Son tantas las contradicciones y dudas acerca del relleno sanitario de Chiltepeque; sobre los directivos del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) en su rol de autoridades encargadas de la protección del ambiente, y sobre el estudio contratado a la empresa Incremi para diagnosticar la vida útil del depósito, que hoy el asunto es un auténtico cochinero.

De entrada por las inconsistencias de los dos estudios elaborados por Incremi sobre Chiltepeque. En el primero, que se pagó en la gestión de Enrique Doger Guerrero, se concluyó que la vida útil del relleno se agotaría en septiembre u octubre de 2008, y en el segundo —contratado por la administración de Blanca Alcalá Ruiz— ésta se prolongó hasta el año 2023.

En la primera evaluación, la empresa cuestionó el espesor de la tierra utilizada para cubrir la basura, y en la segunda —contradictoriamente— recomendó reducir a menos de 80 centímetros el grosor de dicha capa.

En sus conclusiones de junio de 2007, Incremi criticó la forma en que RESA llevaba a cabo la compactación de la basura para aumentar la capacidad del relleno, sin embargo en su valoración de enero de 2009 planteó, como la alternativa más viable para alargar la vida útil del depósito, el crecimiento y expansión horizontal de su zona A.

En el primero recomendó quitarle 12 metros a la corona de los taludes, y en el segundo propuso que «para aumentar la vida útil del relleno sanitario, éste se expandiera en forma horizontal y vertical, a través de la compactación de los deshechos, lo que duplicaría la capacidad del sitio».

La lista de incoherencias es todavía larga…

Otro aspecto no menos contradictorio es la postura del coordinador general del OOSL, Héctor Sulaimán Safi.

Este funcionario comenzó con una posición muy estricta. Le exigió a RESA el proyecto ejecutivo para la ampliación del relleno sanitario, y como esta concesionaria de José Abed Rouanett lo ignoró, decidió entonces iniciar un procedimiento de rescisión de contrato.

De la noche a la mañana la postura de Sulaimán se flexibilizó. Éste se olvidó del proyecto ejecutivo, de la intentona de quitarle a RESA la concesión, y de obligarla a participar en otra licitación para poder explotar el biogás y la energía eléctrica que produce y producirá Chiltepeque.

Las causas a ciencia cierta se desconocen, no así el viaje que junto con el subsecretario de Ecología del gobierno del estado, Juan Carlos Fernández Jasso, efectuó a Canadá, con el patrocinio de José Abed, para establecer contacto con la empresa SENES que, supuestamente, se encargará de transformar el biogás en energía eléctrica y de entregársela al ayuntamiento para iluminar la ciudad.

Pero el colmo del cochinero es que ahora Sulaimán Safi e Incremi nos salgan con el cuento de que el municipio tiende a generar menos toneladas de basura, que RESA es una empresa comprometida con la ecología y la protección del ambiente, y que los lixiviados que produce el relleno y que llegan hasta el lago de Valsequillo no contaminan, ni representan ningún riesgo para la salud.

A ese paso lo único que la ciudad puede esperar es que Blanca Alcalá herede el problema del relleno sanitario a la próxima administración, que Sulaimán siga enriqueciéndose a costa de la basura, que RESA logre en automático la concesión de la explotación del biogás —sin mediar licitación— y que Incremi se salga con la suya al asegurar un contrato de supervisión del relleno hasta el año 2023, en que supuestamente concluirá su vida útil.

Ojalá y esta visión escatológica, sea sólo eso, una visión, y no una triste realidad en el corto plazo.

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Tal como ayer se lo adelanté, Mario Marín García, hijo del gobernador Mario Marín Torres, inició el trámite para obtener su patente como notario público ante el Juzgado Noveno de lo Civil, a cargo de Enrique Romero Razo.

Este lunes tres testigos —que nunca quisieron identificarse— dieron constancia de que el primogénito del Ejecutivo estatal es una persona de buena conducta, carente de vicios como la embriaguez y el juego, y apta para desempeñarse en el ejercicio del notariado.

El juez Enrique Romero afirmó que el procedimiento del hijo del gobernador no tenía nada de anómalo o irregular, pero cuando se le pidió el nombre de los testigos dijo que debía guardar sigilo, al tiempo de instruir al personal del juzgado a evitar que éstos fueran entrevistados por la prensa.

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Simón dice:

«Para hacer negocios no se requiere ingenio, basta con no tener delicadeza».

Caballero de Bruix, escritor francés.

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Por Eduardo González

El pasado 29 de enero el gobernador Mario Marín Torres anunció como parte de las medidas del gobierno estatal para enfrentar la crisis, el recorte de 10 por ciento al salario de los directores de área, coordinadores generales, subsecretarios, secretarios y, el suyo incluido.

Aunque atractiva a nivel mediática, la medida en sí sola causó una gran molestia al interior de la burocracia poblana.

Sin embargo sólo fue una de las 40 disposiciones de racionalidad y austeridad para el ejercicio fiscal 2009, que aplicará en el resto del año la Secretaría de Finanzas, con el aval de la Secretaría de Gobernación y la supervisión de la Contraloría estatal.

A través del oficio-circular 02/2009 de la Comisión Gasto-Financiamiento del gobierno del estado, que fue dado a conocer el pasado 2 de febrero a los titulares de las dependencias y entidades públicas, se especifica además el recorte de 20 por ciento en el gasto de insumos y la cancelación de diversas partidas.

Así, los recursos para el suministro de gasolina se reducen 20 por ciento y los gastos por este concepto privilegiarán al personal operativo, en tanto que los servidores públicos que tengan asignados vehículos deberán cubrir el combustible con sus propios ingresos.

En el mismo porcentaje se verá afectada la reasignación de líneas telefónicas, las partidas para el pago de energía eléctrica, mantenimiento de vehículos así como la compra de refacciones, accesorios y herramientas.

Para los secretarios de gabinete y procuradores se estableció un consumo límite mensual de 450 pesos en servicio de teléfono celular, para subsecretarios o subprocuradores de 350 pesos y para titulares de entidades, de 300 pesos.

En caso de que algún funcionario se exceda, la diferencia se descontará de su salario. Y en caso de extrema austeridad, el servicio se cancelará sin previo aviso.

La administración estatal, dice el documento, eliminó los gastos de asesorías y en caso de requerir estudios éstos se realizarán con personal y recursos propios.

Para las dependencias que tengan asignados vehículos oficiales anteriores al modelo 2000, se les notificó realicen el proceso de desincorporación de los mismos, en el entendido de que en ningún caso se realizará la reposición de las unidades.

El asunto de un gasto austero y racional por parte del sector público es un problema mucho más complejo, y de entrada habría que recordar cómo es que los salarios de los altos funcionarios públicos alcanzaron los niveles actuales.

Y más aún, se transparente el monto y destino de los ahorros, toda vez que la discrecionalidad en el manejo del presupuesto, sí es un recurso que se derrocha.

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Cuando los extremos se juntan

Este viernes, con motivo del cumpleaños de Eduardo García Casas “El Yayo”, se reunirán a comer en el restaurante El Parrillaje de la 43 oriente, el secretario de Desarrollo Social, Javier López Zavala, el ex presidente de la Concanaco, Eduardo García Suárez, y el nuevo párroco de Xonaca, Víctor Sánchez.

Este último sustituye en ese templo al padre Froylán González Pérez, y también lo hará como encargado de las relaciones públicas de la Arquidiócesis.
A la comida sólo se encuentran invitadas 10 personas, entre ellas las antes mencionadas.

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También en Tlaxcala hace aire

Un escándalo que se cocina en el vecino estado de Tlaxcala tiene que ver con la ex delegada del ISSSTE, Aurora Aguilar Rodríguez, quien renunció a su cargo para buscar una candidatura en el Partido Acción Nacional a fin de instalarse como diputada federal.

En la vecina entidad los detractores de la panista han solicitado se investigue el proceso de reestructuración de 704 créditos para vivienda que fueron encargados a la notaría número 5, pero no la de Tlaxcala, sino la de Huejotzingo, en Puebla, a cargo del fedatario público Alejandro Romero Carreto.

Dicen en Tlaxcala que la actitud de la ex delegada empieza a generar sospechas y lleva un tufo de corrupción, porque nadie se explica ni justifica por qué habiendo notarios en Tlaxcala se optó por encargar la reestructuración de los créditos fuera de aquella entidad, situación que al menos en el ISSSTE, es la primera vez que ocurre en el país.

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