presentará el libro “Maximino Ávila Camacho, El ejercicio absoluto… del poder” del periodista Rigoberto Cordero y Bernal, director del Centro de Estudios Históricos de Puebla.

Se trata de un texto de 297 páginas que compila las principales historias de los últimos 40 años de este general revolucionario, que gobernó la entidad de 1937 a 1941, y fue secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el gobierno de su hermano, el presidente Manuel Ávila Camacho.

El libro será comentado por Armando Prida, presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión y el decano del periodismo en Puebla, Manuel Sánchez Pontón.

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Simón dice:

“La magnitud de las cantidades de dinero parece variar en modo notable según hayan de ser pagadas o cobradas.”

Aldous Huxley (1894-1963) Novelista, ensayista y poeta inglés.