Entre los abogados y litigantes que acuden con frecuencia a los juzgados de Ciudad Judicial ha llamado la atención el aparente favoritismo del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Roberto Flores Toledano, hacia la editorial Porrúa, a la que se le autorizó –sin licitación pública de por medio—construir una librería de 424 metros en el patio de este inmueble.

La obra que inició el 12 de julio, día en que se colocó la primera piedra, se concluirá a finales de noviembre con una inversión de la propia empresa cercana a los seis millones de pesos.

El malestar de ciertos litigantes es tal que algunos miembros del Colegio de Jurisconsultos de Puebla como Elizabeth Cervantes Samaniego ya solicitaron de manera formal que el presidente del Poder Judicial del estado les informe qué tipo de proceso de adjudicación se siguió, qué otras editoriales aparte de Porrúa fueron invitadas, por cuánto tiempo se firmó el contrato, quién autorizó la obra, qué constructora realiza los trabajos y cuáles serán los beneficios de su instalación en el patio de Ciudad Judicial.

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Esta semana se dará a conocer una nueva organización que tendrá como propósito recabar, dar seguimiento e incluso asesoría legal a las personas que acuden al Ministerio Público a presentar una denuncia y ésta en lugar de investigarse o formalizarse en una averiguación previa se archiva o no es atendida por motivos políticos, negligencia o dolosas omisiones.

La asociación se denominará Defendamos Puebla y hará su aparición en sociedad el martes de la siguiente semana mediante una conferencia de prensa en las escalinatas de acceso al edificio central de la Procuraduría General de Justicia.

Se sabe que los integrantes ya tienen unos 20 casos de denuncias que no han sido atendidas por el Ministerio Público y un número similar de amparos que serán promovidos en diferentes juzgados de distrito para presionar a la PGJ a integrar y consignar las averiguaciones previas ante los jueces correspondientes.

Uno de los impulsores de esta organización es el ex juez Enrique Romero Razo, quien desde 2010 mantiene un litigio con el Tribunal Superior de Justicia que lo destituyó como juez de primera instancia adscrito al distrito judicial de Teziutlán.

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¿Qué alto funcionario de la Procuraduría General de Justicia de Puebla será denunciado por trabajar al mismo tiempo, y al parecer cubriendo los mismos horarios, para el estado y la federación?

Un tip: el susodicho tiene cargo de fiscal general en la dependencia a cargo del procurador Víctor Antonio Carrancá Bourget.

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No lo cuente en voz alta pero la razón principal por la cual los reporteros invitados a la inauguración del Centro de Capacitación y Entrenamiento de la empresa Audi –que oficialmente se denomina Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el Sector Automotriz— no pudieron recorrer sus instalaciones obedece a que éste aún está inconcluso, es decir, sin terminar.

De hecho, la mayor parte de sus 17 laboratorios aún no están equipados al cien por ciento, a pesar de los 200 millones destinados por el gobierno del estado y el Conacyt a través del Fondo Mixto.

En el Centro de Capacitación de Audi se han invertido 680 millones de pesos, en la construcción, capacitación y equipamiento de sus laboratorios, en los cuales serán entrenados los futuros empleados de Audi en habilidades básicas, pintura, construcción de carrocerías, prensas, montaje, control de calidad, maquilados, manufacturas, cualificación técnica de tecnología, servicios y mediciones.

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