Ofrece CEN del PRI apoyo a ediles priístas salientes
Víctor Díaz, cárcel a quien autorice obras en zonas de riesgo
Premian a Ernesto Bojalil como el mejor síndico del país
Pablo Fernández del Campo Espinosa fue instruido para informar a los presidentes municipales salientes del PRI, en Puebla, que no estarán solos si se llegaran a concretar las amenazas de no aprobar sus cuentas públicas, en represalia por su rechazo a los proyectos privatizadores de los servicios de agua potable y alumbrado público que impulsa el gobierno del estado en una treintena de municipios de la entidad.
La instrucción a Pablo Fernández del Campo se la dio el mismísimo presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, César Camacho Quiroz, este sábado en Guadalajara, donde ambos acudieron para participar en los festejos del 70 aniversario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).
César Camacho ya había sido informado por algunos munícipes de su partido, entre ellos el presidente de Teziutlán, Carlos Peredo Grau, de cómo la Auditoría Superior del Estado de Puebla estaba siendo usada como garrote político para castigar a las autoridades municipales que han criticado o se han opuesto a las iniciativas del gobernador Rafael Moreno Valle.
De ahí la orden del dirigente nacional del PRI a su delegado estatal, de apoyar a los munícipes priístas que estuvieran siendo amagados con la no aprobación de sus cuentas públicas, y de brindar asesoría jurídica y contable a quienes ya hubieran recibido o estén por recibir pliegos de observaciones y cargos, como represalia o venganza política.
Por esta razón, Fernández del Campo se empleará a fondo en las siguientes dos semanas, durante las cuales realizará giras de trabajo para replicar el mensaje de la dirigencia nacional: que no permitirá abusos del gobernador, de sus funcionarios, del Congreso local o de la Auditoría Superior del estado.
INTRAMUROS
Aunque tardía y un tanto oportunista, la iniciativa promovida por el diputado federal poblano Víctor Díaz Palacios de agregar un nuevo título al Código Penal Federal, donde se tipifique como delito a la protección civil la construcción en zonas de riesgo, no puede dejar de mencionarse, sobre todo porque está dirigida a funcionarios encargados de autorizar usos de suelo o expedir permisos de construcción en predios inseguros, algo que en Puebla es muy común.
Y menos puede ignorarse porque ya cuenta con el apoyo de diputados de diferentes fracciones, por lo que podría aprobarse a la par o antes de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos.
El nuevo título de Delitos contra la Protección Civil del Código Penal Federal se integraría con cuatro artículos, que a la letra dicen:
“Artículo 430.- Se impondrán de 7 a 30 años de prisión, así como con multas equivalentes a los daños que de tal conducta pudiesen ocasionarse, a quien autorice el uso de suelo así como la expedición de permisos de construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y de establecimiento de asentamientos humanos, que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos y, en su caso, sin definir las medidas para su reducción, tomando en consideración la normatividad aplicable.
“Artículo 431.- Se impondrán de 5 a 25 años de prisión, así como con multas equivalentes a los daños que de tal conducta pudiesen ocasionarse, a quien construya, edifique o realice obras de infraestructura y de establecimiento de asentamientos humanos en zonas determinadas de riesgo en los términos de la ley en la materia, cuando los constructores no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente.
“Artículo 432.- Se impondrán de 7 a 35 años de prisión, a quien construya, edifique o realice de obras de infraestructura y de establecimiento de asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada de riesgo en los términos de la ley en la materia, aun contando con la autorización de la autoridad correspondiente.
“Las penas descritas en el párrafo anterior aumentarán en una mitad más, cuando el constructor respectivo estuviese plenamente consciente de que la expedición de la autorización o permiso correspondiente fuesen expedidos en abierta contravención a las disposiciones aplicables en materia de protección civil.
“El servidor público que resulte coparticipe mediante la expedición arbitraria de los acto jurídicos en cuestión, las penas se aumentarán hasta en un tercio adicional y será destituido e inhabilitado para el desempeño de cargos empleos o comisiones de carácter público.
“Artículo 433.- Las penas previstas en el artículo anterior, serán aplicadas a todo aquel que incite, coordine o promueva la ocupación de predios ubicados en zonas determinadas en riesgo.
“Artículo 434.- Las sanciones establecidas en el presente Título, se aplicarán sin menoscabo de aquellas que correspondan por la incursión en otros delitos del orden común y cuyas sanciones se acumularán a las que al efecto se contienen en el presente.”
EN CORTO
A no pocos universitarios e invitados especiales a la toma de posesión de Alfonso Esparza Ortiz como rector de la BUAP para el periodo 2013-2017, agradó el discurso sobrio y sin las exageradas adulaciones al gobernador en turno.
Esparza sí tuvo palabras de reconocimiento y frases de cortesía para el gobernador Rafael Moreno Valle, pero sin la zalamería del pasado reciente.
El mensaje del nuevo rector se enfocó hacia la comunidad universitaria, como debe ser, y menos hacia la clase política presente en el auditorio del Complejo Cultural Universitario.
Ahí Alfonso Esparza anunció un conjunto de acciones y obras, entre las que destacan la construcción de una nueva torre médica, un edificio de laboratorios y un estacionamiento en el área de la salud, la contratación de profesores por examen de oposición, la intención de que todo egresado de la BUAP hable una segunda lengua, preferentemente el inglés, y la internacionalización y posicionamiento de la institución en el mundo, con base en la calidad de sus programas, profesores e investigadores, y la movilidad de su planta académica y estudiantil.
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El Instituto Mexicano de Evaluación (IMDE) entregó el viernes por la noche sus premios a los mejores gobernantes del país y, en la categoría del mejor síndico del país, la estatuilla Tlatloani 2013 fue para Ernesto Bojalil Andrade, del ayuntamiento de Puebla.
Uno de los factores que la Comisión Evaluadora consideró para reconocer el desempeño de Ernesto Bojalil fue su manejo responsable y eficaz de los procesos legales, que le permitieron a la gestión municipal 2011-2014 ahorrarse alrededor de 800 millones de pesos.
Dicha cantidad es el resultado de juicios que estaban casi perdidos en los tribunales, o en los cuales el ayuntamiento había sido condenado a pagar por obras no pagadas o contratos no cubiertos por anteriores administraciones municipales, entre los que destacan los juicios promovidos por Jajomar, por más de 600 millones; DISA, por cerca de 70 millones; e ICA, por 26 millones de pesos.
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