Frente a la ola de mentiras del gobierno de Rafael Moreno Valle y su pernicioso director de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robles, en la embestida emprendida contra e-consulta para amordazar, asfixiar y controlar sus contenidos y opiniones, vale la pena hacer algunas precisiones.

Es absolutamente falso que quien esto escribe y el medio que dirijo hayamos recibido del gobierno de Mario Marín Torres un trato privilegiado. Los diez millones de pesos que Consultoría Contracorriente facturó durante el sexenio pasado representan apenas el 1% del presupuesto asignado —y reconocido oficialmente— a la Dirección de Comunicación Social.

No es ningún secreto que periódicos impresos y medios digitales, con mucho menor presencia y lectores que e-consulta, recibieron montos dos, tres y hasta cinco veces mayores del gobierno del estado y el ayuntamiento de Puebla.

Un par de ejemplos.  Mientras el contrato asignado por el ayuntamiento de Puebla a e-consulta ascendió este año a un millón de pesos, el periódico Cambio cobró 2 millones en 2008, y 2 millones 800 mil pesos en 2009. El Columnista —ya desaparecido— cobró un millón de 300 mil pesos en 2008 y un millón 500 mil pesos en 2009, respectivamente.

En septiembre de 2011 e-consulta —que es un portal certificado por ComScore— logró contabilizar 912 mil 138 visitas únicas y 2 millones 184 mil 404 páginas vistas, es decir, más de 30 mil visitas diarias y más de 72 mil páginas vistas.

Según los recuentos del ayuntamiento de Blanca Alcalá Ruiz en 2009, Cambio tiraba mil ejemplares y tenía una devolución del 40%, y El Columnista tiraba 500 ejemplares y tenía una devolución del 15%.

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Como periodista y columnista siempre he pugnado porque la información relativa a los montos, pautas y convenios publicitarios entre entidades gubernamentales y medios de comunicación sea pública y transparente.

Hoy lo reitero y pongo a disposición de mis críticos y lectores una ponencia que presenté en el Congreso de la Unión el 4 de octubre del año pasado y tres columnas sobre el tema, aparecidas en este blog el 27, 28 y 31 de marzo de este año bajo los siguientes encabezados: “La publicidad gubernamental como garrote político o forma de control”, “Publicidad y medios de Comunicación” y  “Publicidad oficial ¿para informar o manipular?” 

Lo que redacté entonces se resume en las siguientes líneas:

Una cuestión en la que hasta ahora ni el gobierno del estado, ni el ayuntamiento de Puebla han ido a fondo en materia de transparencia y rendición de cuentas es la relativa a los presupuestos destinados a medios de comunicación.

En esta materia la opacidad y la discrecionalidad continúan, lo que provoca que los convenios y pautas publicitarias que los gobiernos contratan no estén en función de las audiencias de los medios o la calidad de sus materiales noticiosos, sino de intereses políticos o componendas entre la autoridad y los propietarios o directivos de éstos.

Tales acuerdos incluso se blindan clasificándolos como información reservada, no disponible para el público que la solicita a través del portal o la oficina encargada de hacer realidad la Ley de Transparencia.

Esta reserva, totalmente discrecional, no hace más que encubrir las negociaciones y tratos —no siempre claros— entre funcionarios y periodistas.

Los presupuestos asignados a las oficinas de comunicación social no deben usarse con criterios patrimonialistas, ni con fines partidistas o electoreros, y tampoco como instrumento de control o como garrote político para castigar a medios críticos o independientes.

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En el tema de medios y publicidad oficial, el gobierno de Rafael Moreno Valle es absolutamente opaco y mentiroso.

Tanto su primer director de Comunicación Social, Roberto Tapia Lastinere, como el actual, Sergio Ramírez Robles, han negado reiteradamente la existencia de convenios con medios de comunicación, y sin embargo existen.

Un claro ejemplo de lo anterior es el contrato de prestación de servicios por más de 17 millones de pesos anuales celebrado entre la Dirección de Comunicación Social y una empresa periodística.

Sobra decir que no hay nada ilícito en el convenio, lo que es criticable es que la dependencia estatal lo niegue y lo que es peor, lo oculte.

Este y otros contratos, que no han sido objeto de licitación pública, sino de una adjudicación directa con fundamento en los artículos 19 y 22 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, han sido incluso avalados por la contralora estatal Irma Patricia Leal Islas.

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Dudas que matan

¿Por qué la Dirección de Comunicación Social del Ejecutivo estatal sí puede asignar en forma directa contratos anuales por 17.4 millones de pesos, y el ayuntamiento de Puebla no, aun cuando el monto sea de un millón de pesos?

¿El regidor Pedro Gutiérrez, que tan preocupado está por la legalidad y el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, también se inconformará y demandará  la nulidad con esta adjudicación directa a cargo de la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado?

¿O es que su preocupación única y exclusivamente se limita a los recursos públicos del Ayuntamiento de Puebla?

¿Este millonario contrato anual será publicitado en Twitter por Sergio Ramírez Robles?

¿Los propietarios del medio favorecido con este millonario convenio anual serán descalificados o tachados de morenovallistas por Sergio Ramírez y sus sicarios?

Son preguntas, que conste.

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Simón dice:

“El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera.”

Alexander Pope (1688-1744) Poeta inglés.

Una partida de 120 mil pesos mensuales destinada al pago de tres asesores parlamentarios, es hoy motivo de fuertes diferendos entre los 15 legisladores de la bancada poblana del PRI en la Cámara de Diputados.

El origen del conflicto se remonta a la licencia que, como diputado federal propietario, presentó Juan Carlos Lastiri Quirós, para poder ser nombrado secretario de Desarrollo Social del estado, en sustitución de Javier López Zavala.

Con la salida de Lastiri Quirós, algunas diputadas federales, como Julieta Marín Torres, se pronunciaron por el despido de los tres asesores contratados por aquel, no sin antes reclamar para sí los sueldos que aquellos venían cobrando por el orden de los 120 mil pesos mensuales.

Según las cuentas de la legisladora federal por el distrito de Ajalpan, si la partida de asesorías se dividía entre los 15 diputados de la bancada priísta poblana, a cada uno le corresponderían 8 mil pesos adicionales.

Cuando Óscar Aguilar González se enteró de las maniobras y gestiones de Julieta Marín, con el apoyo de Blanca Estela Jiménez Hernández, María Isabel Merlo Talavera, Janet Graciela González Tostado y Leobardo Soto Martínez, para que el dinero de la partida de asesorías se repartiera entre ellos mismos, de inmediato puso el grito en el cielo.

De entrada, expresó que los 120 mil pesos mensuales no sólo cubrían el sueldo de los asesores, sino otros gastos administrativos de la fracción priísta.

Luego, encaró a las diputadas y diputados inconformes, advirtiéndoles que el grupo no podía quedarse sin asesores que los apoyaran en aspectos jurídicos y en la elaboración de iniciativas de ley y puntos de acuerdo.

Y al final no tuvo más remedio que acceder a las presiones de Julieta Marín y otros legisladores priístas, a los que tuvo que entregar no 8 mil pesos, sino 5 mil adicionales, a los 200 mil mensuales que ya de por sí cobran por concepto de dieta, pago de chofer y secretarios técnicos, vales de gasolina y tareas de gestión.

Pero la cosa no acaba ahí.

Resulta que dos de los asesores que dejó Juan Carlos Lastiri (José Antonio Argueta y Bernardo Barrios) —y que ya habían sido despedidos— regresaron a San Lázaro para ponerse de nueva cuenta al servicio de la bancada poblana del PRI.

Cuando se les dijo que ya no había presupuesto para cubrir sus honorarios, éstos respondieron que por eso ni se preocuparan, pues Juan Carlos Lastiri se haría cargo de los mismos.

Cuestión que ya provocó suspicacias entre los diputados poblanos, quienes se preguntan si esos «asesores» estarán siendo pagados con recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social del estado o si a través de ellos Juan Carlos Lastiri querría seguir controlando el destino de la legisladores priístas que alguna vez coordinó.

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Javier Sánchez Galicia presentó este lunes una solicitud de licencia sin goce de sueldo, para separarse por tres meses de la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado, para integrarse de tiempo completo al PRI y a las campañas de sus candidatos a gobernador, presidentes municipales y diputados al Congreso del estado.

Lo anterior trascendió la noche de este lunes, en el marco de una cena que el candidato de la Alianza PRI-PVEM a la presidencia municipal de Puebla, Mario Montero Serrano, ofreció a columnistas y directores de medios de comunicación.

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Simón dice:

«El principal valor del dinero radica en que lo estimamos más de lo que vale.»

Henry-Louis Mencken (1880-1956). Periodista y escritor estadounidense.

En el transcurso de hoy se darán a conocer algunos ajustes y enroques que involucran al Comité Directivo Estatal del PRI, a la Secretaría de Desarrollo Social (SDS) y al Congreso del estado.

Estos cambios tienen un común denominador: el Proyecto “Z”, es decir, la estrategia del actual secretario de Desarrollo Social del estado, Javier López Zavala, de convertirse en el candidato del PRI a la gubernatura en el 2010, en sustitución de su principal promotor, el gobernador Mario Marín Torres.

Los cambios son los siguientes:

El periodista José Tomé Cabrera dejará la Dirección de Comunicación Social de la SDS, para incorporarse al Comité Directivo Estatal del PRI –que encabeza Alejandro Armenta Mier– como secretario de Prensa y Propaganda.

La vacante que deja en Desarrollo Social será cubierta por Óscar de la Vega Torres, quien actualmente se desempeña como subdirector de Comunicación Social del Congreso del estado, cargo en el que nunca estuvo subordinado al titular del área, José Abraham Vázquez Chávez.

En Comunicación Social, Óscar de la Vega volverá a hacer equipo con Erika Jaramillo González, quien continuará en la SDS como operadora de medios del secretario Javier López Zavala, quien ayer, por cierto, fue el orador oficial en la ceremonia conmemorativa del 198 Aniversario de la Proclamación de la Independencia de México.

En su mensaje, López Zavala apuntó que ya “es tiempo de terminar con los linchamientos mediáticos y las descalificaciones apriorísticas que enrarecen el ambiente político; es hora de acabar con los discursos exacerbados que nada aportan a la unidad de los mexicanos”.

A qué campañas o actores mediáticos hizo alusión el secretario en su discurso, francamente no lo sé. Lo que sí tengo claro es que la mala prensa que acompaña al gobernador Marín desde el escándalo Lydia Cacho tiene en él a uno de sus principales damnificados.

¿O no?

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Hace un par de semanas, la consejera electoral Olga Lazcano Ponce le dio las gracias a su asistente Salvador Jiménez Martínez, por una falta no menor: traición.

Y es que el susodicho fue sorprendido por su supuesta jefa en varios actos de deslealtad, ante los cuales ésta no tuvo más remedio que pedirle la renuncia, el pasado 9 de julio, por pérdida de confianza.

Antes de laborar en el Instituto Electoral del Estado (IEE), Salvador Jiménez lo hizo en el Tribunal Electoral del Estado (TEE), donde conoció y entabló amistad con Jorge Sánchez Morales.

De hecho, fue éste último, ya en su calidad de presidente del IEE, quien se lo recomendó a Olga Lazcano, sin imaginarse siquiera los problemas que tendría después.

Salvador Jiménez se convirtió en el espía del consejero presidente, y Olga Lazcano en la espiada.

Jorge Sánchez le prometió, a cambio de sus servicios, promoverlo como director de Capacitación Electoral y Educación Cívica a la salida de Ana Silvia Santillana García, pero no le cumplió o no pudo cumplirle.

La razón ya la expliqué: Olga Lazcano descubrió a su asistente pasándole información y datos sobre sus actividades al consejero presidente, quien –hay que decirlo– expuso de más a su infiltrado con las consecuencias ya conocidas, pues lo citaba en su oficina del Instituto o la salida del estacionamiento propiedad de Álvaro Guillermo de la Vía Arnaiz, donde guarda su lujosa camioneta Suburban que le costó al IEE 434 mil 508 pesos.

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A propósito.

Entre algunos consejeros electorales y funcionarios del Comité de Adquisiciones causó sorpresa un detalle que omití sobre el reporte de observaciones del despacho Freyssinier Morin a la encargada de la Dirección Administrativa del Instituto Electoral del Estado, Verónica Paola Cruz Castillo.

Me refiero al punto 8 del pliego de 25 observaciones, donde se advierte la “falta de procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas por parte del Comité de Adquisiciones y contrato a nombre de Álvaro Guillermo de la Vía Arnaiz, sobre arrendamiento de estacionamiento”.

La duda de algunos consejeros es por qué se asienta una cantidad de 28,637 pesos, si en el contrato que se les pasó para revisión la renta pactada era de 8,000 pesos más IVA, como se puede ver en la página 2 de este archivo electrónico

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La tarde del domingo falleció Humberto Pacheco, padre de Luis Pacheco Cervantes, ex secretario particular de Javier Sánchez Galicia en la Dirección de Comunicación Social y actual gerente de Proyectos Especiales de la agencia Kratos. Desde aquí un abrazo y nuestro más sentido pésame.

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