Hace unos días un periodista de la capital del país, con intereses y vínculos en Puebla, le preguntó a Josefina Vázquez Mota sobre la posibilidad de ser nominada por su partido, Acción Nacional, a la gubernatura de la entidad.

La ex secretaria de Educación Pública del gobierno federal no se anduvo con rodeos. Sin evadir el tema, le respondió que no tiene ninguna posibilidad, por su desarraigo del estado, pero que además tampoco le interesaba.

Vázquez Mota le confió al columnista que a pesar de sus raíces en la Sierra Norte de Puebla y de haber tenido negocios junto con su familia en la entidad, la postulación panista al gobierno del estado era un asunto que, en términos políticos y racionales, estaba fuera de su alcance y de su interés.

La futura coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN en la entrante legislatura le aseguró que en la carrera por la nominación al gobierno de Puebla las cosas ya estaban muy avanzadas, y que el candidato estaría en función de los grupos y liderazgos locales, con los que ella tiene poca comunicación e interacción.

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El secretario de Desarrollo Social, Javier Lopez Zavala, será la figura central del primer informe de actividades de los diputados locales del PRI de la capital del estado, previsto para el próximo martes.

Así como Eduardo Rivera Pérez utilizó el informe de los legisladores del PAN, efectuado el pasado 23 de marzo en el Teatro de la Ciudad, para proyectarse como aspirante a presidente municipal de Puebla, el titular de la SDS hará lo propio, pero como precandidato a gobernador.

López Zavala acudirá al acto con la representación del gobernador Mario Marín Torres, y con ese carácter enviará un mensaje a la clase política priísta que se dará cita a partir de las 18 horas en el Centro de Convenciones.

Un detalle que los observadores y futurólogos no deben perder de vista es que el delfín del gobernador ha sido su representante en la mayoría de los informes de los legisladores priístas del interior del estado.

Otro personaje que también robará cámara en dicho informe legislativo, pues será el único además de Zavala y los seis diputados locales que hablará en el acto, es el dirigente estatal del PRI, Alejandro Armenta Mier.

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Tómelo con reserva, pero en el PRI ya saben qué operadores del PAN podrían instrumentar en el transcurso de los próximos días una serie de acciones encaminadas a involucrar a candidatos y personajes priístas con la delincuencia organizada.

Según esta fuente, la campaña negra incluirá la aparición de narco mantas, el envío de correos electrónicos con datos y notas sobre políticos, empresarios y funcionarios involucrados en lavado de dinero y protección de delincuentes y organizaciones del crimen organizado y la difusión de videos en YouTube con la misma temática.

De acuerdo con nuestro informante, las narco mantas se colocarán en puntos estratégicos como los puentes peatonales del Centro de Convenciones, la CAPU y el Boulevard Hermanos Serdán a la altura del Instituto Normal del Estado, así como en el distribuidor vial de la Central de Autobuses, y el anuncio de Bienvenido a Puebla ubicado sobre la Calzada Zaragoza, cerca de la gasolinería del estadio Cuauhtémoc.

En forma paralela, los diputados locales y federales del PAN, así como sus dirigentes estatales y municipales se darán a la tarea de repartir folletos y volantes entre la población con logros y acciones del gobierno de Felipe Calderón en materia de combate al narcotráfico.

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Simón dice:

“Para manipular eficazmente a la gente, es necesario hacer creer a todos que nadie les manipula”.

John Kenneth Galbraith (1908-2006). Economista estadounidense.

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Si algo quedó claro anoche, durante el primer informe de actividades legislativas de los diputados locales del PAN, efectuado en el Teatro de la Ciudad, es que Eduardo Rivera Pérez ya empezó su precampaña en pos de la presidencia municipal de Puebla.

El énfasis que puso al final de su intervención, cuando afirmó «soñamos junto con ustedes en una Puebla grande y de bienestar, en nuestra querida Puebla ordenada y de progreso«, hizo reflexionar a no pocos de los asistentes sobre el interés de Eduardo Rivera por la alcaldía poblana.

Y aunque el método utilizado por el coordinador de la bancada panista para dejar ver sus intenciones no pareció muy ortodoxo, en términos políticos fue eficaz, pues logró transmitir a los dirigentes, representantes populares y operadores políticos del PAN que la suya no es una apuesta descabellada o fuera de lugar.

A diferencia de otros actores, Eduardo Rivera es una figura joven, fresca y con liderazgo, que ha sabido mantenerse al margen de las purgas al seno del PAN y El Yunque por el control del partido, y que ha evitado inmiscuirse en pleitos y conflictos personales entre aspirantes a la gubernatura y entre dirigentes y exdirigentes panistas.

Esta condición es la que anoche mostró el coordinador de los diputados locales del PAN ante los cuadros y estructuras del partido, a los que —bajita la mano— les mandó el mensaje de que su trabajo por hacer de Puebla una ciudad ordenada y de progreso podría llevarlo a buscar la candidatura a la presidencia municipal en las elecciones del próximo año.

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Anoche circuló en varios medios de comunicación un correo electrónico que anticipa un nuevo escándalo en el Instituto Poblano para la Productividad Competitiva, por la decisión de su alto comisionado Gabriel González Molina de promoverse y de promover al gobernador Mario Marín Torres en más de cinco mil libros destinados a estudiantes de preparatoria.

En el libro Tus Talentos Emprendedores, editado en los talleres de Gráfica Total SA de CV en octubre de 2008, se incluye una dedicatoria rubricada por el gobernador Marín, que, de acuerdo con algunas voces, sería violatoria del artículo 134 del Cofipe que expresamente prohibe la promoción personalizada de funcionarios públicos.

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Simón dice:

«No existe la casualidad, y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas».

Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805). Poeta y dramaturgo alemán.

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Deslegitima el nombramiento de Blanca Lilia
Paco Bernat no vende al Puebla de la Franja

Quién lo iba a decir.

Pero con sus declaraciones publicadas el domingo a ocho columnas en El Heraldo de Puebla, Antonio Juárez Acevedo, no sólo puso en evidencia a los diputados locales que este lunes ––por fin–– lo echarán de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) después de un largo y tortuoso proceso, sino el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra Cadena como nueva comisionada del organismo, en sustitución de Josefina Buxadé Castelán.

Juárez Acevedo le declaró al director editorial de El Heraldo, Felipe Flores Núñez, que su probable remoción, a la luz de la designación de Blanca Lilia Ibarra, sería una incongruencia y una aberración jurídica del Poder Legislativo.

Textualmente apuntó: “Su caso (el de Blanca Lilia) se encuadra en una situación similar a la mía, es decir, ella era titular de una dependencia municipal, por lo que estaría inhabilitada para el cargo, ella no tiene la culpa, pero no le aplicaron la misma ley ––artículo 21 fracción sexta–– que a mí ahora me condena”.

Juárez Acevedo finalmente será destituido. Ayer la Comisión de Gobernación, a cargo del priísta Pablo Fernández del Campo Espinosa, resolvió por unanimidad removerlo del cargo y turnar su expediente a la Contraloría, para que esta dependencia del Ejecutivo estatal ––en términos del artículo 58 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos–– lo sancione e inhabilite.

Sin embargo, previendo su caída, el todavía presidente de la CAIP trató de llevarse de corbata a la nueva comisionada Blanca Lilia Ibarra, en un vano y desesperado intento por homologar sus casos, que de forma y de fondo son diferentes.

En varios aspectos, el contexto y los factores que enmarcaron una y otra designación son distintos.

De entrada, Blanca Lilia no mintió, ni ocultó al Congreso del estado su cargo como titular de la Comisión de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, como sí lo hizo Juárez Acevedo con la Agrupación Política Nacional Plataforma Cuatro, de la cual no sólo fue miembro sino secretario general.

Este último no sólo violentó la fracción sexta del artículo 27 de la Ley de Transparencia, al inscribirse, participar y ser designado comisionado propietario de la CAIP, no obstante incumplir con uno de los requisitos establecidos en la convocatoria y en la ley correspondientes, sino que incurrió en falsedad de declaraciones, al negar de manera reiterada ––incluso ante los diputados de la LVII Legislatura local–– su pertenencia dicha Agrupación Política Nacional.

En lo único que quizás Juárez Acevedo tiene razón ––y que de hecho será el argumento central de la impugnación que promoverá la comisionada saliente Josefina Buxadé para echar abajo el nombramiento de Blanca Lilia Ibarra–– es en cuestionar la legalidad de la elección de la nueva comisionada.

Y es que en efecto, Juárez Acevedo como Josefina Buxadé y varios diputados del PAN creen que Blanca Lilia Ibarra debió quedar fuera del proceso de renovación de la CAIP, por haber sido titular de la Comisión  de Transparencia del ayuntamiento de Puebla, aun cuando esta instancia municipal tenga el carácter de organismo auxiliar transitorio.

En suma: me parece que los casos de Blanca Lilia Ibarra y Juárez Acevedo tienen pocas semejanzas, amén que lo que llevó al segundo a su inminente remoción, fue no sólo una violación del artículo 27 de la Ley de Transparencia, sino su condición de cínico y mentiroso contumaz.

EN CORTO
Aun cuando los priístas eliminaron del dictamen que hoy será sometido al pleno del Congreso del estado, la recomendación a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para que abra un proceso penal en contra de Antonio Juárez Acevedo por falsedad de declaraciones, lo más probable es que la bancada y la dirigencia estatal del PAN presenten por su cuenta esta denuncia ante el Ministerio Público.

Y es que el PAN quiere utilizar el caso Juárez Acevedo como ariete para llevar mano en el proceso de selección del futuro comisionado de la CAIP, y que no será, como algunos ingenuos creen, el suplente de aquel, Fidencio Aguilar Víquez, quien actualmente se desempeña como consejero propietario del Instituto Electoral del Estado.

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Esta será una semana de sorpresas y noticias en torno al equipo de fútbol Puebla de primera división y su polémica directiva.

Por lo pronto, trascendió que el presidente de La Franja, Francisco Bernat Cid, finalmente decidió mantener el 51% de las acciones del club, después de que el jueves Ricardo Henaine Mezher y Jesús López Chargoy sólo querían entregarle 500 mil dólares, es decir, el 10% de los 5 millones de dólares en que se había pactado la transacción.

Otra noticia que también trascendió es el nombre del empresario tamaulipeco interesado en comprar parte de las acciones del Puebla de La Franja: Miguel Ángel Martínez Rodríguez, director del grupo Comsbmra y dueño del Tampico Madero de primera división A.

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Ayer domingo circularon dos versiones contradictorias sobre la oncena camotera.

Una primera versión, refiere que Paco Bernat cederá el control de La Franja, pero sin vender sus acciones, al grupo de Ricardo Henaine, López Chargoy y Miguel Ángel Rodríguez, el cual confirmará la contratación de Rubén Omar Romano como director técnico del equipo.

En cambio, la segunda versión apunta Paco Bernat está siendo víctima de presiones y chantajes para venda sus acciones a Ricardo Henaine y compañía, so pena de ser encarcelado como consecuencia de varias demandas por fraude y evasión fiscal en su contra.

Según esta misma especie, el accionista mayoritario del Puebla podría anunciar el regreso de José Luis Sánchez Solá “El Chelís” como entrenador del equipo, y denunciar las presiones de que está siendo víctima por parte de sus socios, en complicidad con ciertas autoridades.

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Y hasta la próxima.

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Ahora que Roberto Morales Flores se muere de ganas por comparecer ante el Congreso del estado, para explicar que nada tiene ni tuvo que ver con los malos manejos en la Secretaría de Salud, y el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Manuel Hernández Quintana, anuncia que llevará a cabo una investigación exhaustiva en la dependencia para deslindar responsabilidades, sería bueno que uno u otro explicaran el destino de 29 millones 509 mil pesos de la compra GESFAC 158/2007.

Pero como estoy seguro ni Roberto Morales, ni el auditor del Orfise, ni el contralor del estado, ni los diputados locales del PRI o del PAN nos dirán algo acerca de esa adquisición, cubierta con recursos del Seguro Popular dentro de la partida 2701, le contaré parte de esta historia que, por cierto, conocen con detalle algunos funcionarios de la Secretaría de Salud.

La GESFAC 158/2007 es, en resumen, una compra directa de ropa desechable, que la Secretaría de Salud pagó a una persona física con actividad empresarial llamada José Arturo Cedeño Díaz, pero que en realidad es un testaferro de Dionisio Rodríguez Rodríguez, proveedor de la dependencia y amigo cercanísimo de Roberto Morales.

La adquisición de esas prendas desechables –que médicos y enfermeras suelen utilizar en clínicas y hospitales durante las cirugías que practican o en las visitas que hacen a enfermos con alguna infección altamente contagiosa– ascendió a 29 millones 509 mil pesos 34 centavos.

Por increíble que parezca, dicha compra no sólo no se concursó, ni pasó por el Comité de Adjudicaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado, sino que se asignó en forma directa y se pagó a finales de 2007 con el visto bueno del secretario Roberto Morales, y de Carlos Martínez Valeriano y Eduardo Hernández Martínez, director y subdirector del Seguro Popular, respectivamente.

Pero lo peor no es eso.

Lo grave, lo escandaloso, de esa compra identificada como GESFAC 158/2007 es que la ropa desechable jamás fue surtida, ni en los almacenes centrales de la Secretaría, ni en ninguno de los que existen en las 10 jurisdicciones sanitarias de la dependencia.

¿O sí?

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Bullen Navarro promueve acción de anticonstitucionalidad
Compras irregulares en el Organismo Operador de Limpia

Cuando me lo dijeron no lo creí.

Pero así es.

La impugnada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, Marcia Maritza Bullen Navarro, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas y adiciones aprobadas por el Congreso del estado –en su sesión del 17 de julio– a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El pasado 7 de agosto la comisionada de la CAIP, Josefina Buxadé Castelán –junto con un grupo de colegas de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), algunos diputados locales y dirigentes de organizaciones civiles– solicitó la intervención de la CDH para que las modificaciones que se hicieron a la Ley de Transparencia de Puebla fueran declaradas insconstitucionales.

Lo mismo hizo el día anterior, pero con la Procuraduría General de la República.

El caso es que la semana pasada la presidenta de la CDH de Puebla promovió ante el máximo tribunal del país un recurso de inconstitucionalidad para echar abajo los cambios que los priístas decidieron hacer a la Ley de Transparencia, lo que tiene sorprendidos a sus críticos que no esperaban que Bullen Navarro asumiera esa posición.

¿Por qué lo hizo?

En el fondo no se sabe, como tampoco se sabe si Bullen Navarro está convencida de la inconstitucionalidad de las reformas o si con esta iniciativa lo que pretende en realidad es ganar legitimidad, ahora que su nombramiento como presidenta de la CDH ha sido puesto en entredicho por su origen panameño.

Pero cualquiera que sea el caso, pronto lo sabremos, pues lo más seguro es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga que pronunciarse en uno u otro sentido antes de que termine el año.

EN CORTO

No estaría mal que en el marco de la Primera Semana de Transparencia Municipal que impulsa el ayuntamiento de Puebla, con la colaboración del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la UAP, la UPAEP, la Ibero y el Tecnológico de Monterrey, el coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Héctor Sulaimán Safi, explique algunas compras y asignaciones al margen de la Ley de Adquisiciones.

Por ejemplo, la compra sin licitación de por medio de cuatro barredoras Karcher por 1 millón 800 mil pesos; la adjudicación directa de los seguros del parque vehicular del Organismo Operador del Servicio de Limpia por un monto de 800 mil pesos, y la adquisición –también sin licitación– de 4 millones de pesos de 4 mil papeleras urbanas a la empresa Plastic Omnium Sistemas Urbanos S.A.

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La Primera Semana de la Transparencia arrancará este lunes a las 11 horas en el Salón Barroco de la UAP con la participación de Alonso Lujambio Irazábal, comisionado presidente del IFAI y Benjamín Guillermo Hill Mayoral, secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal.

En la ceremonia de inauguración también harán uso de la palabra el rector de la UAP, Enrique Agüera Ibáñez y la presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.

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El pasado 12 de agosto la Junta de Gobierno de la UPAEP aprobó el arribo de nuevos personajes a la institución. Se trata de Víctor Manuel Ramírez Valenzuela, ex secretario de Educación Pública de Guanajuato durante el gobierno de Juan Carlos Romero Hicks y de Heliodoro Fraile García, ex director de Productividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el gobierno foxista.

Ambos personajes serán claves en el futuro de la UPAEP, pues serán los encargados de reencauzar a esta institución a sus orígenes católicos y yunquistas, lo que seguramente los meterá en algunas confrontaciones con el grupo que hoy controla la rectoría y los principales cargos directivos de la Universidad: entiéndase Alfredo Miranda López, Javier Cabanas Gancedo, Miguel Ángel Garijo Ureta, Mónica Liliana Cortiglia Bosch, Agustín Landa García Téllez, Gonzalo Gómez Collado y Pablo Nuño de la Parra, conocidos como “Los Divinos”.

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El ex secretario de Administración Urbana en la administración municipal de Luis Paredes Moctezuma, Agustín Flores Cuadra, acaba de ganar un juicio de casi cuatro años, por la inhabilitación y sanciones que le impusieron por el famoso árbol de navidad que se construyó en lo que fue la Torre del Milenio.

Trascendió que Flores Cuadra llevó su caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que fue ahí donde le dieron la razón, por lo que ahora las autoridades que lo sancionaron tendrán que limpiarle su expediente como servidor público y restituirle la suma con la que fue sancionado.

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La corriente perredista denominada Nueva Izquierda cobrará un nuevo impulso en Puebla con el arribo al Congreso de la Unión de Jesús Morales Manzo, quien ocupará la curul que dejó vacante un diputado federal por Guerrero.

Morales Manzo ocupará, además, el lugar que tenía su compañero de partido en la Comisión de Hacienda que, por cierto, preside otro poblano: Jorge Estefan Chidiac.

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Y hasta la próxima.

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Tres son los delegados federales de Puebla que andan tras una diputación federal, antes de que a dos de ellos les canten las golondrinas en sus respectivas oficinas.

Los delegados que, bajo el cobijo del PAN, se promueven para el Congreso de la Unión son: José Luis Galeazzi Berra, coordinador estatal del Programa Oportunidades; Felipe Mojarro Arroyo, delegado del Infonavit; y Miguel Ángel Mantilla Martínez, delegado de la Secretaría de Economía.

El “chivo” Galeazzi quiere ser diputado federal por Atlixco; Mojarro por Tehuacán, y Mantilla por Puebla capital.

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Ahora sí, este miércoles, el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, dictará a los socios y directivos del Centro Empresarial de Puebla (Coparmex) —y personas ajenas al sindicato patronal que quieran pagar 320 pesos por oírlo— la conferencia “Corrupción… la solución somos todos”.

La conferencia-desayuno tendrá lugar a las 8:30 horas en el Salón Cantabria del Hotel Presidente Intercontinental.

El escritor Federico Reyes Heroles, además de presidir el Consejo Directivo de Transparencia Mexicana, es consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y presidente del Consejo de Administración de la revista “Este País. Tendencias y Opiniones”.

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No cabe duda que si algo le sobra a los mexicanos, es ingenio. Y si no, pregúntenle a los del Classico, que el pasado fin de semana se sacaron de la manga una fiesta que les permitiera evitar las pérdidas por la clausura de ese antro ubicado en la zona de Angelópolis. Así como lee: se llevaron la fiesta a otro lado y hasta la la bautizaron Clássico del Mar at La Purificadora.

Y como se podría imaginar, los socios “chilango-poblanos” literalmente hicieron su agosto durante el viernes y sábado… La pregunta del millón es: y ahora que les retiraron la licencia de funcionamiento, ¿harán otras fiestas en La Purificadora? O, mejor aún, ¿abrirán con otro nombre?

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Los vecinos y administradores del fraccionamiento Altavista, en la zona de Angelópolis, andan molestos con la ex candidata perredista al senado de la República, Benita Villa Huerta, quien se niega a cubrir las cuotas de mantenimiento, así como a pagar las escrituras de un lote de 200 metros cuadrados de su propiedad.

El predio en cuestión lo adquirió en 280 mil pesos, y su valor actual es de 600 mil.

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Este fin de semana, en Cardel, Veracruz, el gobernador de aquella entidad sostuvo una reunión con presidentes municipales, diputados locales y federales, a la que asistieron casi la totalidad de los secretarios de su gabinete.

A dicha reunión acudió el secretario de Salud de Puebla, Roberto Morales Flores.

Debo aclararle que no lo hizo en calidad de futuro funcionario de Veracruz, sino como chaperón de su señora, la diputada local por el distrito de Orizaba, Elvia Ruiz Cesáreo.

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Es tan firme el compromiso de los diputados locales con la transparencia y la legitimidad del órgano encargado de hacerla efectiva en la entidad —la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP)— que su cuestionado presidente Antonio Juárez Acevedo pudo irse de vacaciones sin ninguna preocupación y sin que nadie lo molestara.

El pasado 13 de julio, el diputado Pablo Fernández del Campo prometió agilizar la investigación que se le sigue a Juárez Acevedo, tendiente a corroborar si éste era miembro y directivo de la agrupación política Plataforma Cuatro al momento de su designación como comisionado de la CAIP, en diciembre de 2004.

Ese domingo, el legislador priísta ofreció no sólo incorporar a la investigación del Poder Legislativo los documentos difundidos por El Sol de Puebla y e-consulta, que involucran a Juárez Acevedo como secretario general de Plataforma Cuatro, sino mandar una comisión tanto a las oficinas centrales del IFE como a la notaría número 27 de Veracruz, para que comprobaran la autenticidad de los actas y directorios que se publicaron.

A tres semanas de distancia, no hay ningún avance. El personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de Estudios y de Proyectos Legislativos que acudió al IFE se encontró con que el personal estaba de vacaciones; y el titular de la dependencia, Edgar Sánchez Farfán, estimó que no tenía caso viajar a Veracruz cuando podría hacer llegar su petición a la Notaría de Veracruz por mensajería.

De más está decir que el Congreso y la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales —responsable de la investigación a Juárez Acevedo— no tienen ninguna prisa y menos después de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el voto en contra de todos los legisladores de oposición, las reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Puebla.

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Las maniobras de María Luisa Huerta Rodríguez —viuda del extinto regidor de Gobernación de San Martín Texmelucan, Efrén Ronco Ceferino— para ocupar el lugar que dejó vacante su marido o por convertirse en la directora del Sistema DIF municipal, ya agotaron la paciencia del presidente municipal Noé Peñaloza Hernández.

Y no es para menos, pues, en aras de lograr su propósito, Huerta Rodríguez emprendió una campaña negra de correos y filtraciones en contra del director del DIF municipal, Gerardo Martínez, y la coordinadora de los Centros de Atención Infantil Comunitaria, Susana Vega López, involucrándolos en falsas denuncias de corrupción y acoso sexual.

Descubierta su maniobra, Noé Peñaloza ordenó su separación del DIF y de la coordinación de la Estancia de Día y el Programa de Despensas, por conflictiva y por inepta, ya que su negligencia en el envío al Sistema DIF estatal de los padrones de beneficiarios de las despensas Proaba y Proama, provocó que éstas estuvieron a punto de perderse.

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Cuatro funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social del estado ya fueron sembrados en los distritos o regiones por los cuales quieren ser diputados al Congreso de la Unión, con la bendición del PRI estatal y de Javier López Zavala. Se trata de Fernando Morales Martínez, delegado en Tecamachalco; Alberto González Morales, delegado en Tepeaca; Sara Chilaca Marínez, delegada en San Pedro Cholula; e Isabel Merlo Talavera, delegada en Atlixco.

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