Esta es la pregunta que algunos priístas se hacen de Don Maximiliano Silerio Esparza, quien en no pocas charlas de café sobre la sucesión gubernamental ha recomendado no descartar al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier, como un serio prospecto a la gubernatura del estado.

Y esa duda tiene cierta dosis de morbo, pues no es desconocido que el secretario regional del Comité Ejecutivo Nacional del PRI era hasta hace unas semanas un firme convencido de que el actual secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, era la mejor alternativa del PRI rumbo a los comicios locales del 2010.

No quiero decir con lo anterior que Don Max ya abandonó la promoción del Proyecto Z.

Simplemente subrayo que el colmilludo ex gobernador de Durango y ex líder de la Confederación Nacional Campesina ha comenzado a explorar, como otros priístas de alto rango —entre los que invariablemente hay que incluir al gobernador Mario Marín Torres— otras alternativas, ante la eventualidad de que López Zavala no repunte en su posicionamiento electoral.

Don Max seguramente debe estar enterado de lo que revelan las encuestas y grupos de enfoque sobre el secretario de Desarrollo Social del gobernador, que ciertamente es el aspirante más conocido del PRI en el estado, que es percebido como el favorito del gobernador —con todo lo bueno y malo que ello conlleva—, y que si hoy fueran las elecciones él sería la mejor opción, pero también que pesan más sus atributos negativos que positivos, que sus niveles de confianza son bajos, y que entre los electores volátiles su candidatura es de las de menos potencial.

Por el contrario, el dirigente estatal del PRI registra un bajo nivel de conocimiento, sin embargo este factor no es motivo suficiente para desecharlo, y menos cuando quienes lo conocen lo identifican como un rostro joven y nuevo del PRI, institucional, trabajador y con experencia en la adminstración pública y en cargos de elección popular.

Lo que más se le crítica a Alejandro Armenta es su proclividad y subordinación al zavalismo, por un lado, y, por otro, que ni su discurso, ni sus acciones parecen ser las de un precandidato a gobernador.

En un escenario de alta competencia electoral, donde los comicios de gobernador se adelantarán del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio de 2010 —circunstancia que dejaría fuera de la puja a la presidenta municipal Blanca Alcalá Ruiz y al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez— la opción de Alejandro Armenta no resulta descabellada.

Y menos, si como parece, el PAN postula al hoy senador Rafael Moreno Valle, y Javier López Zavala sigue sin generar confianza entre los electores volátiles y sin convencer a los factores reales de poder en Puebla, más allá de las siglas del PRI, de que su candidatura no es el principio de un maximato camuflajeado, ni el continuismo del marinismo.

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Pedro y Pablo Maccise Jacobo ofrecerán la noche de este miércoles una cena en apoyo a las aspiraciones de Juan Pablo Piña Kurczyn como candidato a diputado federal del PRI por el distrito 9 de Puebla.

La cita es a las 20:30 horas en el Centro Mexicano Libanés y a la cena han sido convocados alrededor de 200 empresarios de esta comunidad. Juan Pablo Piña es hijo del ex gobernador Mariano Piña Olaya y la abogada Patricia Kurczyn de Piña.

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La iniciativa de reformas electorales que el Partido Acción Nacional presentó al Congreso del estado el pasado 16 de octubre contempla empatar las elecciones federales con las locales, pero hasta julio de 2015.

Ello significa que el futuro gobernador, es decir, el sucesor de Mario Marín Torres, no tendría un periodo de seis años, sino sólo de cuatro años ocho meses, y que los futuros diputados y presidentes municipales no durarían en su encargo tres años, sino cuatro años ocho meses.

La intención de esta iniciativa panista, que fue turnada a la Comisión de Gobernación de la LVII Legislatura ––sin  que hasta el momento exista una fecha para su estudio y dictamen––, es homologar los comicios locales con las federales, siguiendo el espíritu de la Reforma Constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso de la Unión el año pasado.

El proyecto que, de entrada resulta polémico, parte de una realidad innegable: el hartazgo de los poblanos que año tras año estamos metidos en procesos electorales, caracterizados por grillas y enfrentamientos entre militantes y partidos, ausencia de propuestas viables y plausibles, y despilfarro económico y publicitario de los actores involucrados en cada elección.

El calendario político electoral de la última década ha sido el siguiente: En 1998 hubo comicios para gobernador, diputados locales y presidentes municipales; en 1999, plebiscitos para elegir autoridades en juntas auxiliares; en 2000 elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales; en 2001 hubo otra vez comicios para diputados al Congreso del estado y autoridades municipales en los 217 ayuntamientos; en 2002 elecciones para presidente de Juntas Auxiliares; en 2003 elecciones para diputados federales; en 2004 elecciones para gobernador, diputados locales y ayuntamientos; en 2005 elecciones en 644 Juntas Auxiliares; en 2006 elecciones para presidente de la República, senadores y diputados federales; en 2007 nuevamente elecciones para diputados locales y presidentes municipales, y en 2008 elecciones para renovar autoridades en las Juntas Auxiliares de la entidad.

Esta situación, en verdad absurda, ya no debe continuar, no sólo por el enorme derroche de recursos humanos y materiales que se destinan en cada proceso, sino por el irrecuperable tiempo que se invierte en estas elecciones.

La iniciativa del PAN contempla, además, que los comicios locales del 2010 se adelanten cuatro meses, del segundo domingo de noviembre al primer domingo de julio, sin afectar el periodo de gobierno de Mario Marín, cuya gestión concluiría hasta el 31 de enero de 2011.

Los cambios de fondo serían para las autoridades locales entrantes. El más afectado sería el futuro gobernador, quien en lugar de durar seis años, sólo estaría en el puesto cuatro años ocho meses.

En cambio, resultarían beneficiados los próximos alcaldes y diputados al Congreso del estado cuya gestión, por única vez, se prolongaría de tres años a cuatro años ocho meses.

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Carlos Cárdenas, detenido y preso en 1993 por homicidio
Rafael Moreno Valle, lo quieren pero le temen en el PAN

Si bien el gobernador Mario Marín Torres tiene razón en afirmar que las policías municipales son un desorden y que a veces éstas contratan como elementos de seguridad a los primeros que se les paran enfrente, me parece que el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Alejandro Fernández Soto, tampoco es ajeno a esta situación.

Y es que Fernández Soto ha recomendado, al menos en un par de ocasiones, como secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a un personaje con antecedentes penales.

Sí, así como lo lee.

Me refiero a Carlos Cárdenas Ramírez.

¿Le suena el nombre?

En efecto, se trata del actual secretario de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, y que en el trienio anterior trabajó en el ayuntamiento de Puebla como inamovible director de la Policía Municipal.

El calificativo de inamovible no es gratuito, pues en la gestión de Enrique Doger Guerrero hubo cuatro titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ––Humberto Vázquez Arroyo, Omar Álvarez Arronte, Ludivino Mora Tejeda y Rolando López Villaseñor–– y ninguno pudo removerlo.

Carlos Cárdenas Ramírez, de acuerdo con la Unidad de Control y Seguimiento de la Policía Judicial del estado, fue detenido y recluido en el Centro de Readaptación Social de Puebla en 1993 por el delito de homicidio.

Esta situación, que es conocida desde febrero de 2005, fue reportada al entonces presidente municipal de Puebla, Enrique Doger, para que reconsiderara el nombramiento de aquel, pero éste no sólo ignoró la advertencia, sino que lo mantuvo como director de la Policía durante los tres años de su gobierno.

Cuando éste concluyó y todos creían que por fin saldría de circulación, Carlos Cárdenas encontró cobijo en el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Con el cambio de autoridades no fueron los pocos los presidentes municipales que se acercaron al secretario técnico del CESP, Alejandro Fernández, para que les recomendara a un secretario de Seguridad Pública.

Uno de ellos fue el cuestionado edil de San Andrés Cholula, el panista David Cuautli Jiménez, y otro el de San Martín Texmelucan, el ex priísta Noé Peñaloza Hernández.

A uno y a otro les recomendó al mismo personaje: Carlos Cárdenas.

David Cuautli lo contrató, con la promesa ––por parte de Alejandro Soto–– de que el Consejo Estatal de Seguridad Pública apoyaría y bajaría recursos federales adicionales a la Presidencia Municipal de San Andrés Cholula.

Lo anterior es del pleno conocimiento de los regidores y funcionarios de primer nivel del ayuntamiento sanandreseño. David Cuautli se los ha confesado. La primera vez cuando le recriminaron el nombramiento de un ex funcionario dogerista y, la segunda cuando la regidora de Gobernación, Celia María Rivera Zárate, puso en entredicho el desempeño de Carlos Cárdenas como secretario de Seguridad Pública.

Al presidente de Texmelucan, Noé Peñaloza, también le fue recomendado Carlos Cárdenas.

Tras la destitución a mediados de mayo de su primer director de Seguridad Pública, el zavalista Teodomiro Ortega González, el edil Noé Peñaloza pidió una recomendación a las autoridades estatales para encontrar un sustituto y éstas le mencionaron el nombre del actual secretario de Seguridad Pública de San Andrés.

Carlos Cárdenas hizo acto de presencia en Texmelucan, y aunque no dejó la comuna cholulteca para irse a trabajar con Noé Peñaloza, sí acomodó a no pocos recomendados suyos con el nuevo director de Seguridad Públicas, Diógenes Katt Morales, otra auténtica fichita venida de Tijuana, de quien próximamente se conocerán detalles, y no precisamente favorables.

EN CORTO
Vaya paradoja la que enfrenta el Partido Acción Nacional en Puebla.

Quiere hacerse de la gubernatura del estado en las elecciones locales del 2010, pero la mayoría de sus aspirantes a este cargo de elección popular son poco conocidos, y por lo mismo tienen un bajo nivel de confianza y de intención de voto.

La única excepción es el senador Rafael Moreno Valle Rosas, quien, en sentido estricto, no es miembro activo del PAN, sino adherente.

El prospecto de la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, es hoy por hoy ––según las encuestas–– el precandidato a la gubernatura mejor posicionado entre los electores de la entidad, pero también el que más ruido genera entre los grupos y dirigentes locales que en los últimos años han controlado el PAN.

Los propios panistas saben que con él, el camino a Casa Puebla se les allanaría, pero temen que una vez que éste asuma la gubernatura los desplace del partido y del gobierno.

De ahí la declaración de su dirigente nacional, Germán Martínez Cázares, en el informe que los senadores y diputados poblanos del PAN rindieron este sábado en el Complejo Cultural Siglo XXI, en el sentido de que su partido no está dispuesto a hipotecar su pensamiento de siempre a cambio de un triunfo, ni a cambiar su doctrina para satisfacer un capricho personal.

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Otros que también están preocupados por la proyección de Rafael Moreno Valle son los priístas, sobre todo los cercanos al secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, y más después de la negativa de algunos ediles priístas que se rehusaron a retirar sus pendones, pese a las instrucciones que en ese sentido se les giraron desde el PRI y algunas oficinas públicas.

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Y hasta próxima.

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Una especie de rebelión silenciosa ha comenzado a fraguarse al seno del Partido Acción Nacional en contra de su dirigente estatal, Rafael Micalco Méndez.

Tres son las razones principales que motivan a sus otrora leales seguidores a pensar en su remoción de la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN: su falta de liderazgo, su entreguismo al senador Rafael Moreno Valle Rosas y su proclividad a impulsar a priístas o ex priístas como candidatos del blanquiazul a diputados federales.

Entre los panistas que hoy estiman urgente el relevo de Micalco se encuentran algunos yunquistas que a principios de año, después de la debacle electoral del PAN en los comicios locales del 2007 hicieron frente al bloque conformado entonces por Ana Teresa Aranda Orozco, Ángel Alonso Díaz Caneja y Humberto Aguilar Coronado, que exigía la renuncia de aquel.

A poco más de seis meses de haberlo sostenido en el cargo, hoy varios de ellos están arrepentidos y pugnan por darle una salida decorosa, promoviéndolo como delegado o funcionario de alguna dependencia federal.

Y es que con Micalco en la presidencia del PAN, no ven cómo los panistas puedan ganar liderazgo, espacios y posiciones en el equipo de Rafael Moreno Valle si éste es finalmente el abanderado del blanquiazul a la gubernatura.

Su análisis es simple y contundente: si Moreno Valle no se vale hoy de panistas, sino de priístas y ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social de la que fue titular en el sexenio melquiadista, para posicionarse y hacerse de la nominación del PAN, es obvio que cuando sea candidato y, eventualmente, gane el gobierno del estado, menos lo hará.

En ese contexto, evalúan la urgencia de que Micalco sea reemplazado de la presidencia del Comité Directivo Estatal por una gente de mayor experiencia, perfil y oficio político que, de entrada, establezca otro tipo de relación con el senador, de tú a tú y no de subordinación, pero que además comprometa a Moreno Valle a incluir a miembros del PAN en posiciones estratégicas en su equipo de campaña y en puestos clave en la integración de su gabinete.

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Mañana le platico a qué priístas Rafael Micalco Méndez ha invitado a participar en las elecciones federales del próximo año como candidatos del PAN a diputados federales, y cómo éstos han declinado con un “no, gracias” ante la fundada sospecha de que el blanquiazul en Puebla se encamina a otro tremendo descalabro electoral.

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