Sin operación cicatriz, los riesgos de que fracase se acrecientan

Aunque hasta ahora el gobernador Rafael Moreno Valle ha impuesto su voluntad en el PAN, en el nombramiento de candidatos y dirigentes del partido blanquiazul y en la conducción del ayuntamiento de Puebla, cada vez se ve más difícil que la hegemonía que mantiene sobre la clase política poblana pueda prolongarse más allá del 2016.

Los factores para sustentar esta tesis son diversos, endógenos y exógenos, y vinculados a circunstancias de orden local y federal.

En primera instancia hay que mencionar el desgaste natural de toda gestión gubernamental. Moreno Valle como cualquier otro gobernante sexenal comenzará a perder poder a partir del quinto año y en la medida que se acerque el fin de su administración y se sepa quién lo sucederá en el cargo, así sea por un periodo de un año ocho meses.

Otro factor que jugará en su contra son los múltiples enemigos y damnificados que su gobierno ha dejado en el camino, y que pronto comenzarán a pasarle factura, a sacar la cabeza y a cobrar venganza, ya sea jugándole las contras, haciéndole vacío o sumándose a sus adversarios del PRI o a sus enemigos dentro del propio PAN.

Adicionalmente, el grupo morenovallista experimentará una pérdida de cohesión, que ya comienza a manifestarse ahora que se acerca la definición de quién será el candidato a suceder a Rafael Moreno Valle en la gubernatura y por qué periodo de tiempo.

Hace una semana le dije aquí dos eran los bandos en disputa: el de los puros, conformado por aquellos funcionarios que pertenecen al grupo original que viene con el actual mandatario desde que éste fue nombrado secretario de Finanzas y Desarrollo Social en el sexenio del priísta Melquiades Morales Flores. Y el de los arribistas, en torno al cual convergen funcionarios más o menos de la misma generación del alcalde José Antonio Gali Fayad, que ocupan cargos en el gabinete o el ayuntamiento capitalino a pesar de no provenir del grupo original y que buscan seguir en la administración pública, después de que varios de ellos renunciaron a sus antiguos empleos o cargos públicos fuera de Puebla.

Los primeros aceptan la idea de que Gali Fayad los abandere en los comicios locales de 2016, pero siempre que la Constitución local siga como está, para que la próxima gubernatura sólo sea de un año ocho meses, y uno de los puros (Jorge Aguilar Chedraui, Patricia Leal Islas o José Cabalán Macari) asuma la presidencia municipal de Puebla.

Para el segundo bloque la Constitución debe reformarse para ampliar a cuatro años ocho meses la siguiente gubernatura, desempatar la elección de gobernador de Puebla con la presidencial y dar margen de maniobra a Gali Fayad y a otros miembros del gabinete para concertar acuerdos, reestablecer alianzas y despresurizar tensiones con distintos actores y organizaciones marginados o maltratados por el morenovallismo.

Dentro del PAN, el mandatario estatal tendrá que analizar qué hacer con los enemigos naturales que ya tiene: los yunquistas de Puebla, que han sido marginados del gobierno y de los órganos de dirección del partido; los calderonistas que se sienten traicionados por un gobernador al que encumbraron desde la presidencia de la república; y Gustavo Madero y sus operadores que ven a Moreno Valle como su principal contrincante en las internas del PAN.

Si el mandatario estatal no emprende cuanto antes una serie de acciones para limar asperezas con El Yunque local corre el riesgo de que sus miembros terminen apoyando en las internas a otros candidatos distintos a él, como Margarita Zavala Gómez del Campo —la esposa del expresidente Felipe Calderón— o Gustavo Madero.

Este último, por cierto, mantiene una alianza con algunos yunquistas destacados a los que hizo candidatos a diputados federales —como Cecilia Romero Castillo— o integró al Comité Ejecutivo Nacional panista, como el ex gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, jefe político del ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

Para su proyecto presidencial, Moreno Valle va a requerir del apoyo de los yunquistas de entidades como Puebla, Guanajuato, Querétaro y Jalisco, así como de estados del norte del país como Baja California y Nuevo León, donde sus métodos y prácticas priístas generan desconfianza y cierta animadversión.

Fuera del PAN, Moreno Valle también se enfrentará a enemigos poderosos que pronto podrían tomar las riendas del PRI nacional, como el coordinador de la fracción de este partido en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, impulsor de las aspiraciones del ex presidente municipal de Puebla y ex rector de la BUAP, Enrique Doger Guerrero; o del líder de la bancada priísta en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, principal aliado de la senadora Blanca Alcalá Ruiz, en la puja por Casa Puebla.

Otro actor nacional que ha comenzado a tomar distancia del Ejecutivo estatal, en el marco de las elecciones federales en curso, es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El responsable de la política interna del gobierno peñista no ignora las aspiraciones presidenciales del gobernador poblano y tampoco los riesgos que para el PRI —y para él en lo particular— podría significar su nominación en el 2018 como candidato del PAN o de un frente amplio de partidos que abarcaría al PRD de Los Chuchos, a Nueva Alianza de los herederos de la profesora Elba Esther Gordillo, y al PT si es que este partido logra mantener su registro después de las elecciones del primer domingo de junio.

Como el lector podrá observar, la senda que Moreno Valle aún debe transitar en su ruta hacia Los Pinos está llena de obstáculos que difícilmente sorteará si en lo que resta de su sexenio sigue encapsulado en su burbuja, no emprende una estrategia de reparación de daños u operación cicatriz con aquellos grupos y sectores que ha lastimado al seno del PAN y la izquierda, y se muestra receptivo de las demandas ciudadanas que pugnan por un combate efectivo a la corrupción, que tiene como punto de partida la transparencia y la rendición de cuentas, áreas en las que el gobernante poblano es cada vez más opaco.

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Ante la negativa de la Comisión Nacional de Afiliación del PAN de fundar y motivar las más de 22 mil incorporaciones al padrón del partido en el estado de Puebla, este jueves el regidor Juan Carlos Espina von Roehrich interpuso un nuevo juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El argumento del ex presidente del Comité Directivo Estatal del PAN es que esas afiliaciones no sólo fueron corporativas, sino violatorias del Estatuto, el Reglamento y el Manual de Procedimientos de Afiliación, en los que se establece que las adhesiones al partido deben ser individuales y voluntarias.

En un anterior Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, presentado por el mismo Juan Carlos Espina el pasado 22 de diciembre, el magistrado Salvador Olimpo Nava resolvió que el recurso era procedente y que la Comisión de Afiliación del PAN debía fundar y motivar los registros de los militantes impugnados.

Dicha resolución consta en el expediente SUP-JDC-2901/2014.

Como se lo había comentado, el regidor Espina von Roehrich cuenta en este juicio con el respaldo de otros panistas como el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y el actual presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, quien en su momento también se inconformó –ante las instancias nacionales de su partido, el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y el TEPJF– por la afiliación corporativa de más 22 mil supuestos panistas en la entidad.

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Por sus fobias partidistas el presidente municipal de Amozoc, el panista José Cruz Sánchez Rojas, negó a la Sedesol y a otras 16 delegaciones federales el uso del zócalo de esta población con la intención de acercar los programas del gobierno federal a los habitantes de esta región de la entidad.

Por lo anterior, la Sedesol tuvo necesidad de alquilar para este sábado un salón social, La Palapa, para llevar a cabo ahí la llamada Asamblea Informativa de las Acciones del Gobierno de la República.

El alcalde de Amozoc no sólo negó el permiso del zócalo y canceló su participación en la jornada, sino que mandó a decir al subsecretario de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri Quirós, que el tenía otras amistades en otros niveles que podrían llevar más beneficios a la región que las delegaciones federales.

De los 10 alcaldes invitados a la jornada, nueve ya confirmaron su asistencia, entre ellos los dos pertenecientes al PRI, el de Tepeaca y el de Tecali de Herrera.

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Para sostener un conversatorio con los profesores e investigadores en temas educativos este viernes estará en el Colegio de Puebla, Rodolfo Ramírez Raymundo, autor de planes, programas y libros de texto de primaria, así como de cursos dirigidos a directivos de educación secundaria.

El conferencista, quien actualmente es presidente de la asociación Educación y Cambio, ha sido asesor de la rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), subsecretario de Educación Básica de la SEP, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Educación Básica y director general de Investigación Educativa de la SEP.

El conversatorio, que es una variante de una conferencia en la que el ponente estimula el intercambio de experiencias en un ambiente informal y divertido, es abierto a todo el público y tendrá lugar a las 13 horas en el Aula Magna del Colegio de Puebla, sin ningún costo.

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Este viernes en el marco de la inauguración de la Sala de Juicios Orales de la Universidad Iberoamericana de Puebla, el doctor Mario Patrón Sánchez impartirá la conferencia “El estado actual de los derechos humanos en México”, nombre que lleva su libro de reciente aparición.

Patrón Sánchez es director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez.

En la conferencia, que tendrá a las 11 horas en el Salón B 203, participarán también Liliana Galilea Cariño Cepeda, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, la académica Carmina Parada Aguilar, y el coordinador de la Licenciatura en Derecho, José Antonio Bretón Betanzos.

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El dirigente estatal de Antorcha Campesina, Juan Manuel Celis Aguirre, es uno de esos personajes que comenzaron el sexenio morenovallista como enemigos y lo terminarán como aliados del mandatario estatal.

Al inicio de la actual administración, el mandatario estatal instruyó a su secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, y éste a su grupo de control de riesgos, para que investigara el destino de 120 millones de pesos que el gobierno marinista entregó, en diversos cheques, a Juan Manuel Celis.

Ya con la información y un voluminoso expediente, la Secretaría General de Gobierno entró en contacto con el dirigente estatal antorchista, haciéndole saber la existencia un conjunto de anomalías en que éste y su organización habían incurrido con los recursos púbicos recibidos.

La encargada de contactar al ingeniero Celis fue la entonces directora general de Gobierno, Laura Escobar Juárez, quien, fiel a la costumbre de la casa, le mostró el expediente y le advirtió de una averiguación previa en su contra por la no comprobación, ni justificación de millones de pesos recibidos por el gobierno marinista.

Laura Escobar le dijo que ese asunto podría resolverse si Antorcha Campesina cooperaba con el gobierno del estado sacando las manos del tianguis de San Martín Texmelucan y desactivando las protestas de los integrantes del movimiento magisterial antorchista en algunos municipios de la Sierra Norte y la Mixteca poblana.

También le pidió que las protestas de la organización se enfocarán en la capital poblana, exigiendo al ayuntamiento capitalino encabezado por Eduardo Rivera Pérez la regularización y escrituración de las colonias del sur, y que las grúas Unión fueran las únicas en prestar el servicio de arrastre de vehículos a los corralones del gobierno estatal y municipal.

De más está decir que Celis Aguirre no sólo aceptó la negociación, sino que hasta firmó un convenio comprometiéndose a desactivar las protestas del movimiento magisterial antorchista y a resolver el conflicto entre tianguistas de San Martín Texmelucan.

Convenio que incluso fue motivo de posteriores diferendos entre el subsecretario Mario Rincón González y el entonces operador de Fernando Manzanilla en la SGG, Eukid Castañón Herrera.

Del expediente integrado en contra de Juan Manuel Celis poco o nada se sabe, sólo que este desapareció –casi con la misma rapidez que se armó– cuando Luis Maldonado Venegas sustituyó Fernando Manzanilla en la SGG.

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La decisión del presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, de hacer pública su declaración de bienes, junto con la de su esposa Nancy de la Sierra Arámburo, tiene varias motivaciones.

La primera — y más importante— es adelantarse a una investigación que, supuestamente, la presidenta del Colegio de Notarios, Verónica Morales Alfaro, había comenzado a realizar con la colaboración de otros colegas suyos para rastrear todos los bienes y propiedades del alcalde cholulteca y su esposa, la candidata del PRI a diputada federal por el distrito 3 de Teziutlán.

Y la segunda, vacunarse contra posibles críticas y descalificaciones de Juan Pablo Piña Kurczyn, candidato del PAN a diputado federal por el distrito 3, en contra de su contrincante, la priísta Nancy de la Sierra y su esposo, José Juan Espinosa, integrante del partido Movimiento Ciudadano.

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Este fin de semana hubo cambios en la Coordinación de Derecho y el Bufete Jurídico del campus Tehuacán de la BUAP. El viernes el secretario general de la institución, René Valdiviezo Sandoval, removió de sus cargos a José Lorenzo Dávalos Moreno y a Jesymar Castillo Arangute, al primero por diversas irregularidades que van desde la contratación de docentes sin autorización y la venta de tesis, y al segundo por usar el Bufete para llevarse asuntos a su despacho particular.

Dos días después, el domingo, el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, acudió a Tehuacán a tomar la protesta de ley a los sustitutos de aquellos: Sagy Rosalba Díaz Pimentel y Raymundo Pérez Osorio, respectivamente.

Sin embargo, ambos nombramientos no fueron bien recibidos por la planta docente y no porque estuviera de acuerdo con el desempeño del coordinador de Derecho, José Lorenzo Dávalos y del coordinador del Bufete Jurídico, Jesymar Castillo, sino porque no fue consultada sobre quiénes debían reemplazarlos.

De Sagy Rosalba Díaz se dice que su designación como coordinadora de Derecho del campus Tehuacán no obedece a una cuestión de méritos académicos o profesionales, sino a su cercanía con el secretario seccional del Aspabuap en Tehuacán, y del segundo, Raymundo Pérez Osorio, a su poca o nula experiencia en el acompañamiento de estudiantes y en el litigio en tribunales, más allá de la Junta Local de Conciliación de Tehuacán, de la que fue presidente.

El malestar de los profesores y alumnos se hizo patente con algunas pancartas y mensajes de protesta dirigidos al rector Alfonso Esparza, en los que se exigía que los coordinadores de Derecho y del Bufete Jurídico de la BUAP fueran electos democráticamente por voto universal, libre y secreto.

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Si alguien creía que el capítulo de las afiliaciones masivas en el PAN estaba cerrado o bajo siete llaves, se equivocó.

El asunto se reactivará la próxima semana a través de dos juicios que promoverá el regidor panista Juan Carlos Espina von Roehrich ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la negativa de la Comisión Nacional de Afiliación y del Registro Nacional de Miembros de explicar cómo es que más de 22 mil cuidados de la entidad fueron incorporados al padrón del blanquiazul.

Dichos juicios tienen como antecedente una resolución a favor del propio Juan Carlos Espina por la cual la Sala Superior del TEPJF instruyó a la Comisión Nacional de Afiliación del PAN a explicar, con base en la normatividad vigente, la forma en que estos registros cumplieron con los requisitos establecidos en el reglamento de afiliación y en los estatutos del partido.

El promovente de los nuevos juicios será el regidor Espina von Roehrich, quien en esta acción cuenta con el respaldo de otros panistas como el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, y el actual presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Rafael Micalco Méndez, quien en su momento también se inconformó –ante las instancias nacionales de su partido, el Instituto Electoral del Estado, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y el TEPJF— por la afiliación corporativa de más 22 mil supuestos panistas en la entidad.

Rodrigo Riestra, blanco de reproches campesinos

En su primera prueba de fuego como secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, a Rodrigo Riestra Piña le fue francamente mal, a pesar de las lisonjas de algunos productores y dirigentes de organizaciones afines al gobierno del estado, invitados a la Primera Sesión Ordinaria de 2015 del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable.

En el encuentro efectuado el viernes pasado, Riestra –quien ya en dos ocasiones había quedado solamente como encargado de despacho de la SDRSOT– fue vapuleado por las asociaciones campesinas de izquierda, quienes le reprocharon las pocas inversiones y los escasos apoyos del gobierno del estado al sector agropecuario y que éste estuviera solo preocupado por sembrar concreto y levantar obras suntuosas en la capital.

Quien de plano lo desconoció de facto, con acidez y cara a cara, fue el dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Magdaleno Ríos Pérez, quien exigió un diálogo directo con el gobernador Rafael Moreno Valle, ante la incapacidad del hoy secretario para resolver los problemas del campo poblano.

Con sus obras, el gobernador –dijo Magdaleno –«piensa que ya es el héroe, él piensa que ya conquistó México y está muy mal. Llámalo a un Consejo y que venga a dar la cara aquí… Que venga a darse el quemón aquí con la raza«.

El mismo tono utilizaron otras de las organizaciones campesinas con representación en el Congreso Agrario Permanente Poblano (CAPP).

«Póngale más al campo, que se ayude al verdadero campesino», fueron los reproches contra la administración estatal que se ha colgado del presupuesto del gobierno federal en este rubro, pues desde 2013 de cada 10 pesos que se aplican en la entidad, más de 9 vienen de la federación, dijo la diputada Maritza Marín Marcelo.

Al rescate de Riestra y la gestión morenovallista salieron dirigentes como Miguel Ángel Sosa Guzmán, de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), quien se desvivió en reconocimientos para el gobierno federal y hasta felicitó, como otros productores y asociaciones oficialistas, a Riestra por su llegada, por fin, a la titularidad de la SDRSOT.

El equilibrio lo puso la presidenta del CAPP y lideresa de la CNC en la entidad, Maritza Marín, quien censuró el poco respaldo del gobierno del estado al sector, sin embargo pidió un voto de confianza para Rodrigo Riestra, quien seguramente será sensible y escuchará los problemas de los campesinos.

Marín Marcelo dijo que no hay correspondencia entre lo que aporta para el campo poblano el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y lo que destina la administración estatal «en un tema tan sensible».

Recordó que en el Ejercicio Fiscal 2013, del total de 531 millones 700 mil pesos que se aplicaron en concurrencia, apenas 74 millones 325 mil pesos los puso el gobierno estatal. El total con el presupuesto de programas directos alcanzó más de mil 500 millones de pesos.

En ese mismo ejercicio se aplicaron en programas directos del erario federal 864 millones 300 mil pesos. La carga del apoyo al campo poblano fue del gobierno del Presidente Peña en más de 95 por ciento; es decir, de cada 10 pesos que se aplicaron al campo del estado de Puebla, más de 9.50 vinieron del gobierno de la República.

Luego en 2014, en concurrencia se aplicaron 614 millones 500 mil pesos, pero solamente una parte muy pequeña, de 95 millones 325 mil pesos, puso el estado.

En total, con los recursos de programas federales directos, en el pasado ejercicio, se aplicaron en Puebla mil 565 millones de pesos. Otra vez, la carga para el gobierno federal fue de más de 90 por ciento. Es decir, del gobierno federal vinieron más de 9 de cada 10 pesos.

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Lubezki abortó serie de suspenso en Puebla

Moreno Valle sigue sin encontrar poblanos

Intimidan a profesores de la UPAEP ligados a ERP

Por una serie de obstáculos y requisitos que estableció el gobierno del estado al equipo de producción del laureado cineasta mexicano Emmanuel Lubezki Morgenstern, abortó el proyecto que existía para grabar en la capital poblana una serie de suspenso, misterio y terror, inspirada en “La Telaraña” y “La Hora Marcada”, que fueron éxito de 1989 a 1993, la primera, y de 1988 a 1990, la segunda.

Lubezki, ganador de dos premios Oscar consecutivamente por las fotografías de las películas “Gravity” en 2014 y “Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia” en este año, se planteó con la productora Argos, de Epigmenio Ibarra, Televisa y otros, grabar como director una serie de suspenso para la televisión.

Las locaciones se harían en algunas calles del Centro Histórico y especialmente en el Edifico Vacas, ubicado en la esquina de la 2 Poniente y 9 Norte, cuya construcción data de 1952 y es un ejemplo destacado de la arquitectura Art Decó. El inmueble fue objeto de una laboriosa y profunda remodelación que concluyó en 2006 y estuvo a cargo del arquitecto Sergio Gallardo.

La intención de la producción era recuperar el ambiente urbano y místico que a “La Telaraña” proporcionaron los edificios de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, donde se grabaron los capítulos de la serie que escribió y dirigió Carlos Enrique Taboada, cuya película más recordada es “Más negro que la noche”, de 1975 y de la que recientemente se realizó un remake.

Sin embargo el proyecto se canceló debido a la intención del gobierno estatal de aprovechar la imagen del Chivo Lubezki –quien estudió en el Instituto Oriente de Puebla– como una oportunidad inmejorable para apuntalar la figura del gobernador Rafael Moreno Valle.

Fue entonces que la administración estatal comenzó a condicionar al equipo de producción del cineasta mexicano algunos apoyos. Se pedía, por ejemplo, que el gobierno morenovallista fuera incluido en la promoción o que Lubezki y el gobernador ofrecieran una conferencia de prensa conjunta para anunciar el inicio de grabaciones de la serie.

Otro desacuerdo fueron los costos que se fijaron a los realizadores de la serie por las locaciones que se harían en algunas calles que serían cerradas a la circulación, o por algunos arreglos en avenidas e inmuebles del Centro Histórico.

El miércoles 4 de marzo fue la última reunión que tuvieron las autoridades estatales y la producción de “El Chivo”, en la que se dio por cancelado el proyecto.

Los testigos cuentan que ante la agria reunión que terminó por decepcionar al equipo del cineasta, el titular del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Jorge Alberto Lozoya Legorreta, no sabía ya de qué tantas maneras disculparse y repetía y repetía lo apenado que estaba.

INTRAMUROS

El jueves pasado se aprobó por unanimidad de los socios del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC) un desplegado para denunciar la violencia de que fueron víctimas estudiantes de la BUAP desalojados del zócalo de Puebla y actos de intimidación en contra de profesores de la UPAEP.

En la Asamblea General de la CONEICC que tuvo lugar este jueves y viernes en la Universidad Autónoma de Nuevo León, los académicos, coordinadores y directores de 76 Escuelas y Facultades de Comunicación se pronunciaron en contra de quienes en México alientan una tendencia hacia el control, la criminalización de la protesta y las amenazas y agresiones en perjuicio de académicos y estudiantes de la comunicación de nuestro país.

En el desplegado se alude directamente al desalojo ocurrido la madrugada del domingo 8 de febrero en contra de un grupo de estudiantes de la BUAP que exigían usar las instalaciones de la Universidad para impartir o recibir cursos propedéuticos gratuitos que les facilitaran su ingreso a la máxima casa de estudios de la entidad.

De la Upaep sólo se menciona que profesores de la licenciatura de Comunicación han sido intimidados. El desplegado no entra en detalles, sin embargo trascendió que en la Asamblea General Ordinaria del CONEICC se documentaron tres casos, entre ellos el del docente José Antonio Pérez Stuart.

Tras entrevistarse con el ex alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, el periodista Pérez Stuart fue detenido hace un par de meses por policías que lo acusaron de estar involucrado en un robo a un Oxxo.

De los otros dos profesores de la UPAEP sólo trascendió que se trata de docentes que hace no mucho laboraron en el ayuntamiento de Puebla.

EN CORTO

Los nombramientos hechos este domingo por el gobernador Rafael Moreno Valle confirman que varios de los secretarios que saldrán del gabinete para ser candidatos propietarios y suplentes a una diputación federal regresarán a sus cargos después de las elecciones.

Esa y no otra es la razón por la cual el mandatario designó encargados de despacho y no secretarios en la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Educación Pública, así como en la Secretaría Particular.

Otra cuestión que también revelan los nombramientos hechos por el gobernador es que éste sigue sin encontrar a poblanos con quien conducir la administración pública.

Si se revisa el origen de los nuevos secretarios y encargados de despacho se verá que los poblanos son la excepción.

El nuevo secretario de Finanzas, Roberto Rivero Trewartha, no es poblano, tampoco la nueva secretaria de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Cristina González Medina; ni el encargado de despacho de la SGG, Jorge Benito Cruz Bermúdez; ni de la SEP, Antonio Argüelles Díaz González, ni el de la Secretaría de Salud, José Mario Márquez Amezcua.

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Ayer le comenté que entre los dos empleados detenidos por vender hologramas de verificación vehicular en el Verificentro ubicado sobre el Anillo Periférico entre Camino Real y la Recta a Cholula estaba Aarón Noé Hernández Cholula.

Hoy le tengo más datos. Resulta que este personaje trabajó en el Ayuntamiento de Puebla como policía y está casado con Carolina Zabalegui Velázquez, quien se convirtió –en abril de 2012 durante la gestión del alcalde Eduardo Rivera Pérez— en la primera directora de Tránsito en la historia del municipio de Puebla.

También se sabe que el establecimiento donde se vendían los hologramas tiene un negro historial de anomalías antes de su llegada a Puebla.

La empresa denominada VeriPatriotismo fue sancionada en la Ciudad de México, de donde proviene, incluso con la revocación de su licencia de operación en la Delegación Miguel Hidalgo.

VeriPatriotismo fue denunciada por “brincar” vehículos y por utilizar autos diferentes a los que tenían que ser verificados para que estos pudieran obtener los hologramas pese a no cumplir con los estándares establecidos.

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Entre los priístas de Teziutlán es cada vez más claro que Heriberto Márquez de la Rosa y Gabriel Reyes Cardoso serán los instrumentos que el morenovallismo utilizará para desacreditar a la candidata del PRI por el distrito 3, Nancy de la Sierra Arámburo.

Pero también que la dirigencia del PRI poblano tiene la culpa por cobijar a personajes que ya antes lo habían traicionado, como el profesor Heriberto Márquez, quien no solo apoyo la campaña del hoy gobernador Rafael Moreno Valle en 2010, sino que fungió como su operador en la región de 2011 a 2012 como delegado de la Secretaría General de Gobierno.

Heriberto Márquez fue nominado por el PRI –o mejor dicho por la coalición 5 de Mayo– en los comicios locales de 2013 como candidato suplente al Congreso del estado, llevando como propietario al ya mencionado Reyes Cardoso.

Una muestra del tipo de acciones que este operador del morenovallismo desplegará en la región de Teziutlán para desacreditar la candidatura de Nancy de la Sierra y fortalecer el proyecto de Juan Pablo Piña Kurczyn se dio el pasado 22 de enero.

Ese día el ex líder magisterial tapizó las oficinas del Comité Municipal del PRI en Teziutlán con cartulinas de rechazo a la ex delegada del programa Prospera, en las que se leían consignas como las siguientes: Fuera Nancy no te queremos en Teziutlán, Con Nancy como candidata derrota segura y Rechazo a las imposiciones.

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Urge que Moreno Valle abra el gabinete a nuevos aspirantes

Hersilia Córdova sí será candidata a diputada del PRI-PVEM

Ahora que el gobernador Rafael Moreno Valle hará cambios en su gabinete ante la eventual postulación de al menos tres de sus secretarios como candidatos a diputados federales, bien debería considerar la posibilidad de ampliar su abanico de prospectos a sucederlo en los comicios locales de 2016.

De no hacerlo así corre el riesgo de jugarse todo a una sola carta o de dejar demasiado expuesto al presidente municipal de Puebla, José Antonio Gali Fayad, a quien obligará por las circunstancias a hacer demasiadas concesiones a los grupos y partidos políticos que lo respaldarían, antes de su nominación en enero de 2016.

A diferencia de lo que ocurre con el PRI, donde no hay claridad sobre quién podría ser el candidato o candidata en el 2016, en el PAN las cosas parecen ya definidas a favor del alcalde capitalino, haya o no reformas a la Constitución Política del estado respecto a la duración del próximo periodo gubernamental.

De los tres secretarios que saldrán del gabinete para ir en busca de una diputación federal de mayoría o representación proporcional —Juan Roberto Moya Clemente, José Cabalán Macari Álvaro y Mario Rincón González—, se ve difícil que alguno de ellos pueda crecer en el ánimo de los electores poblanos, al grado de llegar a convertirse en una especie de Plan B para la sucesión gubernamental.

Con Cabalán Macari se intentó cuando pasó de la Secretaría de Administración a la Secretaría de Infraestructura, pero el proyecto jamás cuajó.

De los secretarios que continuarían en el gabinete habría que descartar a la mayoría, en primera instancia por su falta de arraigo, porque no son poblanos, ni cuentan con la ciudadanía. Y, en segundo término, porque los que sí son poblanos –Antonio Gali López, Bernardo Huerta Couttolenc y Facundo Rosas Rosas-, carecen de militancia panista y punch electoral.

Para el gobernador Moreno Valle y el propio Gali Fayad sería saludable que panistas como el senador Javier Lozano Alarcón; el exdelegado del IMSS, Francisco Fraile García; el ex alcalde Eduardo Rivera Pérez; o la diputada federal María Isabel Ortiz Mantilla fueran incorporados al gabinete.

El primero seguramente haría mejor papel que Bernardo Huerta en la Secretaría de Transportes, que Cabalán Macari en la Secretaría de Infraestructura o Héctor Antonio Alcudia Goya en Puebla Comunicaciones, amén de que en automático asumiría el rol de aspirante a la gubernatura.

Francisco Fraile bien podría ser secretario de Salud, después de su paso por la Delegación del IMSS; y Eduardo Rivera o Marisa Ortiz seguramente podrían hacer mejor papel que Mario Rincón en la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, dada la poca o nula experiencia de éste en asuntos ambientales, metropolitanos, urbanísticos y agropecuarios.

En el contexto de la sucesión gubernamental y la necesaria protección que Gali Fayad requiere de aquí a enero de 2016, Moreno Valle podría obtener más beneficios de estos personajes panistas que de un priísta como Fernando Morales Martínez o un fuereño como Diego Corona Cremean, quien además proviene de las filas del PRI y de Convergencia.

Para lograr retener la gubernatura, el morenovallismo arriesga de más apostándose sólo a la carta del presidente municipal en funciones, faltando un año para la nominación de candidatos y sin una red de protección que lo blinde de potenciales ataques del PRI y otros actores políticos.

De ahí que el gobernador tendría que valorar con motivo de los ajustes y la reingeniería en su gabinete, la conveniencia de construir una o do alternativas adicionales y sumar a otros grupos panistas, antes de que estos se organicen para jugarle abiertamente las contras o sean cooptados por sus adversarios.

El caso de Ana Teresa Aranda es ilustrativo y podría no ser el único si, en el corto y mediano plazos, las cosas se mantienen igual, o si los panistas que cobijaron a Moreno Valle tras su salida del PRI siguen excluidos de la toma de decisiones y de los órganos de dirección del blanquiazul; marginados de los cargos de elección popular o excluidos del gabinete por hijos de ex gobernadores priístas o fuereños provenientes de otros partidos.

EN CORTO

De los cinco distritos federales en los que el PRI y el PVEM van en coalición en el estado de Puebla, todo indica que los únicos que serán para militantes del partido del tucán son el 9 y el 15 y que los favorecidos con la nominación serán el presidente del Comité Directivo Municipal de Puebla, Óscar Jesús Parra Tay, y la diputada local por Tehuacán Geraldine González Cervantes.

En los otros tres distritos los candidatos serán de dulce, chile y manteca, pues por el 11 de Puebla se perfila la panista Ana Teresa Aranda Orozco, por el 12 de Puebla el priísta Víctor Manuel Giorgana Jiménez, y por el 13 de Atlixco la antorchista Hersilia Córdova Morán.

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Este lunes se publicó la convocatoria para la elección de consejeros universitarios de la máxima casa de estudios de la entidad, sin que se le diera gran publicidad al documento que establece las bases de este importante proceso, los requisitos que deben cumplir los candidatos, y los plazos para el registro de fórmulas, realización de campañas, votaciones y escrutinio.

Una de las novedades de la convocatoria es que la elección de consejeros universitarios se adelanta al viernes 13 de febrero, con la intención —según los enterados— de no empatar ese proceso con la admisión de nuevos alumnos y las consiguientes protestas de estudiantes rechazados.

El registro de fórmulas (integradas con propietario y suplente) se fijó para el viernes 30 de enero de 10 a 18 horas, las campañas electorales del martes 3 al martes 10 de febrero, y las votaciones para el vienes 13 de febrero de 8 a 18 horas.

El escrutinio y cómputo de los votos se realizará en cada unidad académica el mismo día de la elección; la calificación del proceso se efectuará el 19 de febrero, en sesión extraordinaria del Consejo Universitario saliente, y el 19 de marzo se llevará a cabo la instalación y la toma de protesta de los nuevos consejeros universitarios para el periodo 2015-2017.

Los detalles de la convocatoria para la renovación del máximo órgano colegiado de la BUAP los puede encontrar aquí.

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De última hora me comentan que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emplazó al Comité Ejecutivo Nacional del PAN para que en un plazo de 24 horas admita el registro de Leonor Popócatl Gutiérrez como precandidata a diputada federal por el distrito 13 con cabecera en Atlixco o para que lo rechace pero con argumentos jurídicos diferentes a los esgrimidos por la Comisión Organizadora Electoral (COE).

La ex diputada local y ex secretaria general del ayuntamiento de Puebla, en la gestión del alcalde Eduardo Rivera Pérez, gestionó su registró como precandidata el miércoles 7 de enero, pero el Órgano Auxiliar de la Comisión Organizadora Electoral lo declaró improcedente con el argumento de que ésta sólo reunió 118 firmas de las 257 que requería para inscribirse en el proceso.

Así las cosas lo más probable es que en el distrito 13 de Atlixco el diputado local Salvador Escobedo Zoletto, identificado con el grupo político del gobernador Rafael Moreno Valle, tenga que ir a una elección interna con Leonor Popócatl el domingo 15 de febrero.

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Entre los dirigentes de los organismos cúpula del sector empresarial de Puebla ha causado extrañeza que a menos de ocho días del cuarto informe de labores del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, ninguno de ellos haya sido invitado, formalmente, a la ceremonia que tendrá lugar el próximo 15 de enero a las 12 horas en el Auditorio Siglo XXI.

Su desconcierto parte del hecho de que la mayoría de las invitaciones se repartieron en los últimos días de diciembre, y que algunos de ellos ya hicieron notar que las suyas no habían llegado a las cámaras y organismos patronales que representan, ni a sus oficinas particulares.

Para el cuarto informe del gobernador Moreno Valle se mandaron a elaborar y distribuir más de 3 mil invitaciones, pero de estas ninguna había llegado, al menos hasta la noche del miércoles 7 de enero, a los dirigentes de los cinco principales organismos de la Iniciativa Privada.

¿Será un descuido, un acto de descortesía, o un mensaje siciliano?

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Aunque este jueves trascendió que Eukid Castañón Herrera había acudido a la Secretaría General del CEN del PAN a registrarse como precandidato a diputado federal por la vía plurinominal, lo cierto es que eso aún no sucede.

El mismo Eukid Castañón informó a este reportero que todavía no reúne la documentación requerida para inscribirse y ser valorado por la Comisión Permanente Nacional, sin embargo dijo que antes del lunes lo hará.

El legislador local y operador electoral del gobernador Rafael Moreno Valle no quiso adelantar quién será su compañero de fórmula, es decir, su suplente; ni quiénes serán los seis panistas que avalarán su nominación.

Lo único confirmado es que el ex contralor del estado será una de las tres fórmulas que la Comisión Permanente del Consejo Nacional elegirá por la cuarta circunscripción electoral del país que se integra con el Distrito Federal y los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

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Otro que también evalúa registrarse como candidato a diputado plurinominal por la misma circunscripción es el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, cuya postulación es apoyada por la ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, y el ex presidente del CEN del PAN, Luis Felipe Bravo Mena.

Rivera Pérez ha mantenido un bajo perfil y aunque ha rehusado confirmar o desmentir la especie de que anda tras una diputación plurinominal, lo cierto es que ya tiene completo su expediente, y que los últimos días los ha dedicado a cabildear la ruta que seguirá para su aspiración: si registrarse ante la Secretaría General del CEN, esperando un resolución favorable de los miembros de la Comisión Permanente Nacional o transitar por la vía estatal como propuesta de uno o varios comités municipales o del Comité Directivo Estatal.

Cualquiera que sea su decisión se sabrá a más tardar el lunes por la noche, una vez que concluya la sesión de la Comisión Permanente Nacional que es la facultada para nombrar a las tres primeras fórmulas de candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional por cada una de las cinco circunscripciones en que se divide electoralmente el país.

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Si este lunes el gobernador de Puebla no aparece como compañero de fórmula de Eukid Castañón Herrera o algún otro panista incluido en la lista de candidatos a diputados federales de la cuarta circunscripción plurinominal, no crea que la información que ayer le adelante fue errada.

Lo que sucede es que el lunes la Comisión Permanente Nacional puede nombrar tres fórmulas por la cuarta circunscripción y en el transcurso del proceso sustituir ante el Instituto Nacional Electoral a los suplentes o reemplazarlos por otros, entre los que ya podría aparecer el gobernador Rafael Moreno Valle.

Y si no, al tiempo.

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Desfase y discrecionalidad en la aprobación de cuentas

Dos distritos podría obtener el PVEM en Puebla

El más claro ejemplo de cómo en la Auditoria Superior del Estado (ASE) y en la Comisión Inspectora del Congreso local las cuentas públicas de los sujetos obligados se aprueban o se congelan por motivos políticos es el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

Al ex munícipe capitalino se le advirtió que sus cuentas públicas no se aprobarían, mientras siguiera viviendo en Puebla.

Y la advertencia se ha cumplido. A más de diez meses de haber concluido su gestión, aún están pendientes de aprobación en el Poder Legislativo las cuentas de segundo y tercer año de gestión, correspondientes a los ejercicios de 2012 y 2013, así como la de los primeros 45 días de 2014.

En la historia del Congreso local, lo común era que las cuentas del Ejecutivo del estado, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del presidente municipal de Puebla se aprobaran por lo regular en las mismas fechas y, a veces, hasta en la misma sesión.

Sin embargo, esta situación se modificó en la administración morenovallista, debido a que la revisión y aprobación de las cuentas públicas es totalmente discrecional.

Las cuentas públicas del Ejecutivo del estado de los años 2011,  2012 y 2013 se han aprobado sin demora durante el mes de julio del año siguiente; las del rector de la BUAP, que antes del morenovallismo también se autorizaban en julio del año posterior, ahora se aprueban a los dos años.

La cuenta del rector Enrique Agüera Ibáñez del ejercicio 2010 se aprobó en julio de 2012; la del ejercicio del 2011, en julio de 2013; y la del ejercicio de 2012, hasta julio de 2014.

Por lo que hace a las cuentas de los presidentes municipales de Puebla estas siempre se autorizaban al año siguiente, con excepción de las del panista Luis Eduardo Paredes Moctezuma, que fueron motivo de observaciones, pliegos de cargos, sanciones y procesos administrativos de determinación de responsabilidades. 

Sin embargo, en la actual administración estatal los tiempos de aprobación se han desfasado. Las primeras dos cuentas de la presidenta municipal Blanca Alcalá correspondientes a 2008 y 2009 se aprobaron un año después. El problema vino con la tercera, del año 2010, y con la cuarta que corresponde a los primeros 45 días del 2011, las cuales fueron revisadas por diputados  de la primera Legislatura morenovallista, la LVIII.

Ambas finalmente se autorizaron, una en diciembre 2012  y la otra en julio de 2013, es decir, dos años después.

Con la cuenta del primer año en funciones de Eduardo Rivera Pérez, correspondiente al ejercicio fiscal 2011, ocurrió lo mismo: Se aprobó dos años después en julio de 2013.

Pero con la del segundo y tercer año, y la cuarta de los primeros 45 días del 2014, lo más probable es que los tiempos sigan alargándose sin ninguna explicación razonable o convincente.

Y es que el jueves pasado la LIX Legislatura del Congreso local aprobó, en su última sesión del año, 22 cuentas públicas, entre ellas las de algunos personajes controvertidos por los escándalos de delincuencia organizada y corrupción en que estuvieron envueltas sus gestiones, como el ex presidente municipal de Atlixco Eleazar Pérez Sánchez, y el ex presidente del Instituto Electoral del Estado, Jorge Sánchez Morales, pero ninguna de las pendientes del ex alcalde capitalino Eduardo Rivera.

El asunto es a todas luces irregular, no sólo por el desfase de tres años, si es que finalmente se aprueban en 2015,  sino porque no existen motivos jurídicos, administrativos o financieros —como pliegos de observaciones o de cargos— para que sus cuentas continúen congeladas en la Auditoría Superior del Estado o sin dictaminar en la Comisión Inspectora que preside la ex contralora morenovallista Irma Patricia Leal Islas. 

La única razón es de orden político-partidista. A Eduardo Rivera le dijeron que no le querían ver en Puebla, ni metido en asuntos electorales y menos como aspirante a la minigubernatura, y que sus cuentas públicas se aprobarían una vez que se fuera a vivir fuera de Puebla en lo que resta del sexenio.

EN CORTO

Dos son los distritos que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) negocia con el PRI en el estado de Puebla rumbo a las elecciones federales del año entrante. Uno es el 13 con cabecera en Atlixco, donde los dirigentes del partido del tucán impulsan la nominación de Elieser Popócatl Castillo, y el otro es el 15 con cabecera en Tehuacán, donde la favorita es la actual diputada local Geraldine González Cervantes.

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La semana pasada fue obligado a renunciar uno de los pocos empleados del Instituto Electoral del Estado pertenecientes al Servicio Electoral Profesional: Celso Juárez Bautista, quien se desempeñaba como director de Capacitación y Educación Cívica.

Para que renunciara y su plaza fuera ocupada por otro empleado del IEE, que goza de los afectos de la directora del área, Celso Juárez comenzó a ser hostigado laboralmente, dizque porque no hacía bien las cosas, luego le aventaron a la Contraloría Interna para que lo auditara y finalmente le suspendieron el pago de su sueldo con la amenaza de que no cobraría aguinaldo.

Celso Juárez entendió el mensaje y presentó su renuncia, y por arte de magia el hostigamiento cesó y la auditoría se suspendió. Ah, y podrá cobrar la última quincena de noviembre y la primera de diciembre, junto con su aguinaldo y partes proporcionales.

De los 110 empleados del IEE, incluidos los consejeros electorales, los pertenecientes al Servicio Electoral Profesional, no rebasan los 20.

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Otro partido político nacional que en Puebla buscará mermar al PAN en las próximas elecciones es Encuentro Social que tiene como dirigente estatal a un ex panista que fue contralor en el ayuntamiento de Puebla en la gestión municipal de Gabriel Hinojosa Rivera, Raúl Barranco Tenorio, y como coordinador de Movimientos Sectoriales a otro ex panista que fue secretario de Enlace Gubernamental en la alcaldía encabezada por Luis Paredes Moctezuma, Miguel Ángel Labastida Carballeda.

Este nuevo partido que tiene como principal soporte a los pastores de las iglesias cristianas celebró el domingo pasado su primer congreso estatal, en el cual fueron electos los integrantes de su Comité Directivo y de su Comisión Política.

El regidor de Acatlán de Osorio, Abraham García Hernández, fue nombrado secretario general; José José Momox Sánchez, secretario de Organización y Estrategia Electoral, y Gloria Cortés Santiago, secretaria de Administración y Finanzas.

Al Congreso estatal acudió el dirigente nacional del partido, Hugo Eric Flores Cervantes, quien aprovechó la ocasión para reunirse en Puebla con más de 300 pastores de distintas denominaciones cristianas de la entidad.

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