Que el Elbazo no termine en Quinazo o Jongitudinazo
Si algo demostró la detención de Elba Esther Gordillo es que siempre es más importante la voluntad de poder que los discursos y propuestas que sólo se quedan en el terreno de las buenas intenciones, o del debe ser, cuando se trata de acotar los poderes fácticos y combatir los excesos y latrocinios de políticos, funcionarios y caciques sindicales corruptos.
Peña Nieto no esperó a que el Congreso le aprobara su Comisión Nacional Anticorrupción para destronar a unos de los íconos de la corrupción y el chantaje político en México. Tampoco tuvo necesidad de reformas constitucionales para llevar a prisión a quien, por la vía del chantaje electoral y los amagos de paros y marchas magisteriales, tenía secuestrado el sistema educativo nacional.
Bastó que el presidente de la República tomara la decisión de investigar y procesar a la lideresa del SNTE para que, a menos de cien días de haber asumido el gobierno, se confirmara lo que todos en el país sabíamos: que el Elba Esther, junto con una camarilla, se robaba el dinero procedente de las millonarias cuotas sindicales para construir su imperio.
La defenestración de la maestra fue contundente y eficaz, y la coordinación que demostraron la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría y las secretarías de Gobernación y Educación para detenerla, acreditarle los delitos de desvío, lavado de dinero y delincuencia organizada, y para desactivar cualquier reacción violenta de sus huestes y aliados, es digna de elogio.
Sin embargo, me parece que ahora lo trascendente será asegurar que esta acción de poder no acabe en un mero acto propagandístico de legitimación de la figura presidencial, o de restauración del modelo presidencialista basado en el principio juarista de “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas».
En este contexto, la sociedad organizada no sólo debe encontrar mecanismos institucionales que obliguen al presidente Enrique Peña a cumplir su promesa de que no habrá intocables en su sexenio, sino de presionar a las autoridades para que su política de saneamiento de la vida pública se amplíe a otros actores, empresas y poderes fácticos.
De más está mencionarlos. Están en la boca de todos.
Peña Nieto y sus secretarios están obligados a proceder contra ellos, sin excusas ni pretextos como los del tibio secretario de Hacienda del calderonismo, Ernesto Cordero, o del mentecato dirigente nacional panista, Gustavo Madero, en el sentido de que nunca vieron nada raro en las cuentas de la Gordillo o que nunca pudieron procesarla por falta de denuncias o fallas en las averiguaciones.
Pero aún más importante que eso, es que la sociedad exija al gobierno que los fraudes hallados en la triangulación y desvío de recursos del SNTE, y en el lavado de dinero y uso indebido de cuotas sindicales, no se personalicen sólo en la figura de Elba Esther Gordillo.
La ex lideresa del SNTE no actuó sola. Tuvo cómplices de muy alto nivel, y no sólo los que fueron detenidos con ella. Otros copartícipes de sus presuntos ilícitos son Francisco Arriola Urbina —el padre de su hija, la senadora Mónica Arriola Gordillo—, quien, con o sin cartera en el SNTE, manejaba los multimillonarios fondos del sindicato; y el actual presidente del Consejo Nacional de la organización, Juan Díaz de la Torre.
Si las indagatorias no se extienden a los operadores financieros, políticos y electorales de la maestra, el Elbazo corre el riesgo de convertirse en un Quinazo o Jongitudinazo; es decir, en un golpe de timón dirigido contra dirigentes sindicales incómodos para destronarlos y sustituirlos por otros dóciles o alineados a los intereses del presidente en turno.
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¿Qué influyente aspirante a un importante puesto de elección popular se casó por lo civil la semana pasada en La Vista Country Club, ante un muy selecto grupo de amigos de él y su pareja?
Un tip: el nuevo matrimonio se fue de luna de miel a Playa Carmen, en espera de mejores noticias.
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Simón dice:
“El arte de agradar es el arte de engañar.”
Marqués de Vauvenargues (1715-1747) Moralista francés.
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