Hace un par de días recibí del abogado Enrique Romero Razo copia de una interesantísima petición que hizo al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, solicitándole un informe sobre las sanciones administrativas impuestas por el pleno del Poder Judicial a diferentes jueces poblanos que se han visto envueltos en escándalos de corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias y otras irregularidades.
Lo interesante de su petición, fundada en el artículo 8º constitucional y en el artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, no es que ésta haya sido rechazada con el pretexto de tratarse de información confidencial, sino la evidencia de que muchos jueces poblanos gozan de impunidad o de un manto protector inusual.
En la solicitud de Enrique Romero Razo, ex juez 9º de lo Civil, se mencionan los nombres de cinco jueces y de un secretario de Estudio y Cuenta de la Tercera Sala Penal —Rosa Celia Pérez González, Isauro Romero Limón, Alberto Bagatela Bermúdez, Venustiano Islas López, Leonardo Treviño Musalem y Gabriel Salomón López— quienes, a pesar de haber incurrido en graves irregularidades en el ejercicio de su función, aún laboran, muy quitados de la pena, dentro del Poder Judicial del estado.
Para no incurrir en interpretaciones acerca de lo que Romero Razo refiere de sus ex compañeros jueces, mejor le copio textualmente lo que él escribió:
“a) ROSA CELIA PEREZ GONZALEZ, Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Puebla, quien con motivo de la investigación que el Honorable Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectuara respecto de la violación de garantías individuales de la periodista Lidia Cacho Riveiro, mancilló permanentemente el buen nombre del Poder Judicial del Estado de Puebla, y si bien fue exonerada por cuestiones meramente formales la misma libró una orden de aprehensión en un proceso penal del que ya se había declarado previamente incompetente para conocer en razón de territorio habiendo encarcelado ilegalmente a dicha periodista: actuaciones que desde luego deben considerarse como graves y por ende el Pleno que Usted preside debió investigar y en su caso sancionarla en términos de ley.
“b) ISAURO ROMERO LIMON, actual Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, quien durante su gestión como Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se perpetró un fraude multimillonario a las arcas del Poder Judicial del Estado, por actos tan graves como el de conceder el beneficio de la conmutación de la pena en delitos graves alterando constancias de autos así como la alteración de fichas de depósitos por concepto de caución habiéndose librado ordenes de aprehensión en contra de quienes fueron sus secretarios de acuerdos en el Juzgado Tercero Penal, mismas que hasta la fecha siguen sin cumplimentarse. Actuaciones que desde luego firmó como titular de dicho Órgano Jurisdiccional el mencionado ISAURO ROMERO LIMON, habiendo corrido la investigación en su contra a cargo de la Magistrada ELBA LORETO ROJAS BRUSHETA quien fungiera como Magistrada Visitadora de ese Juzgado y quien informó al Pleno que usted preside de las irregularidades encontradas en ese tribunal de primer grado.
“Funcionario judicial que además como Juez Segundo Penal de Tehuacán ha sido acusado por acoso sexual al personal femenino a su cargo y por lesiones culposas a una de sus propias secretarias de acuerdo, amén de las múltiples quejas formuladas en su contra por el abogado penalista VICTOR LEON RUEDA.
“c) DOMINGO ALBERTO BAGATELA BERMUDEZ, Juez Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, quien como Juez Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo fue procesado en el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, por haber rendido un informe falso ante un Tribunal de la Unión al haber negado la existencia de una orden de aprehensión por el delito de Chantaje, cuya existencia fue posteriormente confirmada por otros medios legales y si bien es cierto que el Auto de Formal Prisión, decretada en su contra fue peregrinamente revocada por el Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito; no menos cierto es, que de dicha falta tuvo conocimiento el Pleno de Magistrados, con motivo de una queja administrativa incoada en su contra sancionándolo a pesar de la gravedad de la misma con una mera suspensión que jamás fue consumada por razones que ignora el abajo firmante.
“d) VENUSTIANO ISLAS LOPEZ, Juez del Distrito Judicial de Tetela de Ocampo, a quien según visita extraordinaria llevada a cabo el veintitrés de Noviembre de dos mil nueve al Juzgado Mixto de Acatlán, Puebla, el DOCTOR RICARDO VELÁZQUEZ CRUZ, Magistrado Coordinador de Comisiones de la Junta de Administración del Poder Judicial del Estado en ese entonces, se le encontraron múltiples irregularidades entre las que destacan un rezago impresionante en ese Juzgado de Primera Instancia además de violaciones graves a los derechos fundamentales de los procesados verbi gratia no haber dictado sentencia a los procesados que guardaban prisión preventiva dentro del término que marca al efecto la Constitución General de la República.
“Irregularidades con las que el señor Doctor Ricardo Velázquez Cruz, dio cuenta al Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, teniendo como conocimiento extra oficial el suscrito que dicho Organismo Colegiado no impuso sanción alguna al licenciado VENUSTIANO ISLAS LOPEZ, gozando así el mismo de total impunidad.
“e) LEONARDO RUPERTO TREVIÑO MUSALEM, Juez Noveno de lo Civil de los del Distrito Judicial de Puebla, quien en el expediente 166/2009 de los del índice de ese órgano jurisdiccional formuló excusa para abstenerse de conocer de ese litigio por razones legales que le impedían hacerlo pero mediante un simple recurso de revocación relativo a una situación procesal diversa siguió conociendo del mismo hasta su culminación por desistimiento expreso tanto de la instancia como de la acción de la parte actora por haber llegado a un acuerdo extra judicial con la demandada.
“Además a dicho Juez se le acusó públicamente de haber recibido un supuesto soborno por la cantidad de un millón doscientos mil pesos ($1,200.0000 MN) por quien fungiera como demandado en ese Juicio Ordinario Mercantil número arriba indicado. Lamentables hechos que motivaron la formación de una comisión especial de investigación creada al margen de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado por parte del Pleno de Magistrados del mismo, habiendo quedado los resultados de esas pesquisas en total sigilo ya que jamás se dio cuenta a la opinión pública de los hallazgos encontrados en esa ilegal investigación.
“f) Finalmente, GABRIEL SALOMON LOPEZ, actual Secretario de Estudio y Cuenta de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, y cuñado del ex Presidente del mismo Magistrado DAVID LOPEZ MUÑOZ, quien como Juez Séptimo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dictó sentencia por el delito de Homicidio en Riña en contra de HUMBERTO ALAN IBARRA MEZA, ex subsecretario de vialidad del Gobierno del Estado, habiéndole concedido al mismo el beneficio de la conmutación de la pena a pesar de que dicha causa penal originalmente había sido instruida por el delito de Homicidio Calificado incluso habiendo sido el infrascrito quien dictó Auto de Formal Prisión en su contra por dicho delito como fungió como Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, y por ello el abajo firmante tiene conocimiento exacto de los hechos en mención al haber conocido en una primera instancia del homicidio a sangre fría de un acomodador de vehículos que trabajaba en el centro comercial denominado la Isla de Angelópolis.
“Sentencia que fue incluso fue controvertida públicamente por destacados miembros del foro poblano, como el abogado LUCIO RAMIREZ, en su carácter de Presidente de la Asociación de Jurisconsultos de Puebla, quien públicamente exigió al Poder Judicial del Estado, que investigara el actuar de dicho Juez, protestas que desde luego quedaron en el olvido.”
Cabe aclarar que el Tribunal Superior de Justicia respondió el 31 de mayo que no podía revelar las sanciones administrativas aplicadas a estos jueces, por tratarse de información confidencial, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuestión que resulta francamente risible a luz de las anomalías arriba descritas.
¿O no le parece así?
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Este jueves estarán en Puebla las secretarias generales del CEN del PAN y del CEN del PRI, Cecilia Romero Castillo e Ivonne Ortega Pacheco, respectivamente.
La primera estará desde temprano, dando algunas entrevistas de prensa, y por la tarde acudirá a la presentación de los 18 compromisos de José Antonio Gali Fayad para el 2018, acto que tendrá lugar en el salón La Luz del Centro de Convenciones de Puebla.
Antes de acompañar al candidato de la coalición Compromiso por Puebla a la alcaldía capitalina, Cecilia Romero sostendrá algunas reuniones de trabajo y de evaluación, entre ellas con los dirigentes estatal y municipal del PAN, Rafael Micalco Méndez y Gerardo Maldonado Balvanera, respectivamente.
De la secretaria general del CEN del PRI, Ivonne Ortega no sabe mucho, más allá de una conferencia de prensa que dará al mediodía en el hotel La Purificadora y de una reunión de evaluación que sostendrá por la tarde con los delegados especiales enviados por su partido, así como de su participación en un acto de campaña del candidato de la coalición 5 de Mayo a la presidencia municipal de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez.
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De acuerdo con fuentes confiables, Guillermo Pacheco —quien asesora a Melquiades Morales como senador de la República en temas de derecho constitucional— fue el que recurrió al ex gobernador para despresurizar la tensa relación que había entre la nomenclatura de magistrados y algunos funcionarios del gobernador Rafael Moreno Valle.
