Un tema al que las autoridades estatales están dando poca importancia pese a que podría complicarles el cierre de la administración en el último año del sexenio son los juicios y resoluciones que viene posponiendo.

Entre ellos el cumplimiento a cabalidad de las once recomendaciones que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Chalchihuapan, del que este jueves se cumple un año sin que a los afectados y víctimas de aquel violento desalojo les hayan aun reparado los daños u ofrecido una disculpa pública conforme a los estándares internacionales.

Las decenas de juicios penales abiertos en contra críticos y opositores al régimen que se litigan en juzgados estatales y federales, y por los cuales algunos de estos se encuentran recluidos en diferentes cárceles de la entidad (Rubén Sarabia Simitrio, Israel Pacheco, los Xicale, los ex alcaldes auxiliares de Canoa y Chalchihuapan) y otros en libertad bajo caución como Miguel Guerra Castillo, Juan Carlos Flores Solís, Enedina Rosas Vélez y Félix Montes Xelhua, entre otros.

Y las centenas de demandas laborales que siguen acumulándose en el Tribunal de Arbitraje del estado y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje promovidas por burócratas y empleados despedidos, algunos con 25 y 30 años de servicio en el servicio público, y por las cuales el gobierno estatal tarde o temprano tendrá que responder ya sea reinstalando a los trabajadores, liquidándolos o pagándoles salarios caídos.

Da la impresión que el gobierno no visualiza que se encuentra en la recta final del sexenio o que el año entrante será el más complicado y difícil de todos, no solo por el desgaste natural de cualquier administración sino porque habrá elecciones y poco dinero para hacer frente a las deudas y compromisos contraídos.

***

A propósito de despedidos.

Cuentan que en el ayuntamiento de Puebla dos funcionarios de alto nivel han entrado en conflicto por control de la dirigencia sindical y el manejo de las cuotas sindicales, y que en el meollo del diferendo está un despacho de contadores que representa legalmente al Sindicato Benito Juárez.

Se trata del despacho Amaro Reyna y Herrero Consultores SC, cuyo titular, el contador Germán Reyna y Herrero, es un viejo conocido de Rafael Ruiz Cordero desde el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

El conflicto está relacionado con el monto del contrato y los honorarios que el despacho cobra al Sindicato Benito Juárez por asesorarlo y representarlo jurídicamente ante el ayuntamiento de Puebla y otras instancias en las que sean requeridos sus servicios y acciones judiciales y extrajudiciales.

Según esta versión el contrato de prestación de servicios entre el recomendado del secretario de Administración del ayuntamiento y la dirigencia sindical asciende a unos 6.7 millones de pesos, es decir a unos 150 mil 800 pesos mensuales durante casi cuatro años.

Cuestión esta que no es del agrado del síndico municipal Héctor Sánchez Sánchez, que no entiende por qué si él puso a los dirigentes del Sindicato Benito Juárez ahora él no puede opinar sobre el despacho que los puede representar.

Los enterados aseguran que las últimas protestas de trabajadores sindicalizados exigiendo rendición de cuentas a la dirigencia del gremio encabezada por Daniel Ortiz Acevedo no son ajenas a este conflicto entre el secretario de Administración y el síndico municipal.

¿Será?

***

En la última reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) celebrada en el vecino estado de Tlaxcala el mandatario poblano Rafael Moreno Valle fue relegado en la foto oficial del evento, ya que fue ubicado en la segunda fila y hasta el final.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

Facebook: Rodolfo Ruiz http://on.fb.me/1qovStQ

Por: Rodolfo Ruiz R.

En el transcurso de los próximos días, el gobierno federal podría facilitar la liberación de dos de tres presos políticos detenidos en Puebla, a instancias del gobierno del estado por obstruir las obras del Gasoducto Morelos.

Se trata de la comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez y del representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra, Juan Carlos Flores Solís, que fueron encarcelados en la primera semana de abril, acusados de diversos delitos vinculados con su rechazo a las obras de gasoducto de la Comisión Federal de Electricidad.

La liberación de ambos activistas podría concretarse en los próximos días, y ser motivo de conflicto entre el gobierno federal y la administración estatal de Rafael Moreno Valle, a la que en los últimos días le han llovido críticas de diversas organizaciones y partidos que la acusan de cerrada e intolerante.

La excarcelación de Enedina Rosas y Juan Carlos Robles, que sería ordenada por un juez de distrito, tendría un doble propósito: por un lado resaltar que el gobierno federal, a diferencia del gobierno estado, no criminaliza la protesta social y, por otro, evidenciar que en la administración morenovallista el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil es prácticamente inexistente.

La Secretaría de Gobernación federal ha detectado que uno de los puntos débiles del mandatario estatal en su estilo autocrático y que éste le ha granjeado una serie de conflictos con grupos y organizaciones sociales que lo mismo se oponen a las obras del Arco Poniente y el Gasoducto Morelos, que a proyectos mineros o hidroeléctricos en la Sierra Norte, que a la sobreexplotación de mantos freáticos o la expropiación de tierras en Cholula y en otros municipios ubicados a las faldas del volcán Popocatépetl.

En este contexto hay que inscribir la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, en la Segunda Cumbre Ciudadana  efectuada a principios de junio en la capital del estado, y las críticas de María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común, en el sentido de que Puebla es uno de los estados más cerrados al diálogo con las organizaciones civiles.

Y también el desplegado que este martes diputados federales del PRD publicaron en el periódico La Jornada bajo el título Por un diálogo constructivo en el estado de Puebla, en el que convocan al gobernador Moreno Valle a una mesa de negociación para atender las demandas de diferentes organizaciones.

Otra cuestión que vale la pena mencionar de esta crisis de la administración morenovallista es que la misma está siendo utilizada por algunos grupos del propio gobierno para dirimir sus diferencias, y evidenciar la falta de operación de algunas dependencias como la Secretaría General de Gobierno.

A su titular Luis Maldonado Venegas no sólo se le critica por sus fallidos intentos de contener las marchas y manifestaciones de protesta, sino por cerrarse al diálogo con los dirigentes de estas organizaciones, con los que en lugar de construir acuerdos y consensos se ha enfrascado en un duelo de descalificaciones que poco contribuyen a la gobernabilidad y gobernanza de la entidad.

¿A quién le conviene este desgaste de Luis Maldonado en la Secretaría General de Gobierno? ¿Quién se beneficiaría con su partida? ¿De quién es la mano que mece la cuna?

Son preguntas, que conste.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

El conflicto entre el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas y algunos activistas opositores al Gasoducto Morelos, las obras del Arco Poniente y otros proyectos relacionados con extracción de minerales y la construcción de hidroeléctricas en la Sierra Norte de Puebla podría acentuarse en los próximos días, y convertirse en un tema que atraiga la atención de instancias nacionales e internacionales.

Este miércoles, por decir algo, estuvieron en Puebla dos enviados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar y reunirse con funcionarios del Poder Judicial y la PGJ del estado respecto a las denuncias de criminalización en contra de activistas sociales, entre ellos Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón, actualmente presos por diversos delitos.

Trascendió que ambos representantes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se entrevistarán este jueves con la diputada federal Roxana Luna Porquillo y otros dirigentes de organizaciones opositoras a la construcción del Gasoducto de la CFE que cruza por los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, y las obras del libramiento carretero que por las faldas del volcán Popocatépetl que conectará la autopista México-Puebla con autopista Siglo XXI que va de Puebla a Morelos.

También se sabe que este jueves el secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, haciendo uso del derecho de réplica, será entrevistado por la periodista Carmen Aristegui en su escuchado noticiario radiofónico Noticias MVS, sobre las acusaciones que el martes por la mañana hizo la perredista Roxana Luna en contra de la administración morenovallista, a la que responsabilizó de la detención de tres activistas simpatizantes de su movimiento Los de Abajo, y del hostigamiento del investigador de la BUAP, Ricardo Pérez Avilés.

Mi hipótesis de que este conflicto tiende a complicarse la fundamento en diferentes hechos:

1. Los actores en pugna no tienen planes de reunirse para zanjar sus diferencias y pactar algunos acuerdos mínimos, para que los activistas detenidos sean liberados, las órdenes de aprehensión en contra de otros opositores canceladas, y la marcha de protesta al Distrito Federal suspendida.

2. El martes de la semana entrante, además de la marcha organizada por el movimiento Los de Abajo, los opositores al gobierno morenovallista presentarán una denuncia colectiva ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por los supuestos abusos cometidos en la detención de tres activistas sociales y ambientalistas, y buscarán hacerse escuchar en la tribuna de la Cámara de Diputados.

3. La protesta de la perredista Roxana Luna y su movimiento ha comenzado a ser el catalizador de otros sectores inconformes o agraviados por al gobierno del estado, entre ellos el sindicato de trabajadores del ayuntamiento de Puebla “Benito Juárez”, que podría sumarse a la marcha del martes 29 de abril a la Ciudad de México o protagonizar otra el jueves 1 de Mayo, también en el Distrito Federal, con motivo del día del trabajo.

***

El priísta Enrique Doger Guerrero fue designado integrante de la Comisión de la Cámara de Diputados encargada de investigar los contratos celebrados entre Petróleos Mexicanos (Pemex), Oceanografía y demás empresas filiales.

Esta Comisión especial, cuyos integrantes rendirán protesta este jueves por la tarde, es presidida por el legislador perredista Luis Ángel Espinosa Cházaro.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy

En el tablero político del gobernador Rafael Moreno Valle o de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Luis Maldonado Venegas, ya deberían haberse prendido algunos focos amarillos de alerta, por el resurgir de ciertas organizaciones, grupos y líderes que aparentemente estaban alejados de la actividad político-social.

La detención de los tres activistas opositores a las obras del gasoducto Morelos y al libramiento carretero denominado Arco Poniente, así como el hostigamiento en contra del investigador de la BUAP Ricardo Pérez Avilés, y el acoso de que son víctimas otros dirigentes sociales de la Sierra Norte, podrían despertar al México bronco.

Y más si las autoridades locales, en lugar de entrar a una política de acercamiento, diálogo y convencimiento, optan por la ruta de la judialización, la represión y el garrote en contra de algunos movimientos y actores sociales, varios de ellos estrechamente vinculados a ciertos grupos académicos de la BUAP y la Ibero, simpatizantes de la izquierda no partidista.

Grupos que, por cierto, ya comenzaron a desplegar su actividad en desplegados, ruedas de prensa y en las redes sociales, criticando no sólo el método sino las formas empleadas por el gobierno morenovallista para contrarrestar el rechazo que enfrentan algunas obras y proyectos, a cargo de las propias autoridades o de inversionistas nacionales y extranjeros.

A la distancia, da la impresión que en la Secretaría General de Gobierno están minimizando estos brotes de inconformidad con el prurito de que sólo son unos cuantos alborotadores que buscan sacar provecho de la situación o raja política, en beneficio de sus muy particulares intereses.

El diagnóstico me parece erróneo, y resultado de gente que, por su desconocimiento de la entidad, ignora los antecedentes, nexos y alcances de los tres activistas detenidos Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís y Abraham Cordero Calderón; del doctor Ricardo Pérez Avilés, coordinador del Departamento para el Desarrollo Sustentable del Instituto de Ciencias, e investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP; y de la diputada federal Roxana Luna Porquillo.

Las protestas contra el gasoducto de la CFE, que cruzará por el estado de Puebla, contra la expropiación o venta de tierras en las faldas del volcán Popocatépetl para las obras del Arco Poniente, y contra los proyectos mineros y de generación de energía eléctrica en la Sierra Norte a cargo de empresas trasnacionales, pueden ser el caldo de cultivo de un movimiento social mayor que involucre a cámaras y sindicatos patronales, sindicatos independientes y organizaciones como la 28 de Octubre, Antorcha Campesina, y el Consejo Democrático Magisterial Poblano, si el gobierno del estado en lugar de optar por el diálogo y el acuerdo, se confronta y trata de imponerse echando por delante la fuerza pública y el aparato del Estado.

***

El lunes 28 de abril, la Universidad Iberoamericana de Puebla será sede de un coloquio político que tendrá como temas centrales la reforma a la Ley de Telecomunicaciones, y su legislación secundaria, y la reforma político electoral en relación al Instituto Nacional Electoral y las candidaturas independientes.

Dentro del coloquio habrá dos conferencias magistrales. La primera, que estará a cargo del periodista y escritor Jenaro Villamil, comenzará a las 9 horas y versará sobre la polémica que hoy existe en torno a la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, el pleito entre Televisa y Carlos Slim y la tercera cadena nacional a de televisión.

La segunda conferencia tendrá como expositor a Juan Luis Hernández Avendaño, ex director de la escuela de Ciencias Políticas de la Ibero Santa Fe y la Ibero Puebla, y en ella se analizará el impacto de las llamadas reformas estructurales en la democratización del país.

Entre esas dos conferencias habrá un panel donde se analizarán diversos aspectos de la reforma político-electoral en la que participarán Fernando Dworak Camargo, coordinador del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa en Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Helena Varela Guinot, directora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero Santa Fe, y el que esto escribe.

El coloquio es organizado por la licenciatura y maestría en Ciencias Políticas de la Ibero Puebla, cuyo coordinador es José Antonio Bretón Betanzos, y el Consejo Estudiantil de esta carrera, cuyo presidente es Miguel Íñigo.

Las conferencias se efectuarán en el Salón 201 de la Ibero, y la entrada a las mismas es totalmente gratuita.

***

Correos: rruiz@e-consulta.com y periodistasoy@hotmail.com

Twitter: @periodistasoy