LA CORTE DE LOS MILAGROS

Publicaciones etiquetadas ‘Dirección de Seguridad Vial del estado’

¿El enemigo en casa?

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Al director de la Policía Metropolitana, Óscar López Sánchez, es a quien hay que atribuirle el paro que efectivos de esta nueva corporación policíaca efectuaron ayer en protesta por el despido de Alejandro Fernández Soto como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP).

Óscar López siempre se ha valido de esta estrategia, los paros, para escalar posiciones o sacar provecho personal.

Así lo hizo cuando Raúl Arandia Jiménez, en el ayuntamiento de Luis Paredes Moctezuma, asumió la Secretaria de Seguridad Pública y él fue desplazado de esa posición que ocupó en la gestión de Mario Marín Torres, y después a mediados de 2007 en la Policía Estatal cuando promovía la destitución de José Luis Sobreira Hernández como director de Seguridad Pública.

Otro que también quiso solidarizarse con el destituido Alejandro Fernández, sumando a los agentes de Seguridad Vial al paro de la Policía Metropolitana, fue Héctor Guerra Montiel, secretario particular del director de Seguridad Vial del estado, Carlos Arroyo Salamanca.

Carlos Arroyo y Héctor Guerra son gente de Alejandro Fernández, tanto que el primero sigue cobrando como jefe del C4, que funciona en el edificio del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a pesar de haber sido designado desde hace algunos meses como director de Seguridad Vial del estado.

Ambos, junto con Óscar López, temen ahora correr la misma suerte que Alejandro Fernández. Por eso el paro, que más que una protesta por la remoción de su padrino político, va encaminado a impedir que el secretario de Seguridad Pública del estado, el general Mario Ayón Rodríguez, se haga del control del CESP y de la Policía Metropolitana.

¿O no?

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¿Por qué fue removido Alejandro Fernández del Consejo Estatal de Seguridad Pública?

A ciencia cierta no lo sé, pero me atrevo a suponer que su relevo no fue por una causa en particular, sino multifactorial.

Una de ellas, y quizás la más importante, fue su pleito con el secretario de Seguridad Pública del estado, Mario Ayón.

Otra, estrechamente vinculada con la anterior, fue su decisión de asignar y comprar armas cuyo uso nunca fue autorizado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ni por el general Ayón, poseedor de la licencia 38.

Fernández Soto incurrió no sólo esta irregularidad, observada por la SEDENA y el Consejo Nacional de Seguridad, sino en acciones que violaban la reglamentación interna del CESP, que es un órgano administrativo y normativo; no operativo.

Por tanto, las atribuciones de Alejandro Fernández y del CESP estaban excedidas con la creación de órganos de inteligencia, metidos a la operación policíaca, o la coordinación ––en la práctica–– de la Policía Metropolitana.

Un factor adicional que, sin duda, también influyó en su remoción, fue la detención y posterior liberación del empresario Juan Alfredo Aduna, asunto que provocó un enfrentamiento entre Alejandro Fernández y el procurador de Justicia, Rodolfo Igor Archundia.

Por alguna razón que aún se desconoce, Juan Alfredo Aduna es un personaje de Amozoc que goza de influencia política y de la protección de policías judiciales, que la tarde del lunes tuvieron un altercado con agentes de inteligencia y de la Policía Metropolitana a cargo de Alejandro Fernández.

¿Qué fue lo que más pesó?

Pronto, pronto se sabrá.

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El regreso de la Hermandad

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Si la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, y su secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras, de veras quieren combatir la corrupción de los agentes viales, lo primero que deberían hacer es revisar quiénes cobran en su nómina y cuáles son sus antecedentes.

Lo anterior viene a colación por el retorno a la corporación de funcionarios que en la gestión dogerista fueron suspendidos y sujetos a investigación por parte de la Contraloría municipal, algo que por lo visto también ignora el actual contralor del ayuntamiento, Mauro Uscanga Villalobos.

Un caso concreto es Fernando Estrella Izaguirre, nombrado por Hidalgo Vigueras como subdirector Técnico de Tránsito municipal, a instancias de Héctor Guerra Montiel, hombre fuerte de la Dirección de Vialidad del estado.

El comandante Estrella fue suspendido por haber ordenado mediante oficio D.T.M.P./Sector Uno/002/2007, el cese de Cecilia Paola Arroyo Quiroz como jefa de grupo de la Dirección de Tránsito de la capital del estado por el delito de trabajar embarazada y dar mala imagen a la corporación.

El nuevo subdirector Técnico no sólo es uno de los principales operadores del jefe de la Hermandad, sino el instrumento para que otros miembros de esta corrupta organización de agentes se apoderen de los principales cargos de la Dirección de Tránsito del municipio de Puebla.

Gracias a él, la Hermandad controla hoy las comandancias de los sectores 3 y 4 de Puebla, a través de Mario Cruz Bandala y Benito Pérez Tlalpapal; así como la jefatura del Tercer Turno por medio de José Leonel Berrier, y la comandancia de peritos y el corralón, este último a cargo de Benjamín Torres García, jefe del Departamento —pomposamente denominado— de Encierro de Vehículos.

Benjamín Torres fue quien el pasado mes de marzo organizó una fiesta dentro de las instalaciones del corralón con carnitas, alcohol y bailarinas exóticas, para celebrar su nombramiento. Su padrino político, el ex director de Tránsito del estado, el general Ponce de León, está emparentado por cierto con Alberto Hidalgo Vigueras.

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Más de la Hermandad

Pero la influencia del jefe de la Hermandad, Héctor Guerra, se extiende como ya se lo comenté líneas arriba a la Dirección de Seguridad Vial del estado, en donde ahora labora como secretario particular del titular del área, Carlos Arroyo Salamanca, gracias a la recomendación del poderoso subsecretario de Egresos del estado, David Villa Issa. Desde su arribo a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del estado, lo que sucedió cuando Jesús Morales Rodríguez dejó la Dirección de Seguridad Vial del estado, Guerra poco a poco se ha ido haciendo del control de esta dependencia, removiendo a delegados y a comandantes de áreas estratégicas, para poner en su lugar a destacados miembros de la Hermandad como José Luis Segreste, jefe de Circulación del estado; Marco Antonio Bedolla Linares, encargado de pasar la charola y José Juan Márquez, a quien le entregó la delegación de Hueytamalco.

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Ayer recibí, a manera de artículo, un correo electrónico de un ex funcionario con oficio y experiencia en seguridad pública.

Sus comentarios aluden a los últimos acontecimientos y a la forma en que las autoridades estatales y municipales están encarando la delincuencia y, ahora lo sabemos también, al crimen organizado.

Dejo pues correr este artículo, reservándome el nombre del funcionario en cuestión:

LA SEGURIDAD PUBLICA NO SOLO ES UNA CONDICION QUE PERMITE GARANTIZAR LA ESTABILIDAD SOCIAL Y EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE UN TERRITORIO, HOY EN DIA ES, SIN LUGAR A DUDAS, EL MAYOR RECLAMO DE LA SOCIEDAD Y UN ELEMENTO VITAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS PERSONAS QUE HABITAMOS ESTA CIUDAD, LA CUARTA EN IMPORTANCIA DEL PAIS, Y LAS DEL RESTO DEL ESTADO.

LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEBEN TENER OBJETIVOS BIEN DEFINIDOS PARA ELEVAR NO SOLO LOS NIVELES DE SEGURIDAD SINO TAMBIEN LOS DE CONFIANZA DE LA CIUDADANIA, PERO ESTOS SOLO SE LOGRARAN SI SE SUPERAN ENTRE ELLOS LAS DIFERENCIAS EXISTENTES QUE EN SI SOLO BUSCAN UN EFECTO MEDIATICO Y DE HACERSE PASAR COMO PROFUNDOS CONOCEDORES DE LA MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CUAL SOLO PUEDEN SUSTENTAR EN DIPLOMAS Y CUADROS COLGADOS EN LAS PAREDES DE SUS OFICINAS PERMITIENDO ASI QUE NO EXISTA UNA COORDINACION INTERINSTITUCIONAL CAPAZ DE DAR RESPUESTA EFECTIVA A LA DELINCUENCIA E INVOLUCRAR CON CONFIANZA A LA CIUDADANIA PARA LOGRAR UN AMBIENTE DE SEGURIDAD, ARMONIA, PAZ Y TRANQUILIDAD SOCIAL.

ACTUALMENTE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD PUBLICA TANTO ESTATALES COMO MUNICIPALES HAN SIDO NULAS EN CUANTO AL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLITICAS PREVENTIVAS QUE GARANTICEN EL BIENESTAR SOCIAL Y SE HAN PERDIDO EN SOLO DAR CURSOS QUE NO LLEVAN UN FIN PREESTABLECIDO EN CUANTO A LAS LINEAS DE ACCION A REALIZARSE PARA DAR UNA RESPUESTA EFECTIVA A LA DEMANDA CIUDADANA DE SEGURIDAD EN SUS PERSONAS, FAMILIAS, BIENES Y NEGOCIOS.

EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA NUEVAMENTE VUELVEN A APARECER LAS VIEJAS COSTUMBRES QUE HABIAN SIDO ERRADICADAS EN LAS TECNICAS DE SALIR CON LAS PATRULLAS A LOS RECORRIDOS AL AZAR Y ESPERAR QUE SE PUEDAN ENCONTRAR CON UN HECHO DELICTIVO PARA DESPUES MAGNIFICARLO MEDIATICAMENTE, NUEVAMENTE SE PRETENDE COMBATIR A LA DELINCUENCIA CON LA FUERZA ANTES QUE HACERLO CON UN ESQUEMA BASADO EN LA INTELIGENCIA PARA LLEVAR A CABO UNA PREVENCION DEL DELITO MAS ADECUADA,. EN EL MUNICIPIO SE ESTA DESAPROVECHANDO LA TECNOLOGIA EN LA LABOR PREVENTIVA POR DAR PASO A CURSOS, QUE EN EL MEJOR DE LOS CASOS SIRVEN PARA QUE LOS POLICIAS QUE ASISTEN, DADA SU POCA PREPARACION, PUEDAN DESCANSAR GOZANDO DE SUELDO.

EN LO QUE SE REFIERE AL GOBIERNO ESTATAL VEMOS CON SORPRESA QUE EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA SE TOMA ATRIBUCIONES MAS ALLA DE LAS QUE SEÑALA LA LEY QUE FIJA LAS BASES DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD PUBLICA A NIVEL NACIONAL, Y QUE GRACIAS A LAS RELACIONES POLITICAS DE SU TITULAR DE UN ORGANO PURAMENTE NORMATIVO, DE SUPERVISION, CAPACITACION Y DE CONTROL DE LOS APOYOS ECONOMICOS DE LA FEDERACION AL ESTADO, SE QUIERE CONVERTIR EN UNO QUE REALICE LABORES OPERATIVAS O DE INTELIGENCIA SIN FACULTADES PARA ELLO CON LA LOGICA MOLESTIA DE QUIEN DEACUERDO A LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEBEN REALIZAR, CUANDO MENOS EN EL SUPUESTO, ESA LABOR.

LOS POBLANOS ESTAMOS VIVIENDO UNA DE LAS PEORES CRISIS EN LA MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, COMO RESULTADO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS CON UNA DEFICIENTE O NULA CAPACIDAD DE MANDO Y DE PREPARACION, CUYO ACCESO A LOS PUESTOS DE MANDO NO ES EN BASE A CONOCIMIENTO SINO A RECOMENDACIONES, CON UNA POLITICA DE QUE EN EL ESTADO Y EN EL MUNICIPIO NO PASA NADA, CON INGERENCIAS EN LOS MUNICIPIOS DE PRESERVAR EL MANEJO DE LA SEGURIDAD A TRAVES DE RECOMENDADOS, DE CARECER DE ATLAS DELICTIVOS, DE UN ANALISIS DE LA PERCEPCION CIUDADANA DE LA INSEGURIDAD, DE MAPEOS DELICTIVOS CON PERFILES SOCIODEMOGRAFICOS QUE PUEDA RESCATAR A LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS NIVELES INFIMOS EN LOS QUE HOY SE ENCUENTRA PORQUE DE SEGUIR APLICANDO MEDIDAS SIN DIAGNOSTICOS CONFIABLES QUE SIRVAN DE BASE PARA EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS ACORDES CON LA REALIDAD SEGUIREMOS VIVIENDO EN UN CLIMA DE INSEGURIDAD Y DE FALTA DE CONFIANZA EN LA POLICIA.

SE DEBE ACABAR EN EL MUNICIPIO CON LA FIEBRE DE CURSOS, AUNQUE SEAN GRATUITOS PARA LOS POLICIAS, PORQUE ESTO SOLO ES UN PALIATIVO CON MUY POCA IMAGINACION PARA CONSEGUIR QUE EL RESULTADO SEA TRANSFORMAR ALA CORPORACION POLICIACA EN UNA INSTITUCION SOLIDA, CAPACITADA, PROFESIONAL, HONESTA, EFICAZ Y CONFIABLE, EN SUMA ES UNA RESPUESTA INEPTA PARA RESOLVER O ATENUAR EL PROBLEMA Y EL RESULTADO DE DESVIAR RECURSOS PARA ESE FIN PUEDE SER CONTRAPRODUCENTE, YA QUE NO SOLO CON PROFECIONALIZACION DE LA POLICIA SE OBTIENE SEGURIDAD PUBLICA.

LAS DECISIONES POLITICAS EN LA MATERIA, HAN RELEGADO A QUIENES CONOCEN DEL TEMA A VOLVERSE SOLO ESPECTADORES DE LO QUE SUCEDE EN EL MUNICIPIO Y EN EL ESTADO, DE POCO O NADA SIRVEN LAS REUNIONES DIARIAS QUE LOS MANDOS DE SEGURIDAD PUBLICA REALIZAN A TEMPRANA HORA, YA QUE EN ELLAS NO SE COORDINAN ACCIONES SINO SON MERAMENTE INFORMATIVAS.

QUIENES CONOCEN DEL TEMA ESTAN OBLIGADOS NO SOLO A CRITICAR SINO A PROPONER ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA, PERO ESTO SOLO SE LOGRARA SI EXISTE APERTURA EN EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA RECONOCER QUE ES NECESARIA LA INCORPORACION DE HOMBRES Y MUJERES CONOCEDORES DEL TEMA A LA TAREA DE ENCONTRAR UN MODELO DE SEGURIDAD PUBLICA ACORDE ALA REALIDAD DEL MUNICIPIO Y DEL ESTADO, QUE OFREZCA COMO RESULTADOS NO NUMEROS EN CUANTO A LA INCIDENCIA DELINCUENCIAL SINO SATISFACCION DE LOS CIUDADANOS POR VIVIR EN UN MUNICIPIO Y EN UN ESTADO SEGURO.

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