En el caso de Chalchihuapan, el gobierno del estado ha venido jugando al filo de la navaja y esos riesgos comienzan a pasarle factura.

Lo ocurrido este jueves en el marco del Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia con la presencia de la madre del menor fallecido en Chalchihuapan, Elia Tamayo Montes, era previsible.

Su simple presencia — y la torpe decisión de algunos funcionarios locales de echarla del Centro Expositor, sede del Congreso— no sólo llamó la atención de varios de los congresistas internacionales, sino que puso al gobierno del estado contra la pared, por la insensibilidad que ha mostrado frente a este crimen no esclarecido.

Si la intención de la administración morenovallista sobre este Congreso Mundial era borrar del imaginario colectivo las imágenes del niño de Chalchihuapan, José Luis Tehuatlie, víctima fatal del desalojo del pasado 9 de julio en la autopista Puebla-Atlixco, el tiro le salió por la culata.

La bruta decisión de pedirle a Elia Tamayo que abandonara el Centro Expositor, pese a que ahí había sido citada para reunirse con activistas y defensores de los derechos de la infancia que acuden a este Congreso internacional, sólo hizo más grande el escándalo.

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En el transcurso de la próxima semana el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, podría hacer saber al gobierno del estado su insatisfacción por el supuesto cumplimiento de las once recomendaciones que emitió sobre el caso Chalchihuapan, el pasado 11 de septiembre.

El nuevo ombudsman tiene por delante retos muy complicados, por lo que no sería nada raro que en aras de ganar legitimidad comience enmendándole la plana al gobernador Rafael Moreno Valle, por el evidente incumplimiento de algunas recomendaciones, como la tercera, la quinta o la sexta que textualmente dicen:

“TERCERA. Instruya a quien corresponda para que se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familiares en los términos más amplios y de manera integral, acorde con lo que establecen los estándares internacionales en la materia y la Ley General de Víctimas, con motivo de los actos y omisiones en que incurrieron los servidores públicos de la instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del Estado de Puebla que participaron en los hechos del 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan, Puebla; elabore para ello un registro que permita identificar adecuadamente a cada una de las víctimas, el tipo de reparación que se le otorgará, los tiempos y las condiciones para que la misma se encuentre debidamente solventada, y envíe a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

“QUINTA. En el contexto anterior, instruya a quien corresponda para implementar una estrategia para la atención de demandas sociales en el estado de Puebla que contemple la solución pacífica de conflictos, se abstenga de criminalizar la protesta social y prevea acciones efectivas y eficaces de coordinación institucional para el tratamiento de manifestaciones públicas, privilegiando en todo momento el diálogo y reduciendo los riesgos que pudiera representar el uso de la fuerza.

“SEXTA. Instruya a quien corresponda para que se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo, se den a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos como los que dieron origen a esta Recomendación, y se informe a esta Comisión Nacional sobre las acciones que se lleven a cabo para tal efecto”.

Es obvio que la mayor víctima del caso Chalchihuapan, la señora Elia Tamayo, no sólo no ha recibido una disculpa institucional, ni la reparación del daño por la muerte de su hijo de 13 años, sino que la administración estatal sigue empeñada en la criminalización de la protesta social, como se ha demostrado con el encarcelamiento de seis vecinos de Chalchihuapan y de los presidentes auxiliares de La Resurrección y Canoa, quienes encabezaron las protestas por el retiro de los servicios del Registro Civil a las juntas auxiliares de la entidad.

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Otra queja contra los organizadores del Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia partió de quienes recibieron becas para asistir sin costo al evento, ya que no recibieron audífonos para escuchar las intervenciones de los ponentes extranjeros.

Los inconformes, procedentes de universidades y dependencias estatales, indicaron además que no tienen derecho a una constancia de participación y ni siquiera a un pase para alimentos.

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Francisco Martínez, nuevo secretario de Investigación en la FDCS de la BUAP

Finalmente Paulino Arellanes Jiménez no fue designado secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP, sino Francisco Martínez Alpízar.

El ex candidato a director de la Facultad de Derecho es un conocido litigante laboralista, que hasta hoy se desempeñaba como asesor del Centro de Vinculación de la BUAP, lo que antes era el Bufete Jurídico Universitario.

Martínez Alpízar es doctor en Derecho, fue socio de Alejandro Gallardo Arroyo y amigo del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Velázquez Cruz.

Tiene 27 años como docente y entre los catedráticos de la Facultad es conocido como La Gripa, en alusión a su estatura: «el hombre del cuerpo cortado».

La designación de Martínez Alpízar, en sustitución de César Cansino Ortiz, fue hecha por el director de la Facultad, Carlos Antonio Moreno Sánchez con base en el artículo 115 fracción VIII del Estatuto Universitario.

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Tome esta hipótesis con reserva, pero se la transmito en virtud de la creciente violencia en varias entidades del país, como consecuencia de los vínculos y complicidades de autoridades municipales, estatales y federales con la delincuencia organizada, y que ha puesto a México en la mira internacional tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y el descubrimiento de una decena de tumbas con cuerpos que no corresponden a los de los estudiantes secuestrados por el narco en Iguala, Guerrero.

Debo aclarar que este análisis se lo escuché a un experto en temas de geopolítica y seguridad nacional que por razones profesionales está vinculado con algunas agencias y despachos de inteligencia de los Estados Unidos, mejor conocidos think tanks (tanques pensantes).

Desde su perspectiva, algunas acciones del gobernador Rafael Moreno Valle encaminadas a sacar adelante diversas obras y proyectos tanto energéticos como de infraestructura y a contener la oposición de ciertos activistas y grupos opositores locales que han manifestado su rechazo a la construcción de hidroeléctricas y gasoductos, así como a la perforación de minas o yacimientos en la Sierra Norte de Puebla, han tenido el propósito de llamar la atención de políticos e inversionistas de los Estados Unidos.

Para el mandatario estatal es importante demostrar de cara a la próxima sucesión presidencial que es un gobernante confiable, abierto a la inversión extranjera, dispuesto a que las reformas del presidente Peña Nieto en materia energética y de telecomunicaciones se traduzcan en proyectos concretos y al que no le temblaría la mano para aplacar a los grupos de presión que se opusieran a ellos o intentaran impedirlos.

De ahí, según el experto, la decisión de Moreno Valle de encarcelar a los activistas que se han opuesto al Gasoducto Morelos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a las obras carreteras del Arco Poniente, a las reformas a la Ley Orgánica Municipal por las cuales los presidentes auxiliares perdieron los ingresos del Registro Civil y a los que han bloqueado carreteras o quemado patrullas de la policía.

De ahí su actitud y posición, poco o nada sensible y hasta impopular, frente a los hechos violentos del Chalchihuapan del pasado 9 de julio, la muerte del menor de 13 años José Luis Tehuatlie Tamayo, los reclamos de su madre Elia Tamayo Montes, y las once recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y su decisión de mantener al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y a otros funcionarios de su gabinete que actuaron con negligencia o fueron parte del montaje de la teoría del cohetón y la onda expansiva.

Frente a la debilidad que ha mostrado el presidente Enrique Peña Nieto y algunos de sus secretarios ante los acontecimientos violentos de Iguala y Chilpancingo, Guerrero; y Tlatlaya, Estado de México; la beligerancia del narco, las evidencias de graves violaciones a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad; así como de las crecientes movilizaciones estudiantiles y de organizaciones y movimientos sociales en varios estados del país, la mano dura y talante de Moreno Valle no han pasado inadvertidos para ciertos observadores y analistas de Estados Unidos, preocupados por la inestabilidad de su vecino de la frontera sur.

Y eso, de acuerdo con nuestro especialista, también lo sabe el propio gobernador y sus consultores estadounidenses, de los que en una futura entrega ya nos ocuparemos.

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La resolución recaerá en el procurador Carrancá y Facundo Rosas

Asaltan (¿otra vez?) las oficinas de Enrique Doger Guerrero

El próximo martes 9 de septiembre dictará conferencia en la UPAEP el dr. Jon Elster

No será esta semana, sino hasta la siguiente cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) rinda su informe sobre el desalojo violento de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, y emita sus recomendaciones a las autoridades estatales por las violaciones graves en que incurrieron durante el operativo, y la posterior refriega entre manifestantes y policías.

Hasta donde se sabe, la CNDH sí emitirá sendas recomendaciones al secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, y al procurador de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget. Al primero por uso excesivo de fuerza y empleo desproporcionado de armas no letales; por incumplir con los protocolos para disolver manifestaciones, y por violar diversas disposiciones de la Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del estado de Puebla, mejor conocida como Ley Bala.

Y al procurador Víctor Carrancá por la detención y criminalización de cuatro de los pobladores de Chalchihuapan enviados al penal de Cholula, por solapar la falsedad de declaraciones de policías que acusaron por órdenes superiores a los detenidos, y por consignar a estos últimos por delitos excesivos y que jamás cometieron.

Inicialmente los detenidos de Chalchihuapan Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero habían sido acusados de motín, desobediencia y resistencia de particulares; así como de delitos cometidos contra funcionarios públicos, como privación ilegal de la libertad, lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena doloso, todos los cuales se desvanecieron.

De todos los delitos por los fueron encarcelados, al final sólo dos quedaron en firme: ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte, por los cuales tuvieron que pagar una fianza para obtener su libertad caucional.

Los trascendidos que el viernes y sábado se publicaron en los periódicos La Razón y Milenio, en el sentido de que la CNDH daría por cierta la versión gubernamental de que al menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, lo mató un cohetón lanzado por alguna persona que formaba parte del grupo que se enfrentó a policías el pasado 9 de julio, o que el dictamen de la Comisión será exculpatorio del gobierno de Moreno Valle, son sólo eso: trascendidos sin ningún fundamento.

De hecho, puedo asegurarle que en la administración estatal ya se preparan para una resolución negativa del ombudsman nacional dirigida al gobernador Rafael Moreno Valle; al secretario de Seguridad, Facundo Rosas y al procurador  Víctor Carrancá.

En dicha recomendación, lo más probable es que el gobierno sea instruido a indemnizar a las víctimas del desalojo, entre ellas la madre del menor muerto, Elia Tamayo Montes.

Para dar la impresión de que el gobierno acatará las recomendaciones de la CNDH, que posiblemente se hagan públicas entre el 8 y el 12 de septiembre, el gobierno morenovallista podría relevar a ciertos mandos policíacos, como a la subsecretaria de Coordinación y Operación Policial, Ofelia Flores Ramos, y suspender a otros uniformados que participaron en el operativo; así como remover a algunos agentes ministeriales que se prestaron o manipularon declaraciones de policías para inculpar a manifestantes de la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie.

EN CORTO

Este fin de semana se registró otro asalto con tintes políticos. La víctima fue el diputado federal priísta Enrique Doger Guerrero, de cuyas oficinas en la colonia Chula Vista de la capital poblana se llevaron dos computadoras de escritorio, la suya y la de su secretaria y asistente personal, dinero y diversos documentos, entre ellos su padrón de seguidores.

De acuerdo con algunas fuentes, este sería el segundo asalto cometido a oficinas o propiedades del también aspirante a la gubernatura de Puebla, Enrique Doger, ya que uno anterior se había registrado en un inmueble que antes albergó una sucursal bancaria en las inmediaciones del Circuito Juan Pablo II y la 11 Sur.

En lo que va de la actual administración estatal se han registrado por lo menos ocho robos similares a oficinas o domicilios de figuras públicas locales, en donde los delincuentes sólo han sustraído computadoras y documentos personales.

Las víctimas han sido periodistas, personalidades políticas y activistas. La madrugada del 25 de julio de 2013 fueron asaltadas las oficinas del periódico digital e-consulta, de las cuales se llevaron dos laptops, la de un servidor, y la de mi socia Blanca Patricia Galindo. El 23 de junio, también en la madrugada, fueron robadas las oficinas del líder sindical de los telefonistas, Marco Antonio Mazatle Rojas, ubicadas en el boulevard 5 de Mayo y 13 Oriente, en pleno Centro Histórico. Este mismo dirigente sufrió antes tres robos similares en su domicilio particular.

A la lista se suman la panista Ana Teresa Aranda, a quien le robaron su computadora y documentos el 25 de julio; el director del portal Poblanerías, Luis Enrique Sánchez Fernández, que fu visitado por los amigos de los ajeno el 27 de julio; el caricaturista del periódico Cambio, Elmer Sosa, a quien el 17 de agosto le robaron en su domicilio dos computadoras portátiles, memorias USB y un iPad, y el ex juez Enrique Romero Razo, la noche del 23 de agosto en su casa del fraccionamiento El Ángel.

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El próximo martes 9 de septiembre el doctor en Ciencias Sociales Jon Elster dictará una conferencia magistral en la UPAEP, con motivo del 41 aniversario de la licenciatura en Ciencias Políticas.

¿Qué son y para qué sirven las constituciones? es el título de la conferencia de este profesor de la Universidad de Columbia, autor de diferentes libros entre los que destacan «Tuercas y tornillos», «Explicando el comportamiento social» y «El cemento de la sociedad».

Su conferencia se realizará en el Aula Magna del edificio central de la UPAEP a partir de las 17 horas. La entrada será libre a todo el público.

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