Si bien es innegable que durante los últimos años se han dado avances importantes en materia de transparencia y rendición de cuentas, y se han multiplicado las leyes y las instituciones oficiales y civiles que buscan que lo público sea realmente público, los intentos por escamotear este derecho mediante reformas a leyes secundarias, vinculadas con el artículo 6º constitucional, son cada vez más frecuentes.

De ahí la importancia de que 40 organizaciones públicas, académicas, periodísticas y sociales comprometidas con la transparencia se hayan integrado en una Red por la Rendición de Cuentas (www.rendiciondecuentas.org.mx), con la intención de abatir las trabas burocráticas y resistencias políticas encaminadas a mantener la opacidad sobre ciertos asuntos públicos.

El domingo pasado, para no ir muy lejos, El Universal dio cuenta de un grupo de entidades de la República Mexicana —Campeche, Puebla, Querétaro, Sonora y Veracruz— que habían reformado sus leyes locales de transparencia en sentido contrario a lo que señala la Constitución del país.

Tal situación es preocupante, pues este supuesto logro de la alternancia política en el orden federal, lejos de consolidarse, comienza a mostrar preocupantes signos de regresión.

En Campeche, los artículos 48, 74 y tercero transitorio de la Ley de Transparencia refieren que el derecho a la información no implica la consulta directa sobre los expedientes y que las unidades de acceso pueden impugnar las resoluciones de la Comisión a través del juicio de nulidad, lo cual atenta contra el principio de expedites y de especialización, al permitir que las resoluciones del órgano garante en materia de transparencia sean revisadas por un tribunal no especializado y en plazos prolongados, en perjuicio de los solicitantes.

En Puebla y Querétaro la información pública dejó de ser gratuita.

En la nueva Ley de Acceso a la Información Gubernamental de Querétaro se estableció que la “búsqueda” de la información tiene un costo directamente relacionado con los recursos empleados.

En Puebla, los informes, contratos y convenios administrativos celebrados entre el gobierno y sus proveedores ahora se clasifican como “documentación comprobatoria del ejercicio del gasto”, lo que obliga al solicitante a pagar cientos o miles de pesos por concepto de copias certificadas. 

Adicionalmente, a propuesta de la autoridad, se incluye una cláusula mediante la cual los particulares que signan algún contrato piden que la Secretaría de Finanzas o Administración clasifiquen como información reservada su acuerdo comercial o de prestación de servicios.

En Sonora se presentó el año pasado una iniciativa que dota de más facultades al Instituto de Transparencia Informativa del estado y de atribuciones para sancionar a los servidores públicos que incumplan con las obligaciones de rendición de cuentas, pero el Congreso aún no la aprueba.

Y en el caso de Veracruz, la mayoría priísta aprobó reformas a la Ley de Transparencia que lesionan el Derecho de Acceso a la Información, la posibilidad de obtener de manera expedita documentos, y la obligatoriedad y definitividad de las resoluciones del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) para los sujetos obligados.

En suma: a pesar de las reformas constitucionales, del surgimiento de comisiones garantes del cumplimiento del 6º constitucional y de la proliferación de observatorios de transparencia en los últimos años, la rendición de cuentas en México sigue siendo una quimera.

Mientras en nuestro país los institutos y comisiones creados para garantizar la transparencia de la información pública carezcan de dientes para sancionar a los funcionarios o servidores públicos omisos o incumplidos, y los encargados de aplicar la ley sean nombrados por medio de negociaciones en lo oscurito y cuotas partidistas, la impunidad y la opacidad seguirán.

Si con la normatividad que hoy existe personajes como Humberto Moreira o Fidel Herrera fueron capaces de endeudarse hasta quebrar las finanzas de sus estados; y políticos como el gobernador Enrique Peña, los secretarios de Hacienda, Ernesto Cordero, y de Educación, Alonso Lujambio, dilapidan recursos para promocionar su imagen, no quiero imaginar qué sucedería si en transparencia continúan los retrocesos.

Por eso insisto: en materia de rendición de cuentas y transparencia, ni un paso atrás.

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Trascendidos

Que este miércoles sí se dará el fallo de la licitación convocada por el ayuntamiento de Puebla para la adquisición de 4,200 uniformes del personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Sin embargo, trascendió que entre los funcionarios de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información no existe mucha disposición de que el concurso sea ganado por un proveedor que viene de la pasada administración municipal, y que primero ofreció gratificaciones y luego —cuando estas no fueron aceptadas—  comenzó a descalificar a otras empresas del ramo.

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Que hace unos días se habría dado un fuerte desencuentro entre un importante funcionario del gobierno del estado y una subordinada suya, que amagó con renunciar, molesta por el trato y las presiones de que era objeto aun cuando hacía su mejor esfuerzo por sacar adelante los proyectos y tareas encomendadas.

Según una fuente confiable, la funcionaria en cuestión puso por delante su renuncia, lo que alteró de sobre manera a su jefe quien, fuera de sus casillas, le advirtió que si se mantenía en esa posición su empresa pagaría las consecuencias.

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Los más afectados con la decisión del ayuntamiento de Puebla de no permitir la presencia de ambulantes en el Centro de la Ciudad y en algunas zonas del norponiente de la capital son los líderes de la 28 de Octubre, Antorcha Campesina y la Triple A que han dejado de recibir entre 1,500 y 2,500 pesos diarios libres de polvo y paja.

De ahí su beligerancia y las marchas de protesta que en los últimos días han intensificado, en aras de que las autoridades municipales les permitan seguir cobrando entre 50 y 100 pesos diarios a los más de 20 ambulantes que cada organización tenía bajo cuota en distintos puntos de la ciudad.

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Le recuerdo que esta columna ahora también puede leerla en el portal La Silla Rota (www.lasillarota.com) todos los miércoles.

Simón dice:

“Lo oscuro acabamos viéndolo; lo completamente claro lleva más tiempo.”

Edward Roscoe Murrow (1908-1965) Comentarista y reportero estadounidense.